Estaba previsto que las emisiones en baja definición desapareciesen el 31 de diciembre de 2022

El Consejo de Ministros ha reclamado al Gobierno de la Junta de Castilla y León que no aplique ninguna iniciativa que vulnere la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Además, ha impulsado la primera ley estatal de servicios sociales de la democracia.

El Ejecutivo ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o el Real Decreto 825/2010 que desarrolla parcialmente esa norma.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha recordado que no puede obligarse a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y tampoco se les puede dar instrucciones o sugerencias ni recomendaciones en este sentido. La libertad de las mujeres sobre su maternidad y la autodeterminación ha quedado manifiestamente posicionada por parte del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, ha añadido.

El Gobierno, ha afirmado, no va a permitir que se retroceda "ni un milímetro en materia de derechos de la mujer" y va a utilizar "todos los mecanismos a su alcance, todas las herramientas jurídicas, para proteger a las mujeres".

Por otro lado, las comunidades autónomas no pueden establecer requisitos adicionales a los que se derivan de la normativa estatal, por lo que el Ejecutivo también actúa en defensa de las competencias del Estado, ha explicado la portavoz.

La Junta tiene un plazo de un mes para contestar. El requerimiento es el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros ha presentado el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que los define como servicios esenciales y establece la obligatoriedad de un catálogo común para todas las comunidades autónomas.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha enfatizado que "esta primera ley de servicios sociales de la historia de nuestro país" contribuirá a fortalecerlos como pilar fundamental del estado del bienestar.

Belarra ha considerado que la norma será también "un balón de oxígeno" para un sector asfixiado por los recortes y la asunción de competencias y funciones que no les corresponden y para sus profesionales, "que han cubierto demasiadas veces con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debía haberse garantizado mejor por la administración pública".

Respecto a los usuarios, la ley incide en que el sistema debe estar basado en el respeto a los derechos de las personas y cambia el modelo exclusivamente asistencial por un enfoque comunitario y preventivo, dirigido a evitar que las personas caigan en una situación de vulnerabilidad tal que haga más difícil la intervención.

El anteproyecto, que ahora se someterá a información pública, forma parte de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ione Belarra ha subrayado que la nueva ley permitirá profundizar y hacer permanente la modernización de los servicios sociales que ya ha comenzado con una inversión de 875 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

La norma estipula que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia diseñará un catálogo común de prestaciones y servicios sociales para garantizar la igualdad de los ciudadanos en todo el territorio, ya que actualmente, ha dicho Belarra, "existen importantes diferencias en las distintas comunidades autónomas". Este catálogo será muy detallado y deberá incluir, entre otros, ratios de profesionales, niveles mínimos de la prestación o indicadores de satisfacción de las personas usuarias.

Belarra ha explicado que no será obligatorio el requisito del empadronamiento para acceder a los servicios sociales del catálogo y que, asimismo, cuando una persona se desplace a otra comunidad autónoma, ya sea temporal o definitivamente, podrá conservar los servicios y prestaciones que recibía en la primera sin necesidad de repetir el proceso de valoración.

Un nuevo sistema de información común interoperable con los sistemas de autonómicos permitirá conocer en mayor profundidad las situaciones que atienden los servicios sociales y por tanto diseñar mejores políticas y mejores intervenciones, ha continuado la ministra.

Otra medida nueva será la creación de la Historia Social Única para cada usuario de los servicios sociales, que contendrá la documentación relativa a su caso y a la que podrá acceder en cualquier momento. Cada usuario tendrá también una persona profesional encargada de coordinar todas las intervenciones, que será su contacto de referencia.

Finalmente, se desarrollará una normativa específica para garantizar que las ayudas de emergencia o urgencia social sean ágiles: "Si las necesidades son urgentes, las ayudas deben serlo también", ha señalado Belarra.

El Gobierno ha aprobado las modificaciones normativas que permitirán mantener las emisiones de Televisión Digital Terrestre (TDT) en baja definición hasta febrero de 2024.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la extensión del plazo responde a la situación generada por la pandemia, que ha ralentizado la renovación del parque de aparatos de televisión adaptados para las emisiones de TDT de alta definición.

La medida, ha añadido, evita que "determinados ciudadanos se vean desprovistos del servicio de televisión digital terrestre o tengan que afrontar el coste de adquirir un nuevo equipo de televisión adaptado a la alta definición".

El Ejecutivo también ha modificado el uso de dominio público radioeléctrico para reorganizar la banda de 26 GH, prioritaria para el despliegue de la tecnología 5G.

Calviño ha indicado que el cambio permitirá que una parte de esa banda se destine a redes privadas en régimen de autoprestación, lo que favorecerá el despliegue de la tecnología en puertos, polígonos industriales, astilleros y fábricas de automóviles.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa Anual 2023 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.

Nadia Calviño ha avanzado que aumentan el número de estadísticas oficiales y se incorporan mejoras para favorecer el uso de las nuevas fuentes de información, como las grandes bases de datos. Además, el programa reducirá la carga de trabajo de los informantes, incorpora la perspectiva de género, de discapacidad o de edad dentro de las estadísticas e impulsa el uso de las nuevas tecnologías.

El Gobierno ha autorizado el convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Junta de Andalucía para financiar la línea 3 del Metro de Sevilla. La infraestructura está valorada en 1.301,2 millones de euros y cada administración aportará el 50%.

Isabel Rodríguez ha insistido en el compromiso del Ejecutivo con la movilidad sostenible y el transporte público de calidad, y ha recordado que ha invertido ya más de 1.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación en iniciativas municipales en todo el territorio.

Rodríguez también ha señalado que la firma de convenios como este es consecuencia del interés del Gobierno por la colaboración y la cooperación con el resto de administraciones públicas. Solo en el año 2021 se firmaron más de 3.000 convenios, cuando en 2017 solo fueron 78.

"Es una cifra suficientemente elocuente", ha concluido la ministra, que la ha extraído del informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre convenios e instrumentos de cooperación que ha analizado el Consejo de Ministros.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Nadia Calviño ha presentado un informe sobre la situación económica en España y las perspectivas para este año, que el Gobierno "afronta desde una base sólida y con confianza".

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro celebraron ayer su primera reunión del año, en la que constataron que la economía europea cerró 2022 mejor de lo esperado. La vicepresidenta ha destacado que "los mercados de trabajo mantienen su dinamismo, ya se ha dejado atrás el pico de inflación en la zona euro y se espera que la inflación subyacente alcance el máximo en el primer trimestre del año".

En este contexto, la economía española registró un fuerte crecimiento, con un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) por encima del 5%, superior a las previsiones más optimistas. Este crecimiento está muy por encima de la media europea y demuestra, según ha apuntado Calviño, lo acertado de la política económica que el Gobierno viene desplegando desde 2018.

A su juicio, el nuevo ciclo económico iniciado tras la pandemia está marcado por la acertada respuesta europea a la misma, la acertada respuesta española al impacto de la guerra en Ucrania y al impulso modernizador del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La vicepresidenta ha incidido en el "extraordinario comportamiento del mercado de trabajo". La afiliación a la Seguridad Social está en récord histórico y mejora la estabilidad y la calidad del empleo. En el último año hay más de dos millones de trabajadores más con contrato indefinido, ha aumentado el empleo en sectores de futuro y alto valor añadido y se ha reducido el porcentaje de parados menores de 25 años.

Estos datos, en opinión de Calviño, demuestran el impacto positivo de la reforma laboral y del conjunto de reformas estructurales del Ejecutivo y su apuesta clara por la ciencia, la innovación, la formación profesional y la educación.

La evolución positiva del mercado de trabajo también está aumentando los ingresos fiscales y de la Seguridad Social y, gracias a ello, se refuerza el sistema público de pensiones y aumentan las inversiones en capital humano y la productividad, que son las claves para un crecimiento económico sostenido a largo plazo.

Por otra parte, Nadia Calviño ha subrayado que la competitividad de la economía española está evolucionando mejor que la de nuestros principales competidores europeos. El sector turístico se está acercando a los niveles de facturación de 2019, año récord, y el empleo en este ámbito ya supera los niveles prepandemia.

La inversión extranjera directa aumentó en un 55% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que "es una clara señal del clima de negocios en España, favorable a la atracción de talento e inversiones", ha añadido la vicepresidenta. En este punto, se ha referido a los anuncios de inversión en España de grandes multinacionales, sobre todo en los ámbitos de energías renovables, fabricación de automóviles y nuevas tecnologías.

Nadia Calviño también ha señalado que la inflación, principal reto de la política económica, ha bajado cinco puntos en cinco meses, como consecuencia de la bajada de los costes de la energía y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

"Empezamos 2023 con una base más sólida gracias a la fuerza y a la resiliencia de la actividad económica, del empleo, de las exportaciones, la buena marcha de los ingresos fiscales registrada en 2021 y 2022 y el notable e importante impacto del plan de recuperación, que justamente alcanzará su máximo impacto sobre la economía española en el período 2023-2025", ha resumido la vicepresidenta.

El Gobierno, ha anticipado Calviño, seguirá cumpliendo en 2023 con los objetivos de reducción del déficit y la deuda pública y desplegando su política de impulso a la transición verde y digital con una perspectiva de futuro, ejecutando las inversiones y reformas del plan de recuperación.