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27
Jul
2022
Sánchez aprueba el mayor techo de gasto de la historia en medio de la crisis PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaEl gasto público rozará los doscientos mil millones de euros

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado en el Consejo de Ministros el informe sobre la situación económica, de cara a la fijación del techo de gasto para los Presupuestos Generales.

Nadia Calviño ha explicado que la evolución de la economía ha estado marcada los dos últimos años por el impacto de la pandemia, al que se ha sumado el de la invasión de Ucrania, que está generando presiones inflacionistas a escala mundial. En ese contexto, España mantiene un fuerte crecimiento, con un extraordinario comportamiento de la inversión y el empleo, según ha asegurado la vicepresidenta.

Calviño ha argumentado que ese crecimiento se basa en cuatro factores diferenciales con respecto a los ciclos económicos anteriores: la buena marcha del empleo; la recuperación de la inversión, impulsada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el sector exterior y la evolución positiva de las cuentas públicas.

En relación con el mercado de trabajo, la vicepresidenta primera ha destacado que constituye uno de los motores del actual ciclo y que, gracias a la reforma laboral, la contratación indefinida crece mientras que los contratos más precarios caen de manera acentuada.

La vicepresidenta primera ha defendido que el principal reto de la economía española es la inflación, que se sitúa en torno a la media de la Unión Europea. Calviño ha sostenido que el conjunto de las medidas puestas en marcha por el Gobierno ha reducido la inflación en más de 3,5 puntos porcentuales y ha remarcado la importancia del tope al gas, que proporciona a España una "red de seguridad" antes posibles alzas adicionales de los precios de la energía.

En un contexto de incertidumbre -ha indicado-, el Ejecutivo continúa guiándose por la prudencia y la responsabilidad fiscal, por lo que mantiene la previsión de crecimiento del 4,3% para 2022 y revisa ligeramente a la baja, en 8 décimas, la de 2023, hasta el 2,7%, en línea con los organismos nacionales e internacionales. El Plan de Recuperación está impulsado las inversiones, pero el crecimiento se moderará en 2023 por los altos precios de la energía y los riesgos de suministro de gas, el endurecimiento de las condiciones monetarias y una previsible desaceleración de la zona euro.

Calviño ha subrayado que los organismos internacionales sitúan ese crecimiento por encima de grandes economías como Alemania, Francia o Italia y la media de la zona euro. "Estamos en un entorno muy incierto, turbulento a nivel internacional, de fuerte tensión geopolítica, pero todo sigue apuntando a un crecimiento fuerte de la economía española, y el Gobierno va a seguir actuando con responsabilidad y determinación para contener el alza de los precios y lograr un reparto justo del coste de la guerra, sin perder de vista los objetivos de medio y largo plazo", ha afirmado.

El cuadro macroeconómico incluye una revisión al alza de la inflación, hasta una media del 7,8% en 2022 y del 2,9% en 2023; un fuerte ritmo de creación de empleo, con una tasa de paro media del 12,8% este año y del 12% en 2023; y un ligero empeoramiento de la balanza de pagos por cuenta corriente, aunque Calviño ha apuntado que las exportaciones y el sector turístico se están comportando mejor de lo esperado.

La vicepresidenta también ha remarcado la evolución favorable de otros indicadores cualitativos, como el peso de las energías renovables, el porcentaje de población con acceso a banda ancha, la brecha de género en la tasa de actividad, las tasas de abandono escolar temprano y el número de hogares con todos sus miembros en paro.

El Gobierno ha fijado el límite de gasto no financiero del Estado para 2023 en 198.221 millones de euros, un 1,1% más que en el ejercicio anterior.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que se trata de "una cifra récord" que favorecerá que el Estado "mantenga su esfuerzo inversor y garantice nuevamente hitos históricos en los ámbitos de la ciencia, las becas, la investigación, la sanidad o la educación".

Montero ha subrayado que empieza así la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado que son "imprescindibles para recuperar el crecimiento económico, aliviar el bienestar de las familias, de los hogares y ayudar al tejido productivo".

María Jesús Montero ha incidido en que el acuerdo incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales, pero no implica abandonar la responsabilidad fiscal. De hecho, el déficit público se reducirá este año hasta el 5% y la tasa de referencia para el próximo se sitúa en el 3,9% del Producto Interior Bruto (PIB) para el conjunto del Estado, que es la misma que se incorporó en el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a la Comisión Europea en el mes de abril.

Si se consolidan estas cifras, el Ejecutivo habrá reducido el desequilibrio fiscal en un 60% desde el inicio de la pandemia, ha subrayado la ministra.

La titular de Hacienda ha explicado que el Gobierno ha incrementado el margen de déficit de comunidades autónomas, cuya tasa de referencia para el 2023 será del 0,3%, en lugar del 0,1% que incluía el Programa de Estabilidad. Estas dos décimas se restan de la administración central, que sitúa el déficit en el 3,2 frente al 3,4 previsto, y asume el mayor coste de la crisis derivada de la invasión de Ucrania.

En el caso de la Seguridad Social, el objetivo de estabilidad se mantiene en el 0,5% del PIB, gracias a la buena evolución del empleo y a las transferencias que abona la administración central a la Seguridad Social, fruto del acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. Respecto a los ayuntamientos, la ministra ha destacado que registrarán un superávit del 0,1% del PIB.

Montero ha añadido que con estas cifras tanto las comunidades como los ayuntamientos tendrán más capacidad de gasto para prestar unos servicios públicos esenciales de calidad.

Los datos, ha mantenido la ministra, dan una muestra clara y evidente de que el Gobierno tiene una hoja de ruta muy definida y una idea de cómo construir nuestro país: garantizando un sistema de bienestar, de protección, que permita que cada ciudadano pueda desarrollar todo su potencial con independencia de si el azar le ha colocado en el vértice o en la base de la pirámide social.

El Consejo de Ministros ha establecido un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, basado en los rendimientos netos, que refuerza su protección. La reforma será efectiva en 2023 y es el resultado del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT y con las organizaciones de autónomos ATA, UATAE y UPTA.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que esta reforma nace del consenso y se irá desplegando de forma progresiva durante los próximos tres años. Los autónomos tendrán facilidades para cambiar de tramo y podrán ir adaptando sus cotizaciones en cada momento de su vida laboral. En este sentido, Escrivá ha anunciado que dispondrán de una aplicación para darse de alta y de baja y modificar sus cotizaciones desde el teléfono móvil.

Escrivá ha enfatizado que los autónomos cotizarán por sus rendimientos netos, es decir, por el saldo entre sus ingresos y sus gastos deducibles y, además, se incorpora una deducción genérica del 7% para gastos que no sean fácilmente justificables.

Esta reforma permitirá que tres de cada cuatro autónomos puedan cotizar igual o menos que en la actualidad, ha resaltado el ministro.

Escrivá también ha subrayado que la decisión tiene un componente de género en favor de las mujeres y de los jóvenes menores de 30 años, que en un alto porcentaje están cotizando por debajo del salario mínimo.

Por otra parte, el ministro ha avanzado que el Gobierno mejora la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia ampliando las modalidades del cese de actividad, al igual que hizo durante la pandemia o tras la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma.

"Los autónomos conocen perfectamente hasta qué punto este Gobierno se ha comprometido con ellos a límites que no tienen precedentes. En la crisis anterior se destruyeron 400.000 empleos. En esta crisis, gracias a la acción protectora y a las prestaciones extraordinarias se han protegido sus rentas. En este momento hay 80.000 autónomos más que antes de la pandemia", ha apuntado Escrivá.

El Gobierno ha aprobado la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería con el objetivo de mejorar el modelo migratorio, favorecer la incorporación al mercado laboral de las personas que se encuentran en España y reforzar las vías de migración regular.

Entre las medidas aprobadas, el ministro ha avanzado que se actualizan las figuras de arraigo social, arraigo laboral y arraigo por reagrupación familiar y se crea la de arraigo por formación que permitirá a los migrantes formarse en profesiones deficitarias y acceder al mercado de trabajo: "Vamos a modernizar los requisitos de acceso al trabajo autónomos, que eran extraordinariamente complejos y exigentes para los inmigrantes".

José Luis Escrivá también ha anunciado que se actualizará el catálogo de ocupaciones particularmente demandadas para que se puedan generar contrataciones en origen y se perfeccionará el modelo de migración circular, al dotar de mayor estabilidad a trabajadores y empresas y reduciendo las cargas administrativas.

El Ejecutivo ha creado el Sello de Inclusión Social, un distintivo que reconocerá a las empresas que promuevan la inclusión de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

El ministro ha recordado que esta prestación llega a más de 500.000 familias en situación de pobreza severa, alrededor de 1.300.000 personas, de las que el 43% son menores. Además, una de cada cuatro son familias monoparentales.

Escrivá ha asegurado que el Gobierno persigue que el Ingreso Mínimo Vital llegue a todas las personas que lo necesiten y, en este sentido, ha extendido las formas de certificar determinas formas de vulnerabilidad para obtener el ingreso. "A partir de septiembre nos dirigiremos directamente a determinados ámbitos donde están las personas más vulnerables: comedores sociales, sitios de reparto de ropa, para que allí podamos constatar con nuestros funcionarios hasta qué punto puede haber potenciales beneficiarios del ingreso vital que todavía no lo han solicitado", ha anunciado.

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional de apoyo y reconocimiento a los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico, que afectó a miles de personas en el año 1981. El ministro Escrivá firmó ayer una orden ministerial mediante la que se mejora en un 40% la ayuda a los beneficiarios de la prestación.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha indicado que el Instituto de Salud Carlos III está realizando un estudio de precisión sobre alguna de las enfermedades producidas por la intoxicación y ha remarcado la importancia que el Gobierno concede a la seguridad alimentaria.

 

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