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03
Ago
2021
El Gobierno autoriza la compra de Naturgy por un fondo australiano PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaIFM lanzó una OPA sobre el 22% de las acciones de la eléctrica

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 31 de octubre de las medidas del llamado "escudo social" que expiraban el 9 de agosto. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha subrayado el compromiso con la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de la protección de la vivienda y de la atención a las víctimas de violencia de género.Entre las medidas prolongadas están la garantía del suministro de agua, electricidad y gas natural, así como la protección de los consumidores vulnerables frente a la interrupción del suministro eléctrico y a través de la obtención del bono social de electricidad.

Los servicios para la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género seguirán considerándose esenciales. En relación con la vivienda, seguirán vigentes hasta el 31 de octubre las medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, incluidos aquellos que no se deriven de contratos de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

El plazo para solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, también se amplía, igual que los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. La solicitud de compensación a arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto-ley 11/2020 podrá ser presentada hasta el 30 de noviembre.

El Gobierno remitirá a las Cortes, para su tramitación urgente, el Proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del Co2 no emitido del mercado eléctrico. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que esta norma y el Proyecto de Ley que crea el Fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico -ya en tramitación en el Congreso- permitirán retirar más de 6.000 millones de cargos de la parte regulada de la factura de la luz de un modo progresivo en los próximos 5 años.

Ribera ha afirmado que tanto estas reformas, como el resto de las ya planteadas en un ámbito tan complejo como el de la energía, descansan en el principio de que "los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables". En este sentido, ha recordado la vigencia de la rebaja temporal del IVA o la suspensión del impuesto a la generación.

Respecto a la norma aprobada, Ribera ha explicado que afecta a las plantas de generación eléctrica que no emiten CO2 -esencialmente nucleares e hidroeléctricas- que estaban en funcionamiento antes de la creación del mercado europeo de derechos de emisión. Estas centrales, ha continuado, fueron diseñadas para obtener un nivel razonable de beneficios cuando no había necesidad de internalizar un precio por CO2. Pero actualmente, el carbono se ha encarecido más de un 60% en un año, lo que repercute en los precios de los mercados mayoristas de los que estas plantas se benefician, por lo que es importante actuar en este ámbito.

El planteamiento, ha continuado, es recortar, en el momento de la liquidación, el importe equivalente a los ingresos que reciben las centrales eléctricas anteriores al nacimiento del mercado europeo de derechos de CO2 cuando el precio del carbono supera un determinado umbral. Concretamente, el umbral mínimo que garantiza que no se produzca este descuento son 20 euros por tonelada de Co2, que ha sido el precio medio en los últimos 5 años: "De esta manera aseguramos la viabilidad de las plantas, ninguna puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento", ha señalado Ribera.

La previsión es que la entrada en vigor de esta norma permita obtener 625 millones de euros para cubrir costes del sistema eléctrico, incrementar las partidas disponibles para proteger a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social y rebajar la factura final de todos los consumidores. Hogares y pymes pagarían un 2,5% menos, con variaciones según el tipo de tarifa al que estuvieran acogidos.

El Ejecutivo ha autorizado con condiciones la inversión del fondo australiano IFM en la compañía española Naturgy Energy Group S.A. Esta autorización es preceptiva, según la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

Teresa Ribera ha saludado la inversión extranjera como un factor incuestionable de crecimiento y de modernización y una señal de confianza de los inversores exteriores, pero ha justificado el establecimiento de condiciones para esta operación porque afecta "a una empresa estratégica en un sector estratégico, cuyo concurso es fundamental para los objetivos de transición energética y justa en España".

El objetivo final, ha dicho, es garantizar la estabilidad de la compañía española, la protección y buena gestión de los activos regulados y las infraestructuras críticas, la consecución de los objetivos en materia de transición energética justa, el mantenimiento del empleo y su estabilidad económico-financiera. El incumplimiento de las condiciones fijadas daría lugar, en su caso, a la revocación de la autorización, ha explicado la vicepresidenta.

El Gobierno ha regulado el Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes (Programa PREE 5.000). Vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, cuenta con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros, ampliables a 150. Un primer ámbito de actuación son los edificios de viviendas ya existentes, que podrán recibir ayudas para la mejora de la envolvente térmica, de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de las instalaciones de iluminación. El segundo ámbito son los edificios e infraestructuras públicas.

"Las ayudas destinadas a familias y pequeños negocios son las más numerosas. Queremos diseminar los beneficios de las soluciones respetuosas con el medioambiente y dinamizar la economía en el corto plazo y tendremos un buen ejemplo de su eficiencia en cuanto los ciudadanos puedan disfrutar de ellas en sus hogares", ha señalado Ribera.

El Consejo de Ministros ha analizado el primer Informe sexenal sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España que permite saber "cómo está el patrimonio natural en un país tan rico en biodiversidad como es el nuestro" y "nos muestra dónde y cómo debemos prestar atención", ha dicho Ribera.

La vicepresidenta ha elogiado que se hayan cumplido objetivos marcados, como los de conservación de especies emblemáticas: águila imperial, quebrantahuesos, oso pardo o lince ibérico. Sin embargo, ha alertado de otras situaciones preocupantes que deben ser atajadas, como que un tercio de la superficie terrestre presente excesos en cargas críticas de nitrógenos o que el 18% de nuestro territorio esté en riesgo alto o muy alto de desertificación.

El Gobierno ha establecido las reglas que regirán el Fondo de restauración ecológica y resiliencia, que sustituye al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y que permitirá ejecutar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) competencia de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. En 2021 ascienden a 198 millones de euros, cantidad que se incrementará sustancialmente en 2022 y 2023.

Además de un plan de actuación con las líneas estratégicas en torno a las que desempeñará su actividad, Ribera ha destacado que el Fondo establece un sistema de control para garantizar la eficacia en la gestión de los recursos y el cumplimiento de todos los requerimientos nacionales y europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Gobierno impulsará el Plan de acción en materia de educación ambiental para la sostenibilidad, aprobado hoy y que incluye contenidos curriculares en la educación formal y medidas de información, sensibilización y concienciación de la sociedad en su conjunto. Teresa Ribera ha afirmado que tener una sociedad exigente significa que debe estar informada y ser consciente tanto del valor de la naturaleza, de los ecosistemas y de la sostenibilidad como de las amenazas a estos valores.

El Área Marina Protegida y la Zona Especial de Conservación "El Cachucho", frente a las costas de Ribadesella (Asturias), ha sido hoy ampliada por Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros. En concreto, se han incrementado hasta 261.664 las hectáreas protegidas -26.714 hectáreas fueron su área inicial establecida en 2011- y se ha actualizado la regulación de usos y actividades de la zona.

El Gobierno ha autorizado la adquisición de 3,4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, anunciada por el presidente del Gobierno el pasado viernes durante la Conferencia de Presidentes. Isabel Rodríguez ha recordado que España está en el primer puesto de vacunación a nivel internacional, lo que permite afrontar "este final de curso con mucha esperanza".

La portavoz del Gobierno ha valorado positivamente los datos conocidos hoy de reducción del número de personas en situación de desempleo -197.841 en el mes de julio-, crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social y descenso de los trabajadores que se encuentran en ERTE en nuestro país, así como el incremento del PIB interanual en torno al 20%. "Este país no solamente ha resistido, sino que ya estamos despegando en esa recuperación que es constatable, son datos puramente objetivos y que demuestran un éxito de país que no se dejó vencer por el virus", ha señalado.

 

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