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23
Nov
2021
El Gobierno potenciará los Planes de Pensiones privados como complemento a las pensiones públicas PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaSegún explican, tendrán beneficios fiscales y podrán sumarse todos los trabajadores

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo, que responde a las recomendaciones del pacto de Toledo y está contemplada en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el impulso de los planes de empleo forma parte de la modernización y refuerzo del sistema de pensiones. El primer pilar, ha afirmado, es asegurar su revalorización y mantener su poder adquisitivo indefinidamente y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo. El segundo pilar recoge un conjunto de medidas orientadas a liberar a las Seguridad Social de 20.000 millones de euros de gastos impropios.

Escrivá ha detallado que la futura ley facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas. El ministro ha indicado que la oferta de fondos de pensiones está orientada principalmente a planes individuales, que giran en torno al sistema bancario, con altas comisiones y orientados a rentas altas. La futura norma incorpora distintos instrumentos para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido.

José Luis Escrivá ha incidido en que la norma crea un fondo de empleo impulsado desde el sector público, gestionado por el sector privado. Las gestoras y depositarias de los planes serán seleccionadas mediante concurso público, garantizando así la competencia y que las comisiones sean bajas. Además, el texto potencia la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios y favorece que los acuerdos sectoriales se extiendan a todas las empresas del mismo ámbito.

Una plataforma digital, donde cada partícipe podrá consultar toda la información y realizar trámites, facilitará la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones. El ministro también ha destacado que este producto tendrá una fiscalidad diferenciada, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, y mucho más favorable que los planes individuales, según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. La deducción en el IRPF puede elevarse a los 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500. La suma de las aportaciones puede suponer para el partícipe una deducción de 10.00 euros. El ministro ha avanzado que la norma presentada hoy podría estar aprobada definitivamente antes de finalizar el primer semestre de 2022.

El Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que "la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado y un compromiso unitario y sin fisuras del conjunto de las instituciones del país". En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo y todos los grupos políticos están trabajando para actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género vigente hasta 2022: "Hay que convertir ese pacto en permanente y blindar, tanto las medidas recogidas en él como su financiación".

Montero ha señalado que las políticas públicas contras las violencias machistas funcionan y salvan vidas. Los datos reflejan el aumento de las denuncias de agresiones sexuales, la reducción de los asesinatos de mujeres y su mayor confianza en las instituciones. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha regulado la concesión directa de una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La titular de Igualdad ha destacado que el Servicio Telefónico de Atención y Protección para las víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO), del que son usuarias unas 16.000 mujeres, se ampliará a todas las formas de violencia machista en 2023 para que las víctimas de violencia y explotación sexual, o trata puedan ser atendidas, extendiéndose así la protección a unas 50.000 mujeres. Asimismo, los dispositivos se actualizarán con modelos de última generación para mejorar la cobertura, en especial en el ámbito rural, y facilitar el contacto de las mujeres con los servicios de atención especializada.

El Ejecutivo ha destinado 615 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación Next Generation UE a apoyar la transformación de los destinos turísticos españoles para que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y territorial, según ha manifestado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Los fondos se repartirán entre las comunidades autónomas en función de unos criterios objetivos que se aprobaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial del pasado julio. El reparto, según ha indicado, pretende afrontar la cohesión territorial desde una perspectiva de reto demográfico: "Tenemos más de 500 planes de las comunidades a los que van dirigidos estos más de 600 millones de euros".

Esta partida forma parte del programa extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, en el que se invertirán un total de 1.858 millones de euros en los próximos tres años. Se trata de la inversión más importante del Plan de modernización del sector turístico, dotado con 3.400 millones. El programa busca avanzar en la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, las infraestructuras y los productos turísticos, además de diversificar la oferta de destinos y contribuir a la llegada de turistas durante todo el año, con la consiguiente generación de oportunidades de empleo en todo el territorio.

Isabel Rodríguez ha subrayado que se han recuperado 2,4 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el ámbito del sector turístico tras la pandemia por COVID-19; 235.000 en el mes de octubre.

El Gobierno ha concedido 95,2 millones de euros en ayudas a proyectos innovadores en el despliegue de tecnologías 5G avanzado y 6G, una pieza clave para la modernización de España. Los beneficiarios son 13 centros, fundaciones públicas de investigación y universidades públicas españolas, en los que se van a desarrollar hasta 115 proyectos. Los fondos se enmarcan en el Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé una financiación de 230 millones de euros hasta el año 2023 para crear un ecosistema de investigación e innovación en este ámbito.

Isabel Rodríguez ha resaltado que el objetivo es consolidar a España como uno de los países líderes en el despliegue de estas tecnologías, universalizar la conectividad e impulsar la I+D+i, con un "plan de promoción y atracción del talento en los estudios de ingeniería y telecomunicaciones".

El Gobierno ha prorrogado la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para impulsar su recuperación, en línea con la ampliación por parte de la Unión Europea (UE) del marco temporal de ayudas públicas frente a la pandemia. El objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo para que las empresas viables puedan reforzar su solvencia en la actual fase de crecimiento económico.

De esta forma, las empresas y los autónomos podrán acceder hasta el 30 de junio de 2022 a las Líneas de Avales para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión. Este instrumento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha alcanzado desde su puesta en marcha, en marzo del año 2020, los 140.000 millones de euros. En materia concursal, se extienden también hasta el 30 de junio del próximo año las moratorias actuales y la medida excepcional por la que, a efectos de disolución por pérdidas, no computarán las del ejercicio de 2020 ni las de 2021.

Además, la norma amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, incluidas las realizadas por países de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio, en sociedades cotizadas en España y en sociedades no cotizadas cuando la inversión es superior a 500 millones de euros. Raquel Sánchez ha defendido en el Pleno del Congreso, que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 de su ministerio, de impulso y modernización, apoyarán el crecimiento económico y la aceleración de reformas, con la creación de 350.000 empleos, y promoverán la cohesión entre personas y territorios.

Durante su comparecencia, también ha expuesto los principales objetivos del Departamento para el próximo ejercicio, basados en garantizar una movilidad sostenible, segura y eficiente a todos los ciudadanos; el derecho a una vivienda digna y asequible como valor central de todas las actuaciones; y la mejora del sector del transporte para lograr el desarrollo sostenible que precisa nuestra sociedad.

La titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha expuesto los que considera unos presupuestos para una España descentralizada y coordinada, como lo demuestran los más de 3.600 millones de euros de transferencias a Comunidades Autónomas y Entidades Locales destinados a proyectos de movilidad sostenible y a rehabilitación y vivienda social.

Raquel Sánchez ha detallado las principales cifras con las que contará el Ministerio para el próximo año, destacando los 19.328 millones de euros totales de Presupuesto consolidado del Grupo Mitma, que suponen un incremento del 14,9% respecto al año anterior. De ellos, ha destacado la cifra destinada a inversión, que aumenta en un 17% hasta alcanzar los 16.286 millones de euros.

La ministra ha puesto en valor que este esfuerzo inversor está garantizado gracias a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que se enmarca en el Plan de Recuperación, aprobado por la Comisión Europea, y que, en los presupuestos de 2022, suponen un total de 6.500 millones de euros. Gracias a estos, se podrán acelerar políticas de movilidad y vivienda destinadas a la descarbonización de las ciudades, modernización y creación de un verdadero parque de vivienda de alquiler social y rehabilitación del parque edificatorio.

La titular de Mitma ha subrayado, durante su intervención, que los presupuestos para 2022 destinados a Vivienda y Agenda Urbana supondrán un incremento del 46,8% respecto al de 2021 y multiplican por siete el del año 2018, hasta alcanzar la cifra de 3.289 millones de euros, la mayor de la historia en esta materia.

Con ellos, Raquel Sánchez ha detallado cuáles serán las principales prioridades en este aspecto:

  • Gestión del nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que contará en 2022 con 425 millones de euros conforme a lo suscrito con cada una de las Comunidades Autónomas.

  • Bono de Alquiler Joven, con un presupuesto de 200 millones.

  • Plan de Viviendas para Alquiler Asequible, dotado con 144 millones.

  • Programas de rehabilitación en entornos residenciales, con 1.389 millones de euros.

  • Construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con 500 millones de euros.

  • Rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos para entidades locales, con 600 millones de euros asignados.

  • Y 32 millones de euros para políticas de Agenda Urbana y Arquitectura, destinados a la recuperación y enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico monumental.

Raquel Sánchez también se ha referido a la movilidad como el gran reto de las actuaciones del Ministerio en su camino hacia una transformación para hacerla más segura, sostenible, inclusiva y digital. Para lograrlo, ha destacado al sector del transporte como estratégico para la consecución de los objetivos medioambientales.

Para ello, Mitma dispondrá de 1.285 millones de euros procedentes de los fondos europeos MRR destinados a apoyar inversiones a realizar por las Entidades Locales, CCAA y empresas, para la implantación de zonas de bajas emisiones, transformación digital y sostenible, así como de las flotas de transporte de viajeros y mercancías y el impulso a la formación de los profesionales.

En cuanto al transporte, la ministra ha hecho hincapié en que el ferrocarril juega un papel esencial y, por eso, lidera las inversiones con 6.924 millones de euros, casi un 42% del total de Mitma, incrementado un 13,6% respecto al presupuesto de 2021. Destacan las partidas destinadas al Corredor Mediterráneo (1.700 millones) y Atlántico (1.400 millones), que suponen una estrategia de país, así como los más de 1.500 millones destinados a la mejora de la red convencional, especialmente en Cercanías.

El mantenimiento y conservación de las carreteras ha merecido un capítulo aparte durante la intervención de la ministra en el Congreso, dado que se trata del mayor presupuesto de la historia destinado a la Red de Carreteras del Estado, con 2.463 millones de euros, lo que supone un 11% más que en 2021 y un 75% más sobre el de 2018.

En cuanto al modo marítimo, los presupuestos para el próximo año contemplan algo más de 1.000 millones de euros, destinados a la mejora de la conectividad ferroviaria, la sostenibilidad ambiental y energética, la digitalización e innovación. La responsable de Mitma ha mencionado en este apartado, la inversión en la mejora del sistema de salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación.

Por su parte, en el modo aéreo, la inversión prevista asciende a 836 millones de euros, incluyendo las previsiones del DORA 2022-2026, con lo que se trabajará para la recuperación del tráfico y la gestión eficiente, así como en la sostenibilidad medioambiental y la innovación, avanzando en la digitalización, la automatización y el impulso tecnológico.

Por último, la ministra se ha referido también al mantenimiento de instrumentos fundamentales en la política de transportes incluidos en los presupuestos, relacionados con subvenciones a consorcios y autoridades locales (321 millones de euros); Obligaciones de Servicio Público (1.253 millones); bonificaciones a residentes en territorios no peninsulares (783 millones) y a familias numerosas (24 millones); subvenciones al transporte de mercancías con territorios extrapeninsulares (74 millones); y las reducciones de peajes en autopistas estatales (más de 92,5 millones).

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presentado en el Congreso de los Diputados las principales partidas a las que irán destinados los 6.036 millones de euros que conforman el presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional para 2022.

Esta inversión "histórica" consolida "la firme apuesta del Gobierno por la educación y la Formación Profesional como pilares fundamentales de una sociedad más justa, más cohesionada y mejor formada, que es lo mismo que decir más libre", tal y como ha señalado la ministra.

La cuantía total destinada al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 supone un incremento del 5,96% respecto a 2021, e incluye 1.653 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 4.383 millones de financiación nacional, que aumenta un 14% respecto al ejercicio anterior.

Esta inversión irá destinada a los principales objetivos del MEFP para esta legislatura. En primer lugar, a la mejora de la calidad, la equidad y la igualdad de oportunidades del sistema educativo se destinarán 2.684 millones de euros; el 44% del total. En este apartado destaca la convocatoria de becas, una herramienta fundamental para la equidad educativa, que contará con una financiación de 2.149 millones. Esta partida ha aumentado un 44% desde 2018 y permitirá que cerca de un millón de estudiantes se beneficien de estas ayudas en este curso.

Además, el Ministerio destinará 43 millones para un nuevo programa de cooperación territorial dirigido a la inclusión educativa, 334 millones a la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas de educación infantil de 0 a 3 años, 120 millones para la implantación del programa PROA+ en 2.500 centros de especial complejidad educativa y 39 millones para la creación de al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar, entre otras medidas.

El segundo objetivo del Ministerio en materia educativa y formativa, reflejado en los PGE 2022, es el impulso y modernización de la Formación Profesional. La inversión de 2.299,1 millones de euros (660 más que en 2021) contribuirá a convertir la FP en "una de las palancas que ayuden a la transformación de nuestra economía […] y en una oportunidad de empleo digno y de calidad", ha explicado Pilar Alegría en su intervención.

Dentro de este apartado destacan las partidas destinadas a la mejora de la FP del sistema educativo, con 275,4 millones de euros; el Plan de Modernización de la FP, con 872,3 millones, que incluye 232,6 millones para digitalización; y la FP para el empleo, con 1.151,2 millones.

Estos fondos permitirán, entre otras cosas, la creación de más de 50.000 nuevas plazas de FP, la puesta en marcha de 450 aulas de emprendimiento y de 221 aulas de tecnología, la formación digital de 125.000 trabajadores y la apertura de 750 Aulas Mentor en pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes.

La última gran línea de actuación del Ministerio dirigido por Pilar Alegría es la digitalización del sistema educativo, cuya necesidad ha quedado de manifiesto durante la pandemia. A este objetivo se destinarán el próximo año 284 millones de euros, dirigidos principalmente a reforzar las competencias digitales de docentes y alumnos, así como los recursos educativos.

El epígrafe del MEFP se completa con la Acción Educativa Exterior, que contará con 123 millones de euros en 2022, y la gestión educativa de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que incluye una dotación de 186,7 millones.

"Este esfuerzo presupuestario nos está permitiendo hacer frente a los retos principales que tiene nuestra educación, como el abandono escolar, la excesiva repetición de curso, la desigualdad, la segregación socioeconómica o la falta de cualificación en los profesionales que necesita nuestra economía", ha concluido la ministra.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional acordado en el seno del diálogo social esta semana "responde de una manera más adecuada que el Factor de Sostenibilidad -al que sustituye-, introducido en la reforma de 2013, al reto demográfico temporal que nuestro sistema de pensiones tendrá" entre las décadas de 2030 y 2050.

Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, el ministro ha explicado que el Factor de Sostenibilidad "no estaba alineado con la dimensión temporal del reto demográfico de las próximas décadas", al tener más impacto una vez superados los años de mayor reto y, además, "cargar desproporcionadamente el esfuerzo en las generaciones más jóvenes".

Además, el ministro ha indicado que la sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional no solo forma parte del Componente 30 del Plan de Recuperación, sino que fue incluida en el acuerdo con todos los agentes sociales el pasado 1 de julio y también responde a tres recomendaciones del Pacto de Toledo, en concreto, la 3ª, la 14ª y la 21ª.

Escrivá ha subrayado que este mecanismo "dotará al sistema de una herramienta complementaria que se activará solo si es necesario" y actuará como "válvula de seguridad, únicamente si el gasto en pensiones crece por encima de lo previsto". Según ha explicado, consta de dos componentes: la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con una "pequeña aportación finalista entre 2023 y 2032" y la activación de medidas contingentes a partir de 2033 si las evaluaciones así lo indican.

Respecto al primer elemento, la dotación del Fondo de Reserva "tiene como objetivo la creación de un colchón para afrontar posibles desviaciones de la senda de gasto en pensiones", ha destacado el ministro. Supondrá una cotización adicional de 0,6 puntos porcentuales, una cantidad "moderada" y repartida siguiendo la estructura actual de distribución entre empresa y trabajador. Con esta cotización adicional, Escrivá ha señalado que "se podrán acumular más de 40.000 millones de euros en 10 años".

En este sentido, Escrivá ha destacado que el peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB es más reducido que en los países de nuestro entorno. Además, los costes laborales de las empresas españolas son moderados en comparación con la media europea y han crecido menos que en la mayoría de los países europeos.

El ministro de Inclusión ha resaltado que este tipo de fondos (Fondo de Reserva) son habituales en los países de nuestro entorno y en España acumuló una cuantía relevante hasta 2012 y ahora estaría más dotado si el traspaso de los gastos impropios se hubiera hecho antes. En este aspecto, ha calificado de "fundamental que la reactivación del Fondo de Reserva esté vinculada a esta eliminación de los gastos impropios de la Seguridad Social".

A partir de 2032 se realizarán evaluaciones trienales basadas en proyecciones realizadas por la Comisión Europea y en ese momento, si éstas no superan el nivel de referencia (gasto en pensiones para 2050 del Ageing Report de 2024), se compensará a cotizantes y pensionistas.

En caso de superarse el nivel de referencia, se dispondrá de los activos del fondo con un límite anual del 0,2% del PIB y, si la desviación de gasto supera ese límite o el fondo está agotado, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta que, de forma equilibrada, bien se dirija a minorar el porcentaje de gasto en pensiones, en términos de PIB, a través de medidas enmarcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos, en los términos que se acuerden.

Escrivá ha subrayado que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional es temporal (acotado a los años en los que el sistema tiene que abordar el reto demográfico), contingente (sólo se activará si hay desviación de gasto en pensiones), secuencial, flexible y equilibrado, al operar sobre los diferentes parámetros del sistema.

Además, el ministro de Inclusión ha destacado que "el nuevo mecanismo fomenta la equidad intergeneracional", ya que todas las generaciones contribuirán de la misma forma, a diferencia del Factor de Sostenibilidad, que sobrecargaba la mayor parte del esfuerzo en las generaciones más jóvenes.

Finalmente, el ministro ha destacado que este mecanismo se inserta en la amplia reforma de pensiones que está abordando el Gobierno, que incluirá nuevos elementos en 2022, como la cotización de los autónomos por ingresos reales, la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación o la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, entre otras. "En definitiva, estamos planteando una amplia y profunda modernización de nuestro sistema de pensiones, que aborda prácticamente todas las recomendaciones aprobadas aquí, en la Comisión del Pacto de Toledo hace un año", ha concluido.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha comparecido en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las cifras correspondiente al Ministerio de Justicia dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. En total, los recursos presupuestarios en materia de política de Justicia ascienden a 2.284 millones de euros: 2.208 millones de euros es la participación correspondiente al Ministerio de Justicia, lo que representa un 11,8% más que en 2021; y 76 millones de euros la correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, que implica un incremento de un 4,2% en relación al año anterior.

Estos fondos respaldan la puesta en marcha de las tres reformas previstas por el Ministerio para conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia que se encuentran en fase de anteproyecto: el anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, el anteproyecto de Ley de eficiencia organizativa y el anteproyecto de Ley de eficiencia digital. La primera de estas tres nuevas propuestas legislativas permitirá una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales y potenciará los medios de solución de controversias paralelos a la propia jurisdicción.

La Ley de eficiencia organizativa, por su parte, apuesta por la creación y constitución de los Tribunales de Instancia, la evolución de los juzgados de paz hacia Oficinas de Justicia en los municipios y el desarrollo e implantación de la Oficina Judicial. Por último, la Ley de eficiencia digital consolidará la transformación digital que ya vive la sociedad, según ha detallado la titular de Justicia.

Llop ha detallado las inversiones más relevantes y novedosas, que supondrán, en última instancia, la reducción de la brecha digital, la cohesión social y territorial, la configuración de la Justicia como un servicio público medular en el Estado de bienestar y el incremento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, ha explicado Llop. Entre las principales partidas presupuestarias destaca la de Gastos de personal que, con un incremento del 2,6% para 2022, asciende a1.646,74 millones de euros, lo que representa el 73,3% del presupuesto total del Ministerio.

La ministra de Justicia ha destacado las mejoras que se van a llevar a cabo en este sentido, con una tasa de reposición del 120% para cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios al servicio de la misma; la creación de 70 nuevos órganos judiciales, la ampliación de la plantilla fiscal en 70 plazas, así como la transformación de 210 plazas de tercera en segunda categoría de la plantilla del Ministerio, entre otras.

Llop también ha resaltado las dotaciones destinadas a la asistencia jurídica gratuita o la dotación destinada a financiar la asistencia psicológica a las víctimas. Asimismo, la ministra ha hecho hincapié en la mejora y consolidación de los medios tecnológicos, así como las obras y equipamientos de inmuebles de edificios judiciales En relación con los organismos autónomos dependientes del Ministerio, la Mutualidad General Judicial incrementa su presupuesto para 2022 un 12%, hasta los 125,04 millones de euros, mientras que el presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) asciende a 16,25 millones de euros, un 27,4% más que en 2021.

Dentro de este último, Llop ha concluido destacando el crédito de 1,62 millones de euros para atender el programa de becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, del cuerpo superior de letrados de la Administración de Justicia y cuerpo de abogados del Estado, "con el fin de favorecer la igual real y efectiva en el acceso mediante la eliminación de barreras de carácter socioeconómico".

 

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