El pasado mes de febrero el consejo de la entonces Empresa Mixta de Servicios Funerarios, participada por el Ayuntamiento y por Funespaña, llegó al acuerdo de asumir las obligaciones derivadas de un informe encargado a una empresa independiente. El análisis del estado de conservación de inmuebles detectó la necesidad de cuantiosas obras y reparaciones derivadas, en muchos casos, de la falta de inversiones y mantenimiento de los años anteriores.

Desde el pasado 16 de septiembre, la empresa funeraria es enteramente municipal. Y el Ayuntamiento mantiene la obligación adquirida en ese consejo.

Así lo ha expresado en la contestación a una demanda de Funespaña por la que pretende impugnar el acuerdo. Y así se ha mantenido en la vista celebrada en el marco de la instrucción de la demanda. El concejal Javier Barbero, en calidad de presidente del consejo de la funeraria, ha estado presente en dicha vista.

En el escrito de contestación se pide la desestimación de la demanda de Funespaña. En primer lugar porque dicha demanda se refiere a la legislación mercantil, cuando no es necesariamente aplicable en una   compañía mixta, de capital mayoritariamente público.

El objeto social de la empresa funeraria era y es la prestación de un servicio público. La conservación y reparación de las instalaciones de cementerios constituye una obligación legal y un presupuesto de la concesión que en su día recibió Funespaña.

El déficit de inversiones detectado debe ser afrontado con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad, que ascienden a 47 millones de euros. Unas reservas de las que Funespaña reclamó infructuosamente que se le abonara un dividendo extraordinario.

Los nuevos responsables de la empresa municipal lamentan que el hasta ahora socio privado pueda primar su interés propio frente al servicio público. Durante la existencia de la empresa mixta Funespaña ya recibió una remuneración en concepto de canon de gestión de más de 37 millones de euros, a los que han de sumarse los dividendos de más de 25 millones de euros.

La instrucción de la demanda interpuesta por Funespaña no afectará de ninguna manera al trabajo de la nueva empresa funeraria enteramente municipal ni a los objetivos de mejora de la gestión y el servicio público que se ha fijado el Ayuntamiento.