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14
Sep
2021
El Gobierno confiscará el exceso de beneficios a las eléctricas hasta marzo del año que viene PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaPara bajar el coste de la factura eléctrica

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas dirigidas a reducir en un 22% de media la factura final de la electricidad de los consumidores hasta final de año. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que el compromiso del Gobierno, anunciado por su presidente, Pedro Sánchez, es lograr que el precio promedio pagado por un consumidor en 2021 sea equivalente al que pagó en el año 2018.

Ribera ha destacado que el Ejecutivo ha trabajado siempre de forma coherente con su objetivo de lograr un sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y que facilite la diversificación y la democratización de los actores que participan en él. Así, ha recordado las medidas adoptadas sobre producción y consumo -impulso del autoconsumo y comunidades energéticas locales-, eficiencia energética, estructura fiscal -rebaja del IVA del 21 al 10%- y protección social de los consumidores energéticos más vulnerables a lo largo de la legislatura.

Sin embargo, la ministra ha reconocido la necesidad de responder a la situación extraordinaria que han generado los precios récord del mercado mayorista de electricidad en España y el resto de países de la Unión europea, derivados de la cotización de las materias primas gas natural y dióxido de carbono (CO2): "Aunque las principales variables que determinan su evolución están fuera del control de los gobiernos de la Unión Europea (UE), hemos centrado nuestra atención en aquello que sí podemos hacer, en los parámetros más importantes de la factura eléctrica".

Las medidas aprobadas hoy, ha continuado Ribera, respetan el marco europeo y constitucional y la rentabilidad de las empresas, tienen en cuenta a los consumidores domésticos y las pymes, pero también a la gran industria y a las comercializadoras independientes.

Teresa Ribera ha destacado dos medidas con especial incidencia en hogares y pymes: la creación de un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y la limitación de la factura del gas de los próximos meses. Una reforma de la ley del sector eléctrico permitirá aumentar en seis meses la prohibición de cortes en el servicio a los beneficiarios del Bono social eléctrico, actualmente fijada en cuatro meses.

Respecto al gas, según los datos aportados por la ministra, la repercusión del incremento de los precios internacionales del gas natural podría hacer subir la factura en más del 28% en otoño e invierno, por lo que se establece un nuevo mecanismo durante seis meses para reducir este impacto.

Con el objetivo de rebajar el coste de la electricidad, el 7% del Impuesto de Producción Eléctrica que estaba ya suspendido para el tercer trimestre de 2021 seguirá estándolo hasta el 31 de diciembre. Asimismo, se reduce el Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo que permite la UE -del 5,1% al 0,5%- y se inyectan 900 millones de euros adicionales procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios.

El Real Decreto-ley plantea la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

"Por cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales suben dos euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista, y ese precio final del mercado mayorista es el que reciben todas las generadoras de electricidad con independencia de cuáles sean sus costes operativos", ha explicado la ministra, quien ha apuntado que estas compañías deben contribuir con parte de esos beneficios extraordinarios al menos durante esta situación excepcional, que se prevé se mantenga hasta marzo de 2022, por lo que la minoración se establece hasta el 31 de ese mes.

Por otro lado, se adopta un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad a través de subastas de contratos de compra de energía en las que los operadores dominantes -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- deberán ofertar un porcentaje de su capacidad de generación y las pequeñas comercializadoras o los grandes consumidores e industrias podrán adquirirla. "De esta forma se podrá fijar un precio distinto, y normalmente más bajo, que el del mercado mayorista", ha puntualizado Ribera.

La ministra ha resaltado una medida adicional para la protección del medio ambiente, los ecosistemas acuáticos y los territorios afectados por grandes embalses y para asegurar que se hace un uso racional del agua como recurso de producción eléctrica. Se modificará la Ley de Aguas para que se fije un régimen mínimo y máximo de los caudales mensuales que puedan turbinar las compañías hidroeléctricas, lo que evitará episodios de desembalses súbitos como los ocurridos este verano.

Ribera, finalmente, ha anunciado que el Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados la tramitación urgente de dos Proyectos de Ley relacionados con la regulación del sector eléctrico. El primero, por el que se crea el Fondo Nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico, se envió a las Cortes tras ser aprobado en Consejo de Ministros 1 de junio. El segundo, el Proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, fue remitido el 21 de agosto.

Ribera ha justificado la premura porque "estas dos medidas por sí solas representarán alrededor de un 13% de reducción en la factura eléctrica de los consumidores medios cuando se acaben de implementar en su totalidad".

El Gobierno ha aprobado inversiones de mejora de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña y Andalucía, por valor total de unos 125 millones de euros, con el fin de favorecer la movilidad sostenible. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha concretado que, en el primer caso, se trata de obras en instalaciones de señalización para el desarrollo del Corredor Mediterráneo en tres tramos, por valor de 85 millones de euros.

En el segundo, las obras autorizadas -con un coste total que ronda los 40 millones de euros- van dirigidas a la mejora del tramo Córdoba-Sevilla de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, por valor de 26 millones de euros, y a la renovación del trayecto San Pablo-Almoraima de la línea Bobadilla-Algeciras, con un coste de unos 13 millones. Esta última inversión, según ha resaltado la portavoz, también forma parte del Plan de Desarrollo Económico del Campo de Gibraltar y es muy importante para la provincia de Jaén.

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de las subvenciones correspondientes al Plan de modernización de la máquina herramienta de las pequeñas y medianas empresas en el año 2021, por un importe de 50 millones de euros. El Gobierno estima que gracias a estas ayudas públicas se movilizarán inversiones de entre 250 y 500 millones de euros en nuevas máquinas, según ha apuntado su portavoz. La portavoz ha destacado que hay que impulsar el parque de maquinaria de herramienta, que son las máquinas que hacen máquinas, para potenciar así la reactivación del sector industrial en el contexto de salida de la crisis causada por el COVID-19. Además, ha señalado que el 90% de las máquinas herramienta que trabajan en España producen en el País Vasco.

El Ejecutivo ha aprobado la ampliación del convenio entre el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para establecer la financiación del laboratorio subterráneo de Canfranc durante los próximos diez años. La portavoz ha detallado que el convenio fija una financiación de 11 millones de euros hasta el año 2021, algo más de un millón anual, para esta infraestructura científica de primer nivel que se dedica a la investigación científica y tecnológica de la física de astropartículas. El convenio es una muestra más del compromiso del Ejecutivo con la ciencia y la innovación y con los investigadores y las empresas innovadoras, ha remarcado.

En apoyo al sector de la ganadería, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las asociaciones de criadores de carácter nacional para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. Isabel Rodríguez ha especificado que hay 189 razas inscritas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, de las que 165 son autóctonas. La mayoría de ellas, unas 140, se encuentra en peligro de extinción, por lo que el Gobierno está adoptando medidas para mantener este importante patrimonio genético.

El Consejo de Ministros ha ampliado en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas directas a autónomos y empresas con problemas económicos y pérdidas contables generadas durante la pandemia de COVID-19. La portavoz ha explicado que la medida permitirá que las comunidades autónomas gestionen y ejecuten las ayudas para que lleguen a todas las empresas y autónomos del territorio que lo necesiten, contribuyendo a reducir su sobreendeudamiento y a reforzar sus balances, consolidando así la recuperación económica

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018. La norma combina medidas generales, que benefician a todos los consumidores, con medidas específicas de mayor incidencia en los consumidores vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los grandes embalses.

Así, entre las actuaciones destinadas a todos los consumidores, el Real Decreto-ley incluye medidas coyunturales, como rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% a la generación; aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio; o minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas.

A la par, entre las medidas con mayor incidencia en consumidores concretos, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima. Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial.

Por otro lado, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.

Estas medidas de choque se añaden a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad y en el conjunto de la economía. En aquel momento, el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre, indicando que se mantendría vigilante para actuar en el caso de que fuera necesario.

Desde el mes de junio, catapultado por la cotización del gas natural en los mercados internacionales y por la elevada cotización del CO2 en la UE, el precio del mercado mayorista de la electricidad ha crecido un 80%, alcanzando unos niveles nunca vistos que han creado alarma social y son motivo de evidente preocupación.

Considerando que los desajustes entre oferta y demanda en el mercado global del gas permanecerán durante los próximos meses, el Gobierno ha optado por aprobar una batería de medidas extraordinarias con aplicación inmediata para prevenir y amortiguar el impacto de los costes energéticos sobre los consumidores y sobre el conjunto de la economía. La situación crítica de los mercados energéticos coincide con la senda de recuperación tras la pandemia y es prioritario evitar una ralentización del ritmo de crecimiento.

Para detener esa espiral, el Real Decreto-ley establece medidas acordes con el ordenamiento jurídico interno y con la normativa europea. Su aplicación inmediata dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.

Entre las decisiones adoptadas, destacan las fiscales: prorrogar hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación; reducir desde el 5,1% hasta el 0,5% el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) -el mínimo permitido por la regulación comunitaria-, y ampliar el importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir cargos del sistema eléctrico desde los 1.100 millones presupuestados para 2021 hasta los 2.000 millones.

Igualmente, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. Se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso.

Con esta fórmula, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). Con los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas.

La minoración es una medida proporcionada que actúa sobre los beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas natural, y que no pudo ser considerada en las previsiones de negocio.

Este plan de choque tiene repercusión inmediata en la factura de los consumidores, bien por la reducción impositiva, bien porque tanto los ingresos por las subastas de CO2 como por la minoración de gas rebajan los cargos a repercutir en las tarifas. Estos importes se han revisado y actualizado hasta fin de año, de manera que los cargos aplicables serán un 96% inferior a los actuales. Ello permite rebajar la parte regulada de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria. Adicionalmente, sobre esta disminución se aplicará la menor presión fiscal.

También para afrontar la coyuntura de los próximos meses, se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano.

Junto con las medidas anteriores, el Ejecutivo ha aprobado otras con vocación de permanencia, como un nuevo suministro mínimo vital que amplía la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes -diez en total-, tiempo en el que se garantizará un abastecimiento mínimo de confort.

Al objeto de aumentar la liquidez de los mercados a plazo, el Gobierno convocará subastas de contratos de compra de energía. Los grupos empresariales dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada -el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)- para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Por otro lado, atendiendo a la consideración del agua embalsada como un bien de primer orden económico, social y ambiental, se modifica la Ley de Aguas para evitar súbitos desembalses. Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.

Esta introducción de criterios de utilización racional de los recursos hídricos evitará efectos indeseados sobre la flora y la fauna, y contribuirá a alcanzar los objetivos ambientales fijados por la normativa europea. Por otro lado, ayudará a afrontar los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35% y el 40% en un horizonte a largo plazo. A la vez, se procurará facilitar el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.

Estas medidas se añaden a los dos proyectos de Ley que el Gobierno ha remitido a las cortes para su aprobación, y para los que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado su tramitación por la vía de urgencia. El primero crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que redistribuirá entre todos los vectores energéticos el coste de las renovables históricas; el segundo actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Su completa aplicación reducirá la factura final de los hogares en más de un 15%.

Además se ha modificado el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, por la que se amplía el ámbito temporal cubierto por las ayudas directas para autónomos y empresas.

En ese sentido, se amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas. Así, estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

Además, el Real Decreto-ley aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura. Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021).

Estas modificaciones permitirán a las comunidades autónomas que aún dispongan de parte de los recursos asignados realizar nuevas convocatorias de ayudas en lo que resta de año. El objetivo es maximizar el efecto dinamizador de las ayudas, para que lleguen a todas las empresas de todos los ámbitos geográficos que lo necesiten, contribuir a reducir el sobreendeudamiento de las empresas y reforzar sus balances, consolidando la recuperación económica.

La ampliación del plazo de cobertura completa la extensión del ámbito de actuación que se aprobó en abril de 2021. Esta modificación permitió a las Comunidades Autónomas incluir sectores adicionales y permitir el acceso a las ayudas empresas que, por circunstancias excepcionales, hubieran registrado pérdidas en 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en el Senado que su Ejecutivo está impulsando las energías renovables como fuente para garantizar un precio de la luz más barato. Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, Pedro Sánchez ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los consumidores, a las pequeñas y medianas empresas y a las industrias: van a pagar a final de año lo equivalente a lo que pagaron en el año 2018.

Para alcanzar este objetivo, el presidente ha recordado que su Ejecutivo está impulsando reformas estructurales, iniciativas para proteger a los consumidores vulnerables y para que los beneficios extraordinarios que recaudan las compañías energéticas reviertan en beneficio de los consumidores finales, así como medidas fiscales para amortiguar el alza de los precios mayoristas en el mercado internacional de la energía.

En respuesta a los senadores del Grupo Parlamentario Popular, Javier Maroto, y del Grupo Parlamentario Vasco, Estefanía Beltrán, quienes se interesaron por las acciones del Ejecutivo para minorar la factura de la luz, el presidente ha defendido que ningún Gobierno ha protegido tanto a los consumidores vulnerables como lo está haciendo el actual. "Estamos haciendo un plan riguroso, serio y solvente", ha dicho. "Tenemos a más de 1.100.000 familias vulnerables protegidas con todo el escudo social que hemos desplegado a lo largo de estos tres años", ha añadido Sánchez.

El presidente ha afirmado que los inversores internacionales han reconocido que el Gobierno está apostando decididamente por la energía renovable como la más competitiva para afrontar la adaptación al cambio climático y como fuente para garantizar un precio de la luz más barato.

Pedro Sánchez también ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó en junio la reducción al 10% el IVA de la factura de la luz y hoy ha acordado rebajar del 5,1% al 0,5% el Impuesto Especial de la electricidad, ha suspendido hasta final de año el 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y ha establecido un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. Además, aprobó el primer marco normativo para los consumidores electrointensivos.

"Esto es lo que está haciendo el Gobierno, un esfuerzo de merma de la recaudación que representa en estos seis meses 2.000 millones de euros", ha remarcado. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha argumentado que cada vez es mayor el número de países de la Unión Europea que están sufriendo el alza del precio del gas y del precio de la energía en los mercados internacionales y que están empezando a tomar medidas en el ámbito nacional, a la espera de que se modifique el marco legislativo comunitario. A este respecto, Pedro Sánchez ha asegurado que España está en contacto con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y con otros gobiernos para actuar en el ámbito europeo.

Pedro Sánchez ha asegurado a Mirella Cortés, portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, que mañana asistirá a la Mesa de Diálogo entre los Gobiernos de España y Cataluña con "la voluntad, la actitud, la determinación y la responsabilidad de Estado de tratar de resolver este problema en Cataluña y de Cataluña con el conjunto del país".

Sánchez ha afirmado que, para avanzar en este diálogo, es necesario empezar a hablar de las cosas en las que ambas partes se sientan más cercanas y no anclarse en programas de máximos, como la convocatoria del referéndum de autodeterminación y la amnistía que le ha reclamado Cortés en su intervención.

Sánchez ha recordado que en los últimos diez años los sucesivos presidentes de la Generalitat han presentado a los presidentes del Gobierno español -Mariano Rajoy y él mismo- distintas demandas para justificar el conflicto político. "De esos 45 puntos hay uno en que efectivamente, nos oponemos radicalmente, que es el referéndum, no solamente porque está fuera de la Constitución, sino porque creemos que fracturaría más a la sociedad catalana", ha dicho, "pero hay otros 44 puntos en que nos podemos entender, como memoria democrática, inversiones, financiación, fondos europeos, convenios de capitalidad cultural con Barcelona y un largo etcétera".

El presidente ha señalado que, después de la pandemia, las prioridades en la sociedad catalana, como en el conjunto de la española, son completamente distintas y que lo que ambas quieren es superar esta etapa, hacer de la recuperación económica una recuperación justa que llegue a todos y aprovechar la enorme oportunidad de modernización que ofrecen los fondos europeos.

Finalmente, Sánchez ha solicitado a las instituciones catalanas que reconozcan la diversidad de la sociedad catalana - "el 27% del censo el pasado 14 de febrero votó a formaciones independentistas y un porcentaje semejante votó a formaciones no independentistas"-, que dialoguen con quienes no comulgan con su hoja de ruta y que hagan autocrítica respecto a lo sucedido en 2017, "que no puede volver a ocurrir porque no se puede vulnerar la Constitución ni la legalidad democrática, y si estamos aquí los gobiernos es para construir convivencia y cohesión".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado por videoconferencia en un diálogo sobre España organizado por el Foro Económico Mundial en el que ha expuesto ante líderes empresariales de todo el mundo las claves de la fuerte recuperación económica, financiera y social que está experimentando España. Durante la sesión, Sánchez ha presentado los ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, basado en las transformaciones digital, verde y social, así como las enormes oportunidades de inversión que se abren con su ejecución.

El presidente del Gobierno ha subrayado: "La intención es ejecutar muchas de las inversiones del Plan en estrecha colaboración con el sector privado para movilizar hasta 500.000 millones de euros de recursos adicionales. El momento para invertir en España es ahora. Buscamos inversiones de calidad que contribuyan al crecimiento de nuestro tejido productivo y a la transformación de nuestro modelo económico".

Durante el encuentro, Pedro Sánchez ha conversado primero con el presidente del Foro de Davos, Børge Brende y, a continuación, ha intercambiado opiniones con 80 altos ejecutivos de empresas de todo el mundo. Ante ellos, el presidente Sánchez ha señalado que España "ha recuperado casi todos los niveles de empleo que había antes de la pandemia" y ha destacado el éxito de la campaña de vacunación que, con más del 74% de la población completamente vacunada, es una de las tasas más altas del mundo.

Sánchez ha puesto en valor las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, "un hito en la historia de la política económica española" que permitirá inyectar 70.000 millones de euros en subvenciones -de los que 54.000 millones llegarían hasta 2023-, cifra que se podría ampliar hasta 140.000 millones en créditos, si fuera necesario, hasta 2026. El Plan, dividido en cuatro ejes: transición verde, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial, contiene 212 medidas "con políticas ambiciosas, concretas y orientadas al futuro".

Además, Sánchez ha destacado las áreas de interés para la inversión extranjera: la sostenibilidad y el cambio climático; la transformación digital; la formación profesional adaptada a las nuevas tecnologías y la atracción de talento. Sobre el primero, el presidente ha destacado que el Gobierno invertirá 13.000 millones de euros en movilidad sostenible para llegar a 1 millón de coches eléctricos en 2030, dedicará 5.000 millones a la renovación sostenible de edificios e inyectará 2.000 millones de euros en temas relacionados con el hidrógeno renovable.

El 28% del plan de recuperación, casi 20.000 millones de euros, irán destinados a la transformación digital con el despliegue de fibra óptica, la banda ancha ultrarrápida y el 5G, y a mejorar las competencias digitales de la población, así como a la digitalización de las pymes y del sector público.

El presidente ha destacado que se quiere convertir a España "en un paraíso para el talento y el ecosistema de startups, atrayendo a nómadas digitales y convirtiéndonos en un referente internacional para el talento femenino". Asimismo, el Plan reforzará la ciencia, la investigación y el desarrollo con más de 4.000 millones de euros. "Queremos construir la economía del futuro sin dejar a nadie atrás y atraer a los mejores talentos e inversiones de calidad centradas en la innovación. En resumen, queremos transformar la economía española, y queremos hacerlo junto con el sector privado", ha concluido el presidente del Gobierno.

 

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