Por tanto, ha explicado, se prolonga hasta el 30 de abril de 2022 la reducción al 10% del Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) en la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10 kW de potencia contratada, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista del mes anterior sea superior a 45 €/MWh. Hasta esa misma fecha, los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos de entre el 60 y el 70% de su consumo.
El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) seguirá hasta el 30 de abril en el 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea, mientras que el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) permanecerá suspendido hasta el 31 de marzo. Por otro lado, como medida adicional, se flexibilizan las condiciones contractuales del suministro de gas para instalaciones industriales que utilizan este hidrocarburo, cuyo precio en el mercado también está sufriendo incrementos. Hasta el 31 de marzo, las empresas que se vean forzadas a reducir su producción podrán modificar o suspender el caudal contratado.
El Gobierno también ha ampliado hasta el primer semestre de 2022 el tipo superreducido de IVA del 4% para las mascarillas quirúrgicas desechables, así como el tipo del 0% del IVA a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19 adquirido por centros sanitarios y entidades sociales. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que con esta decisión el Ejecutivo refuerza su compromiso con las familias españolas.
El Real Decreto aprobado impulsa, por otro lado, el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, los proyectos de energía renovable y el autoconsumo. Teresa Ribera ha afirmado que, para cumplir con la previsión de contar con 100.000 puntos de recarga antes del año 2023, se ha considerado necesario, por un lado, simplificar la regulación de instalación -por ejemplo, con la exención de la obtención previa de las licencias de obras- y, por otro, acelerar las obligaciones para su implantación.
Así, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas -en el caso de la Administración General del Estado, serán 20 plazas hasta 500 plazas- y una estación más por cada 100 plazas o fracción.
Otro incentivo para la creación de puntos de recarga será la aplicación de bonificaciones por parte de los Ayuntamientos, concretamente de hasta el 50% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la cuota correspondiente al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y de hasta el 90% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la instalación de puntos de recarga.
Respecto a los proyectos de energía renovable, se fija un plazo adicional de nueve meses para completar los trámites destinados a obtener la Declaración de Impacto Ambiental y las autorizaciones administrativas correspondientes.
Teresa Ribera ha señalado que esta prórroga se ha acordado a petición unánime de las comunidades autónomas, cuya capacidad de gestión se ha visto desbordada por el alto número de proyectos presentados: "Si el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima calcula que para el año 2025 necesitamos 35 gigavatios de energía renovable adicional y que para el año 2030 necesitamos 60 gigavatios de energía renovable adicional, ahora contamos con una bolsa de proyectos de tramitación que asciende a 150 gigavatios".
Por otro lado, se dará la oportunidad a los promotores de proyectos para que renuncien a aquellos que consideren menos viables o más complicados, con la consiguiente recuperación de los avales que depositaron. De esta manera quedará liberada la capacidad de evacuación a la red eléctrica asociada a dichos proyectos para el siguiente concurso de permisos.
Finalmente, se adoptan medidas para facilitar el autoconsumo colectivo o compartido -en el que varios autoconsumidores se benefician de una única instalación-, y se extiende esta posibilidad a la alta tensión, ya que hasta ahora sólo se autorizaba en la baja. También se exime de la presentación de avales a aquellas instalaciones de menos de 100 kilovatios que tengan la voluntad de verter a la red sus excedentes. Además, las compañías distribuidoras deberán disponer de canales de comunicación abiertos -como un número de teléfono gratuito o una dirección electrónica- para atender consultas y obtener información relativa a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo.
Teresa Ribera ha subrayado la importancia de consolidar y acelerar el autoconsumo en España, donde se ha multiplicado por 2,5 desde 2018, cuando se puso fin al llamado 'impuesto al sol'. Con este fin se ha aprobado en el Consejo de Ministros la Hoja de Ruta del Autoconsumo.
Una de sus metas es alcanzar los 14.000 megavatios en instalaciones de autoconsumo en 2030, superando así la previsión del Plan Nacional de Energía y Clima de disponer de 9.000 megavatios para esa fecha: "Actualmente ya hay más de 3.000 megavatios instalados, y visto el interés que hemos detectado en la sociedad, podríamos alcanzar estos 14.000 megavatios, lo que contribuiría a una modernización muy importante de nuestro sistema energético y a una democratización en el tipo de actores que participan en la producción y en el consumo de energía".
La Hoja de Ruta recoge 37 acciones de sensibilización, impulso al autoconsumo colectivo, divulgación y cambios normativos para mejorar la agilidad en la tramitación de instalaciones. Ribera ha recordado algunos que ya se han adoptado, como que las comunidades de propietarios puedan solicitar una instalación de autoconsumo o acceder a subvenciones con el apoyo de la mayoría de los vecinos en lugar de por unanimidad.
El documento contempla la formación y la recualificación profesional, ya que el autoconsumo será un eje de empleo relevante, especialmente en zonas afectadas por la transición justa, y tiene en cuenta las necesidades de zonas aisladas, territorios insulares o barrios donde "puede ser una solución importante o facilitar respuestas a la pobreza energética", ha dicho Ribera.
El Ejecutivo ha acordado conceder ayudas para favorecer la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía como el industrial, el agropecuario y el de servicios. La vicepresidenta ha añadido que también se pretende impulsar la utilización de estas fuentes de energía limpia -biomasa, geotermia, solar térmica, etc.- en establecimientos e infraestructuras del sector público y en actuaciones que acometan empresas en modalidad de servicios energéticos en el sector residencial.
El presupuesto inicial de 150 millones podrá ampliarse en función de la demanda y el desarrollo de los proyectos. El destino de los fondos serán las comunidades y ciudades autónomas, que deberán, a su vez, efectuar las correspondientes convocatorias para la concesión de ayudas.
El Gobierno destinará otros 525 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, a digitalizar las redes de distribución de electricidad. La distribución será de 227 millones con cargo al ejercicio 2021, 148 millones en 2022 y 150 millones en el año 2023, ha detallado la vicepresidenta. Las empresas distribuidoras recibirán estos fondos de una forma proporcional a su representatividad. Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.
La digitalización de las redes de distribución está incluida en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), que canalizará más de 16.300 millones en los próximos años para adaptar el sistema energético y reforzar la posición del liderazgo español en el campo de las energías limpias.
El programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, cuyo plazo inicial terminaba a finales de este año, se ha ampliado dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2023. Cuenta con 30 millones de euros para favorecer el ahorro energético y la competitividad del sector, así como medidas para incentivar las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2.
Por otro lado, se ha aprobado la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar 1.907,67 millones de pagos derivados de sentencias del Tribunal Supremo contra la aplicación del canon hidroeléctrico aprobado por el anterior Gobierno.
"El Tribunal Supremo, a reclamación de las eléctricas, ha considerado ilegal este canon y se nos obliga a restituir lo cobrado durante estos años", ha señalado Ribera. Concretamente, el Gobierno debe devolver el importe recaudado en los ejercicios 2013 y 2014 y parte de lo ingresado en 2015 y 2020, más los intereses.
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa a España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en Europa. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que la norma transpone la directiva europea de reestructuración e insolvencia y se suma a otras dos reformas estructurales, también contempladas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que están en tramitación parlamentaria: la Ley Crea y Crece y la denominada Ley de Startups.
Pilar Llop ha avanzado que la norma tiene como objetivo que ninguna empresa viable "tenga que bajar la persiana" por tener dificultades económicas puntuales: "No queremos que ningún emprendedor deje de emprender por culpa de un proyecto fallido que le lastre para siempre". La directiva incide en tres puntos: la reestructuración temprana de las empresas viables, la posibilidad de una exoneración de deudas para deudores de buena fe y la necesidad de incrementar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia y reestructuración de deuda.
La titular de Justicia ha señalado que el nuevo marco regulatorio supone un salto cualitativo respecto al modelo concursal vigente porque agiliza y flexibiliza los procedimientos e incorpora las mejores prácticas de otros modelos europeos.
La clave, ha reiterado la ministra, es la viabilidad de la actividad económica: "No se trata de mantener las constantes vitales, de mantener en funcionamiento a cualquier empresa, a cualquier coste, bajo cualquier precio, lo que se conoce como 'zombificacion' de las empresas, sino de mantener el funcionamiento de empresas que son realmente viables, es decir, aquellas cuyo valor en funcionamiento es superior al valor de liquidación". Pilar Llop ha añadido que esta norma contribuirá a mantener los puestos de trabajo y a reforzar el tejido productivo empresarial en un contexto de recuperación y transformación tras la crisis derivada por la pandemia de COVID-19.
La ministra ha afirmado que también se han acometido reformas no contempladas en la directiva comunitaria pero que son necesarias para proteger a las microempresas. En este sentido, el texto del proyecto de ley introduce la figura de los planes de reestructuración empresarial, un instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia o a superarla, que incentiva una actuación temprana. Los indicadores de alerta temprana avisarán a las empresas para que, antes de alcanzar problemas financieros, acudan a los procedimientos preconcursales.
Además, Pilar Llop ha incidido en que una plataforma telemática de liquidación simplificará trámites, abaratará costes y establecerá un procedimiento específico para las microempresas, que permitirá su reestructuración sin que tengan que acudir a un notario o a un auditor. En la misma línea se regula una nueva figura, la de experto en restructuración, que mediará en las negociaciones de los planes de reestructuración y que acompañará a los deudores con poca experiencia en aquellos casos en los que se llegue a los tribunales.
Por otra parte, se facilitará que el deudor de buena fe, ya sea empresario o consumidor, pueda cancelar su deuda. Llop ha explicado que se reducen los plazos para alcanzar la exoneración definitiva. Lo que se conoce comúnmente como la segunda oportunidad, ahora se denomina el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. El deudor podrá optar por la exoneración inmediata, mediante el sistema de liquidación, o por un plan de pagos, un sistema de exoneración provisional. La ministra ha añadido que la eficiencia y la transparencia del procedimiento se van a incrementar mejorando la formación, capacitación y responsabilidad de los administradores concursales.
El Gobierno ha aprobado una convocatoria de empleo público específica para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dotada con 926 plazas de acceso por turno libre. La portavoz ha explicado que es una oferta adicional que se suma a la ordinaria de este año y que supone un refuerzo muy importante para la plantilla de este organismo. Isabel Rodríguez ha indicado que los servicios de SEPE han dado cobertura a los más de 3,4 millones de españoles que tuvieron que solicitar esa red de protección que el Gobierno puso a disposición de los trabajadores y de los autónomos para sostener la economía en el peor momento de la pandemia. La ministra ha concretado que en la actualidad solo están acogidas a ese sistema de protección 100.000 personas.
El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022 la participación de unidades y observadores militares en operaciones de paz fuera del territorio nacional. El Ejecutivo considera, según ha manifestado su portavoz, que la acción de las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad, la estabilidad y el apoyo a las sociedades más frágiles y vulnerables se hace más necesaria que nunca. La inestabilidad en el mundo ha aumentado debido a factores como los efectos de la pandemia de COVID, el progresivo y constante cambio del clima o el resurgir de tensiones geopolíticas entre grandes potencias. Además, la presencia de 3.000 militares españoles en zonas de crisis y conflicto contribuye a poner de relieve el compromiso de España con la paz, al amparo de la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OTAN.
Todos los parking públicos tendrán que tener puntos de recarga eléctrica antes de 2023
