El excomisionado fue absuelto

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia que condena al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, mientras que el excomisionado para la Cañada Real, Markel Gorbea, ha sido absuelto. Además, se ha declarado al Ayuntamiento de Madrid como responsable civil subsidiario, lo que implica que la entidad municipal tiene la obligación de responder económicamente por los daños causados.

El 9 de julio, ambos se presentaron ante el tribunal debido a la demolición de una vivienda que se llevó a cabo sin verificar si estaba habitada. A pesar de que el propietario había recurrido el procedimiento administrativo que ordenaba el cese de uso, la demolición se realizó sin una orden judicial firme, lo que fue un punto crucial en la decisión del juez.

El técnico argumentó que recibió un correo electrónico del comisionado, que afirmaba que la vivienda estaba abandonada. Indicó que la Comunidad de Madrid era la propietaria de los terrenos y que la presencia policial no era obligatoria durante los derribos. Sin embargo, su declaración ha sido cuestionada debido a la falta de comprobaciones sobre el estado real de la vivienda.

El afectado, quien había vivido en la vivienda desde 2006, regresó de unas vacaciones en Marruecos para encontrar su casa demolida. A pesar de que la Comunidad de Madrid le ofreció un realojo en Cobeña, el afectado lo rechazó por la lejanía. Durante el proceso, había presentado alegaciones en dos ocasiones, lo que evidenciaba su intención de mantener su hogar.

El Servicio de Disciplina Urbanística inició un expediente para la demolición de obras no legalizables a finales de 2021. A pesar de que el vecino había presentado alegaciones y se estaban llevando a cabo los trámites legales para declarar la vivienda como ilegal, el comisionado emitió un informe sin pruebas que indicaban el abandono de la vivienda.

El derribo se autorizó en un tiempo récord de 24 horas tras la comunicación del supuesto abandono, sin realizar las comprobaciones necesarias. Este hecho es especialmente relevante ya que el jefe de Disciplina Urbanística era consciente de la existencia del expediente y de las alegaciones presentadas por el vecino.

Según la plataforma CAES, los acusados no solo omitieron comprobar si el vecino seguía en la vivienda, sino que también ignoraron evidencias claras de que estaba habitada, como la presencia de enseres personales y un vehículo en el interior. Esto ha llevado a la crítica de que la demolición fue parte de una estrategia de acoso inmobiliario hacia los residentes de la Cañada Real.

La situación en la Cañada Real ha sido descrita como parte de un esfuerzo más amplio para desalojar a los habitantes de la zona, coincidiendo con planes de desarrollo urbanístico en el sureste de Madrid. Desde octubre de 2020, se ha denunciado un corte de suministro eléctrico en ciertas áreas, lo que ha exacerbado las tensiones entre los residentes y las autoridades.