Sólo podrán solicitar ayudas los que puedan acreditar que el 25% de sus ingresos procede de la agricultura

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido la Conferencia Sectorial de la Política Agraria Común (PAC), a la que han asistido las consejeras y consejeros del ramo de las 17 comunidades autónomas. En esta Conferencia Sectorial se ha acordado proseguir los trabajos de elaboración del Plan Estratégico de la PAC en base al documento presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para presentar a la Comisión Europea a finales de diciembre.

"Ha sido una Conferencia Sectorial satisfactoria y positiva, fruto del buen trabajo de todos, en la que ha habido un debate rico y diverso y hemos comprobado la voluntad de caminar juntos", ha explicado el ministro.

Luis Planas ha remarcado que el Plan Estratégico priorizará tanto la incorporación de los jóvenes como de las mujeres, con marcadas líneas de actuación para contribuir al medio ambiente y luchar contra el cambio climático (ecoesquemas), manteniendo el necesario equilibrio de la rentabilidad económica de las explotaciones.

Respecto a los ecoesquemas, el ministro ha señalado que se ha acordado convocar un grupo de trabajo que defina el modelo de aplicación de estas nuevas ayudas para su presentación a una nueva Conferencia Sectorial que se celebrará en otoño. Esta nueva reunión con las comunidades autónomas tendrá dos objetivos: validar la propuesta diseñada para la aplicación de los ecoesquemas y examinar el estado de situación del Plan Estratégico.

El ministro ha destacado que la nueva PAC será "más justa, más social y más sostenible", y que sobre la base de la propuesta del ministerio "vamos a perfilar un modelo que debe permitir un apoyo reforzado a nuestros agricultores y ganaderos". El objetivo principal es que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente al desafío del cambio climático y del medio ambiente, manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones, en un escenario de certidumbre hasta 2027.

En jornada de mañana y tarde, el ministro y los consejeros y consejeras han analizado cuáles deben ser bases para adaptar la PAC a la riqueza y diversidad agronómica del país, así como a las distintas realidades productivas del conjunto del territorio español.

El ministro, quien ha reconocido que estamos ante una negociación compleja, pero con un enfoque constructivo por parte de todos, ha valorado la altura de miras mostrada en el debate. "Es muy importante el valor del consenso, la capacidad que tengamos de que consejeros y consejeras de distinto signo político y de comunidades con características agronómicas muy diversas, se puedan poner de acuerdo con el Gobierno de España, y para ello tenemos que saber encontrar un cauce de colaboración mutuo".

Luis Planas ha recordado que la nueva PAC tendrá un marcado enfoque medioambiental, ya que más del 40 % de su presupuesto, 47.724 millones de euros para para el periodo 2021-2027 en el caso de España, se destinarán al desarrollo de una agricultura y ganadería más respetuosas con el clima y el medio ambiente, haciendo un uso sostenible de los recursos naturales.

El ministro ha resaltado que el Gobierno y las comunidades autónomas, "de manera coordinada y coherente, a través de las intervenciones de ambos pilares (ayudas directas y de desarrollo rural), darán respuesta a las necesidades identificadas a lo largo de más de dos años de riguroso trabajo colectivo de preparación del plan". La documentación de trabajo relativa a la nueva PAC está colgada en la web del ministerio.

Habrá nuevas medidas y nuevas líneas de actuación, según el ministro, pero "acompañaremos a los agricultores y ganaderos en esta imprescindible transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles para que nadie se quede atrás". En este punto, los ecoesquemas, que son prácticas voluntarias remuneradas que contribuyan favorablemente al clima y al medio ambiente, son una de las grandes novedades de esta PAC y en los que tendrán cabida, por ejemplo, prácticas para aumentar el contenido en carbono orgánico de los suelos, el mantenimiento de los pastos, las rotaciones de cultivo con especies mejorantes o una gestión sostenible de los insumos.

Nadie se va a quedar atrás, ha incidido Planas, ya que los nuevos ecoesquemas deben ser accesibles para todos los agricultores y ganaderos. En sintonía con la nueva realidad social, esta PAC debe potenciar el necesario relevo generacional para afianzar, también, el papel de la mujer en la actividad agroganadera, a través de medidas para favorecer su incorporación al agro. Lograr que jóvenes y mujeres encuentren alternativas viables en el campo, permitirá la dinamización de los entornos rurales y que puedan plantear su proyecto de vida en los pueblos.

Para facilitar el relevo generacional, se destinará más de 140 millones de euros anuales. Cantidad equivalente al 3 % del presupuesto de las ayudas directas (primer pilar), entre ellas, al menos un 2 % irá a la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (40 años o menos) y otro 1 % de ayudas procedentes de medidas de desarrollo rural.

Este Gobierno ha logrado que el apoyo a las mujeres para fomentar la igualdad en el medio rural, forme parte, por primera vez, de los objetivos específicos de la PAC. De esta forma, el Plan propondrá el establecimiento de importes adicionales para impulsar su papel en las actividades agrarias. No solo a través de las ayudas directas, sino también con medidas de desarrollo rural (segundo pilar de la PAC), "contribuiremos a la consecución de este objetivo, que es de justicia", ha resaltado Planas.

La dimensión social de la nueva PAC no supondrá una carga administrativa adicional para agricultores y ganaderos. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas desarrollarán un sistema de cruce de información sobre las infracciones y sanciones en las directivas laborales recogidas en el proyecto de Reglamento de planes estratégicos para que sea operativo en 2024. El ministro ha insistido en que "este punto ayudará a poner en valor a todos aquellos que están haciendo bien su trabajo, que es la inmensa mayoría".

Además, los sistemas de asesoramiento a los agricultores incorporarán información sobre las condiciones de empleo y las obligaciones de los empleadores, así como los aspectos relativos a la salud, seguridad y protección social en el ámbito agrario.

Las ayudas directas desvinculadas de la producción se destinarán a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (60 %), de las que una sexta parte (10 % del total de ayudas directas) se concederán a través de la ayuda complementaria redistributiva para la sostenibilidad (pago redistributivo), así como una ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (2 %), mientras que los ecoesquemas contarán con el 23 % (que unido al 2 % que España puede computarse por su mayor gasto medioambiental en desarrollo rural, permitirá alcanzar el 25 % exigido por el Reglamento).

En el caso de las ayudas directas vinculadas a la producción (pagos asociados), se aplicarán a sectores vulnerables desde el punto de vista social y económico, como la ganadería, en especial, la extensiva o al de producción láctea, así como cultivos proteicos, entre otros. El olivar tradicional se beneficiará, por primera vez, de una intervención sectorial que permitirán mejorar su gestión para reducir sus costes de producción.

Los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC deberán cumplir con la condición de agricultor activo, que será aquel que esté afiliado a la Seguridad Social por cuenta propia o aquel que perciba al menos el 25 % de sus ingresos totales de la actividad agraria. No obstante, dado que en algunas zonas la agricultura a tiempo parcial desempeña una función social y medioambiental significativa, los beneficiarios que reciban un importe anual en concepto de ayudas directas igual o inferior a 5.000 euros, se considerarán agricultores activos.

El importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario, se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros. Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. Si bien, el beneficiario, que perciba, a partir de 60.000 euros anuales, podrá también descontar los costes salariales directamente soportados y los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. Por otro lado, se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas. El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se distinguirá por regiones, que se reducirán a un máximo de 20 regiones en las se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que es necesario reforzar la confianza del consumidor en los productos ecológicos e incrementar su promoción como fórmulas para estimular la demanda, que es uno de los objetivos del Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica de la Comisión Europea. El Consejo Consultivo de Agricultura reunido en Madrid ha dado el apoyo a las conclusiones de este Plan, que tienen previsto aprobar los ministros de Agricultura de la UE el próximo día 19 ya que, según ha explicado Planas, éstas se alinean con las inquietudes de España, que es el primer país europeo en producción ecológica y el tercero del mundo.

El Consejo Consultivo se ha celebrado previamente a la Conferencia Sectorial en la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo sobre la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España que se prolongará en sesiones de mañana y tarde. Además de fomentar la demanda y asegurar la confianza de los consumidores en los productos ecológicos, el plan contempla como ejes estimular la conversión de cultivos y reforzar la cadena de valor en la producción ecológica y mejorar la aportación de ésta a la sostenibilidad y a los desafíos medioambientales.

La producción ecológica juega un importante y creciente papel en la consecución de la soberanía alimentaria dentro de la Unión Europea, así como en la creación de empleo en el medio rural y en la mejora de los ingresos de los agricultores. Planas ha valorado la flexibilidad del plan europeo para que cada estado miembro pueda escoger entre las medidas propuestas las que mejor se adapten a la situación de cada uno de ellos.

En España, el 10 % de la superficie agraria útil es ya de producción ecológica, con una superficie total de 2,4 millones de hectáreas. Planas ha señalado que el ministerio trabaja en la elaboración de una Hoja de Ruta para impulsar este tipo de producción y acercarla a los objetivos marcados por la UE de que en 2030 suponga la cuarta parte del total de la producción agrícola.

Durante el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del próximo día 19, éstos mantendrán una videoconferencia con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vislack en la que se abordarán los desafíos que suponen para la actividad agraria el cambio climático y la transición a sistemas alimentarios más sostenibles.

Según Luis Planas, el objetivo de todas las agendas internacionales relacionadas con la producción de alimentos debe ser el de asegurar de forma efectiva el derecho a la alimentación, porque no es tolerable que la cifra de personas que pasan hambre no deje de aumentar. Igualmente es necesario afrontar el grave problema de asequibilidad de las dietas saludables, ya que son cinco veces más caras que las que simplemente cubren las necesidades calóricas.

En su intervención en la videoconferencia con el responsable de la política agroalimentaria de Estados Unidos, Planas saludará la iniciativa de innovación agrícola para el clima que impulsa el Gobierno de ese país y mostrará nuestra disposición a estudiar la posibilidad de sumarnos a ella en un futuro. "Tenemos que producir más alimentos para una población creciente, y para ello no hay otra salida que el progreso técnico, la innovación y la digitalización", ha explicado el ministro.

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que no ignore las necesidades del campo y, especialmente, las del sector ganadero. Así lo ha reclamado hoy la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno regional, Paloma Martín, tras su visita a una explotación ganadera extensiva en el municipio de Cerdedilla.

La consejera madrileña ha advertido de que, en el debate que mantendrán este miércoles las comunidades autónomas con el Gobierno sobre la nueva Política Agraria Común (PAC), el Ejecutivo pretende penalizar la ganadería extensiva madrileña. En este sentido, ha recordado que la Comunidad trasladó al Ministerio la pasada semana la necesidad de incrementar un 10% más los importes de las ayudas asociadas a este sector, lo que supondría 19,9 millones de euros.

“La ganadería, sobre todo la extensiva, desempeña un rol fundamental en el arraigo de población, la preservación del medio y el impulso de las economías rurales”, ha resaltado la consejera regional, que también ha reclamado al Gobierno central que “escuche al sector vacuno de carne, atienda sus necesidades y deje de atacarle, al igual que ha hecho con las libertades de los ciudadanos diciendo lo que tenemos y no tenemos que comer”.

El sector primario y la industria agroalimentaria son actividades que generan empleo y riqueza en la región, además de un elemento clave para impulsar la economía verde en la Comunidad de Madrid. Precisamente por ello, el Gobierno regional ha puesto en marcha el Plan Terra, dotado de 100 millones de euros, y más de 50 medidas entre las que se encuentran varios ejes estratégicos dirigidos a la liberalización del sector, la mejora de la competitividad y de los canales de comercialización, así como aquellos destinados a garantizar el relevo generacional, la formación y el asesoramiento, y la sostenibilidad.

“A diferencia de lo que hacemos en la Comunidad, el Gobierno central impone cada vez más obligaciones al sector primario, a la vez que le retira su apoyo, lo que empujará producir menos y cada vez con una menor competitividad”, ha indicado Martín.

La explotación ganadera que ha visitado la titular de Agricultura esta mañana cuenta con un sistema de geolocalización del ganado que facilita las labores de supervisión, ya que posibilita que los ganaderos sepan en todo momento la ubicación exacta de sus animales, que pastan en libertad en el monte. En esa línea, Martín ha señalado que la Comunidad de Madrid apuesta por la modernización del sector primario y ofrece una línea de ayudas -10,5 millones en 2021- para mejorar las instalaciones agrarias.

Miembros de la ejecutiva de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, se han reunió hoy 12 de julio con la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, el director general de Agricultura y Ganadería, Rafael García y el director Gerente del IMIDRA, Sergio López.

Durante la visita a una explotación ganadera de vacuno en extensivo en el municipio de Cercedilla, los representantes de UGAMA han trasladado a la consejera las necesidades del campo madrileño y le han pedido que sea valiente en las negociaciones de la futura PAC en la próxima conferencia sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“Declaraciones como las del ministro Garzón, son un ataque directo a la ganadería extensiva y suponen una campaña de desprestigio ante una de las profesiones más antiguas del mundo y que, sin duda, realiza una labor esencial tanto a la hora de proporcionar alimentos sanos y de calidad, como a la hora de preservar el medio ambiente y los espacios naturales y la biodiversidad. Es necesario que se ponga de manifiesto el valor de la ganadería extensiva, y que la futura PAC, no penalice este tipo de explotaciones, por eso le hemos solicitado a la consejera que defienda la ganadería de extensiva en la nueva PAC” – Afirma Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA. Durante la visita, se ha debatido sobre la figura del agricultor activo, regionalización, la problemática del coeficiente de admisibilidad de pastos de la Región o la convergencia de los derechos.

La Comunidad de Madrid lamenta que no se haya contado con las organizaciones profesionales agrarias a la hora de la elaborar la nueva Política Agraria Común (PAC). Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, durante su participación en la Conferencia Sectorial donde se están debatiendo los criterios de reparto de estos fondos europeos.

Se trata de una solicitud que la titular de Agricultura ya expuso por carta el pasado 9 de julio al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “para que agricultores y ganaderos pudieran expresar su opinión y se tuvieran en cuenta sus conocimientos en la elaboración de la nueva PAC para dar respuesta a las verdaderas necesidades del sector primario”, ha señalado Martín. La consejera madrileña también ha criticado la falta de transparencia e información en la materia que hoy se abordaba, ya que “el Ministerio no ha aportado ningún tipo de borrador ni documentos adicionales sobre los que hayamos podido valorar de manera clara las diferentes propuestas sobre la implantación de la nueva PAC y el nuevo Plan Estratégico que se desarrollará los próximos diez años. De lo que hemos podido conocer, no entran en el detalle de las ayudas, ni se posicionan sobre lo que realmente preocupa a los agricultores y ganaderos”, ha añadido.

Martín también ha constatado que, mientras el Gobierno central pide al sector primario más esfuerzos a nivel medioambiental, sin acompañarlos de ningún recurso económico, disminuye la PAC en un 10%. “No han hecho un estudio sobre el impacto real en cifras de lo que van a suponer las nuevas exigencias medioambientales, ni cómo los criterios de sostenibilidad de la nueva Política Agraria Común van a afectar a este sector”, ha remarcado.

La titular de Medio Ambiente y Agricultura del Ejecutivo regional ha destacado cómo la Comunidad de Madrid seguirá apoyando al campo de manera incondicional ya que “agricultura y ganadería son actividades económicas que generan empleo y riqueza en nuestra región, son esenciales para el cuidado de nuestro patrimonio natural y la protección y conservación de ecosistemas únicos como las dehesas, además de un elemento clave para impulsar la economía verde”.

En su opinión, se trata de dos actividades “fundamentales para garantizar el relevo generacional y la revitalización de nuestros pueblos, así como para el mantenimiento de la población en el medio rural, asegurar la cohesión social y favorecer la vertebración territorial”, porque “un sector primario fuerte garantiza la libertad para elegir dónde vivir y para fortalecer el arraigo y la identidad”.

Mientras el Gobierno central ha gobernado de espaldas al campo español, ha enfatizado Martín, la Comunidad de Madrid trabaja para reducir trámites en el sector primario, incrementar su competitividad, favorecer el relevo generacional, potenciar un uso eficiente de los recursos o abrir nuevos canales de comercialización. En este sentido, se ha referido al Plan Terra de apoyo a agricultores y ganaderos, con más de 100 millones de euros de dotación presupuestaria y con más de 50 medidas a poner en marcha.

Una de las últimas acciones contempladas en este plan estratégico es impulsar la contratación de los seguros agrarios en el sector, que se puso en marcha la semana pasada y contó con el apoyo de todas las organizaciones profesionales agrarias. Se trata de una medida a través de la cual la Comunidad de Madrid financiará hasta el 30% del seguro agrario, del que se podrán beneficiar las 13.000 personas que trabajan en el campo madrileño.

Además, uno de los objetivos de esta ayuda es fomentar la contratación de los seguros agrícolas, que suponen un elemento primordial para la continuidad de las explotaciones agrarias, al ser una actividad económica sometida a numerosas contingencias como las adversidades climáticas o las enfermedades del ganado, tal y como sucedió a principios de año con borrasca Filomena.

La Comunidad de Madrid destinará un total de 380.787,84 euros a la formación de titulados universitarios y de grado superior que estén vinculados a la investigación en el entorno rural, mediante becas de 24 meses de duración, a partir del 1 de septiembre. El objetivo es que los beneficiarios obtengan experiencia profesional, conocimientos actualizados y les resulte más fácil su inserción en el mercado laboral.

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta convocatoria de 12 meses de ayudas a la formación hasta 2023, de cara a impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico dentro del ámbito rural, que se desarrollarán en el Instituto Madrileño de Investigación y de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

A estas ayudas podrán optar titulados universitarios y de grado superior de formación profesional que procedan de todas las especialidades relacionadas con los sectores agrario, alimentario y medioambiental. Su finalidad es, por tanto, que, aquellos que estén en los primeros años de su carrera profesional puedan obtener competencia técnica suficiente para aumentar su empleabilidad futura.

El importe destinado por el Ejecutivo regional es de 15.866,16 euros por beca y alumno al año, con una asignación mensual de 1.322,86 euros. Los beneficiarios deberán incorporarse el 1 de septiembre y la concesión se realizará por el sistema de concurrencia competitiva.

Estas ayudas a la formación favorecen la cualificación del sector primario, aumenta su competitividad y permiten mejorar la transmisión de conocimientos para hacer más sostenible al sector. Son, por tanto, objetivos contemplados en el Plan Terra de apoyo al sector puesto en marcha por el Gobierno regional a principios del pasado año.

Los solicitantes tendrán la oportunidad de estar en contacto directo con la realidad del entorno rural madrileño. En este sentido, podrán escoger entre diferentes áreas de actividad como son el control de calidad de vinos y el aceite de oliva; la elaboración, análisis físico-químico, microbiológico y sensorial de productos lácteos; la naturación urbana: riego deficitario y variedades más sostenibles de cespitosas; o depuración de aguas residuales y uso para riego en la agricultura.

Asimismo, podrán optar también por la formación en el entorno ganadero y más concretamente, en técnicas de reproducción asistida, análisis seminal y de material genético dirigidas a las especies ganaderas y en técnicas de análisis genético, gestión de bancos de germoplasma y gestión de centros de testaje.

Por último, también podrán elegir entre la innovación agraria para el desarrollo rural; la caracterización de microorganismos con potencial de control de enfermedades en cultivos de interés ante el cambio climático; transferencia y divulgación para fomentar la innovación agraria, alimentaria y rural y, por último, la reproducción, conservación y mejora genética de los árboles y poblaciones singulares y silvestres. Todo ello dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, el Gobierno regional cumple con el objetivo de poner a disposición de las explotaciones agrarias y de otras empresas del mundo rural madrileño personal capacitado que se convierte en transmisores de las diferentes líneas de investigación desarrolladas por el IMIDRA.

La Comunidad de Madrid ha autorizado, en la reunión del Consejo de Gobierno, la concesión de 875.000 euros para las primeras ayudas dirigidas a fomentar una agricultura compatible con la conservación de las aves esteparias de la Red Natura 2000.

En su compromiso con la biodiversidad, el Gobierno regional pone en marcha estas ayudas que buscan compatibilizar la conservación de las poblaciones de diversas especies de aves esteparias amenazadas con los actuales métodos de agricultura, especialmente en aquellas Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Comunidad de Madrid que acogen poblaciones significativas de este tipo de animales.

La Comunidad de Madrid cuenta con siete ZEPA en aplicación de una directiva de la UE. De ellas, hay tres (estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, carrizales y Sotos de Aranjuez, cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama), que acogen poblaciones significativas de aves esteparias amenazadas, con ejemplares de avutarda común, sisón común, aguiluchos cenizo, pálido y lagunero occidental, gangas ortega e ibérica, además de otras especies esteparias de interés comunitario, como bisbita campestre, alcaraván común, carraca europea, cernícalo primilla y cogujada montesina.

Esas tres ZEPA tienen un marcado carácter agrícola, cultivando principalmente cereal de secano, de gran interés para el mantenimiento de estos hábitats y especies, por lo que la Comunidad ofrece una compensación a los agricultores que utilicen métodos de producción compatibles con la conservación de las mismas, evitando formas de producción agrícolas intensivas o excesivamente mecanizadas, que afectan a las aves.

El procedimiento de concesión de subvención será el de concurrencia competitiva y podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles titulares de una explotación agraria situada en alguna de las tres ZEPA. Deberán estar dispuestas a realizar la mejora y mantenimiento del barbecho tradicional, el barbecho semillado con leguminosas, la retirada de tierras de la producción, el cultivo de girasol y el retraso en la recogida de cereal. Los agricultores recibirán primas compensatorias en función de las técnicas que empleen y tendrán que mantener este compromiso durante cinco años, sobre una superficie mínima de tres hectáreas y máxima de 14 por cada subvención.

Con el ello se favorecen las prácticas agrarias tradicionales, proporcionando cobertura vegetal apropiada y alimento a la fauna presente, así como la calidad y cantidad de refugios, las zonas de nidificación y de alimentación para estas aves amenazadas. Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado.

"Ante los desastres naturales que está padeciendo el Planeta por las temperaturas extremas y los planes de recuperación aprobados por Europa, Volt España reivindica que la ecología y la sostenibilidad sean unos de los ejes de la reactivación de la economía. Por tanto, defiende la recuperación ecológica como vía para la recuperación económica. Esta apuesta se inspira en el informe presentado por la ONU Decenio por la Restauración Ecológica (Decade on Restoration), cuyo objetivo es actuar para evitar el deterioro de la Tierra. Tal y como expresa la ONU, la restauración de los ecosistemas, si se hace de forma correcta, puede suponer un beneficio de hasta 30 dólares por dólar invertido. Es decir, que por cada inversión que se realice se puede obtener un beneficio monetario muy grande", tal y como explica VOLT en un comunicado.

La restauración ecológica y su beneficio económico se pueden obtener de diversas maneras. Por ejemplo, la restauración de un ecosistema que tenga atractivos para el turismo no solo sería positivo desde el punto de vista de conservación, sino también atraerá a más público que disfrute del paraje. En este aspecto en España generaría un beneficio para el sector del turismo rural y las localidades afectadas por la despoblación. Por otra parte, se contribuye a disminuir las destrucciones asociadas a eventos climáticos extremos, como pueden ser las riadas. La puesta en marcha de esta restauración ecológica también aporta empleo e investigación, por lo que se capta talento nacional e internacional, y la recuperación de los recursos alimenticios ––como son miel, frutas, hierbas aromáticas... ––.

Las grandes urbes también tienen un papel importante en la restauración ecológica y económica. La adopción de un modelo de “Urbanismo Ecológico” (modalidad que pone a la naturaleza y al ser humano en el centro), contribuyen a que las ciudades sean más verdes e inteligentes en el uso del agua, favoreciendo el tránsito del aire y la aparición de sombras en verano y espacios soleados en invierno. De esta manera, se permite luchar contra muchos de los problemas de las ciudades de hoy en día, como son el calor o la contaminación. La defensa de la naturaleza está en el ADN de Volt, así como la protección de los ecosistemas o la lucha contra el cambio climático y la despoblación. Apostamos por la evolución hacia un sistema económico más moderno que no se base en la depredación de la naturaleza como forma de mantener un crecimiento infinito e inviable, pues los recursos de la Tierra no lo son.

Este movimiento paneuropeo defiende la reconstrucción de lo destruido como forma de empezar un nuevo capítulo. Para ello, hay que ser conscientes de lo que se ha degradado y de cómo ha sido, conocer cómo se recupera apostando por la investigación científica, cuya labor tiene que ser constante y acorde con lo que se necesita y elaborar, después, medidas basadas en las informaciones recabadas. Es necesario concienciar que invertir en ecología no es tirar el dinero, sino ganar bienestar y ganar un beneficio que va más allá de lo simplemente monetario. Es un paso adelante en la lucha contra la contaminación o el calor, causantes de graves enfermedades, incluso de la muerte, si son demasiado extremos o sostenidos en el tiempo. Esta propuesta que defiende Volt España se trataría de un elemento más a sumar a las medidas de Transición Ecológica y a los planes de lucha contra el cambio climático establecidos en el Plan de Recuperación para Europa presentado por España, y que se financiará a través de los fondos europeos aprobados recientemente.