El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto de la descentralización administrativa

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el procedimiento para determinar el término municipal en el que se ubicará la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal. Asimismo, se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, como órgano colegiado de la Administración General del Estado (AGE) que asistirá al Consejo de Ministros en este procedimiento.

La determinación de la sede física de las entidades del sector público institucional estatal tendrá que producirse a través de un proceso objetivo con base en los principios del artículo 103 de la Constitución Española, en los fijados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los de adecuación al sector de actividad, vertebración y equilibrio territorial.

La decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, que por vez primera deberá motivar la elección de una localidad para albergar una institución pública. Los criterios que se considerarán en la elección incluirán, entre otros, la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación.

Cabe destacar, como futuros impactos de esta medida, los posibles efectos indirectos beneficiosos sobre la economía, sobre todo en materia de empleo, así como sobre la fijación de la población en las zonas más despobladas del territorio y acercar las instituciones a los ciudadanos y ciudadanas en el territorio.

Se crea una comisión consultiva para la determinación de las sedes presidida por la ministra de Política Territorial y de la que será vicepresidente el secretario de Estado de Política Territorial.

Vocales permanentes serán los titulares de la Secretaría General de Coordinación Territorial y un representante de cada uno de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Derechos Sociales y Agenda 2030; y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Entre los vocales no permanentes habrá representantes de los ministerios a los que se encuentren adscritas las entidades del sector público cuya sede física sea objeto de convocatoria. Ejercerá como secretario la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial.

La comisión, entre otras funciones, elaborará un informe sobre los requisitos que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual que elevará al Consejo de Ministros.

El procedimiento fomenta que las diferentes administraciones y asambleas territoriales puedan presentar distintas localidades para albergar las sedes de entidades públicas estatales. Además, se permite que dichas administraciones puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, de modo que la AGE no tenga que asumir íntegramente el coste de la instalación de una entidad.

Se fortalecerá la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.

Los criterios que fije la Comisión consultiva para la determinación de las sedes permitirán reforzar las políticas del Gobierno en distintas áreas.

Se tendrá en cuenta también a los empleados públicos, incorporando la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado sin perjuicio en su carrera profesional. Se reforzará de esta forma el funcionamiento de las entidades afectadas y fomentará el acceso a la función pública estatal de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia.

La determinación de la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal se realizará atendiendo a los principios del artículo 103.1 de la Constitución Española y a los fijados en el artículo 3 de la Ley Régimen Jurídico del Sector Público, así como a los de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad. Estos principios podrán ser completados con otros criterios por la Comisión consultiva para la determinación de las sedes.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea necesario determinar la sede física de las entidades pública

Una vez creada una nueva entidad pública, el Consejo de Ministros acordará iniciar el procedimiento para la determinación de su sede física.

En el plazo de un mes, la Comisión consultiva elaborará un informe que se publicará en el BOE con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de su sede. En el plazo de un mes, desde la publicación del acuerdo de inicio del procedimiento, las comunidades y asambleas autonómicas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar por medios electrónicos la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.

Adicionalmente, las administraciones que presentan candidaturas pueden ofrecer todos o alguno de los siguientes compromisos: cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas, analizando las posibles sedes y que remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo y se publicará en el BOE, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.

La Comisión consultiva se constituirá en el plazo de dos meses y no incrementará el gasto público, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026 y la Hoja de ruta del biogás.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que estos tres proyectos expresan la vocación transformadora del Gobierno sobre la energía y el agua, "dos recursos estratégicos y escasos" y "determinantes en la economía y en el bienestar de las personas".

Ribera ha destacado que el PERTE de digitalización del Ciclo del Agua nace de la constatación del creciente impacto del cambio climático en España y su incidencia en los recursos hídricos: "En los próximos años se estima que sufriremos una reducción de alrededor del 25% debido al calentamiento y a la alteración del régimen pluviométrico".

Su objetivo es avanzar en una gestión eficiente y sostenible que permita reducir los consumos y las pérdidas y adaptarse con garantías a los efectos del cambio climático en el conjunto de la sociedad y de la economía (la gestión del ciclo del agua incide actualmente en casi un tercio del Producto Interior Bruto nacional).

Concretamente, el proyecto persigue mejorar el conocimiento real de los usos del agua por sectores para lograr una gestión más integrada y eficiente; modernizar los organismos de cuenca y ofrecer mayor información a los usuarios finales; ayudar a cumplir los objetivos ambientales fijados para las distintas masas de agua, y generar empleo de alta cualificación técnica propiciando la formación, la inversión en I+D+i y las oportunidades de negocio dentro y fuera de España. "El impacto en las industrias asociadas rondará los 3.500 empleos de alta cualificación técnica, adicionales a las personas que hoy trabajan en el ámbito del agua", ha dicho Ribera.

La inversión prevista se sitúa alrededor de los 3.000 millones de euros, 1.940 de ellos procedentes de fondos europeos y del presupuesto ordinario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el resto de capital privado.

Entre las medidas enumeradas por la ministra está la mejora del ciclo urbano del agua, para reducir del 23% actual al 10% en 2030 las pérdidas del agua potable tratada: "Un país amenazado por los impactos de una menor disponibilidad de recursos hídricos no puede permitirse el lujo de perder el 23% del agua potable en su red urbana y, por tanto, reducir estas pérdidas es un objetivo que consideramos indispensable".

El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026 será "la columna vertebral del sistema eléctrico nacional para los próximos años" y proporcionará un ahorro de 1.600 millones de euros anuales "en un contexto normal", ha precisado la vicepresidenta.

La meta es preparar la red de transporte para que en los próximos años sea capaz de conectar e integrar más energía renovable, hasta alcanzar el 70% en 2026 -actualmente es del 46%- y se pueda reducir la generación con centrales de gas.

Para lograr el crecimiento respetuoso de las energías renovables se dará prioridad a la generación en áreas óptimas, con elevados recursos y menor impacto ambiental, "ya que se ha incorporado el respeto al entorno natural como principio básico", ha asegurado Ribera. Por otro lado, se maximizará el uso de las redes existentes, renovando y ampliando su capacidad a través de nuevas tecnologías como las baterías, que permiten el almacenamiento.

En total, se destinarán casi 7.000 millones de euros a mejorar de 8.000 kilómetros de redes, a construir 2.700 kilómetros de nuevas líneas y 700 km de conexiones submarinas -con especial énfasis en los dos archipiélagos canario y balear, comprometidos con transformarse en "islas 100% renovables"- y a impulsar las interconexiones eléctricas con Francia, Portugal y Marruecos.

Ribera ha afirmado que esta inversión recalará sobre todo en bienes y servicios de la industria eléctrica nacional y permitirá crear más de 78.000 puestos de trabajo cualificados y de calidad

La vicepresidenta ha subrayado la importancia de fomentar la producción de gas de origen renovable y reducir el de origen fósil: "En la situación actual, en la que Europa sufre el impacto de la dependencia del gas ruso, esta apuesta cobra especial importancia".

La Hoja de ruta del biogás forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA). Prevé multiplicar casi por cuatro la producción de gas de origen renovable en nuestro país hasta el final de la década y su aprovechamiento para producir electricidad y calor útil para la industria y el transporte pesado y para ser inyectado en los gasoductos una vez transformado en biometano.

Ribera ha anunciado que próximamente se publicarán las bases de las convocatorias para otorgar 150 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a proyectos singulares de biogás.

El Gobierno ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, que prevé movilizar más de 4.500 millones de euros para impulsar la I+D+I en el sector aeronáutico y del espacio.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que la iniciativa tiene carácter internacional, ya que combina fondos de recuperación de España y de Portugal e incluye proyectos de cooperación a través de la Agencia Espacial Europea.

Morant ha avanzado que la meta del PERTE es capacitar a la industria aeroespacial española ante los nuevos retos y oportunidades, así como posicionarla a la vanguardia mundial: "España se situará en la carrera internacional por conquistar el espacio y avanzará en las transformaciones necesarias para conseguir ser un país más competitivo, equitativo, cohesionado, próspero, resiliente y con mayor autonomía estratégica".

La ministra ha resaltado que el sector aeroespacial es imprescindible para servicios cotidianos como los teléfonos móviles, el GPS, la previsión meteorológica o el suministro de alimentos.

También es de gran utilidad ante las catástrofes, como se ha comprobado en el caso del volcán de La Palma, donde las imágenes ofrecidas por satélite han guiado las actuaciones de emergencia.

Los avances en este campo, ha añadido, "tendrán un beneficio directo en la calidad de vida, mediante sus aplicaciones en áreas como el transporte, la logística, la seguridad, el medioambiente, las comunicaciones o la defensa".

Además, es un sector industrial estratégico para España: supone casi el 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y el 5,4% del PIB industrial. Como sector netamente exportador, sitúa a España como cuarto país de la Unión Europea en facturación. En la actualidad, genera 37.600 empleos directos de alta cualificación y es el segundo sector que más invierte en I+D+I en España, después del farmacéutico.

Se trata, a juicio de la ministra, de un ámbito con gran capacidad de generar investigación e innovación también en otras industrias y, en consecuencia, de transformar la economía y el mercado laboral

Diana Morant ha reiterado que el PERTE actuará sobre dos pilares fundamentales: el aeronáutico y el espacial.

En el ámbito aeronáutico, su objetivo principal es desarrollar las actividades de I+D+I que permitirán crear el futuro avión de hidrógeno de cero emisiones, así como nuevas aeronaves no tripuladas para distintas aplicaciones. De este modo, se avanzará en la descarbonización del transporte aéreo. "El gran reto es fabricar las nuevas naves limpias del futuro. Además, vamos a dar respuesta a la nueva regulación y digitalización de los sistemas de control del tráfico aéreo para alcanzar el cielo único europeo", ha anticipado la ministra.

En el ámbito espacial, Morant ha incidido en que se desarrollarán las tecnologías necesarias para crear sistemas de satélite para comunicaciones cuánticas, vitales para aumentar de forma exponencial los niveles de ciberseguridad. Disponer de un sistema de satélites propio aumentará igualmente la capacidad de defensa. Además, se creará la Constelación Atlántica de Observación de la Tierra en colaboración con Portugal.

La ministra también ha señalado que el PERTE acelerará la creación y puesta en marcha de la Agencia Espacial Española, ya prevista en la reforma de la Ley de Ciencia. España es el único país europeo sin agencia espacial propia.

De forma transversal, con la colaboración de las comunidades autónomas en proyectos de I+D+I, y a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se ayudará a las empresas para que creen y adopten tecnologías innovadoras. Además, se proporcionará a los profesionales formación y capacitación especializada. Se trata de un sector en revolución donde crecerán las oportunidades en trabajos de alta calidad.

El PERTE movilizará en cinco años una inversión total en I+D+I de más de 4.500 millones de euros, de los que cerca de 2.200 procederán del sector público. Esa inversión conjunta beneficiará a la economía y al bienestar social.

En el ámbito del Ministerio de Cultura y Deporte, el Consejo de Ministros ha regulado el Bono Cultural Joven, con el que los jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de 2022 dispondrán de 400 euros para la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Su finalidad es revitalizar y dinamizar el sector cultural en España, reduciendo el impacto negativo causado por la pandemia, así como generar entre los jóvenes el hábito de consumo de productos culturales.

Isabel Rodríguez ha señalado que el programa beneficiará a unas 500.000 jóvenes, a los que se les abonarán un total de 400 euros en un único pago, en formato de tarjeta prepago virtual nominal, que estarán vigentes durante los 12 meses siguientes a su concesión.

En cuanto a su uso, se podrán destinar hasta 200 euros a artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales, como entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. Un máximo de 100 euros se podrán dedicar a bienes culturales en soporte físico: libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, videojuegos, partituras musicales, discos, CD, DVD o Blu-ray. Y otros 100 euros, al consumo digital o en línea: suscripciones a plataformas musicales, de lectura, audiolectura o audiovisuales; compra de audiolibros, libros digitales para e-books; suscripción a descarga de podcasts, videojuegos en línea y medios digitales.

La portavoz del Ejecutivo ha concretado que estas ayudas están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, con una partida de 210 millones de euros

El Consejo de Ministros ha acordado mejorar las condiciones laborales de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, respondiendo así a una demanda histórica del sector, que quedó pendiente en la reforma laboral.

La portavoz del Ejecutivo ha subrayado que la norma implica la creación de un nuevo régimen de contratación con una modalidad específica: el contrato laboral artístico.

El texto moderniza y amplía el concepto de actividad artística al eliminar el concepto de "artistas en espectáculos públicos" e incorporando actividades culturales en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales o musicales.

El Gobierno ha establecido el procedimiento para determinar los términos municipales en los que se ubicarán las sedes físicas de las nuevas entidades del sector público institucional estatal, así como los nuevos departamentos o subsedes dependientes de entidades que ya existen.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha manifestado que la medida responde a la "convicción del Gobierno de compartir Estado, y de acercar la Administración a la ciudadanía". Además, garantiza el principio de desconcentración, inspirado en la racionalización del gasto público, y evidencia que las instituciones públicas ejercen efectos positivos en los entornos en los que se ubican.

En cuanto al procedimiento de elección, la ministra ha señalado que para propiciar la concurrencia se tendrán en cuenta criterios de cohesión social, territorial y de mejora del funcionamiento de los servicios públicos: "Se atenderán también criterios de despoblación o desempleo en esas zonas".

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha insistido que el Ejecutivo sigue trabajando en la transformación de la economía y en el despliegue de los fondos europeos en "un momento excepcional, marcado por la política internacional, económica y energética como consecuencia de la guerra de Putin".

La portavoz ha recalcado que el presidente del Gobierno ha liderado reuniones con los principales países de nuestro entorno para propiciar un acuerdo en materia energética en el Consejo Europeo que se celebra esta semana en Bruselas. Además, el Ejecutivo ha multiplicado sus contactos con los agentes sociales, grupos parlamentarios, sectores económicos y comunidades autónomas. "Se trata de forjar la necesaria unidad y conformar un plan de todos, un plan de país, como respuesta a las consecuencias económicas de la guerra", ha afirmado Rodríguez.

Por otro lado, la portavoz ha anunciado que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados, previsiblemente el miércoles de la semana que viene, para dar cuenta de las conclusiones del Consejo Europeo, de la cumbre de la OTAN, que también se celebrará estos días, del Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra, así como del nuevo marco de relaciones con Marruecos.