 Será el primero desde la moción de censura de 2018
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo está centrado en consolidar la recuperación aprobando los Presupuestos Generales y completando la legislatura. Además, ha defendido la convivencia en las aulas y la diversidad territorial y lingüística.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Pedro Sánchez ha señalado que, en menos de la mitad de la legislatura, ya ha comparecido en 13 ocasiones ante el Pleno -la última de ellas, el mes pasado- y en otras 2 en el Senado. Además, ha contestado en ese período a un total de 158 preguntas orales en 50 sesiones de control. "Por tanto, este es un Gobierno que rinde cuentas ante el Parlamento", ha asegurado Sánchez en su respuesta a Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular.
El jefe del Ejecutivo ha avanzado que el próximo año se celebrará el debate sobre el estado de la nación, algo que no sucedió en 2019 por la imposibilidad de formar gobierno y, posteriormente, debido a la pandemia. "Este Gobierno está concentrado en superar la pandemia y en consolidar la recuperación económica. Y recuperar la situación económica implica estabilidad política, implica normalidad democrática, implica tener legislaturas de cuatro años y aprobar Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma", ha manifestado.
La normalidad democrática -ha añadido el presidente- significa también cumplir con las obligaciones constitucionales, incluyendo la renovación pendiente de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Respecto a la reciente renovación del resto de los órganos constitucionales -entre ellos, el Tribunal Constitucional-, Pedro Sánchez ha indicado que la obligación del Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo respaldan era "desbloquear la parálisis de instituciones muy importantes para el funcionamiento de nuestra democracia que llevaban más de mil días bloqueadas".
En su contestación a Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el jefe del Ejecutivo ha sostenido que detrás del bloqueo a la renovación del CGPJ subyace el hecho de que la oposición no asume su condición de minoría parlamentaria.
Además, Sánchez ha calificado de "nada pragmático desde el punto de vista político" el debate sobre una posible reforma constitucional, teniendo en cuenta que esos mismos partidos se han negado incluso a modificar el artículo 49, como piden los movimientos sociales de la discapacidad, para eliminar de la Constitución el término "disminuidos".
Al responder a la cuestión planteada por Inés Arrimadas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el presidente ha reiterado el compromiso del Gobierno con los derechos y libertades de todos los españoles, con la legalidad democrática y con el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, así como su defensa de la convivencia en las aulas y la escuela. "No vamos a politizar nunca ni la lengua ni la educación en ninguno de los territorios de nuestro país", ha afirmado.
Asimismo, Pedro Sánchez ha subrayado el reconocimiento de la diversidad territorial y de las lenguas cooficiales por parte del Ejecutivo, que "va a garantizar siempre el derecho de todos los niños y las niñas de poder ser educados y aprender sus lenguas constitucionales; en el caso de Cataluña, el español y el catalán". El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido, además, de que cada vez más catalanes y catalanas reclaman "concordia" y "convivencia", como a su juicio se demostró en las últimas elecciones autonómicas.
En su intervención, el presidente ha destacado igualmente la importancia que el Gobierno concede a la educación pública. Los Presupuestos Generales de 2022 -ha explicado- elevan la inversión en becas por encima de los 2.000 millones de euros y amplían la educación de 0 a 3 años en todos los territorios. La nueva ley educativa y la reforma de la Formación Profesional demuestran también el objetivo del Ejecutivo de mejorar la educación como "factor de movilidad social, de integración y de progresión intelectual de todos y cada uno de nuestros hijos e hijas", ha argumentado.
El Ejecutivo ha aprobado medidas para favorecer la investigación tecnológica y consolidar la producción de energías limpias. Además, ha presentado un informe de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que refleja que España es el primer país que recibe una evaluación positiva de la Unión Europea para la transferencia de 10.000 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. Se trata del tercer PERTE presentado por el Ejecutivo, tras el del Vehículo Eléctrico y Conectado y el de Salud de Vanguardia.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado la importancia de destinar recursos a la transformación del sistema energético, para reducir, por un lado, la dependencia de combustibles del exterior y escapar de la volatilidad de los precios, y por otro, avanzar hacia la plena descarbonización de la economía en el año 2050. Ribera ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar la totalidad de los recursos y tecnologías ya disponibles e impulsar la inversión en soluciones innovadoras: "A esto se dedica este PERTE, a disponer de las respuestas que necesitaremos mañana y pasado mañana".
Los principales objetivos son construir una transición energética diseñada y fabricada en España y aumentar las oportunidades económicas, industriales, de innovación y laborales de la industria asociada para posicionar a España como un referente tecnológico en energías limpias. Respecto al hidrógeno, la meta es que nuestro país aporte, al menos, el 10% de los 40 gigavatios de producción que se prevé alcanzar en la Unión Europea.
La vicepresidenta ha anunciado que se movilizarán 16.370 millones de euros, que, con carácter general, se otorgarán mediante convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los mejores proyectos, que tendrán en cuenta la participación de pymes, el impacto sobre la cohesión territorial, la transición justa, la creación de empleo y la innovación. La aprobación de las primeras cuatro convocatorias está prevista para la próxima semana. Ribera ha estimado que se podrán crear hasta 280.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos en el resto de la economía como consecuencia de los programas que se activen en su marco.
En este momento, ha destacado la ministra, "España está en el top ten de los grandes destinos en materia de inversión en energías renovables, cuando en 2017 ocupábamos la posición número 27". Concretamente, a lo largo de este año 2021 se han invertido en activos en energía más de 25.000 millones de euros por parte de fondos soberanos. Teresa Ribera ha señalado que el Gobierno ha trabajado en los dos últimos años para consolidar las capacidades de nuestro país en energía, tecnología, ahorro y eficiencia, renovables y electrificación.
En este tiempo, ha recordado, se han aprobado tres Hojas de ruta, una dedicada al hidrógeno verde, otra al almacenamiento y la semana pasada a las energías marinas: "Esto nos ofrece un mapa sobre nuestra potencialidad y las enormes capacidades de las que disponemos desde el punto de vista industrial, de conocimiento, de profesionalidad y de interés estratégico empresarial e inversor".
Por otro lado, a lo largo de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha ejecutado programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionados con el sector energético por valor de 5.190 millones, de los que 3.500 han sido transferidos a las comunidades autónomas y 1.690 han sido gestionados por el Estado. Ribera ha definido esta inversión como "una cantidad importantísima, yo diría nunca vista en tan poco tiempo y en un ámbito tan estratégico".
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado al Consejo de Ministros el primer informe de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, asunto abordado hoy en la Comisión Interministerial del plan. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, Nadia Calviño ha destacado que todos los indicadores confirman que la recuperación económica se ha acelerado en la segunda parte del año. "Nuestro objetivo es que no se trate de un rebote pasajero, sino de una recuperación sostenida, fuerte y sólida", ha dicho.
La vicepresidenta ha resaltado que, gracias a las medidas de política económica desplegadas desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el empleo, la recaudación fiscal, las inversiones y el turismo nacional ya han recuperado los niveles previos a la crisis, mientras que el consumo y el turismo se van recuperando progresivamente.
Calviño ha indicado que el plan de recuperación incluye un ambicioso programa de reformas e inversiones con el triple objetivo de impulsar el crecimiento a corto plazo, modernizar la economía a medio y lograr, a largo plazo, un crecimiento que sea "más sostenible, inclusivo, y justo". El plan se financiará con las transferencias y créditos del programa 'Next Generation UE' asignados a España, movilizando una inversión pública de hasta 140.000 millones de euros. El objetivo, ha añadido la vicepresidenta, es movilizar hasta 500.000 millones de euros en inversión privada".
El documento se articula en torno a cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, que se concretan en 10 políticas palanca y 30 componentes. Calviño ha precisado que en la primera fase del plan se han financiado inversiones por valor de 70.000 millones de euros. El 40% tendrá impacto en el eje verde, un 30% se destina a la transformación digital, un 10% a educación y formación profesional y un 7% a Ciencia e Innovación.
En su exposición, la vicepresidenta ha recordado que el plan de recuperación español fue aprobado por las instituciones europeas el 13 de julio de 2021. El 17 de agosto, la Comisión Europea autorizó la prefinanciación de 9.000 millones de euros. El 11 de noviembre, España solicitó el primer desembolso de 10.000 millones, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en realizar esta solicitud. La Comisión Europea valoró positivamente, el 3 de diciembre, el cumplimiento de los 52 primeros hitos del plan e inició el proceso para efectuar el desembolso.
Nadia Calviño ha explicado que los 10.000 millones de euros se completarán con los 19.000 millones de transferencias previstos para 2021, y con pagos semestrales, de forma que el 80% de las transferencias se producirá en el periodo 2021-2023.
El plan de recuperación requiere de la implicación de los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y de la administración pública, por lo que se han establecido mecanismos, como las conferencias sectoriales, en las que se decide la asignación de los fondos a cada comunidad autónoma. Calviño ha precisado que, hasta la fecha, se han asignado más de 11.000 millones de euros en fondos a las comunidades para que gestionen directamente inversiones para sus políticas públicas más relevantes.
La vicepresidenta ha concretado que el Gobierno ha lanzado 27 manifestaciones de interés para identificar los proyectos con más garantía de alcanzar resultado. Se han presentado 18.000 proyectos.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevén unos 24.000 millones de euros del mecanismo de recuperación comunitario. Ya se han autorizado un 73% de los fondos previstos y la inversión comprometida alcanza casi el 65% del crédito total.
Determinados proyectos tienen un tratamiento singular por su capacidad de arrastre, su impacto sobre el crecimiento económico, el grado de colaboración público-privada necesario para su desarrollo o su relación con todos los niveles de la administración. Calviño ha explicado que se trata de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que están abiertos a todo tipo de empresas y tienen vocación de permanencia.
Se han aprobado tres: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, PERTE para la salud de vanguardia y PERTE de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, acordado hoy. La vicepresidenta ha apuntado que otros tres están en fase de preparación: el PERTE en español: nueva economía de la lengua; PERTE aeroespacial y PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible.
Nadia Calviño ha avanzado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevén una dotación de 26.900 millones de euros con cargo a los fondos del plan de recuperación, que permitirán "lograr la velocidad de crucero" en su despliegue.
Las instituciones europeas realizarán la asignación definitiva de recursos a España, que presentará una adenda al plan con previsiones para el periodo 2023. La vicepresidenta ha explicado que el mecanismo de recuperación prevé, además de las transferencias reembolsables, la posibilidad de solicitar fondos en forma de préstamos reembolsables. El Gobierno está identificando las áreas prioritarias de inversión y viendo cómo articular de la forma más eficiente la canalización de estos recursos.
Desde su activación, la página web del plan facilita el acceso a toda la información al respecto de forma clara, accesible y permanente. En las últimas semanas se ha completado con un boletín semanal de seguimiento que reúne las licitaciones, convocatorias de ayudas y subvenciones, publicaciones normativas y otros anuncios asociados. También se han abierto perfiles oficiales del plan en las redes sociales. El Gobierno presentará ante la Oficina Internacional de Exposiciones la candidatura de Málaga para ser sede, en 2027, de la Exposición Internacional "La era urbana: hacia una ciudad sostenible".
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado que la temática elegida encaja perfectamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la filosofía del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Será un foro para intercambiar conocimientos y experiencias sobre distintas soluciones para contribuir a entornos más amables para nuestra convivencia", ha señalado.
Rodríguez también ha resumido los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros sobre inversiones en el territorio. 226 millones de euros serán distribuidos entre las comunidades autónomas para financiar actuaciones de conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad y otros 80 millones se destinarán a la mejora de infraestructuras, concretamente en las líneas de alta velocidad en el tramo Plasencia-Badajoz, en Extremadura, y en la variante de Pajares, entre León y Asturias, y en carreteras en Teruel y León.
La portavoz ha afirmado que estas inversiones tienen gran importancia para la cohesión territorial y la economía local, y ha asegurado que los fondos de recuperación "se están capilarizando a muy buen ritmo con las comunidades autónomas, en un ámbito de recuperación de la normalidad institucional y de estabilidad en nuestro país y a la espera de tener pronto unos nuevos Presupuestos Generales".
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que, con esta norma de impulso al emprendimiento innovador, España se va a situar entre los países más atractivos para la creación de startups, "pensando muy especialmente en la generación de oportunidades para los jóvenes y en la atracción de inversión y talento".
Calviño ha señalado que la ley era necesaria para dotar de un marco regulatorio específico a este tipo de empresas, que constituyen la base de la nueva economía digital, generan puestos de trabajo altamente cualificados y tienen mucho potencial para crecer si logran superar dificultades inherentes a su propia naturaleza como la falta de financiación y de capacidad para captar y retener trabajadores de alto valor añadido en sus fases iniciales.
La vicepresidenta ha enmarcado la nueva ley en el conjunto de medidas, reformas e inversiones que el Gobierno está impulsando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cambiar la estructura productiva en nuestro país, mejorar el clima de negocios y crear empleo. Así, ha recordado la reciente remisión a Cortes de la Ley Crea y Crece y ha anunciado que próximamente se aprobará el Proyecto de Ley de reforma concursal. Además, se ha referido a proyectos como el Fondo Next-Tech, de hasta 4.000 millones de euros para escalar y aumentar el tamaño de startups de tecnologías disruptivas, o el programa de ayudas para apoyar y financiar en sus primeras fases el emprendimiento liderado por mujeres. "Estamos trabajando intensamente para cumplir con los hitos del Plan para impulsar una recuperación fuerte, sostenible, sostenida y justa", ha señalado.
El proyecto de ley establece que serán consideradas startups aquellas empresas que sean innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años en general, o de 7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía e industriales; que tengan su sede social, establecimiento permanente y la mayoría del empleo en España; que no hayan distribuido dividendos y no sean cotizadas, y que tengan ingresos de hasta 5 millones de euros.
La vicepresidenta ha subrayado que se facilitan los trámites para su creación con la eliminación de los aranceles notariales y registrales cuando se trate de empresas que se creen acogiéndose a los estatutos tipo y por vía electrónica. Asimismo, la constitución de una empresa será posible mediante un documento único electrónico y la inscripción en el registro mercantil en 6 horas, si se utilizan los estatutos tipo, y en 5 días hábiles en el resto de casos. También se elimina el requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes y, durante los 3 primeros años, se exime a la startup de la causa de disolución por pérdidas relacionadas o que generen un desequilibrio patrimonial.
La Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será la encargada de la acreditación de las empresas como startups para que puedan acceder a los beneficios establecidos por la ley, y habrá Puntos de Atención al Emprendedor y una Oficina nacional de Emprendimiento que funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas públicas.
La nueva norma prevé un régimen fiscal muy favorable, tanto para las empresas y sus inversores como para sus trabajadores. Para los primeros, entre otras medidas, se reduce el tipo impositivo en los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes, se permite el aplazamiento de la deuda tributaria sin garantías ni intereses de demora; se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados y se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales.
Los trabajadores, ha continuado Calviño, verán mejorado el tratamiento de las formas de remuneración basadas en opciones sobre acciones de la propia compañía o stock options. También se elimina la doble cotización a la Seguridad Social durante 3 años para aquellos emprendedores que mantengan simultáneamente un empleo por cuenta ajena.
Además, para atraer a los denominados nómadas digitales (emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español) se establece un procedimiento más ágil para que obtengan el visado y la residencia, así como un régimen tributario especial. Se incluye en esta medida a los españoles que hayan sido no residentes en España durante al menos 5 años.
El Ejecutivo ha dado luz verde a la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. La ministra de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad (Mitma), Raquel Sánchez, ha subrayado su carácter innovador, que parte de una nueva concepción de la movilidad como derecho básico de todos los ciudadanos y un instrumento de cohesión social y territorial.
Esta premisa reorienta el papel y sentido del propio Ministerio, ha explicado Sánchez: "El MITMA ha sido conocido tradicionalmente como encargado de proveer las infraestructuras y las grandes obras necesarias, y eso seguirá siendo así, pero ahora tenemos que dar un paso más y centrarnos en optimizar también el uso de las actuales infraestructuras y ofrecer soluciones eficaces de movilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que ocupar el centro de todas nuestras acciones".
Precisamente con ese objetivo, el documento es fruto de un proceso iniciado en septiembre del año 2020 en el que han participado todos los actores del ecosistema de la movilidad y la sociedad en su conjunto. La ministra también ha subrayado que el sector, que ahora representa el 4,27% del PIB, es esencial para la creación de empleo en nuestro país, con más de 900.000 puestos de trabajo asociados al mismo, por lo que la inversión procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será determinante: "Si cumplimos nuestras previsiones, vamos a hacer posible que, en 2030, la electrificación de la economía y la conectividad representen el 15% del PIB".
La Estrategia está estructurada en 9 ejes y 41 líneas de actuación y contiene más de 150 medidas que persiguen los tres objetivos principales que le dan nombre: seguridad, sostenibilidad y conectividad. La conservación de las infraestructuras, especialmente en las carreteras para conseguir reducir las cifras de mortalidad en accidentes de tráfico, se complementa con otras medidas para garantizar la seguridad operacional, en casos de emergencia o contra actos ilícitos.
Para avanzar en la sostenibilidad ambiental se fomenta la descarbonización, la eficiencia energética y la economía circular, el fomento del transporte público y la utilización de modos de transporte más sostenible, como el ferrocarril, tanto para personas como para mercancías: "Estamos a la cola de Europa en este sentido, y nos fijamos objetivos que nos permitan aumentar el porcentaje de transporte de mercancías por ferrocarril frente a la situación actual", ha resaltado Sánchez.
La sostenibilidad social debe significar, ha continuado la ministra, que la movilidad sea "universal, inclusiva y accesible para todos" y al mismo tiempo "con garantías de trabajo digno para los profesionales del transporte y la logística". Asimismo, el documento tiene en cuenta que el 80% de la población se concentra en grandes ciudades y el 20% restante se reparte por más de dos tercios del territorio, lo que suponen dos realidades muy distintas de movilidad que hay que atender.
La sostenibilidad económica se basará en el impulso a todos los sectores asociados a la nueva movilidad descarbonizada y conectada. Para el sector del automóvil, que supone el 11% de la cifra de negocios total de la industria en España, el Plan de Recuperación prevé, por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Los componentes fundamentales para la conectividad son la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías para la gestión inteligente y la automatización del transporte.
La ministra ha puesto de relieve la necesidad de reforzar el papel de España en la red transeuropea del transporte para poder posicionarse como plataforma logística intercontinental. Para ello, se deberán completar los corredores Atlántico, Mediterráneo y sus conexiones con los grandes puertos, con los nodos logísticos intermodales, las zonas industriales y los aeropuertos.
El Gobierno ha aprobado la Hoja de ruta para el Desarrollo de la Eólica marina y de las energías del mar en España.La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que esta estrategia permitirá potenciar el desarrollo tecnológico y la investigación de las distintas fuentes limpias que aprovechan los recursos naturales marinos o "energía azul". A este fin se destinarán 200 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que sumarán fondos de otros programas de financiación europeos y estatales. Rodríguez ha destacado que España es ya líder en soluciones para aerogeneradores marinos sobre plataforma flotante: "Siete de las trece patentes existentes son españolas, creo que es un buen motivo para sentirnos orgullosos y orgullosas como país".
El Consejo de Ministros ha concedido 50 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas para reforzar la atención a la dependencia, promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración y mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral. La pandemia ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 mayores, personas con discapacidad y dependientes, que viven en comunidades de propietarios carentes de medidas de accesibilidad o en viviendas que no están adaptadas a sus necesidades.
Isabel Rodríguez ha explicado que al menos el 50% de estas subvenciones se destinará a la mejora de la accesibilidad en viviendas, mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarios, y en los parques de viviendas de titularidad pública. El otro 50% se dedicará a actuaciones en el interior de las viviendas, especialmente en poblaciones rurales donde residan personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, a través de ayudas a particulares.
El Ejecutivo ha acordado conceder subvenciones a las entidades del Tercer Sector, por importe de 49,5 millones de euros, para realizar proyectos piloto de innovación e investigación orientados a la modernización y mejora de los servicios sociales. La medida, enmarcada en el Plan de Recuperación, busca reforzar y transformar los servicios sociales para que respondan a los retos actuales y atiendan especialmente a las personas más vulnerables en las situaciones de crisis.
La portavoz del Gobierno ha explicado que las actuaciones financiadas se agrupan en torno a tres ejes: la atención a la infancia, con proyectos enfocados a menores de edad en riesgo, tutelados o extutelados por la Administración; la atención a personas en situación de sinhogarismo, y la atención a las personas mayores con necesidades de cuidados de larga duración.
El Consejo de Ministros ha ratificado el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso. Es la primera vez, ha destacado Isabel Rodríguez, que España adopta un plan específico para combatir el trabajo forzoso de manera conjunta y coordinada con todos los departamentos y organismos competentes, y con la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones especializadas.
La meta es erradicar el trabajo forzoso dentro y fuera de España y cumplir los compromisos internacionales, como el Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en diciembre de 2017 y a cuya exigencia de desarrollar un plan de acción nacional no se había dado cumplimiento, hasta ahora.
Para mejorar la coordinación e involucrar a todas las partes implicadas, el plan intensifica la detección, la investigación y el enjuiciamiento y aumenta la actividad en este ámbito de la Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado. Además, refuerza la protección y el apoyo a las víctimas de esta lacra.
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