Isabel Rodríguez ha trasmitido también al Consejo de la Juventud su reconocimiento a la importante labor llevada a cabo por el organismo durante la pandemia y ha destacado la importancia de los jóvenes como palanca de cambio en las grandes transformaciones de nuestro país.

La ministra de Política Territorial ha destacado el claro compromiso del Gobierno de España con nuestros jóvenes, aumentando la inversión en los próximos Presupuestos Generales del Estado, con más de 12.500 millones de euros, porque hablamos de una recuperación económica justa, que no deje a nadie atrás, y ello implica facilitar a nuestros jóvenes el acceso a la vivienda o a la cultura, creando un bono cultural de hasta 400 euros, para los jóvenes que cumplan el próximo año los 18 años, con el objetivo de acercar a los más jóvenes a la cultura de nuestro país.

A su vez, Isabel Rodríguez, ha querido resaltar la importancia de la que será la primera Ley de Vivienda en nuestra democracia, que contará con un bono joven de vivienda, que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años, con restas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.

Otros de los temas abordados ha sido la nueva Ley de Formación Profesional, que se encuentra en tramitación parlamentaria, una ley de consenso que aporte empleo a los jóvenes. Finalmente, Isabel Rodríguez y Elena Ruíz se han emplazado a explorar vías de colaboración, en espacial para enlazar sus propuestas con las comunidades autónomas, entidades locales y entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Se trata de las cuentas públicas para la recuperación justa, que tienen como objetivo la consolidación de la recuperación económica y social tras la pandemia, con dos herramientas: la inversión productiva como palanca del crecimiento y la transformación de la economía y la inversión social para avanzar hacia una sociedad más cohesionada y con menos brechas. Estos dos instrumentos que definen los PGE para 2022 incluyen como refuerzo la inyección de 27.633 millones de euros procedente de los fondos europeos.

En el acto institucional celebrado hoy, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2022. En la presentación también han participado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, y la subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque.

Con la entrega de los Presupuestos en la Cámara, comienza el proceso de su tramitación en un contexto, como ha explicado Montero en su comparecencia, muy diferente y mejor al de la presentación hace un año de las cuentas públicas para 2021, lo que da muestra de una gestión económica que ha permitido una recuperación rápida.

Así, como ha desgranado la ministra, hace doce meses en España no había ni una sola persona vacunada, la incidencia de la pandemia superaba los 450 casos por cada 100.000 habitantes, la economía española venía de recientes caídas del PIB del 21%, el déficit escalaba hasta los dos dígitos y casi un millón de trabajadores estaban en ERTE. En el momento de presentar el Proyecto de PGE para 2022, hay 37 millones de personas vacunadas, la incidencia acumulada está por debajo de los 50 casos, la economía española es una de las que más crece y crecerá en Europa, el déficit baja a ritmos del 30% y hay más gente trabajando que nunca.

"El cambio que ha experimentado España en un solo año, gracias a la ciencia y al esfuerzo cotidiano de tantos españoles, fundamentalmente de su clase media y trabajadora, de sus pymes y de sus autónomos, nos demuestra nuestra fortaleza como sociedad", ha celebrado la ministra.

Pero Montero también ha señalado las vulnerabilidades y los retos a los que aún se enfrenta España y que los Presupuestos de 2022 abordan de manera prioritaria, como el acceso a la vivienda o el paro, problemas que tienen una mayor incidencia en la juventud. En este sentido, las cuentas públicas tienen partidas por 12.550 millones de euros para el segmento de población más joven, prácticamente el doble que en 2021.

En materia de vivienda, se incrementa la dotación un 46%, hasta los 3.295 millones de euros, cifra en la que se incluyen los 500 millones de euros destinados a incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento a precio asequible y los 200 millones para el bono joven para el alquiler.

En cuanto al empleo juvenil, se incorporan las inversiones en mejorar la capacitación de los estudiantes, con un presupuesto en Educación que supera por primera vez los 5.000 millones de euros, el 44% del mismo (2.199 millones, la mayor cifra histórica) destinado para becas. A éstas se unen las que pondrá en marcha el Ministerio de Justicia para las personas aspirantes a la judicatura, la fiscalía, la abogacía del Estado o la Administración de Justicia. También se incluyen medidas contra el abandono escolar temprano, la mejora de los resultados educativos y el fomento de la equidad y la calidad del sistema educativo, como la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de infantil de titularidad pública o las al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades.

A todo ello se unen las inversiones en la transformación de la formación profesional en las que están incorporados los 2.076 millones de los fondos europeos y que tienen el objetivo de alcanzar las 200.000 nuevas plazas en cuatro años. Y también 750 millones para Empleo Joven, además de los 1.412 millones con que cuenta el Plan Nacional de Competencias Digitales.

Otro de los retos a los que se enfrenta España y al que se ha referido la ministra por constituir una de las prioridades de los Presupuestos es la mejora de la productividad, la competitividad y el tamaño de las empresas. A cumplir estos objetivos está destinado el Plan de Impulso a la Pyme, que está dotado con 2.140 millones procedentes de los fondos europeos.

Las cuentas públicas para 2022 incluyen, asimismo, la mayor partida de la historia en Investigación, Desarrollo e Innovación y Digitalización: son 13.298 millones de euros, casi el doble que hace dos años. Están previstas medidas para atraer y retener el talento y para mejorar las condiciones laborales de los investigadores.

En general, los PGE del próximo ejercicio contemplan una inversión pública récord de 40.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,6% interanual. El objetivo: sentar las bases de un nuevo modelo productivo para que España sea más competitiva.

Sectores destacados por los recursos que se les destinan son la industria y la energía (11.316 millones), con el foco puesto en la aceleración de los procesos de digitalización, automatización y adaptación de las cadenas de valor y la logística. En particular para la reconversión y la reindustrialización se dedican 707 millones de euros.

En políticas energéticas se invierten 3.817 millones de euros, que incluyen la ampliación del bono social térmico, los 445 millones de apoyo al vehículo eléctrico, los 630 millones para el desarrollo de energías renovables innovadoras; los 555 millones para hacer de España un referente en hidrógeno renovable; o los 435 millones para transformar los edificios de la Administración y hacerlos más eficientes.

Al sector agrícola y pesquero les corresponden 8.844 millones. Y se refuerzan también dos sectores especialmente golpeados por la pandemia: el turismo y la cultura. Al primero le corresponden 1.700 millones para mejorar su capacidad competitiva. Y al segundo, 1.589 millones, lo que supone un incremento del 38,4%, cifras en las que se incluyen los 210 millones de euros correspondientes al bono cultural destinado a los jóvenes que cumplan 18 años.

Aumenta también el presupuesto destinado a Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes: sumando los recursos nacionales y los europeos, alcanza los 11.841 millones de euros. En carreteras se invertirán 2.300 millones; en ferrocarriles, 5.442 millones; en puertos y aeropuertos, más de 1.700 millones; en infraestructuras hidráulicas, 995 millones; y en inversiones que persiguen regenerar las costas, 233 millones.

Los fondos europeos que corresponden a España en 2022, los 27.633 millones de euros, se destinan en prácticamente un 90% a inversiones. "A menudo se abusa del término histórico, pero créanme que los fondos europeos nos sitúan ante una oportunidad única para abordar el mayor proyecto reformador de España desde la Transición", ha asegurado Montero.

Asimismo, la ministra ha destacado cómo los fondos europeos se gestionan en colaboración entre el Estado central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. "La cogobernanza que iniciamos el año pasado se refleja también en estos Presupuestos", ha insistido Montero.

En particular, las CC AA recibirán 8.712 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (a los que hay que sumar los 2.000 millones que suponen la partida correspondiente a 2022 del fondo REACT), y los Ayuntamientos, otros 2.050 millones.

Sectorialmente, los destinos más relevantes de los fondos europeos son política industrial (3.184 millones); rehabilitación de vivienda (2.839 millones); plan de choque de movilidad sostenible (2.184 millones); e impulso a la pyme (2.140 millones).

Los Presupuestos también incluyen partidas por 4.200 millones de euros para combatir otro gran desafío: la despoblación y el reto demográfico. Entre las medidas más relevantes se cuenta la inversión de más de 153 millones de euros en el despliegue del 5G en municipios pequeños, con lo que se mejorará la cobertura a un mínimo de 800.000 habitantes ubicados principalmente en áreas rurales. También, proyectos de movilidad rural (76 millones); de mejora energética (350 millones); el fomento del turismo de interior (223 millones); el impulso de la competitividad de los sectores agrícola y ganadero (76 millones); así como para apoyar los cuidados de larga duración en zonas en riesgo demográfico (290 millones).

Las medidas para ahondar en la cohesión social son, junto a la inversión, las grandes protagonistas de las cuentas públicas. La inversión social alcanza los 240.375 millones de euros en el Presupuesto nacional -seis de cada diez euros de gasto-, cifra que llega a los 248.391 millones cuando se incorporan los fondos europeos.

Algunos hitos de ese esfuerzo presupuestario contemplan que el Ministerio de Sanidad vaya a contar en su Presupuesto nacional con el triple de recursos para vacunas, atención primaria, ampliar los servicios de salud bucodental o para poner en marcha un nuevo plan de salud mental. Además, el gasto en dependencia se incrementa un 23,3%, dotando con 400 millones más el nivel mínimo y con más de 200 millones adicionales el nivel acordado, todo ello para que las Comunidades Autónomas mejoren las prestaciones y reduzcan la lista de espera.

La partida para las pensiones aumenta un 4,8%, lo que cubre la revalorización de las pensiones contributivas con la media de IPC que se registre en noviembre y la subida del 3% que tendrán las mínimas y no contributivas.

Para protección social se contemplan 4.436 millones que financiarán el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones. A ello hay que sumar la protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales, políticas que se dotan con 199 millones de euros, lo que supone un incremento de 40 millones, especialmente dirigido a impulsar el desarrollo de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y también la partida para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se dota con 7 millones más, para alcanzar los 35 millones.

Las políticas de igualdad de género cuentan con el mayor presupuesto de su historia, que supera los 500 millones de euros por primera vez, tras crecer un 14% respecto a 2021. Algunas de sus partidas más relevantes son el programa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que contará con 225 millones; el Plan Corresponsables, que se dota con 190 millones; y las políticas para prevenir la violencia de género rebasan los 200 millones de euros por primera vez.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha explicado que el cuadro macroeconómico refleja mejoras en el mercado de trabajo, en el consumo y en la inversión y todo ello se traduce en un incremento de la recaudación tributaria. En concreto, se prevé un aumento de los ingresos fiscales del 8,1% en 2022, una cifra prudente si se tiene en cuenta que en 2021 el crecimiento previsto es inferior al de 2022 y este ejercicio la recaudación cerrará con una mejora del 10,8%.

Montero ha detallado las previsiones de recaudación por figuras fiscales. Así, los ingresos por IRPF alcanzarán los 100.132 millones de euros, lo que supone un ascenso del 6,7%, debido al aumento de las rentas de las familias como consecuencia de la creación de empleo y la mejora de los salarios. A ello hay que sumar que la declaración anual de IRPF de 2021 que se presentará a partir del próximo junio incorporará los efectos de la subida de los tramos más elevados de las rentas del trabajo y del capital que se incluyeron en los PGE de 2021.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se espera que la recaudación llegue a los 24.477 millones, lo que supone una subida del 11,8%. Ello, por tres razones: la mejora de los beneficios empresariales, las menores devoluciones y por la medida que se aprobó el año pasado por la que se limitaba al 95% la exención por dividendos y plusvalías y cuyo mayor efecto se verá en la presentación de la declaración anual que se realizará en 2022.

Los Impuestos Especiales, por su parte, registrarán una subida de los ingresos del 8,2%, hasta los 21.843 millones de euros. Dentro de éstos, el Impuesto sobre Hidrocarburos, que representa la mitad de la recaudación, registrará un avance de su rendimiento del 7%, hasta los 12.418 millones.

Las previsiones también recogen un aumento de la recaudación del impuesto sobre la electricidad de 400 millones: es un tributo que ingresan en su totalidad las Comunidades Autónomas y que se ha rebajado en 2021 para mitigar los efectos de la subida del precio de la energía en la factura. La estimación de ingresos se ha realizado con la legislación vigente, pero la ministra ha afirmado que se pueden tomar nuevas decisiones fiscales si se considera necesario en el futuro, ya que los Presupuestos cuentan con margen para ello.

Del mismo modo, María Jesús Montero ha desgranado las medidas tributarias que incluyen los PGE de 2022. Éstas se limitan a tres. La ministra recordó que actualmente está constituido un comité de personas expertas para la reforma fiscal que entregará sus conclusiones en febrero. "Como señaló el presidente del Gobierno, ahora la prioridad es crecer y crear empleo", aseveró Montero.

La primera novedad fiscal a la que se ha referido ha sido el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las empresas con facturación superior a 20 millones de euros o que constituyen un grupo consolidado.

En este sentido, la ministra ha celebrado el acuerdo alcanzado la semana pasada en París por 136 países para impulsar una tributación mínima global del 15% en el Impuesto de Sociedades y acabar con la competencia desleal que sufren las pymes en comparación con las grandes corporaciones.

Como ingrediente para lograr una tributación mínima efectiva del 15% también de las empresas que se dedican al alquiler de viviendas, los Presupuestos incluyen la reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%. Es una medida que se incluye en la futura Ley de Vivienda y que se incorpora ya en las cuentas públicas de 2022.

En segundo lugar, los Presupuestos incluyen la limitación a 1.500 euros de la reducción por aportaciones a planes de pensiones que figuran en el IRPF desde los 2.000 euros actuales. Este beneficio fiscal es muy discutido tanto por la Comisión Europea como por la AIReF por su carácter regresivo y por primar un tipo de vehículos de ahorro sobre otros.

También en el capítulo del ahorro previsor, se refuerza el incentivo fiscal para los planes de empleo: el límite para la empresa se eleva hasta los 8.500 euros, mientras que el umbral conjunto (empresa y trabajador) se mantiene en los 10.000 euros. Con ello, se promueve el esfuerzo compartido entre trabajadores y empresas para impulsar el segundo pilar del modelo de pensiones, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Además, como novedad, se le da la opción al trabajador de igualar su aportación a la de la empresa, sin que la suma de las dos supere los 8.500 euros.

En tercer lugar, se prorrogan los límites actuales que permiten tributar por el sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta y en el IVA, una medida que se toma en beneficio de los autónomos. Se beneficiarán 62.905 declarantes del IRPF y 73.935 contribuyentes del IVA. Ahorrarán 114,7 millones de euros.

Por último, se incorporará un epígrafe específico en el Impuesto sobre Actividades Económicas para periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación, en respuesta a la petición de las asociaciones profesionales.

La titular de Hacienda se ha referido también al compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. De esta manera, la Agencia Tributaria tendrá un presupuesto cercano a los 1.700 millones de euros, el mayor registrado hasta la fecha. Además, su plantilla se reforzará con 1.043 efectivos más.

Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos continuarán contando con recursos extraordinarios procedentes del Estado central. En particular, las CC AA ingresarán 7.004 millones de euros al margen del sistema de financiación, cifra que resulta de sumar la cobertura de las liquidaciones negativas de 2020 y la compensación por el SII IVA, el sistema que puso en marcha el Gobierno de Rajoy y que perjudicó las cuentas autonómicas.

Sumando los recursos del sistema de financiación (108.792 millones), los fondos europeos (10.712 millones, incorporando el REACT) y la transferencia extraordinaria (7.004 millones), las Comunidades Autónomas contarán el próximo año con 126.508 millones de euros.

Por otro lado, las inversiones territorializadas del capítulo VI alcanzan los 13.000 millones de euros, lo que supone un ascenso del 1,5%. Las transferencias de capital, el dinero que el Estado da a las comunidades autónomas para que sean ellas las que inviertan, prácticamente se duplica, al pasar de los 787 millones a los 1.491. Las inversiones cumplen las disposiciones estatutarias que rigen en muchas Comunidades Autónomas.

Los territorios autonómicos han recibido en cuatro años de Gobierno progresista 490.161 millones de euros, un 36% más que en los últimos cuatro años del Gobierno del PP. Sin el apoyo de la Administración central, no habría sido posible que las CC.AA. hubieran logrado por primera vez bajar de los 30 días el periodo medio de pago a proveedores, un hito que se ha conseguido en medio de una pandemia y tras una fuerte caída del PIB.

En cuanto a las Entidades Locales, recibirán en 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia, que ascenderán a 22.062 millones de euros. A esa cifra hay que sumar los 1.228 millones de euros adicionales. Con ello, el conjunto de la financiación subirá un 17% con respecto a un año antes. Los Presupuestos también incluyen una transferencia a los Ayuntamientos por 2.050 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha anunciado, asimismo, que se pondrá en marcha un mecanismo de pago a proveedores para los Ayuntamientos que están incumpliendo el periodo medio de pago. Será una medida dirigida a un pequeño porcentaje de municipios, ya que el 80% de ayuntamientos y diputaciones paga a un plazo inferior a los 30 días.

"Son unos Presupuestos en los que todo el mundo puede verse reflejado y puede sentirse identificado, pues son unas cuentas diseñadas para resolver los problemas de los españoles, los del día a día, y también anticipar reformas necesarias para el mañana", ha concluido María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.igor el 1 de enero del próximo año.

Esta publicación es el primer paso en la determinación de los valores de referencia de los inmuebles. Esos nuevos indicadores constituirán, a partir del 1 de enero de 2022, la base imponible del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sustituyendo al valor real como base en estos tributos. Estos cambios empezarán a surtir efecto en las operaciones que se lleven a cabo a partir del próximo ejercicio, por lo que no tienen carácter retroactivo.

Esta modificación, recogida en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude, obedece a la necesidad de resolver los problemas de gestión de estos impuestos, provocados por la litigiosidad que tenía la base imponible definida como valor real.

En este sentido, la norma establece que los valores de referencia no superarán a los valores de mercado. Para tal fin, se aplicarán los factores de minoración que se han fijado por la Orden Ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ese coeficiente será del 0,9, tanto para los inmuebles urbanos como para los rústicos.

Con esta medida se garantiza que el valor de referencia no excederá al valor de mercado. Por tanto, al usar este indicador como base imponible en los tributos citados no se producirá una subida de impuestos.

Por otra parte, los mapas de valores que hoy se publican representan el comportamiento medio de los precios de las compraventas de los inmuebles comunicadas por los fedatarios públicos. Es decir, determinan el valor medio en una zona, que no tiene por qué coincidir con un barrio ni con un distrito.

Estas publicaciones constituyen un requisito legal del procedimiento que debe determinar los valores de referencia. Con ello se pretende dar transparencia al análisis de los precios comunicados en las compraventas inmobiliarias efectuadas, por separado para inmuebles urbanos (uso residencial y de garaje-aparcamiento) e inmuebles rústicos (cultivos representativos).

En estos mapas se asignan módulos de valor medio a los productos inmobiliarios representativos por zonas del territorio, llamados 'Ámbitos territoriales homogéneos de valoración', que se corresponden con los precios medios de las compraventas. En la sede electrónica del Catastro se pueden consultar los importes de los módulos, las características de los productos inmobiliarios representativos y la delimitación de los ámbitos territoriales.

En el caso de bienes inmuebles urbanos, la Dirección General del Catastro calculará el valor de referencia de un inmueble concreto teniendo en cuenta diversos criterios, como son las diferencias de calidad, antigüedad y estado de conservación entre este inmueble y el producto inmobiliario representativo al que se refiera el módulo de valor medio. Para ello se usará, transitoriamente, la normativa de valoración catastral.

En el caso de inmuebles rústicos sin construcción, el valor de referencia se calculará a partir del módulo de valor medio, en función de sus características, y de los factores correctores por localización, agronómicos y socioeconómicos que se determinen en el informe anual del mercado inmobiliario correspondiente.

Antes de su aprobación, estas resoluciones se someten a un trámite de audiencia pública, para que, conocidas por todos los interesados, estos puedan formular alegaciones y presentar cuantas pruebas consideren oportunas. Como se anunció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de octubre, los trámites de audiencia colectiva previos a la aprobación de las resoluciones para el ejercicio 2022 están abiertos desde el día 14 hasta el día 27 de octubre de 2021.

Una vez tramitado el procedimiento para su determinación, a partir del 1 de enero de 2022, los valores de referencia individualizados de los inmuebles estarán disponibles para su consulta en la sede electrónica del Catastro.

En todo caso, el valor de referencia es distinto del valor catastral, y no afecta en modo alguno a los valores catastrales vigentes, de forma que tampoco a los impuestos cuya base imponible sea ese indicador, como es el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Por lo tanto, el valor de referencia sólo afectará a quien adquiera un inmueble a partir del 1 de enero de 2022, y a la vez tenga que tributar, bien por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, bien por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Igualmente, sólo podrá afectar al Impuesto sobre el Patrimonio en lo que se refiera a inmuebles adquiridos a partir de la entrada en vigor de la norma, en ningún caso afecta al patrimonio preexistente.

En definitiva, el mayor presupuesto de la historia en materia industrial, comercial y turística con prioridades claras en materia de transición ecológica y digitalización, y ambición de liderazgo europeo y mundial".

El presupuesto y las principales actuaciones en las distintas áreas del Ministerio son las siguientes:

En materia industria y de la pyme el presupuesto alcanza los 5.738 M€, 2.807 M€ más que en 2021, un crecimiento del 96%. De ellos, 3.074 M€ se corresponden a partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En los programas de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial, la línea de apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial (PERTE), se dota con 2.659 M€. De ellos, se destinan 1.660 M€ al PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), a la que deberá sumarse inversión privada por valor de 11.900 M€.

También destacan en el impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial, 150 M€ para apoyar la transformación digital en el marco del programa Activa Financiación, destinados a proyectos de innovación en materia de organización y procesos, y adicionalmente investigación y desarrollo, en prioridades temáticas relacionadas con tecnologías de la Industria Conectada 4.0, y 150 M€ para proyectos individuales de innovación y sostenibilidad en ámbitos claves en la transición industrial como son la eficiencia energética descarbonización, y nuevas fuentes de energía sostenibles, la economía circular y la eco-innovación, la mejora de las cadenas de valor, entre otros.

Los presupuestos de 2022 también incluyen 650 M€ para consolidar las líneas de financiación a través del Fondo de apoyo a la inversión industrial productivo y al menos 470 M€ para apoyar la industria electrointensiva, de los que 179 M€ corresponden al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de CO2 que se podrán incrementar con hasta un 25% los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 91 M€ para la bonificación de cargos para el fomento de la energía renovable, la cogeneración de alta eficiencia y por costes extrapeninsulares, y 200M€ dedicados al Fondo Español de Reserva de Garantía para Entidades Electrointensivas.

En las actuaciones de impulso a la Pyme, para acciones y programas de emprendimiento se destinan 120 M€, hasta 183 M€ para programas de crecimiento y hasta 67 M€ para su digitalización e innovación.

Finalmente, para apoyar el emprendimiento y el crecimiento empresarial el presupuesto para apoyar los clusters a través de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras se incrementa hasta los 58 M€, ENISA contará con un presupuesto de 103 M€ y CERSA incrementa su presupuesto hasta los 134 M€.

Los presupuestos de Turismo ascienden a 1.794 M€, un 36,3% más que en 2021. De ellos, 1.556 M€ se corresponden a partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para proseguir la senda de la recuperación del sector turístico.

En actuaciones para la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad destacan los 743 M€ de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, 60 M€ más que en 2021. Y para acciones especiales en el ámbito de la competitividad del sector, se dotan 34 M€ para la creación del Sistema de Sostenibilidad Turística Integral, 300 M€ para el mantenimiento y rehabilitación de bienes inmuebles del patrimonio histórico, 170 M€ para la financiación de proyectos de economía circular, 49 M€ para el desarrollo de productos turísticos y 12 M€ Planes de Sostenibilidad Social del sector turístico.

Además, para la digitalización e inteligencia de destinos y del sector turístico se van a destinar 45 M€ para la inteligencia artificial aplicada al Turismo y 115 M€ para el Plan de Transformación Digital en destinos turísticos, 50 M€ más que en 2021. Las estrategias de resilencia turística para Canarias, Baleares y las dos Ciudades Autónomas cuentan con un presupuesto de 110 M€.

Por último, las transferencias al Instituto de Turismo de España, Turespaña, ascienden a 66 M€, con un incremento de 4 M€ respecto a 2021.

El área de Comercio cuenta para 2022 con un presupuesto de 676 M€, un 21% más que en 2021, de los que 243 M€ corresponden a los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre las acciones previstas de apoyo al comercio destaca el Fondo Tecnológico para el Comercio, dotado con 48 M€ y los programas de mercados sostenibles para modernización de áreas comerciales, revitalización de zonas rurales a través del comercio o fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística, dotados con 104 M€.

En materia de internacionalización del comercio destaca el programa de mentoring y apoyo a la Internacionalización gestionado a través de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación e España dotado con 32 M€ y 250 M€ para apoyar la financiación para la internacionalización de las empresas a través de distintos instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). Además,

Por último, las transferencias a ICEX España Exportación e Inversiones, alcanzan los 108 M€, destinados a los trabajos conjuntos que promuevan la internacionalización de nuestras empresas y que fomenten la atracción de inversiones extranjeras en España, lo que supone un incremento de 19M€ respecto a 2021.

Raquel Sánchez, en su intervención en la clausura de la Asamblea General de CONFEBUS 2021, ha hecho alusión a este Plan, donde la movilidad lidera las inversiones con más de 13.000 millones de euros, así como a la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 que junto con la Ley de Movilidad forman parte de las reformas incluidas también en el propio Plan.

Gracias a este esfuerzo y al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado hoy, con más de 19 mil millones de euros, el más ambicioso de los últimos 12 años y el más trasformador en términos de sostenibilidad y digitalización de los servicios de movilidad y de transporte, se dará el impulso necesario a la movilidad segura, sostenible y conectada y a las empresas que forman parte de ella, ha afirmado.

En este sentido, la ministra ha señalado que las ayudas de más de 240 millones de euros para el transporte sostenible y digital y los más de 1.000 millones para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación de flotas son algunos ejemplos de este impulso.

Raquel Sánchez ha informado que desde el Ministerio se está trabajando en una campaña para el fomento del transporte público que se presentará próximamente. Se trata de promover entre la ciudadanía que este medio de transporte sea percibido como seguro y rentable en tiempo y economía, gracias a la aplicación de la tecnología más innovadora y sostenible.

La responsable del Departamento ha enumerado los instrumentos con los que cuenta el Ministerio para afrontar los retos que plantea la nueva movilidad: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que complementará a la Estrategia y que se llevará a primera lectura de Consejo de Ministros antes de que acabe este año.

También ha mencionado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que va a suponer una oportunidad histórica no sólo por poder acceder a un flujo inusual de recursos, sino por el papel que estos recursos deben tener para para transformar y modernizar nuestra economía y nuestra movilidad.

Raquel Sánchez ha hecho mención a otras actuaciones de apoyo al sector como:

• Las subvenciones para compensar el déficit extraordinario producido por la crisis del COVID-19 hasta el final del año 2020.

• El reequilibrio económico de las concesiones competencia de este Ministerio.

• El mantenimiento de las ayudas de 3,8 millones de euros para la formación de los profesionales del sector.

• La reciente modificación de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre que ha permitido flexibilizar los requisitos de nuestro transporte escolar, extraordinariamente castigado por la pandemia.

A esto hay que sumar, tal como ha expresado, las subvenciones que gestiona el Ministerio destinadas a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, o las ayudas nominativas dirigidas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Canarias.

La ministra ha destacado que se trata de un esfuerzo y compromiso presupuestario del Gobierno y del Ministerio con el transporte público regular urbano e interurbano así como con su financiación y de manera extraordinaria para garantizar su viabilidad económica durante esta grave crisis sanitaria.

Raquel Sánchez ha hecho referencia al reto que supone la movilidad en la España despoblada que afronta un riesgo de aislamiento por falta de soluciones de movilidad. En este sentido, ha afirmado que desde el Departamento se está trabajando con varios territorios para dar cabida a nuevas formas de movilidad en las que el autobús y la digitalización son herramientas clave para poder atender las demandas de manera eficiente y sostenible.

Además, ha querido mencionar el importante proyecto del nuevo Mapa Concesional de servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, donde se utiliza la tecnología Big Data para la aproximación a las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos, y en el que la ministra ha subrayado que se contará con la participación del sector.

La ministra ha explicado que estos presupuestos se han diseñado con el objetivo de conseguir "más investigación española, más cultura de la innovación en las empresas, mejores infraestructuras científicas, más ciencia e innovación en todos los territorios de España y más y mejores oportunidades laborales para nuestros investigadores, tecnólogos e innovadores". Además, Morant ha señalado que "el presupuesto de 2022 nos permitirá cumplir ya los objetivos del Pacto por la Ciencia y la Innovación, un acuerdo entre los agentes sociales, económicos y políticos para lograr un sistema de ciencia pública a la altura de la excelencia de nuestros científicos e innovadores".

Lo primero que ha destacado la ministra ha sido el aumento de los recursos para proyectos de investigación. En este sentido, ha destacado el incremento del 60% para la Agencia Estatal de Investigación, que alcanzará un presupuesto de 1.358 millones de euros (desde los 826 millones anteriores) para reforzar las convocatorias competitivas y para lanzar "nuevas convocatorias de líneas estratégicas y de pruebas de concepto". Entre estas nuevas convocatorias, destaca la convocatoria de proyectos estratégicos de transición ecológica y digital dotada con 296 Millones de euros, y la nueva convocatoria de Proyectos en otras líneas estratégicas de 2022 dotada con 65 millones de euros.

Morant ha subrayado el "presupuesto récord para el refuerzo de las capacidades científicas de los más de 150 centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Estos recursos permitirán a los centros contar con más capacidades, más infraestructuras y equipamientos.

En el caso del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en 2022 contará con el mayor presupuesto desde su creación, 559 millones de euros, un 38,75% por encima de los presupuestos de 2021. El ISCIII, tal y como ha explicado la ministra, "lanzará este año convocatorias por 338 millones de euros". Además, en el ámbito de la salud, el ISCIII, continuará impulsando y facilitando el despliegue de la Medicina de Precisión, basada en la generación de información biológica de cada una de las personas y en su integración con datos clínicos, datos de exposición ambiental y de hábitos de vida, utilizando nuevas tecnologías para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Para este objetivo se dedicarán 108 millones de euros en 2022.

Por su parte, la Agencia de Innovación Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ve incrementadas las aportaciones que recibe del Ministerio un 4% respecto a 2021, con un total de 1.566 millones de euros. Gracias a este incremento, este organismo podrá reforzar su papel como organismo impulsor de la innovación empresarial basada en el conocimiento y la industria de la ciencia.

La ministra ha subrayado la importancia de promover una mayor "cultura de la innovación y la colaboración entre el sector público y privado", ya que "sin nuestras empresas, no llegaremos al objetivo ansiado del 2% del PIB en I+D". Para ello, Morant ha explicado que se reforzarán los "grandes proyectos tractores de la I+D+I en colaboración público-privada, como el programa de Misiones del CDTI, con 120 millones de euros en 2022, o el nuevo programa Cervera colaborativo entre centros tecnológicos, dotado con 40 millones de euros".

También ha destacado la compra pública precomercial y la compra pública de innovación, "para que las empresas innovadoras tengan oportunidades de desarrollar prototipos avanzados y tener en la administración pública un primer usuario". En total, se dedicarán 130 millones de euros en 2022 a la compra pública precomercial y más de 200 millones de euros a la compra pública de innovación.

La inversión en Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS), repartidas por todo el territorio español, será de 137 millones de euros. Todas las ICTS consorciadas con las CCAA volverán a ver aumentados sus presupuestos en 2022: BSC, IAC, Sincrotrón Alba, LSC Canfranc, CENIEH, Centro de Láseres Pulsados y Plataforma Oceánica de Canarias.

La ministra ha explicado que el Ministerio seguirá apostando porque la ciencia y la innovación "se hagan en todos los territorios de España, reforzando la cohesión territorial y ahondando en la descentralización de nuestra I+D+I. Y lo haremos a través de iniciativas como los Planes Complementarios de I+D+I con las Comunidades Autónomas, un concepto novedoso del Plan de Recuperación para generar programas de investigación entre Estado y al menos 4 Comunidades Autónomas en 8 áreas estratégicas como la biodiversidad, la computación cuántica o la investigación agroforestal. En total vamos a invertir casi 300 millones de euros entre 2021 y 2022; concretamente, 130 millones en 2022. Por su parte, las Comunidades Autónomas aportarán al menos otros 150 millones de euros". Morant también ha destacado "un nuevo programa para apoyar la incorporación de agentes de innovación en Ayuntamientos de la Red Innpulso", que contará con 10 millones de euros.

La ministra ha terminado explicando, "como consecuencia de todo lo anterior", la importancia de estos presupuestos para crear "más oportunidades y mejores condiciones para nuestro talento investigador e innovador". "Aumentar los proyectos y las capacidades de nuestros centros de investigación y de las empresas innovadoras" ha dicho, permitirá que los científicos e innovadores "puedan quedarse y continuar su carrera en nuestro país. Y abrirá también nuevas puertas para que puedan volver quienes tuvieron que irse, durante una década de fuga de cerebros".

Entre las medidas específicas, la ministra ha subrayado que tanto en 2021 como en 2022 "vamos a incrementar enormemente la oferta de contratos para doctores en el sector público. En 2022 dedicaremos 151 millones de euros adicionales a aumentar el salario y el número de contratos, fundamentalmente de los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Estos incrementos supondrán la contratación de más de 2.500 doctores entre 2021 y 2023." Además, ha detallado que el personal científico y técnico será considerado en 2022 como personal prioritario a efectos de empleo público, con una tasa de reposición del 120%.

Y en el ámbito del talento innovador en empresas, en 2022 seguirá primando la contratación de doctores en empresas de base tecnológica, con 35 millones de euros a estas acciones a través del programa NEOTEC del CDTI y 15 millones de euros en el programa Torres Quevedo de la AEI. En este punto, la ministra ha subrayado que se fomentará "que estas empresas estén lideradas por mujeres, reservando 5 millones de euros para aquellas start-up encabezadas por ellas".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza a consulta pública el proyecto de Real Decreto que modifica los Anexos I y II de la Ley de evaluación ambiental (Ley 21/2013) para adecuarla a la normativa europea e incrementar así tanto la seguridad jurídica como el nivel de protección ambiental.

Esta modificación garantizará así la adecuada trasposición de la Directiva europea 2011/92 a nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo que cualquier proyecto con potenciales impactos significativos sea sometido, al menos, a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado. La decisión responde al procedimiento de infracción que la Comisión Europea dirigió a España en 2015 y 2017, por el que solicitaba aclaración sobre los criterios utilizados para establecer determinados umbrales que permiten determinar qué proyectos han de ser sometidos a este tipo de evaluación ambiental.

El proyecto de Real Decreto dota además a dichos Anexos de una mayor coherencia y actualización, de acuerdo con la normativa sectorial vigente, la evolución de la tecnología y la experiencia adquirida durante los años de aplicación de la ley por los órganos ambientales. Para revisar en profundidad el contenido de los anexos de la Ley, el MITECO creó un grupo de trabajo con representación de las autoridades ambientales de todas las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, así como con la intervención de los órganos sustantivos, con los que se han mantenido reuniones periódicas e intercambio de propuestas.

El Anexo II de la Ley 21/2013, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, concentra la mayor parte de las novedades de este Real Decreto. Respecto al Anexo I, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, las modificaciones han sido más limitadas, ya que la Comisión no había cuestionado sus umbrales, si bien se han actualizado algunos epígrafes.

En síntesis, el proyecto de real Decreto propone eliminar el umbral y, o bien asumir la redacción de la Directiva cuando no existe motivación para su mantenimiento, o bien mantener un umbral motivado en los criterios del Anexo III de la Directiva (en normativa sectorial vigente o basado en la experiencia de los órganos evaluadores de las distintas administraciones territoriales). De este modo, aumenta el número de proyectos con necesidad de evaluación de impacto ambiental y se garantiza que los proyectos situados por debajo de los umbrales legales no tendrán una incidencia significativa en el medio ambiente que los haga merecedores de dicho procedimiento.

Asimismo, el documento incluye un nuevo mecanismo de garantía para aquellos proyectos que se encuentren por debajo de los umbrales, pero estén situados en zonas de especial sensibilidad ambiental o afecten sustancialmente al medio hídrico.

Como resultado de dicho análisis técnico y de colaboración entre los distintos agentes, los Anexos de la Ley 21/2013 contemplan actualmente 90 tipos de proyectos, en lugar de los 81 que constaban anteriormente, la gran mayoría de ellos sin ningún tipo de umbral.

El proyecto será sometido a información pública y a audiencia a los sectores afectados hasta el 4 de noviembre de 2021, a través de este enlace. También se efectuará la correspondiente consulta a las Comunidades Autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a las entidades locales.

Esta medida constituye una nueva prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 del mecanismo excepcional de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han amparado a más de 550.000 empresas y a 3.617.000 trabajadores y trabajadoras en el contexto económico adverso ocasionado por la crisis sanitaria.

"Los ERTE han propiciado la recuperación más rápida de nuestra historia: frente a los 11 años y 10 meses de la crisis financiera, esta vez solo en 15 meses hemos vuelto al nivel de afiliación a la Seguridad Social previo a la crisis", ha explicado Díaz en el Congreso antes de la convalidación del RD-ley.

"Proteger a las personas no es solo una cuestión de justicia social. También hemos demostrado que es la forma más eficiente de enfrentarnos a una crisis", ha destacado Díaz, quien ha insistido en que la evidencia de los datos ha puesto de manifiesto que el sistema de los ERTE ha funcionado. En un año y medio casi 3,5 millones de personas han recuperado sus puestos de trabajo manteniendo todos sus derechos.

Este mecanismo de flexibilidad interna, que está en línea con la respuesta europea que se ha dado a la crisis socioeconómica provocada por la COVID-19, es además el sexto acuerdo social en defensa del empleo que se suscribe con los agentes sociales del país.

La vicepresidenta ha recordado en este sentido que también la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha quedado validada con el Premio Nobel que acaban de recibir los economistas que han mostrado que un incremento del salario mínimo no se traduce en desempleo.

Los ERTE, ha insistido Díaz, generan tranquilidad y proporcionan confianza y así, en el Real Decreto-ley se han incorporado medidas de protección para las personas trabajadoras, las empresas y las personas autónomas afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma, pero también para el conjunto del archipiélago canario.

De este modo se valora la singularidad laboral y económica del archipiélago. "Acompañaremos a las palmeras y los palmeros, con todo lo que esté en nuestra mano, mientras sea necesario", ha afirmado la ministra.

A partir del 31 de octubre se inicia una nueva fase en los ERTE, que hasta ahora se habían ido renovando automáticamente. En adelante, la formación pasa a ser un mecanismo prioritario de la sostenibilidad del empleo.

En consonancia con las actuaciones que se están realizando en Europa en esta materia, el Real Decreto-Ley establece instrumentos de incentivación de la formación, que serán la clave para acceder a exoneraciones de la Seguridad Social. Se aumenta de modo significativo el crédito para formación en pequeñas empresas, que tradicionalmente han sido las que han quedado más alejadas de este mecanismo.

Otro de los aspectos remarcados por la vicepresidenta ha sido el denominado "contador a cero", que permite que las personas trabajadoras reciban la prestación del ERTE manteniendo intacto lo acumulado en su prestación por desempleo.

Asimismo, se mantienen los mismos beneficios en la prestación de cese de actividad de las personas autónomas y se mantiene la cobertura especial tanto para las personas fijas discontinuas, que desarrollan una actividad periódica, como para las personas artistas y las que su trabajo esté vinculado a las artes escénicas y espectáculos públicos.

Díaz ha señalado en este punto el compromiso del Gobierno con la mejora estructural de estos colectivos. "Por ello avanza a buen ritmo la elaboración del Estatuto del Artista y por ello los fijos discontinuos, con derechos y garantías, serán parte esencial en la modernización de nuestro sistema de relaciones laborales", ha asegurado la vicepresidenta.

Hasta el 28 de febrero se mantiene además el plan MECUIDA, que refuerza el derecho a la adaptación del trabajo. "Aspiramos a que el cuidado tenga un papel central y estructural en las dinámicas empresariales del futuro", ha recalcado Díaz.

La igualdad social, el refuerzo del vínculo de todas las personas trabajadoras, y muy especialmente de la juventud con el Estado de Bienestar, así como una formación que dé respuesta a las transformaciones en el mercado laboral es la base de este RD-ley, que finalmente ha sido validado por los diputados.

El Centro de promoción del transporte de mercancías por ferrocarril (CPTMF), la Asociación de propietarios y operadores de vagones de España (FAPROVE), VTG y la Unión de operadores de transporte combinado (UOTC) han asistido a la primera reunión en representación de las asociaciones de cargadores y operadores logísticos.

Por parte de las empresas ferroviarias, han participado en el segundo encuentro directivos de Renfe Mercancías, de Transfesa Logistics, de Ecorail, y de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP).

"Ahora vamos en serio, esto es más que un plan, esta es una estrategia central del Ministerio para subir más mercancías al tren. Queremos que sea una estrategia compartida con el sector y los operadores logísticos, con acciones inmediatas aprovechando la oportunidad de los fondos europeos. Estamos determinados para corregir la mayor anomalía de nuestro sistema de transportes; la irrelevante cuota de mercancías que se transporta por ferrocarril en España", ha trasladado al sector el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez.

Así, los encuentros responden al nuevo modelo de gobernanza y política de transportes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que, en el marco de la implantación de la estrategia del Ministerio para una movilidad segura, sostenible y conectada, apuesta por un enfoque global de la cadena logística, un impulso decidido para subir más mercancías al tren y un diálogo sincero y constructivo con el sector.

El objetivo principal de Mercancías 30 es más que duplicar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías en España en 2030, pasando al 10% desde el actual -inferior al 5%-, debido a su elevado potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia del transporte terrestre, realizado principalmente por carretera, modo que representa casi el 95% de las emisiones. No en vano, el transporte de mercancías en ferrocarril es casi cinco veces más eficiente que la carretera y sus emisiones directas son 12 veces menores en pauta no urbana.

Para ello, se está definiendo un paquete integral de medidas a corto y medio plazo, con un importe que superará los 8.000 millones de euros en los próximos años, gracias en gran medida a las inversiones previstas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por el Gobierno.

Así, Mitma tiene previsto destinar unos 1.500 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en impulsar la eficiencia del sistema de transporte y distribución de mercancías, mediante el fomento de la intermodalidad y la modernización y mejora de los nodos de distribución, haciendo hincapié en el sistema ferroviario, que juegan un papel predominante (mejora de las terminales, conexiones ferroportuarias, digitalización, ayudas a empresas).

En particular, la iniciativa Mercancías 30 incluye un Programa de apoyo al sector que contempla, con cargo al PRTR, más de 300 millones en ayudas a empresas en el ámbito ferroviario para actuaciones como:

• Implantación del estándar ERTMS en los vehículos ferroviarios

• Compra y renovación de vagones según criterios de interoperabilidad

• Compra y renovación de locomotoras con criterios ambientales

• Construcción adaptación o mejora de terminales de carga privadas y sus conexiones a la red ferroviaria

• Implantación de tecnologías y digitalización

• Eco-incentivos a la oferta para un transporte sostenible (por mérito ambiental)

Junto con estas medidas, el programa prevé también definir ayudas a las empresas ferroviarias que puedan verse significativamente afectadas por restricciones temporales de capacidad derivadas de actuaciones sobre la infraestructura y otras partidas para mantener la subvención en los cánones de mercancías que los operadores pagan al administrador de la infraestructura por la utilización de la red ferroviaria. Estas medidas elevarán por encima de los 900 millones de euros la partida total de ayudas a las empresas.

Estas reuniones dan continuidad a los contactos anteriores a través de la Manifestación de Interés realizada en el mes de marzo. El siguiente paso será la publicación del documento de trabajo y de las primeras convocatorias del programa de ayudas al transporte sostenible y digital, que cuenta con respaldo presupuestario para empezar a dar cumplimiento a los objetivos planteados.

El MITECO avanzará notablemente en el ritmo inversor de la transición energética y en el cumplimiento del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), con más de 2.200 millones destinados a la movilidad sostenible, el despliegue de renovables o el apoyo al hidrógeno verde.

También experimentarán un incremento muy relevante las partidas para políticas de protección ambiental. Destaca la subida hasta el 181% en los fondos para el litoral y los recursos hídricos, donde recalarán casi 860 millones del PRTR -más un incremento del 15% en el presupuesto sin contar con ese Plan-, así como 20 millones asignados a conciliar la presencia del lobo ibérico con la actividad ganadera.

Con el énfasis en la descarbonización y la cohesión social y territorial, la partida del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 correspondiente al MITECO se incrementa un 6% con relación a 2021, hasta los 5.817 millones. Por su parte, los recursos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE ascienden a 4.378 millones, un 36% por debajo del año pasado, de acuerdo con el calendario de reparto pactado con la Comisión Europea, que asignaba a 2021 un volumen mayor de la inversión total para acelerar todo lo posible su impacto positivo sobre la economía y disponer de un mayor margen de ejecución.

En dicho calendario de reparto se previó que el MITECO gestionaría 15.339 millones de los fondos europeos dedicados a superar la crisis sanitaria: 415 millones en 2020, 6.805 millones en este 2021, 4.253 millones en el próximo 2022 y 3.866 millones en 2023. Estas cantidades varían ligeramente por el ritmo de ejecución de los presupuestos precedentes y el adelanto de partidas con impacto social previstas para más adelante.

Por lo tanto, el presupuesto total del MITECO para 2022, considerando los fondos provenientes del PGE y los facilitados por la UE con cargo al PRTR, asciende a 10.195 millones de euros, la segunda mayor cantidad de su historia, y un 17,1% menos que en el ejercicio récord de 2021.

El 65% de los 4.378 millones provenientes de fondos europeos, implementados por medio del PRTR, le corresponden a la Secretaría de Estado de Energía, mientras que el 34% están asignados a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y el resto a entidades y organismos autónomos adscritos al MITECO, como Parques Nacionales, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) o las confederaciones hidrográficas.

En el capítulo energético se contemplan inversiones de enorme efecto tractor, como al Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde, dotado con 450 millones; al desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos, con 435 millones; al despliegue del almacenamiento energético, con 289 millones; al hidrógeno de origen renovable, con 555 millones; o al Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, con 434 millones.

En el ámbito del medio ambiente y el reto demográfico, por su parte, la dotación se aumenta un 18,5% con relación a 2021, hasta sumar 1.677 millones. En este capítulo destacan las inversiones al Programa de regeneración de vivienda y reto demográfico, dotado con 350 millones; a la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, con 343 millones; a actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras, con 255 millones; al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, con 344 millones; y al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, con 300 millones.

En el importe que el PGE asigna al MITECO, de 5.817 millones, se incluyen las transferencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para sufragar varios costes del sistema eléctrico, como la retribución de las instalaciones renovables históricas o la generación de electricidad en los territorios no peninsulares. Sin estas transferencias, que suman 3.695 millones, el presupuesto del MITECO para 2022 se incrementará un 11,37% con relación al presente ejercicio, hasta los 2.122 millones. Todos los servicios y organismos ven aumentada su dotación presupuestaria.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente -sin contar con el PRTR- cuenta con 1.157 millones, un 11,5% más que en 2021. Entre las principales novedades figura un aumento de 100 millones en la inversión en saneamiento para actuaciones FEDER, y una dotación de 20 millones para la gestión del lobo ibérico y la conciliación de su presencia con la actividad ganadera.

En la Secretaría de Estado de Energía, con una dotación de 827 millones -un 5% más elevada-, sobresale un aumento en 48 millones para el bono social térmico, que alcanza los 157 millones, con la finalidad de aumentar la protección de los consumidores vulnerables. También se han incluido 41 millones para el Fondo de Transición Justa y transferencias al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) por más de 41 millones para innovación y creación de cadena de valor, apoyo a colectivos vulnerables y trabajos técnicos y divulgativos.

El presupuesto de la Secretaría General para el Reto Demográfico crece un 193,5% y casi alcanza 56 millones. Se trata de 37 millones adicionales destinados a las Comunidades Autónomas, Entidades locales, empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro para nuevas actuaciones, como el Observatorio de Cohesión Territorial, el Fondo de Cohesión Territorial, el Campus Rural, Proyectos Innovadores y Centros de Innovación Territorial.

En la Subsecretaría, con 81 millones -crece un 34%- destaca el incremento en la Contribución Voluntaria al Fondo de Adaptación de Comisión Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la Contribución voluntaria al Fondo Medioambiental del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

El presupuesto del subsector formado por los Organismos Autónomos y resto de entidades con presupuesto de gastos limitativo adscritas al MITECO, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asciende a 1.670 millones, un 9,5% más que en 2021. De esta cantidad, 1.518 millones corresponden a presupuesto nacional, y 152 millones a presupuesto con cargo a los fondos europeos.

Como aspectos más destacados, se incrementa un 107% el presupuesto de Parques Nacionales, hasta los 83 millones y sube en 68 millones el presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, porque asume vía convenio la ejecución de importantes inversiones de saneamiento urgentes, financiadas con el FEDER, más actuaciones de abastecimiento a Melilla. Finalmente, el ITJ ve incrementado su presupuesto en 19,5 millones, hasta los 441 millones; el CSN se mantiene en los 47 millones, y la AEMET aumenta un 2,85, llegando a los 127,5 millones.

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales para el Estado para el año 2022 prevé una inversión de 6.036 millones de euros para el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), 339 millones más que en 2021, centrados en la equidad, la Formación Profesional y la digitalización. El programa más importante será el de becas y ayudas a los estudiantes, para el que se destinarán 2.150 millones de euros, lo que supone un incremento del 44% desde el año 2017.

Dentro del presupuesto del MEFP, la parte correspondiente al presupuesto nacional sube un 14% respecto a 2021, hasta los 4.383 millones de euros. A estos se suman 1.653 millones del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.

Mejorar la equidad en nuestro sistema educativo es uno de los principios básicos del Gobierno y del MEFP y así queda reflejado en el presupuesto. Por ello, pone el acento en la política de becas y ayudas, que en cuatro años ha subido un 44%, hasta los 2.150 millones de euros. El objetivo es llegar a quienes más lo necesiten y reducir el abandono escolar temprano por motivos económicos.

En la convocatoria de 2021-22, se calcula así que las becas lleguen a unos 986.000 alumnos y alumnas, lo que supondrá un crecimiento del 10% respecto a 2020-21, que contó con 896.427 perceptores. Se trata de unas cifras históricas en lo que se refiere al montante total destinado a becas y también en beneficiarios de las mismas.

Entre otras novedades, la convocatoria de 2021-22 incluye el aumento de la cuantía de la beca base para Formación Profesional Básica, de 300 a 350 euros. Esta medida se suma al aumento de las cuantías fijas en 100 euros, la elevación del umbral de renta 1 y el aprobado como nota de acceso a estas ayudas, mejoras ya introducidas en la anterior convocatoria.

En materia de inclusión, la convocatoria 2021-22 incorpora al alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Para estudiantes víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de la acreditación, por parte de alguna autoridad educativa, de que el menor rendimiento académico del solicitante esté directamente relacionado con la violencia sufrida.

"El objetivo de las becas y ayudas al estudio es garantizar el derecho a la educación de todas las personas. No solo el acceso, sino también la permanencia en el sistema educativo. Necesitamos todos los talentos y debemos poner los medios necesarios para que todos los estudiantes sigan su proceso formativo, sean cuales sean sus circunstancias", ha valorado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

La Formación Profesional para el Empleo es el segundo programa con mayor financiación, con 1.151 millones de euros, lo cual supone un incremento del 24,46% respecto al año anterior. El MEFP asumió estas competencias en 2020, dentro del proceso de modernización de la Formación Profesional. El proyecto Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, actualmente en trámite parlamentario, diseña un único sistema que integra la formación profesional de estudiantes y trabajadores empleados y desempleados.

Por otra parte, 111 millones de euros irán destinados a la red educativa y cultural en el exterior, que se desarrolla en 49 países de los cinco continentes, moviliza a 1.260 docentes y atiende a 50.000 alumnos y alumnas. Incluye 18 centros de titularidad española de Educación Primaria y/o Secundaria y 14 agrupaciones de lengua y cultura española en 12 países que suman 365 aulas.

En Ceuta y Melilla, donde el MEFP tiene la competencia educativa, el ministerio destinará 632 millones de euros a Educación Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas y educación compensatoria. En educación Infantil y Primaria, el presupuesto en las ciudades autónomas alcanza los 193 millones de euros.

El presupuesto nacional se completa con 1.653 millones de euros del Mecanismo Europeo, del total de 4.687 millones en tres años previstos para la modernización en equidad del sistema educativo, la digitalización y el desarrollo de la Formación Profesional. Esta inversión permitirá avanzar hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible del aprendizaje, adaptado a las necesidades del alumnado.

La planificación y ejecución de las inversiones se realizará mediante programas de Cooperación Territorial con las Comunidades Autónomas. Entre otras partidas, en 2022, 120 millones irán al Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (PROA+); 333,82 millones a la creación de plazas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública para extender la escolarización de este ciclo y compensar los efectos de las desigualdades de origen socioeconómico (el plan prevé la creación de 60.000 plazas en tres años); 341,5 millones irán a la transformación digital de la educación; y 206,66 millones irán al Plan de modernización de Formación Profesional.

El Ministerio de Política Territorial contará en 2022 con un presupuesto de 510 millones de euros, con un incremento de 75,4 millones de euros, un 17,36% más. El secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, destaca que este presupuesto "permitirá consolidar las líneas principales de actuación del Ministerio, reforzando la colaboración interterritorial, con la voluntad política de dialogar y alcanzar acuerdos con todas las administraciones públicas".

Fortalecerá también a las entidades locales, "recibirán 149 millones de euros en 2022 en el marco del Plan de Recuperación para su modernización y digitalización, también aumentan las aportaciones a la cooperación local superando los 36 millones y se incrementa la subvención a la FEMP". Asimismo, mejorará la prestación y calidad de los servicios de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, "con 272 millones, 6,6 millones más que en 2021, para reforzar su labor y la presencia de la AGE en el territorio".

Alfredo González subraya que el presupuesto del Ministerio de Política Territorial "va a consolidar la colaboración entre las distintas administraciones públicas, va a mejorar la cohesión territorial y va a garantizar que la recuperación económica y social llegue hasta el último rincón de nuestro país".

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Ministerio de Política Territorial contará con 391,4 millones de euros en 3 años para financiar el Plan de modernización de las entidades locales y con 4 millones de euros para digitalización y modernización de actuaciones y servicios del propio departamento ministerial.

De esta cantidad global, en 2022 se dispondrá de 149,7 millones de euros para las EELL y 2 millones de euros para proyectos del Ministerio. A modo de ejemplo, se promoverán iniciativas para el desarrollo de plataformas de colaboración interadministrativa y simplificación y mejora de plataformas existentes relacionadas con las subvenciones para entidades locales.

El Ministerio de Política Territorial cuenta con 6 Programas: 4 programas presupuestarios de gastos ejecutados directamente por los centros directivos del departamento ministerial y 2 programas vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre los programas destaca, más allá de los vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya mencionados, el programa de AGE en el Territorio que dotado con 272,69 millones de euros promueve la puesta en marcha del Plan Estratégico integral, con aumento humano y técnico para la mejora de los servicios de la AGE en el territorio e inversiones de modernización tecnológica en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Se mejorará servicios en áreas importantes como Oficinas de Extranjería, Centros de Vacunación Internacional, Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y Puestos de Inspección Fronteriza.

También el programa de organización territorial del Estado y sistemas de colaboración, financiado con 10,85 millones de euros, que persigue impulsar la colaboración interadministrativa entre los tres niveles territoriales (central, autonómico y local). En el marco de este programa se ha presupuestado un futuro convenio con CCAA para el establecimiento de un sistema de indicadores que permitan medir el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa.

Por último, en el programa de cooperación económica local del Estado se impulsa el sistema de cooperación entre la AGE y las entidades locales mediante su participación en diferentes líneas de actuación que aportan recursos financieros especiales a las EELL para el desarrollo de sus políticas públicas. Está dotado con 36,4 millones de euros, con un incremento del 2,83%. Destaca el incremento del 19%, hasta alcanzar 2,5 millones de euros, de la transferencia a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se mantienen 30 millones de euros para financiar el Fondo de Inversión de Teruel (FITE).

El presupuesto para 2022 del Ministerio de Igualdad supera, por primera vez, los 500 millones de euros, alcanzando los 525 millones, lo que supone un incremento del 14,4%. Además reafirma el compromiso en la lucha contra todas las violencias machistas destinando 56 millones de euros más que el año pasado en planes y programas contra las violencias machistas, hasta alcanzar los 285 millones de euros, es decir un 25% más y un 54% del total. El incremento porcentual del presupuesto para 2022 del Ministerio de Igualdad es cinco veces superior al presupuesto total, lo que supone continuar la senda iniciada por el Gobierno de coalición en la deuda histórica con las políticas de igualdad.

El 43% del presupuesto del Ministerio de Igualdad para 2022 se destinará a programas dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades. A este objetivo irán 225 millones de euros. El 1%, 4 millones de euros, se dedicarán a políticas de igualdad de trato y atención a la diversidad. Igualdad de trato y diversidad es el programa que más incremento porcentual tiene, un 132,4% con respecto al pasado ejercicio.

El incremento del 14,4% se distribuye en los siguientes programas:

En lo que se refiere al aumento de los fondos provenientes del Mecanismo de Transformación Recuperación y Resiliencia; "Plan España te protege contra la violencia machista" se produce un incremento de 27 millones de euros, un 55,7%.

La prevención de violencia de género se incrementa en 29 millones de euros, un 16,1% con respecto a 2021.

Y por último, las políticas de fomento de igualdad de oportunidades se incrementan 3 millones de euros, un 1,4% en relación a 2021.

Distribución del Presupuesto por capítulos

Casi tres cuartas partes (74%) del presupuesto del Ministerio de Igualdad son transferencias (capítulo 4), las inversiones y transferencias de capital ascienden al 20% (capítulos 6 y 7), el gasto de personal (capítulo 1) es del 3% y los gastos corrientes también suponen el 3% de los gastos del Ministerio (capítulo 2).

El presupuesto del Instituto de las Mujeres, se incrementa de 20,4 millones a 23,6 millones, un 16% más que en 2021. Se financia a través del incremento de la transferencia interna del Ministerio al Instituto de las Mujeres, para la ejecución de programas propios, y de 1 millón de euros de presupuesto propio del Instituto de las Mujeres.

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 fue aprobado el pasado 7 de octubre en el Consejo de Ministros. Unos presupuestos que se asientan sobre una estrategia fiscal y presupuestaria focalizada en el apoyo a una recuperación justa tras la crisis ocasionada por la pandemia, en el impulso de un proceso de cambio estructural de la economía, así como en la consecución de un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico y financiero, lo que posibilitará avanzar hacia un país más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 avanzan en el incremento de los recursos humanos del sistema universitario para reforzar su capacidad docente e investigadora. Así, tanto el Personal Docente e Investigador como el Personal de Administración y Servicios se consideran sector prioritario del empleo público. En esta línea, se amplía la tasa de reposición al 120% (un 10% más que en 2021). Esta medida permitirá la aceleración en la contratación de muchos y muchas docentes e investigadoras: por cada 100 jubilaciones, se incorporarán 120 personas. Esta fuerte apuesta redunda en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de Universidades, ya en marcha a través de el resto de normas anunciadas a lo largo de la actual legislatura, donde se encuentran la mejora la calidad así como sentar las bases para la eliminación de la precariedad.

En el propósito de continuar con la mejora del actual sistema estatal de becas y ayudas al estudio, los PGE para 2022 incrementan las dotaciones del sistema de becas y ayudas al estudio y que destacan por su importancia cualitativa y cuantitativa el programa de becas y ayudas a estudiantes, que representa el 43,8 por ciento del total de la política, con una dotación de 2.199 millones de euros, 109 millones más que en 2021. En el curso 2020-2021 ha habido 896.427 beneficiarios de becas en el conjunto del sistema educativo. Así, para el curso 2021-2022 hay previsto un incremento del 10% por lo que alcanzaríamos los 986.000 donde más de 400.000 serán becas universitarias. A todo ello hay que sumar que las dotaciones para la cofinanciación del Programa Erasmus+ se incrementan un 33% para sumar 40 millones de euros.

En línea con lo ya avanzado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se consolidan las ayudas a universidades públicas para la recualificación y movilidad del PDI. Las ayudas de recualificación persiguen tres objetivos: en primer lugar, se quiere ofrecer a jóvenes doctores la oportunidad de llevar adelante su investigación con una beca de excelencia de tres años de duración; seguidamente promover la recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado mediante la promoción y la movilidad para desarrollar proyectos de investigación, transferencia e innovación; y por último la atracción de talento internacional hacia el sistema universitario español.

Por otro lado es necesario destacar que de la dotación del presupuesto del Ministerio de Universidades, un 39 por ciento se dedica a juventud. Así, recogemos actuaciones por importe de 168 millones de euros que se corresponden con un uno por ciento del total presupuestado en los PGE para los jóvenes.

Dentro de las diferentes partidas dedicadas a la investigación universitaria son de vital importancia las ayudas para contratos predoctorales de formación del profesorado universitario (FPU) que se incrementan en 5 millones de euros, alcanzando los 80 millones, y las ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades es- pañolas, que también se incrementan en casi 5 millones de euros.

Dentro de la apuesta del gobierno en el reto demográfico se encuentra también por parte del Ministerio de Universidades uno de los objetivos estratégicos que forma un pilar fundamental en nuestro sistema universitario: los centros territoriales de la UNED. Estas actuaciones tienen el objetivo de promocionar y fomentar de los centros territoriales de la UNED, desarrollándose como importantes puntos de reactivación de entornos deprimidos demográficamente.

En definitiva, unos presupuestos que siguen la senda de reducción de la precariedad y ampliación de las posibilidades de las propias universidades teniendo en sus ejes centrales medidas para mejorar la calidad, la internacionalización, las condiciones de el personal universitario y siempre a través de una mirada puesta en un beneficio para los y las estudiantes.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, "es imprescindible incorporarse al mundo digital para afrontar con éxito la internacionalización ya que se abren oportunidades de crear nuevos negocios, así como para ser más competitivos y resilientes. En este contexto, las Cámaras de Comercio Españolas y Federaciones oficiales en el exterior juegan un papel clave para ayudar y asesorar a nuestras empresas a abrirse en el mercado exterior".

El objetivo de estas ayudas es contribuir a la transformación digital y modernización de estas Cámaras para fortalecer sus sistemas de comunicación y servicios telemáticos para mejorar la competitividad de las empresas españolas en el exterior, en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plazo de solicitud es de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el BOE. La solicitud de ayudas se podrá realizar a través de la web de 'Procedimientos Electrónicos' del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión contemplará la introducción de medidas para impedir nuevos copagos sanitarios y otras que redundarán en beneficio de las personas con discapacidad. Así lo ha adelantado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante el acto de entrega del premio CERMI.ES 2021 que el Comité Español de Representantes con Discapacidad ha otorgado al Ministerio de Sanidad en la categoría de 'Acción Social'; un acto al que también han asistido el presidente del CERMI, Luis Cayo; la directora ejecutiva, Pilar Villarino; y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín.

La ministra ha subrayado el compromiso del Gobierno de España en seguir dando pasos firmes hacia una sociedad cada vez más inclusiva, justa y próspera, sin dejar a nadie atrás. Así, ha avanzado que el Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión establecerá las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía, blindando la normativa sanitaria. Por otro lado, ha detallado Darias, la nueva legislación homogeneizará los colectivos exentos del copago farmacéutico y ortoprotésico, lo que va a significar que los menores con discapacidad reconocida y los colectivos que ya fueron eximidos del copago farmacéutico, también lo serán del copago ortoprotésico.

CERMI ha premiado en esta edición al Ministerio de Sanidad por su decisión de modificar la legislación para eximir de pago a la prestación farmacéutica para menores de 18 años con discapacidad. La ministra de Sanidad ha destacado cómo la eliminación progresiva de los copagos introducidos en el año 2012 forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España.

Así, ha recordado Darias, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, los familiares de los menores con discapacidad, más de 112.000 personas en nuestro país, ya no tienen que copagar los medicamentos que sus hijos necesitan. En la misma línea, ha proseguido, se encuentra la eliminación del copago farmacéutico de los hogares más vulnerables de nuestro país y los pensionistas con rentas más bajas.

Por otro lado, la ministra de Sanidad ha repasado algunas de las medidas que el Gobierno de España ha llevado a cabo "para mejorar la vida de las personas con discapacidad, bajo los principios de equidad y cohesión social".

Así, ha detallado Darias, se ha creado un catálogo de productos ortoprotésicos para todo el SNS, incluyendo un centenar de nuevos productos, además de haber minimizado las barreras económicas, al establecer un tope de financiación, con la finalidad de que no se tengan que pagar cantidades adicionales a las financiadas; medidas que se suman a la incorporación de representantes del colectivo de la discapacidad al Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica del SNS, lo que redunda en la mejora de la participación ciudadana y la transparencia.

Por último, la ministra de Sanidad ha mostrado su convencimiento de que será posible la reforma del artículo 49 de la Constitución, para eliminar la palabra "disminuidos" y sustituirla por otra terminología.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad otorga anualmente sus premios CERMI.ES; galardones que reconocen las iniciativas, acciones y la labor de personas o instituciones a favor de la inclusión laboral, la investigación social y científica, la accesibilidad universal, la cultura inclusiva, la responsabilidad social, el activismo y la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros, en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

El ministro se ha referido además a que el agroalimentario es uno de los sectores clave para afrontar el reto demográfico y el equilibrio territorial entre las áreas rurales y las urbanas. Ha destacado que jugó un papel fundamental durante la crisis sanitaria de la Covid-19, asegurando el abastecimiento de alimentos y que mantiene un constante crecimiento de las exportaciones. "Nuestra cadena alimentaria es un puntal clave para la España que todos queremos", ha apostillado.

A pesar de su dinamismo, el sector agroalimentario, y a ello se dedicarán importantes partidas en los PGE, debe seguir transformándose y adaptándose para responder a los retos de la digitalización y del cambio climático, así como del relevo generacional y afianzar la presencia de la mujer en el medio rural.

Los fondos para financiar la Política Agraria Común (PAC) en 2022 suben el 3,6 % frente a 2021 y se sitúan en unos 7.420 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA) y del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER).

La PAC, un apoyo a la renta de agricultores y ganaderos, contará con líneas específicas para los jóvenes, así como para la mujer, apuesta de forma decidida por la formación, la innovación, la digitalización, además de con acciones en favor del medio ambiente y para luchar contra el cambio climático.

Se trata de una política importante para los agricultores y ganaderos españoles, pero también para el conjunto de la sociedad, ya que permite poder disfrutar de alimentos sanos, seguros y a unos precios asequibles, ha señalado el ministro, que ha pasado a especificar algunas de sus principales apoyos.

En este capítulo se encuentran los gastos destinados al sostenimiento de las rentas de los agricultores, con 2.805,6 millones de euros; los pagos por prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente, con 1.386,8 millones de euros; las ayudas asociadas a la producción destinadas a sectores en dificultad o socioeconómicamente sensibles, con 612,2 millones de euros, de las cuales el 76 % están dirigidas a la ganadería, particularmente a la ganadería extensiva y al sector lácteo. También está consignado el complemento de pago a los jóvenes agricultores, con 54,4 millones de euros, que son complementarios a las ayudas que reciben del segundo pilar (desarrollo rural) de la PAC a través de las comunidades autónomas (en 2020 fueron 158 millones de euros); así como los programas sectoriales y medidas de mercado, con 555,2 millones de euros, que incluyen las ayudas a los programas de apoyo al sector del vino, frutas y hortalizas, apícola, programas de frutas y leche en las escuelas, promoción y eventuales medidas de regulación de mercado.

En este capítulo se halla, además, el programa de apoyo a las Islas Canarias, POSEICAN, con 268,4 millones de euros, cantidad a la que se suman 18 millones de euros financiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son ayudas cofinanciadas entre la Unión Europeo, a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, el Estado y las comunidades autónomas.

La participación del FEADER en 2022 ascenderá a 1.737,3 millones de euros. Por su parte, la participación del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sumará 158,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 50 % respecto a 2021. Con esta subida el Gobierno de España responde a su compromiso con el refuerzo del apoyo a las medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas para el periodo de programación 2021-2027.

Las medidas de desarrollo rural se destinan principalmente a inversiones en explotaciones e industrias agroalimentarias, instalación de jóvenes agricultores, medidas agroambientales y agricultura ecológica, ayudas a zonas con limitaciones naturales, apoyo a la iniciativa local en el medio rural a través de los grupos LEADER, entre otras medidas.

Por otro lado, otra de las partidas más importantes para 2022, por su clara incidencia en los principales sectores agroalimentarios con mayor capacidad de transformación del tejido socioeconómico son las inversiones contempladas en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Este año contará con un montante de 503,6 millones de euros, el 24 % más frente al 2021. Un total de 303 millones de euros se destinarán a la modernización del regadío, una clara apuesta por reforzar el ahorro de agua y la eficiencia energética. La mejora de la competitividad de la agricultura y la ganadería contará con 118,3 millones de euros para modernizar las explotaciones con agricultura de precisión, una mayor eficiencia energética y profundizará en el uso de las energías renovables.

El Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero contará con 57,4 millones de euros, mientras que la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural contará con 14,8 millones de euros. Otros 10 millones de euros se destinarán a desarrollos informáticos para facilitar la aplicación de la PAC.

La política de seguros agrarios, uno de los pilares de la política agraria de España, dispondrá de 256,7 millones de euros, que amplía en 3 millones de euros el presupuesto del año anterior y consolida la apuesta del ministerio por esta herramienta, que en 2021 registró un incremento presupuestario superior al 20 %, año el que recibió la mayor asignación financiera desde 2012.

Para el área de agricultura y alimentación, el presupuesto asciende a 503,5 millones de euros, un 12,2 % más frente al año anterior. Esa cifra llega a casi 950 millones de euros, un 13,41 %, al incluir la partida de los PRTR que se gestiona desde la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.

En materia de calidad de la producción y de los mercados agrarios, los principales objetivos son la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. El presupuesto aumenta el 4,4 %, hasta los 45,9 M€.

La modernización de maquinaria y tecnología agrícola contará con 6,6 millones de euros. Se mantiene el compromiso con el Plan Renove de maquinaria agraria, que propiciará la incorporación al parque de unidades modernas, dotadas de las últimas tecnologías, más eficaces, eficientes y seguras.

Destaca también la subida del 71,6 % de la partida para fomentar la apicultura, con 4,7 millones de euros. Además se potencia la sostenibilidad y competitividad de la biodiversidad ganadera, con 4,9 millones de euros.

En materia de sanidad de la producción agraria, se destinarán 20 millones a la sanidad animal y 15 millones de euros a la sanidad vegetal. La línea Apoyo al comercio exterior y control en frontera agrícola y ganadera dispondrá de 500.000 euros más para iniciar las mejoras necesarias en el control oficial internacional de mercancías.

En materia de industria alimentaria, el total de presupuesto aumenta un 0,8%, hasta 25,3 millones de euros para continuar con las actuaciones desarrolladas en 2021 y reforzar las actuaciones dirigidas a mejorar la sostenibilidad del sector agroalimentario (Estrategia "De la Granja a la Mesa" y puesta en marcha del proyecto de Ley frente al Desperdicio), o el incremento de la producción ecológica, con el desarrollo de una Hoja de Ruta para cumplir el objetivo marcado por la UE de alcanzar en 2030 que el 25 % de la Superficie Agraria Útil sea ecológica.

En lo que se refiere a desarrollo rural, innovación y formación agroalimentaria -además de los 303 millones de euros del PRTR para modernizar regadíos- se aumenta hasta 158,6 millones (más de un 50 % de subida frente al 2021) el crédito para cofinanciar los gastos de los programas de desarrollo rural españoles, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno para el nuevo periodo de programación 2021-2027.

Se refuerzan las líneas de apoyo del MAPA a favor de los jóvenes y las mujeres rurales y se incrementa la dotación presupuestaria hasta 1,8 millones de euros para consolidar el apoyo a la transformación digital agroalimentaria.

Por otro lado, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) cuenta en 2022, con más presupuesto. Con 9,3 millones de euros, casi un 13 % más que el presupuesto de 2021. La Agencia pasa a tener un papel aún más relevante en materia de resolución de expedientes e investigaciones, además pasará a controlar más prácticas abusivas en la cadena alimentaria.

El presupuesto de la Secretaría General de Pesca asciende a 72,8 millones de euros, un 11,2 % más que en 2021, que, con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suma 130,3 millones de euros (+57 %). Este presupuesto permitirá consolidar la apuesta por una gestión pesquera sostenible, basada en el mejor conocimiento científico, para lograr los objetivos de la Política Pesquera Común.

En el ámbito pesquero, destacan dos programas importantes. El primero, protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible, con una dotación de 18,27 millones de euros, un 11,2 % más que en 2021 reforzará el conocimiento científico como pilar fundamental en la toma de decisiones en materia de gestión pesquera.

El segundo programa, con 45,65 millones de euros, casi un 13 % más frente al 2021, financia medidas para apoyar a las organizaciones de productores y reforzar la competitividad del sector acuícola, a través del desarrollo tecnológico y la innovación, así como la competitividad en el sector pesquero en el marco del Crecimiento Azul.

También pone el foco en avanzar hacia la igualdad de género efectiva en el sector pesquero, la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, así como en la consolidación del liderazgo español en el control e inspección pesquera.

En línea con la estrategia de fomentar el fortalecimiento de la cadena de valor en el sector pesquero, a través de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores, se eleva el apoyo a las mismas desde los 6 a los 13,5 millones de euros (+125% con respecto a 2021).

A las actividades de control e inspección pesquera se destinará 10,5 millones de euros (+11 %). Los fondos necesarios para la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca ascienden a 8 millones de euros (+3,9 %). Con esta cantidad se abordarán las situaciones en las que se producen las paradas temporales de la flota, dedicadas a mantener un estado biológico satisfactorio de los recursos pesqueros, permitiendo transferir a las comunidades autónomas los importes de 2022.

El ministro Luis Planas ha destacado que se trata de unos presupuestos que apuestan por el sector agrícola, ganadero, pesquero y, en general, por el conjunto agroalimentario.

"El sector fue centro de resistencia y ahora, sin duda, estará en el centro de la reactivación económica del país y jugará un papel clave en la recuperación justa de la economía española de la que todos saldremos más fuertes", ha asegurado el ministro.