El Gobierno quiere destinar 1.600 millones del rescate a la industria del cine

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha afirmado que el Ejecutivo ha mejorado la financiación autonómica y local y ha negado que la Ley de Movilidad Sostenible incluya el cobro de nuevos peajes.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, Pedro Sánchez ha mantenido que sus objetivos en lo que resta de esta legislatura son consolidar y repartir el crecimiento económico para que la recuperación sea justa. Esto se realizará, ha dicho, gestionando los fondos europeos y abordando las grandes transformaciones recogidas en su discurso de investidura: energética, digital, cohesión territorial y agenda feminista. Pedro Sánchez también ha defendido el pacto constitucional, respaldado la Carta Magna, apostado por la integración de las naciones y rechazado el independentismo.

En respuesta al senador de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu Borka Elejabarrieta, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que el Gobierno ha demostrado valentía a la hora de avanzar en derechos y libertades en un contexto tan difícil desde la perspectiva de la emergencia sanitaria, económica y social que estamos atravesando, inédita en los últimos cien años.

En este sentido, el presidente ha recordado que el confinamiento ha salvado más de 450.000 vidas y que otras medidas adoptadas durante los peores momentos de la pandemia, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), ayudaron a casi 3.600.000 trabajadores a preservar su puesto de trabajo. "Tenemos 20 millones de ocupados, tenemos la tasa de paro más baja desde el año 2008, es decir, no a niveles previos a la pandemia, a niveles previos a la crisis financiera", ha remarcado.

Sánchez ha señalado que sería necesaria una reforma de la Constitución en las cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de nuevos derechos o en la profundización de las libertades. El independentismo, ha afirmado, es "una teoría política que representa al siglo XX o al siglo XIX".

A su juicio, tras la pandemia ha quedado claro que hay que integrar a todas las naciones en el seno de la Unión Europea para ser lo "suficientemente grandes y relevantes" en un orden internacional con grandes actores, como China, Estados Unidos, Brasil, India o Rusia. "Disgregando las responsabilidades y el poder político, haremos de Europa un actor con menos capacidad para garantizar el desarrollo y la prosperidad de los europeos", ha añadido.

El presidente ha resaltado que el Gobierno de España está desplegando una agenda de diálogo absoluta y coordinada con todos los actores territoriales, como se reflejará la semana que viene en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma.

Pedro Sánchez ha argumentado que el Gobierno de España ha pasado de un conflicto permanente con el Govern de la Generalitat de Catalunya en el año 2017 a un "diálogo constante". Al respecto, ha recordado que el viernes ambos gobiernos celebrarán una comisión bilateral para materializar varios traspasos de competencias. "Creo que es un dato objetivo que hoy Cataluña está mejor que hace cinco años. Estamos avanzando en la senda de la convivencia y la consolidación de un espacio de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya", ha defendido.

El presidente ha reiterado al senador del Grupo Parlamentario Nacionalista Jose Lluís Cleries, quien se interesó por la actitud del Ejecutivo en relación con Cataluña, que su Gobierno está apostando por el diálogo y que las prioridades más urgentes para los catalanes están vinculadas con la respuesta a la pandemia, la recuperación económica y la gestión de los fondos europeos.

"Nosotros vamos a seguir dialogando, en la mesa de diálogo, en la comisión bilateral, para garantizar la convivencia y la cohesión entre catalanes", ha subrayado.

Además, Pedro Sánchez ha recordado que se han alcanzado cinco acuerdos finales sobre conflictos normativos con Cataluña y ha repasado las inversiones realizadas y comprometidas para esa comunidad autónoma.

El presidente se ha referido, en su contestación al senador por Compromís del Grupo Parlamentario Mixto Carles Mulet a las reformas del sistema de financiación autonómica y de la fiscalidad en las que está trabajando el Gobierno.

Sánchez ha señalado que, además de estar diseñando con las comunidades autónomas el nuevo sistema de financiación para los próximos años, el Gobierno ha estado incrementado desde 2019 los recursos transferidos. Así, las comunidades han recibido 500.000 millones de euros más que en los últimos cuatro años de la legislatura anterior, lo que supone un incremento del 36%. Y también los ayuntamientos, ha afirmado, "van a recibir durante 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia, que van a crecer un 13%".

Respecto a la reforma fiscal, Sánchez ha defendido que "si queremos una justicia social necesitamos también una justicia fiscal, que paguen más los que más tienen", y ha explicado que España está liderando, junto con otros países, el debate para establecer nuevas reglas fiscales en Europa, y a nivel nacional lo está haciendo a través de un comité de expertos.

El presidente ha destacado el compromiso del Gobierno con los avances sociales y en defensa de los trabajadores y sus derechos laborales y ha puesto como ejemplos la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, "que beneficia especialmente a mujeres y jóvenes", y los ERTES "que han salvado millones de empleos".

Pedro Sánchez ha afirmado que el proyecto de Ley de movilidad sostenible que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el próximo 1 de marzo "no concreta la adopción de medida alguna vinculada con la entrada en vigor de peajes".

Sánchez ha respondido así a la pregunta del senador del Grupo Parlamentario Popular Javier Maroto, al que ha recordado que el Ministerio de Fomento, en la legislatura anterior realizó sendos informes que sí planteaban una recaudación de 2.700 millones al año por el cobro de peajes. "Ninguno de estos peajes se plantea en la ley de movilidad sostenible", ha repetido.

El presidente ha asegurado que la futura norma hará avanzar a España hacia "un nuevo modelo de transporte y de movilidad vinculado con la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión social y la territorial".

Durante el debate, en referencia al resultado de las elecciones del pasado domingo en Castilla y León y posibles pactos de gobierno, Pedro Sánchez ha garantizado a los ciudadanos de esta comunidad que "cualquier cuestionamiento que se haga sobre las mujeres, el colectivo LGTBI o cualquier cuestión que tenga vinculación con cualquier retroceso en derechos y libertades contará con la respuesta contundente y firme, dentro de la legalidad, del Gobierno de España".

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que pretende fortalecer las industrias de este sector y consolidar a España como plataforma de inversión y país exportador de productos audiovisuales.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que España es una potencia en el sector audiovisual, que el Ejecutivo está impulsando desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "El objetivo que hemos marcado en el plan es un aumento del 30% de las producciones audiovisuales, con una inversión nada desdeñable de más de 1.600 millones de euros de los fondos europeos destinados a propiciar este nuevo 'hub' audiovisual", ha dicho.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha destacado que el sector audiovisual lleva tiempo demandando una normativa que recoja las importantes transformaciones que ha experimentado en los últimos años.

Entre las principales novedades del texto, el ministro ha señalado que la convocatoria de ayudas se amplía a toda la cadena de valor del sector: ideas, guiones, proyectos, contratos, filmación, exhibición y explotación de todas las obras cinematográficas. Cuando hablamos de cine, ha argumentado Iceta, hablamos de creación, de cultura, de industria y de Marca España: "El cine nos sitúa en el mundo. Si estás en el cine, estás en el mundo, si no estás en el cine, dejas de estarlo".

El Ejecutivo ha alineado el proyecto con las políticas europeas en materia audiovisual y cinematográfica y envía un mensaje de globalidad a una industria cada vez más diversa. "Están el cine, la televisión, las series, las plataformas, las salas de cine", ha concretado el ministro.

Miquel Iceta también ha resaltado que el patrimonio audiovisual se refuerza: "Declaramos a la Filmoteca Española como bien de interés cultural, con la voluntad de estrecha colaboración con las filmotecas de las comunidades autónomas. La ley está redactada desde un escrupuloso respeto a las competencias de las comunidades y con una mención especial a las lenguas cooficiales". En este sentido, el ministro ha recordado que este año se ha reactivado un fondo de ayudas a la producción en lenguas cooficiales, dotado con diez millones y medio de euros, que la futura ley consagra como permanente.

La norma obliga al Gobierno a elaborar un plan cuatrienal de promoción de la industria audiovisual y contempla la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. "La idea es crear un espacio en el que las administraciones, no solo el Gobierno de España, trabajen juntos para establecer estrategias coordinadas y acordadas. Se habla de políticas públicas, alfabetización audiovisual, educar en el amor al cine y al patrimonio", ha precisado Iceta.

El titular de Cultura ha subrayado que el cine español se ha ganado el respeto y el reconocimiento internacional, como evidencian las nominaciones a los Premios Óscar de Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, así como la selección de las películas de Carla Simón e Isaki Lacuesta para competir por el Oso de Oro en la Berlinale.

Iceta ha recordado a todos los profesionales que participan en la producción de una obra audiovisual y ha señalado que el sector es una industria que genera empleo: "Siempre se intenta minimizar el papel de la cultura, diciendo que es un sector subvencionado de cuatro privilegiados. Nada más lejos de la realidad, son nuestro orgullo y son un valor muy importante añadido a nuestra cultura y a nuestro patrimonio".

El ministro ha concluido su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reclamando la asistencia a las salas de cine: "La cultura ha demostrado que es segura y, por lo tanto, recomendamos a todos ir al cine, seremos así más sabios, pero, sobre todo más felices".

Los ministerios de Cultura y Deporte y de Asuntos Económicos y Transformación Digital iniciarán ahora una ronda de contactos con representantes del sector para presentarles la iniciativa y enriquecer el texto. Tras este proceso, el texto volverá al Consejo de Ministros como Proyecto de Ley para que sea aprobada su remisión a las Cortes.

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 307 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para políticas de conciliación y contra la violencia de género. Los fondos se dividen en tres partidas: 190 millones de euros para el Plan Corresponsables, 100 millones para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y otros 17 para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que el acuerdo se ha adoptado, por primera vez, en el primer trimestre del año para garantizar que los fondos llegan "cuanto antes" a las comunidades y ciudades autónomas. El reparto se decidirá en la Conferencia Sectorial.

El Plan Corresponsables es una política pública puesta en marcha el año pasado con las comunidades para crear una red pública de cuidados. Montero ha subrayado el compromiso firme del Gobierno para garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad del año 2007 que establece el derecho a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, "y especialmente para las mujeres, que son quienes asumen la mayoría de las tareas de cuidado de los niños y niñas".

Sus 190 millones se destinarán a actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados y la puesta en marcha de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional o de vías no formales.

Además de la ampliación de la edad de los beneficiarios de los 14 a los 16 años, Irene Montero ha destacado como segunda novedad de esta convocatoria la posibilidad de financiar proyectos y actividades desarrolladas por las asociaciones de familias.

Respecto a los 117 millones contra la violencia de género, la ministra ha detallado que permitirán desarrollar acciones contra todas las formas de violencia contra las mujeres: vicaria, contra los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, agresiones sexuales y explotación sexual.

Los 100 millones correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género financiarán proyectos o programas promovidos por las comunidades y las ciudades autónomas. Por primera vez, además, podrán ser destinatarias de estos fondos las entidades y asociaciones que trabajan en este ámbito, en cumplimiento de la actualización del Pacto de Estado que incluyó la posibilidad de que puedan recibir financiación directa. "Es importante porque muchas de ellas llevan trabajando décadas, a veces incluso desde antes de que se desplegase el actual marco normativo, y muchas veces llegan a donde el Estado todavía no llega", ha defendido Montero.

Por último, los 17 millones de la Delegación contra la Violencia de Género se repartirán entre tres tipos de programas: asistencia social integral a las víctimas, implementación de planes personalizados y apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

El Ejecutivo ha acordado remitir a las Cortes la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que incorpora la regulación de los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico que necesita el Estado en situaciones de crisis.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que esta reforma se beneficia de la experiencia de gestión "inédita" del Covid-19 adquirida en estos dos años: "Vamos a ofrecer certidumbres en relación a los recursos que el Estado tiene, o con los que el Estado cuenta, en caso de que tuviéramos que repetir una situación que altere gravemente la seguridad nacional como ocurrió con la pandemia".

Rodríguez ha explicado que el texto recoge la creación de un catálogo de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y todos los activos del Estado, de las comunidades autónomas y entidades locales, e incluso prevé la contribución de recursos por parte del sector privado.

Asimismo, se crean una Red de Comunicaciones Especiales de la Presidencia del Gobierno como mecanismo de apoyo al Sistema de Seguridad Nacional y una Reserva Estratégica Basada en Capacidades Nacionales de Producción Industrial, con el objetivo de reducir la dependencia de nuestro país respecto a otros países en recursos de primera necesidad o de carácter estratégico.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, a través de Adif, del contrato para el soterramiento de la línea de tren a su paso por el núcleo urbano de Montcada y Reixac (Barcelona) y la construcción de una nueva estación de Cercanías.

La inversión asciende a 387 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de 72 meses. El Gobierno, ha afirmado Rodríguez cumple de este modo con los compromisos incluidos en el Plan de Rodalies en Cataluña y atiende una reivindicación histórica, ya que esta obra permitirá que el tren deje de dividir el núcleo urbano del municipio y mejore las condiciones de seguridad, al eliminarse dos pasos a nivel.

Al inicio de la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz ha transmitido la preocupación del Gobierno por la noticia del naufragio de un barco pesquero gallego en Canadá, y ha asegurado que está en contacto permanente con los servicios de rescate.

Por otro lado, Rodríguez ha adelantado que esta semana y la primera de marzo se celebrarán sesiones extraordinarias del Consejo de Ministros para cumplir con las previsiones del Plan Normativo aprobado al inicio del año.

En la última semana de febrero, el viernes día 25, tendrá lugar en La Palma la Conferencia de Presidentes.