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01
Sep
2021
El Gobierno quiere acabar con las elecciones a rector en las Universidades PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ministerio de UniversidadesSerá un órgano colegiado con participación externa el que se encargue de elegir al máximo dirigente

El Ejecutivo plantea actualizar la vigente ley de 2001 para aumentar la calidad del sistema universitario, vincularlo a la economía y el empleo y favorecer la estabilidad de docentes e investigadores. Por otro lado, ha aprobado el Plan Anual Normativo 2021 y el informe de rendición de cuentas correspondiente a 2020.El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo texto es el resultado de un año de consultas previas a órganos colegiados del sector universitario, rectores, estudiantes, agentes sociales y grupos parlamentarios.

Tras poner de relieve este ejercicio de diálogo y el respeto escrupuloso a las competencias autonómicas y al principio constitucional de autonomía universitaria, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha defendido la necesidad de renovar la Ley Orgánica 6/2001, que rige las universidades desde hace 20 años: "En estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo y la sociedad, además de dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas".

Los tres principales objetivos de la futura ley son la mejora de la calidad del sistema universitario, la vinculación con la economía y el empleo y poner fin a la precariedad del personal docente e investigador.

Para mejorar la calidad del sistema, Castells ha incidido en la investigación: "Para mí, sin investigación no hay universidad". Así, se obligará a que todas las universidades destinen al menos el 5% de su presupuesto a investigación y se establecerá una reserva del 15% de las plazas que se convoquen en la universidad para investigadores que opten por la carrera universitaria.

Junto a la investigación y la transferencia, se establecerá la docencia como mérito para la carrera académica, "acabando con la contradicción de que nos pagan por enseñar, pero nos promocionan sin considerar la calidad de la docencia", ha afirmado el ministro. Se establece la nueva figura de profesores distinguidos como método de atracción del talento internacional al más alto nivel.

La vinculación con la economía y el empleo se estrechará gracias a medidas como las pasarelas entre la universidad y la formación profesional superior, la cobertura legal a la mención dual, a las prácticas en las empresas y a los doctorados industriales, y al emprendimiento, sentando las bases para que las universidades puedan crear y participar en empresas y entidades basándose en el conocimiento generado.

Con el objetivo de combatir la situación de precariedad en que se encuentra parte de su personal, principalmente el profesorado asociado, la LOSU dota de diferentes herramientas a las universidades. Entre ellas destaca una carrera académica estable para el profesorado permanente con doctorado en tres niveles (profesores ayudantes doctores, titulares y catedráticos), la reducción de la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador del 40% al 20%, y el incremento del 51% al 55% del porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Manuel Castells ha afirmado que "los estudiantes son la razón de ser de la universidad" y por ello el nuevo texto reafirmará sus derechos y deberes. El primer derecho es el de tener acceso a la educación superior tras superar las pruebas correspondientes, ha dicho el ministro. Por ello, se seguirá reforzando la política de becas del gobierno y manteniendo los límites máximos de precios públicos establecidos anualmente por la Conferencia General de Política Universitaria. La participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, departamentos y facultades se verá favorecida con la creación de un Consejo de Estudiantes en cada universidad.

Manuel Castells ha explicado que, aunque se va a mantener el sistema actual de elección del rector o rectora, se ha incluido un segundo método a través de un comité de selección en el que un 30% serán personas no pertenecientes a dicha universidad. Los requisitos para alcanzar el rectorado también se modifican, y se exigirán 3 sexenios de investigación, 3 quinquenios de docencia y 4 años de experiencia de gestión.

Los Consejos Sociales, por su parte, serán elegidos, por las asambleas legislativas autonómicas a partir de candidaturas abiertas. También se renovará el sistema de elección para los decanatos de las facultades.

La futura ley establece el principio de financiación suficiente para las universidades públicas, que permita hacer posibles las reformas. Castells ha recordado que ya se ha establecido en la nueva ley de Educación, mediante acuerdo con las comunidades autónomas, un incremento gradual del gasto público educativo hasta llegar a un mínimo del 5% del PIB en una década. Se diferenciará entre financiación estructural, por objetivos y singular.

En gestión presupuestaria, se establece la obligación para cada universidad de establecer una contabilidad analística o equivalente, la rendición de cuentas, y se impulsará el mecenazgo y nuevas fórmulas de ingresos, como los derivados de empresas creadas y participadas por las universidades, o de patentes.

Finalmente, el ministro de Universidades ha enfatizado la necesidad de favorecer la internacionalización e integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior, potenciando entre otros, los programas como Erasmus+ y Erasmus Mundo, la movilidad internacional del profesorado y el personal de gestión, las alianzas interuniversitarias con otros países, la creación de títulos compartidos con universidades extranjeras y la participación activa en los programas de cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para todo ello, se simplificarán los trámites administrativos para homologaciones y titulaciones.

El Gobierno ha aprobado el Informe Anual de Evaluación Normativa, correspondiente al Plan Anual Normativo de 2020, y el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2021. Junto con el Informe 'Cumpliendo', son documentos que refuerzan la transparencia del Ejecutivo y la información sobre los compromisos adquiridos.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que tan importante es que "los ciudadanos conozcan qué es lo que el gobierno tiene en mente para poner en marcha en los próximos meses" como "rendir cuentas de lo que hemos hecho". A este respecto ha destacado que el informe de evaluación de 2020 es el primero que se realiza, a pesar de que la ley del Gobierno, que lo establece, data de 1997.

Este Informe de Evaluación sobre el Plan Anual Normativo 2020 refleja un 87% de cumplimiento hasta el día de hoy. Bolaños ha recordado que, aunque la prioridad ha sido en todo momento luchar contra la pandemia, se ha logrado cumplir con la actividad normativa ordinaria y planificada. Entre las normas aprobadas ha repasado el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las leyes de Cambio climático y de la Cadena alimentaria y la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

En cuanto al Plan Anual Normativo 2021, recoge todos los asuntos de naturaleza normativa que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros hasta el 31 de diciembre: 144 iniciativas entre leyes orgánicas (6), leyes ordinarias (28) y reales decretos (110). Más de un tercio de las mismas tienen que ver, ha explicado el ministro, con compromisos de España con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional prevén que en 2022 España sea el país que más crezca y queremos que ese crecimiento económico, que se va a producir de manera muy potente, vaya acompañado con cohesión social, de modo que este Plan que hoy aprobamos es la senda social y económica para la recuperación justa", ha resumido Bolaños.

El ministro ha avanzado algunas de las nuevas normas previstas para los próximos 4 meses: las leyes de Formación Profesional, Ciencia, Creación y crecimiento de empresas, Vivienda y 5G, así como el desarrollo de la ley educativa y la reforma laboral.

El Consejo de Ministros ha aprobado la norma de calidad del aceite de oliva y del orujo de oliva. El triple objetivo es revalorizar este alimento, en especial el aceite de oliva virgen extra, atender las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía y satisfacer una reivindicación histórica del sector, ya que la anterior normativa databa de 1983. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha elogiado el carácter "icónico en España y en la dieta mediterránea" de este producto agroalimentario, esencial también para la economía. El texto aprobado establece requisitos sobre trazabilidad, elaboración y envasado del producto final para situar al aceite de oliva español como el de mayor calidad del mundo.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), de las obras de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, en el tramo Lorca-Pulpí. El contrato tiene un valor estimado de 197,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 34 meses. De esta forma, todos los tramos entre Murcia y Almería se encuentran en obras o en fase de contratación, salvo el de Totana y la integración en el núcleo urbano de Lorca. Isabel Rodríguez ha definido como "infraestructura estratégica "al Corredor Mediterráneo y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo y Adif AV con su planificación y desarrollo.

La portavoz del Gobierno ha afirmado que hoy se alcanzará el hito del 70% de la población española vacunada contra la COVID-19, "un éxito de país del que sentirnos orgullosos" y que convierte a España en líder mundial en vacunación. En total, se han dispensado en nuestro país 64,4 millones de dosis y comprometido 7,5 millones de dosis para países latinoamericanos, seis de los cuales ya han sido enviados. Rodríguez ha señalado que la campaña de vacunación se ha realizado con cohesión territorial, gracias al trabajo de las Comunidades Autónomas, y generacional, y ha destacado la ejemplaridad de la sociedad española "que ha considerado la vacunación como un derecho y no como una obligación".

 

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