Aprobado en Consejo de Gobierno el proyecto de reforma de la Ley del Aborto

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que esta ley garantiza el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país: "El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo forma parte del derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada para el ejercicio a otros muchos derechos y para el ejercicio, en definitiva, de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida".

La nueva ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, que será la de referencia. Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación.

Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo y desaparecen, para todos los casos, las exigencias actuales de información previa y tres días de reflexión.

La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.

Por su parte, los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en institutos, centros penitenciarios y centros asociados a los servicios sociales, se priorizarán los de última generación y se promocionará la corresponsabilidad, ya que esta cuestión "no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres como ocurre actualmente", ha señalado Irene Montero.

La ley, ha continuado la ministra, también atiende a los derechos de las mujeres que deciden ser madres. Además de establecer medidas de acompañamiento en el embarazo y de promover buenas prácticas gineco-obstétricas y el parto respetado, se ha creado un nuevo permiso desde la semana 39 de gestación que no restará tiempo al de maternidad.

Asimismo, se regula por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes y se dispensarán gratis productos de higiene menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales para combatir la pobreza menstrual irregular.

Además, la norma reconoce como violencias contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, y la esterilización y anticoncepción forzosas, en consonancia con el Convenio de Estambul.

Irene Montero ha destacado que con la entrada en vigor de la ley la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas.

La ministra ha hecho referencia a algunos estudios según los cuales casi el 70% de los estudiantes y las estudiantes de Secundaria dicen que la educación sexual que han recibido no ha sido útil para su vida sexual y que son Internet y los amigos y amigas las fuentes principales de información para el acceso a diferentes conocimientos.

"El aprendizaje de la sexualidad se da con apoyos adecuados o sin ellos y, con esta ley, este Gobierno de coalición progresista y feminista quiere asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país a una educación sexual integral que les permita conocer todos sus derechos, sus cuerpos y construir relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento y en los buenos tratos", ha concluido Montero.

El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en derecho y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que todo el mundo debe poder acceder al sistema de justicia con las máximas garantías y que el derecho de defensa no puede depender del bolsillo, de la situación social ni del lugar donde se viva: "Todos podemos vernos envueltos en un proceso judicial a lo largo de nuestra vida y todos tenemos que tener la garantía de que tendremos los mismos derechos para enfrentarnos a ese procedimiento".

El Gobierno, ha asegurado Llop, está comprometido con la transformación del sistema de justicia hacia un modelo más eficiente, sostenible e igualitario "que debe pivotar sobre el desarrollo, la igualdad y la cohesión social, territorial, económica y digital". Llop ha destacado que la nueva norma tendrá también carácter pionero en Europa, incluido el Reino Unido.

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española que, no obstante, todavía no se había plasmado en una ley orgánica. "Actualmente cuenta con una regulación fragmentada y que, desde luego, no es todo lo completa que debería ser por la trascendencia que tiene este derecho en el sistema de la calidad democrática", ha señalado Llop.

El texto refuerza las garantías de los ciudadanos y ciudadanas para que, cuando estén involucrados en algún procedimiento judicial o sistema alternativo de resolución de controversias, lo hagan con mayor confianza en el sistema de justicia y en la institución de la abogacía.

Como novedad, por primera vez con rango de ley, toda persona podrá solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente.

Respecto a los profesionales de la abogacía, un importante colectivo -250.000 hombres y mujeres, 150.000 de ellos ejercientes en los juzgados y tribunales-, la ley recoge las garantías, deberes, conductas y principios que hasta ahora solo figuraban en los estatutos del colectivo profesional.

La asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados colegiados, garantizándose su actuación siempre libre e independiente, así como la confidencialidad de las comunicaciones y secreto profesional.

Se prevé también la existencia de los Servicios de Orientación Jurídica Colegiales para que cualquier persona pueda ser asesorada con independencia de sus recursos económicos, pero especialmente si pertenece a un colectivo vulnerable.

El Ejecutivo ha aprobado la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, que refuerza la autonomía estratégica del país y la seguridad de abastecimiento de suministros clave para la transición energética y el desarrollo digital.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que estas materias son esenciales para sectores y actividades como la metalurgia, la siderurgia, la electrónica, la química y la industria farmacéutica y también para la movilidad y la automoción.

"El Comité Económico y Social Europeo estima que el 70% de la industria europea depende directa o indirectamente de estas actividades y en nuestro país tienen una facturación de más de 3.500 millones de euros año y una estimación de empleo de más de 90.000 personas, con una afectación muy importante a las economías locales", ha asegurado.

El documento se alinea con las políticas europeas sobre materias primas -como el Plan de Acción de Materias Primas Fundamentales o el reciente REPowerEU-, y con herramientas nacionales, como la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada el pasado mes de febrero o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución entre las comunidades autónomas de 57,5 millones de euros para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico. Este reparto será sometido a la ratificación de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico.

40 millones de euros, procedentes de los Fondos de recuperación, estarán destinados a iniciativas ligadas a la bioeconomía como la ganadería, las producciones forestales sostenibles o el turismo compatible con la conservación del medio forestal. Los otros 15,7 millones están consignados en los Presupuestos Generales del Estado 2022, con cargo al Fondo de Cohesión Territorial, y su fin es favorecer el desarrollo local sostenible, corregir el desequilibrio territorial, facilitar el acceso a servicios públicos clave e incentivar la actividad económica y empresarial.

Isabel Rodríguez ha destacado que este tipo de acciones, recogidas en el Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico, ya están teniendo su repercusión: "En los últimos 4 años han regresado al medio rural, a poblaciones de más de 5.000 habitantes, más de 200.000 personas".

La ministra portavoz ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Senado a petición propia para informar del Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización y su perspectiva territorial, económica y social.

Rodríguez ha subrayado que las medidas adoptadas por el Gobierno, como la reducción hasta un 80% de la fiscalidad en el recibo de la luz, están siendo eficaces para doblegar la curva de la inflación: "Esta mañana hemos recibido la noticia de una bajada de 4 décimas".

La portavoz se ha congratulado por este dato, pero ha asegurado que hay que mantener la cautela y la prudencia y seguir trabajando para proteger a la clase media y trabajadora, a la industria, a las empresas y a los autónomos.

En relación con la política energética, Rodríguez también ha puesto de manifiesto la relevancia que España está teniendo en el debate al respecto en la Unión Europea y ha manifestado su satisfacción por el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que es necesaria la intervención y reforma del mercado eléctrico: "Sin duda, las propuestas de España, lideradas por el presidente del Gobierno, están siendo atendidas por nuestros socios europeos"

La portavoz también ha valorado muy positivamente la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión de trabajo del Consejo de Ministros de Alemania, y su encuentro bilateral con el canciller alemán, Olaf Scholz.