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05
Oct
2021
El Gobierno aumentará el IBI a las viviendas vacías PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CCOO MadridPSOE y UP alcanzan un acuerdo para tramitar la nueva Ley de Vivienda a cambio de sacar adelante los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en el I Foro Urbano de España que el Gobierno de coalición ha alcanzado un acuerdo para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2022, así como para aprobar "la primera Ley Estatal de Vivienda en la historia de la democracia española". Sánchez ha anunciado que las cuentas incluirán un plan especial para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda y un bono joven para el alquiler.

Este bono, dotado con 250 euros mensuales durante dos años, beneficiará a los jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas del trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. En el caso de las familias más vulnerables, podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40%.

"Estamos hablando de una recuperación económica justa y ello implica facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a aquellos más vulnerables ante la precariedad como son, por desgracia, nuestros jóvenes", ha resaltado Sánchez en un acto organizado por ONU-Habitat que ha contado con la presencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. En este sentido, el presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de adelantar la edad de emancipación de los jóvenes para acercarla a la media europea.

Sánchez ha asegurado además que el Gobierno aprobará la primera Ley Estatal de Vivienda de la democracia, que ofrecerá "cobertura jurídica a la vivienda social y protegida". El acuerdo en el seno del Gobierno de coalición, ha destacado, hará posible una norma garantista de derechos, sólida, completa y transversal. Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de dos importantes medidas para impulsar la rehabilitación residencial en España y que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En primer lugar, un Real Decreto que regula las ayudas a la rehabilitación de viviendas. El paquete de medidas que abarca esta norma incluye ayudas para la rehabilitación de viviendas y urbanización o reurbanización de espacios públicos o barrios, orientadas a incentivar obras en edificios para mejorar la eficiencia energética cubriendo hasta el 80% del coste según el ahorro conseguido y para fomentar la mejora energética en viviendas individuales que pueden cubrir hasta el 40% del coste.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto-Ley que añade nuevas deducciones por rehabilitación de vivienda en el IRPF por valor de 450 millones y una línea de avales ICO de 1.100 millones de, euros para incentivar obras de eficiencia energética. Estas nuevas medidas sobre vivienda se suman a las desarrolladas por el Gobierno en los últimos tres años. "Este amplio abanico de políticas activas de vivienda va a seguir desplegándose durante los próximos dos años", ha añadido Sánchez que ha señalado que su objetivo es completar una legislatura "sin precedentes a favor de las políticas de vivienda".

En su conjunto, el Gobierno prevé destinar un total de 6.820 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a regeneración urbana, construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes y rehabilitación. El objetivo del Gobierno es llevar a cabo más de medio millón de actuaciones de rehabilitación de viviendas en los próximos años.

Sánchez ha avanzado que, en línea con la iniciativa de la Nueva Bauhaus Europea, el Gobierno presentará en breve la Ley de Calidad de la Arquitectura, un nuevo instrumento normativo que permita que los fondos europeos tengan una incidencia directa positiva en la ciudadanía. "Necesitamos ciudades cohesionadas y sostenibles, ciudades limpias y propicias a la emancipación de los jóvenes. Esos son los objetivos", ha remarcado. En sus palabras, los instrumentos para ello serán el nuevo bono joven de vivienda, el macroimpulso de la rehabilitación, las normas de movilidad sostenible y la Ley de Arquitectura.

El Gobierno ha aprobado, a través de un Real Decreto-Ley, un conjunto de medidas urgentes para paliar los daños causados por la erupción volcánica de La Palma. Estas actuaciones, por importe de casi 214 millones de euros, se suman a las ya acordadas en el Consejo de Ministros de la semana pasada.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha reiterado que para el Gobierno es una prioridad absoluta la reconstrucción de la isla de La Palma, paliar los daños que están sufriendo sus habitantes y que las ayudas lleguen con rapidez y celeridad. De hecho, ha asegurado que los 10,5 millones aprobados la semana pasada para ayudas en vivienda y enseres materiales ya están a disposición de las autoridades canarias.

Las subvenciones y ayudas directas aprobadas se dirigen a paliar daños en viviendas, locales, entorno productivo, agrícola y pesquero, infraestructuras y medio ambiente. En el ámbito de las viviendas y los negocios, ha detallado Bolaños, se establecen ayudas directas a las personas físicas y jurídicas para los casos de destrucción o daños estructurales, mientras que en el caso del sector agrario y pesquero, se destinarán 20,3 millones de euros para daños en regadíos y caminos rurales y para la pesca y la acuicultura. Asimismo, se contempla la permuta de fincas afectadas por otras de titularidad pública donde puedan reubicarse las explotaciones agroalimentarias.

La reparación de las infraestructuras se articula a través de ayudas a entidades locales por un total de 22 millones de euros así como del apoyo a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo insular para restablecer la red de carreteras, con 40,5 millones. En cuanto a los espacios naturales, se prevén fondos para la Reserva de la Biosfera de la Palma, el Parque Nacional de la caldera de Taburiente y la investigación del volcán y sus erupciones. Bolaños ha resaltado el papel fundamental de la ciencia, especialmente para la prevención.

En el terreno laboral, el texto recoge un Plan extraordinario de formación y empleo, por importe de 63 millones de euros; la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones devengadas -entre octubre y enero-, y la posibilidad del rescate anticipado de planes y fondos de pensiones, como ocurrió en la pandemia.

Las medidas fiscales, ha continuado el ministro, incluyen la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2021 de viviendas y establecimientos dañados por la lava, la reducción de cuotas del Impuesto de Actividades Económicas, el aplazamiento de deudas tributarias y la bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales para potenciar las inversiones empresariales en la isla. Además, los autónomos y las empresas podrán suspender temporalmente los contratos de suministro de electricidad y resolver los contratos de las instalaciones destruidas.

Asimismo, se prevé una financiación extraordinaria de un millón de euros a Canarias para la prestación básica de servicios sociales y atención a las víctimas de violencia de género. Otras actuaciones, ha finalizado el ministro, se orientan a proteger a los consumidores -incluyendo la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos, con y sin garantía hipotecaria- y a facilitar que los ciudadanos que han perdido sus casas acrediten la situación en que se encuentran.

Félix Bolaños ha garantizado que es compromiso del Gobierno el trabajo constante y coordinado con todas las administraciones públicas, ya que, ha dicho, "lo público es la última red de seguridad de todos los ciudadanos ante las emergencias".

El ministro ha elogiado la colaboración y lealtad institucional "ejemplar" entre el Gobierno de España y el de Canarias, el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos, que se han reunido ya dos veces desde la constitución, la pasada semana, de la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma: "Todos tenemos el objetivo de paliar los daños y de no dejar a nadie que empiece su proyecto vital de cero".

Respecto a la Comisión Interministerial para la ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma, reunida ayer, Bolaños ha destacado su carácter clave para ultimar las medidas hoy aprobadas, en cuya elaboración han participado diecisiete ministerios.

El Ejecutivo ha regulado los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De este modo, se podrán implementar dos de las principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 millones de euros. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el plan contempla la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social, con una inversión de 1.000 millones de euros.

El programa, además de la rehabilitación de viviendas particulares, recoge la posibilidad de rehabilitar barrios completos. La portavoz ha precisado que se subvencionarán hasta el 80 % de las actuaciones, con un máximo de 21.400 euros por vivienda. En caso de vulnerabilidad social o económica, las ayudas podrán cubrir hasta el 100 % del coste de las mejoras en edificios, barrios y hogares. Además, se apoyará el despliegue de oficinas locales para facilitar la información y la gestión de las ayudas.

En este mismo ámbito, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR. Se introducen tres deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de hasta el 60 %, por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales; se facilita la toma de decisiones para realizar obras que aumenten la eficiencia de un edificio, y se crea una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de hasta 1.100 millones para favorecer el acceso a la financiación.

La portavoz ha resaltado que estos dos acuerdos, que suman más de 5.500 millones de euros, contribuirán a favorecer la emancipación de los jóvenes y completan otras decisiones ya adoptadas para aumentar su empleabilidad, cualificación, formación profesional y el salario mínimo interprofesional.

Isabel Rodríguez ha añadido que la política de vivienda es un eje de transformación de España porque es transversal y contribuirá a la modernización de las infraestructuras y a la recualificación de los profesionales de la construcción, supondrá oportunidades laborales para los más jóvenes y la transformación energética del país: "Quizás toca todos los palos del plan de recuperación y va a generar empleos a corto plazo".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha avanzado que la futura ley de vivienda será la primera ley estatal en este ámbito de la democracia y garantizará el derecho a un hogar digno a los colectivos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y a los jóvenes que tienen dificultades para emanciparse. "Vamos a contener y reducir los precios del alquiler y vamos a incrementar de manera muy notable el parque público de vivienda, también en alquiler", ha remarcado. Un 30% de las casas que se construyan se destinarán a vivienda protegida y de estas la mitad será para alquiler social.

Félix Bolaños también se ha referido al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha avanzado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluirán un bono de 250 euros mensuales de ayuda al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años con niveles de renta bajos.

El Gobierno ha autorizado transferir 500 millones de euros a las comunidades autónomas para proyectos de digitalización y conectividad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es asegurar el acceso a la conectividad a través de la banda ancha y los conocimientos digitales. La portavoz ha concretado que las autonomías dispondrán de 360 millones para impulsar la conectividad digital en lugares de referencia como hospitales, centros educativos, polígonos industriales y centros logísticos, facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables y adaptar las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. Los restantes 140 millones se destinarán a la formación, con énfasis en los colectivos en riesgo de exclusión social y en la lucha contra la brecha digital de género.

El Ejecutivo ha destinado 10,2 millones de euros a subvenciones directas a las salas de exhibición cinematográfica. La portavoz ha explicado que se trata de unas ayudas de carácter excepcional, que tienen como objetivo amortiguar el golpe que la crisis del COVID ha tenido en los beneficios de las salas y que puedan permanecer abiertas y llevar a cabo actividades de exhibición cinematográfica, ejecución de proyectos culturales, promoción y atracción de público. Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo de la celebración por primera vez del Día del Cine Español, el 6 de octubre. El Gobierno expresa su compromiso para potenciar la industria cinematográfica española como parte de la europea y ratifica la defensa del patrimonio cinematográfico y audiovisual.

El Consejo de Ministros ha autorizado una ayuda de 241 millones de euros para el Grupo Hotusa, canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Isabel Rodríguez ha indicado que el Grupo Hotusa, es uno de los principales grupos hoteleros de España, cuenta con más de 4.000 empleados y con más de 21.000 proveedores. El apoyo se dedicará exclusivamente a cubrir los gastos de nóminas, costes de Seguridad Social e impuestos, además de a garantizar la liquidez del grupo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha constatado que, de no recibir el apoyo solicitado, Hotusa arrastraría graves dificultades para mantenerse en funcionamiento.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha anunciado que el próximo jueves, 7 de octubre, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el fin de que antes del 31 de diciembre estén aprobados y el 1 de enero de 2022 entren en vigor. Félix Bolaños ha subrayado el carácter dialogante, de acuerdo y de consenso del Ejecutivo y ha expresado su confianza en que los presupuestos se aprueben: "Lo haremos con diálogo, escuchando a todo el mundo e intentando integrar a cuantos más grupos parlamentarios mejor", porque estos presupuestos son "absolutamente imprescindibles para la recuperación justa que estamos abordando desde el Gobierno después de la pandemia".

El ministro ha añadido que los presupuestos consolidarán una recuperación justa que llegue a todos los ciudadanos y a todos los rincones del país, e impulsarán la actividad económica y el tejido productivo. "Queremos que el crecimiento que ya se está produciendo sea sólido, potente, fuerte, y que vaya acompañado de mayores derechos, oportunidades y empleo", ha dicho. Bolaños también ha incidido en que las cuentas públicas incorporan 25.000 millones de euros de los fondos europeos, que contribuirán a fortalecer la economía y hacerla más sostenible. Asimismo, tienen como finalidad revitalizar los servicios públicos, como la educación, la sanidad o la asistencia social.

"Las políticas de especulación del suelo desarrolladas durante años por los diferentes gobiernos del Partido Popular, han provocado un encarecimiento del precio de la vivienda en Madrid, lo que genera situaciones de extrema vulnerabilidad, limita la vida de las familias trabajadoras e impide proyectos vitales y familiares, sobre todo entre los jóvenes. Además es un tapón a un cambio de modelo productivo, promueve el crecimiento urbano especulativo y medioambientalmente insostenible, genera desequilibrio territorial y social y es un sumidero continuo para los ingresos familiares", según afirma CCOO en un comunicado.

Incluso las familias que sí han accedido a una vivienda deben realizar un sobresfuerzo, dedicando a este bien básico una parte importante de los ingresos y comprometiendo el acceso a otros bienes. El 13% de la población que vive en Madrid asume un gasto elevado en vivienda en relación a sus ingresos, lo que significa que su capacidad de pago está en riesgo. Y junto a estas personas en riesgo de no poder asegurar el pago de su vivienda, hay un porcentaje elevado de población que destina una parte excesiva de sus ingresos a su pago o se ven obligados a un fuerte endeudamiento durante una gran parte de su vida.

Paralelamente, en la Comunidad de Madrid hay según el último censo de vivienda 2,9 millones de viviendas privadas. De ellas, casi 2,5 millones estaban ocupadas como vivienda principal y 162.000 como viviendas secundarias. Pero además había 263.000 viviendas vacías y seis de cada diez de estas viviendas vacías se encuentran en la ciudad de Madrid, lo que indica que Madrid no tiene un problema de falta de vivienda sino de acceso a ella.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid han prevalecido los intereses especulativos sobre el acceso a la vivienda como derecho y sobre consideraciones ambientales. En vez de poner en uso y favorecer el acceso asequible a las viviendas que ya existen, se ha seguido una política de promover la construcción de nuevas viviendas, la ocupación de más suelo y los desarrollos urbanísticos cada vez más alejados, obligando a más desplazamientos, más consumo de energía, más generación de residuos y menos disponibilidad de suelo para destinarlo a usos productivos, sociales o áreas verdes.

Un modelo de vivienda que también tiene importantes efectos económicos y sociales. El precio de la vivienda contribuye a la segregación de la población, generando localidades y barrios que aglutinan las rentas más altas del país en viviendas lujosas y espaciosas a disposición solo de una minoría. Mientras, la mayoría de la clase trabajadora solo puede acceder a las viviendas de algunas zonas, pequeñas, menos confortables, a veces en barrios mal cuidados y con déficit de servicios públicos y equipamientos. La desigualdad social da paso a un desequilibrio territorial y ambos se refuerzan mutuamente.

En ese conflicto de intereses entre una minoría que obtiene fuertes beneficios del negocio de la vivienda y los de la mayoría de la ciudadanía madrileña de tener una vivienda digna y accesible, una región con equilibrio territorial, servicios adecuados y bien planificados y sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, los diferentes gobiernos del Partido Popular han tomado claro partido por los primeros.

Para CCOO de Madrid la iniciativa presentada en el Congreso de las Diputadas y Diputados es una muy buena noticia, pero exige al Gobierno regional actuaciones de emergencia para evitar la situaciones de pérdida de vivienda y otras medidas urgentes para regular el precio del alquiler y promover un parque público que haga frente a la necesidad de vivienda, poniendo en uso las ya existentes y frenando un uso descontrolado e insostenible del suelo.

 

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