Salió adelante por la mínima en el Congreso de los Diputados

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, por 289 votos a favor,, uno en contra y 54 abstenciones. Además, también ha dado luz verde por 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención al dictamen del Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. Ambas iniciativas legislativas continuarán ahora su tramitación parlamentaria en el Senado.

La sesión plenaria ha comenzado con el debate del dictamen de comisión y las enmiendas que los grupos habían mantenido vivas, que han sido rechazadas, al Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. A continuación, el Pleno ha visto el dictamen y las enmiendas, que también han sido rechazadas, al Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda.

En concreto, el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela tiene por objeto "regular los niveles mínimos de calidad y de la evaluación de los servicios de atención a la clientela de las empresas que presten determinados servicios de carácter básico de interés general y de las grandes empresas".

Por su parte, el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda busca "regular las condiciones básicas que garanticen "la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda" y, en particular, "el derecho de acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma".

La sesión plenaria de este jueves ha concluido con el debate de las enmiendas del Senado introducidas al Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Las enmiendas de la Cámara Alta han sido aprobadas por el Pleno todas salvo la referente al Artículo 2 y las enmiendas a los Anexos I y II.

"No se puede engañar a la gente. No se le puede decir que esta ley va a bajar los precios del alquiler. Tampoco se le puede prometer que se va a garantizar el derecho a la vivienda. La verdad es que la ley que hoy se aprueba no va a hacer nada de esto. Con estas medidas, el abismo entre los salarios y los precios de la vivienda seguirá creciendo, llevándonos a una situación cada vez más insostenible". Así de contundente se mostraba el Sindicato de Inquilinos en su valoración de la nueva Ley.

Pero si hoy estamos hablando de regular los alquileres es porque llevamos años luchando. Si hoy estamos hablando de penalizar las viviendas vacías, es porque llevamos años empujando. Si hoy estamos hablando de acabar con la estafa inmobiliaria de cobrar a los inquilinos por un servicio que se les da a los rentistas, es porque llevamos años presionando. En definitiva, si hoy se habla de la función social de la propiedad y se empieza a asumir que especular no es ningún derecho, es porque llevamos años organizándonos.

Siempre nos han dicho que intervenir el mercado a favor de los sectores populares en lugar de la patronal inmobiliaria era imposible. Pero después de años plantando cara, de innumerables personas que han desobedecido leyes injustas, hemos demostrado que todo es cuestión de lucha y voluntad política. Lo vimos ya cuando conseguimos la modificación de la LAU en 2019 o la Regulación de Precios en Catalunya, después tumbada por el Tribunal Constitucional. Ahora, lo vemos una vez más y no vamos a retroceder, porque nos jugamos el futuro de nuestras vidas: vamos a seguir adelante mientras nos aseguramos de que lo poco que se ha ganado se hace realidad. Sabemos, por experiencia, que la aprobación de una ley no asegura que se cumplan nuestros derechos, sino que todo depende de si hay un sindicato fuerte capaz de hacerlos efectivos. Por eso seguiremos peleando, hasta que la vivienda deje de ser una mercancía y se garantice como derecho universal.

Una regulación de precios llena de agujeros

La regulación de alquileres aprobada tiene serios defectos que desvirtúan su intención de bajar el precio del alquiler, significando un retroceso respecto a la regulación catalana. Además, será difícilmente efectiva sin una implicación directa del sindicato, debido a varios motivos:

• Se reconoce que destinar más del 30% de los ingresos al alquiler y gastos asociados en un territorio no es aceptable, y que esto es motivo para regular los precios. Sin embargo, en las comunidades donde logremos que se apruebe la regulación, los precios igualmente seguirán subiendo a buen ritmo, por sus muchos agujeros: 1) se dejan fuera de la regulación a los alquileres de temporada, contratos basura que permiten expulsar al cabo de meses y subir cada vez el precio sin límite; 2) en las viviendas reguladas, se podrá subir el precio un 10% alegando simples mejoras en la accesibilidad; 3) también se podrá subir el precio incorporando tributos como el IBI; 4) se podrán sumar las subidas interanuales vinculadas a la inflación, que están permitidas hasta el 2% en 2023 y el 3% en 2024, y sin un límite claro a partir de 2025. Todo ello a pesar de que ya estamos en máximos históricos en cuanto al precio de vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona.

• La regulación hace una diferencia sin sentido entre inquilinos, en función de si su casero es o no un gran propietario. Si tienes un gran casero y pagas un alquiler por encima de lo que marca el índice de precios oficial, el precio del nuevo contrato deberá bajar hasta ese índice. En cambio, si no tienes un gran casero, la única medida de contención es que el precio del nuevo contrato no podrá superar el del anterior aunque éste sea completamente abusivo. Esta discriminación, además de dificultar la implementación de la ley, no tiene fundamento: lo importante es poner coto a quien especula, al margen de su tamaño, para proteger al conjunto de la población.

Fin de la estafa inmobiliaria y otros avances

Sin embargo, aunque sean insuficientes, hay ciertos avances que reconocemos como victorias de nuestra lucha.

• El más significativo es que se ha puesto fin a la estafa de las inmobiliarias: los inquilinos ya no deberán pagar unos honorarios injustos, de hasta el 10% de la anualidad. La ley reconoce que las inmobiliarias no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas, garantizando altos rendimientos de sus activos. Los honorarios suponían no solamente un robo sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas.

Además, se termina con el principal mecanismo de las inmobiliarias para monopolizar toda la oferta y convertir a la población inquilina en un mercado cautivo. Hasta ahora, hacían una oferta difícil de rechazar al particular que ponía un piso en el mercado: “te lo gestionamos, te conseguimos un precio más alto, y no pagas nada [porque quien paga es el inquilino]”. Esto se ha terminado.

• Asimismo, hemos presionado para bajar el criterio de gran propietario de 10 a 5 inmuebles, en aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidan. Todas las obligaciones que, a partir de este momento, se establezcan sobre los grandes tenedores, afectarán a un número mayor de rentistas y, por lo tanto, también beneficiarán a mayores sectores de población.

• Penalizar los pisos vacíos. Se define por primera vez en el ámbito estatal qué es un piso desocupado (2 años, aunque ese tiempo nos parece excesivo) y se permite el incremento del IBI hasta el 150%.

Desahucios, beneficios fiscales a rentistas y casi nada de vivienda pública

Es importante recalcar también que está ley no solo se dejan fuera medidas como una regulación efectiva y que baje los precios, sino también otras esenciales para garantizar el derecho a la vivienda:

• Se dilatan los desahucios, pero no se paran. No se prohíben los lanzamientos sin alternativa habitacional, y no se genera la obligación de ofrecer alquiler social que sí existe en Catalunya. Se introducen mecanismos como la conciliación y la intermediación, pero no se pone fin a la violencia de los desahucios.

• Tampoco se prohíben los desahucios invisibles, las expulsiones que se dan cuando se acaba el contrato del alquiler, aunque se haya cumplido con todas las obligaciones contractuales. La amenaza de la expulsión cuando acaba el contrato hace que muchos inquilinos no se atrevan a negociar nada y que renuncien a sus derechos.

• Beneficios fiscales para rentistas. Hasta ahora, los caseros tenían una bonificación fiscal del 60%. Solo tributaban sobre el 40% de lo que ingresaban. Con esta ley, ese beneficio baja un poco, al 50%. En cambio, tienen toda una serie de bonificaciones: del 90% en caso de que hagan un nuevo contrato con una reducción del 5%; del 70% si alquilan a personas de entre 18 y 35 años; del 60% si han recibido subvenciones para hacer rehabilitaciones (además de poder subir el precio un 10%, en este caso). Además de que la eficiencia de este tipo de medidas es cuanto menos dudosa, son profundamente injustas. Aumentan la galopante desigualdad entre quienes tienen propiedades y viven de rentas, y quienes no tienen propiedades y viven de su trabajo.

• Vivienda protegida para siempre, pero sin recursos. Se termina con la tradición de origen franquista de hacer vivienda protegida que al cabo de unos años pasa al mercado privado, hinchando burbujas de precios. Es decir, se aprueba la cualificación permanente de la vivienda protegida a futuro mientras se mantenga la cualificación del suelo, algo que ya está vigente en Euskadi desde hace años y en Catalunya desde el 2019. También se habla de alcanzar un 20% de viviendas destinadas a fines sociales en 20 años. Sin embargo, a pesar de los sucesivos anuncios casi paródicos de Pedro Sánchez, la ley no obliga al Estado a aumentar la inversión pública -hoy en cifras ridículas- ni explica de dónde van a salir los dos millones de viviendas que necesitaríamos para acercarnos a esa cifra.

El sindicato como la única garantía real

El Gobierno hoy ha fallará en su labor de asegurar el acceso a un alquiler asequible y estable para toda la población, no cumpliendo con la obligación de proteger el derecho a la vivienda, recogido en la constitución. Sabemos que la ley está llena de agujeros. Y sabemos que no pocas inmobiliarias, rentistas y especuladores intentarán saltarse sus obligaciones, como vemos semana a semana en nuestras asambleas, para dejar sin efecto las pocas medidas de las que nos podremos beneficiar. Pero también sabemos que la única forma de garantizar los derechos de quienes no tenemos propiedades y dependemos del mercado del alquiler es afiliarse y organizarse con el sindicato. Por eso presionaremos para que todos los territorios desplieguen e implementen rápida y adecuadamente las medidas que hoy se aprueban. Pelearemos, casa por casa, para bajar los precios del alquiler. Lucharemos, barrio por barrio, para que ninguna inmobiliaria pueda seguir estafando. Informaremos, como casi nunca hacen las administraciones públicas, a cada inquilino e inquilina de sus derechos y de cómo defenderlos. En definitiva, seguiremos organizándonos y construyendo poder popular, porque el único camino que lleva a la justicia social y al mundo que anhelamos es el apoyo mutuo y la lucha colectiva