"A los derechos de las víctimas de cualquier violencia sexual, le corresponden obligaciones del Estado, y estas obligaciones conforme a los convenios y las normas internacionales son la detección, antes de que la víctima verbalice la violencia sexual, la protección, la prevención, la punición y la reparación", argumentó Rosell. En cuanto a la prevención, la delegada destacó la formación y especialización de todos los sectores profesionales que tienen o van a tener relación con las víctimas de violencia sexual: judicatura, fiscalía, policía, abogacía, etc.

Sobre la protección, Rosell expuso que está compuesta de la atención, del acompañamiento y del asesoramiento que se refuerza enormemente, y ha destacado dos servicios fundamentales incluidos en el Proyecto de Ley. En primer lugar, los centros de atención 24 horas, que son centros especializados que abren 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y cuya financiación ya se acordó en Consejo de Ministros, con un presupuesto total de 66 millones de euros.

En segundo lugar, las Casas de Infancia para menores que han sufrido violencia sexual, para que así no tengan que acudir a los distintos servicios, sino que las instituciones sean las que acudan a donde están, tanto para sus reconocimientos, como para presarles atención, ayuda psicológica y de todo tipo, incluso para desarrollar sus declaraciones judiciales.

La delegada resaltó la importancia de este modelo para la prosperabilidad del testimonio y de las acciones, que dependen mucho de que se lleven a cabo en unas condiciones amables, seguras y de cuidado. También ha reiterado que tiene un impacto muy positivo en el bienestar y la salud física y psíquica de las víctimas de violencia sexual menores de edad, "y solo con esto ya sería razón suficiente", ha manifestado Rosell.

Según los datos de la Macroencuesta de 2019 de Violencia sobre las Mujeres, solo el 11% de la violencia sexual se denuncia en España, y por las víctimas solo el 8%. "Estamos hablando de una bolsa negra cercana al 90% de violencia sexual oculta, silenciada", afirmó la delegada.

"Que la sociedad y las instituciones crean a las mujeres, les den seguridad y hagan que superen esa vergüenza, y se pongan todas las medidas para evitar, prevenir, detectar, proteger, atender y reparar las violencias sexuales contra menores de edad, hará a las mujeres vivir en un país mucho más libre y mucho más seguro", argumentó Rosell.

La delegada explicó que con esta ley, se pasará de una cultura del sometimiento de las mujeres, de la subordinación, que es la clave y la causa de la violencia de género, a una cultura del consentimiento. Esta ley opta por un modelo de consentimiento positivo, que es el que se refleja en la conocida frase utiliza por el movimiento feminista de "Solo sí es sí".

Se suprime la distinción entre abuso y agresión sexual, porque se suprime la figura del abuso sexual. El delito de violación ya no requiere que se utilice como medios comisivos la violencia o la intimidación, que también exigía a la víctima repeler o defenderse de esta violencia o intimidación.

Se amplía el acoso reiterado o stalking en el Código Penal, y se elimina el requisito de afectación grave de la vida cotidiana de la víctima. Se modifica el concepto de explotación sexual, entendiendo que existe no solo cuando se demuestra una situación de vulnerabilidad de la víctima, sino cuando hay una relación de dependencia o subordinación. Y se incorpora la tercería locativa, para perseguir a toda persona que destina un inmueble o bien local para favorecer la explotación sexual ajena.

La delegada informó que en el mes de junio fueron asesinadas 8 mujeres por violencia de género, un total de 24 en lo que llevamos de año y 1.102 desde 2003, además de un caso en investigación en las Illes Balears. En cuanto a los menores huérfanos y huérfanas por violencia de género, en junio han sido 7, un total de 13 en 2021 y 317 desde 2013. 3 menores han sido asesinados y asesinadas en 2021 y 40 asesinados y asesinadas desde 2013, pendiente de la resolución judicial en investigación de Ana, la bebé de Tenerife.

De cara a este verano, Rosell también anunció la campaña propuesta por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a 8.200 ayuntamientos junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la instalación de puntos violetas en fiestas estivales y espacios de ocio, para la atención, información y asesoramiento contra las violencias machistas, que podrán financiarse con fondos del Pacto de Estado. La delegada ha trasladado este llamamiento a ayuntamientos y sociedad por un verano libre de violencias machistas.

La delegada ha informado también sobre los datos de las llamadas, consultas online y WhatsApp al 016. El número de llamadas pertinentes durante el mes de junio de 2021 es de 9.049, mientras que en junio de 2020 fue de 8.561, lo que supone una diferencia en valor absoluto de 488 llamadas pertinentes más en junio de 2021 que en junio de 2020, y en porcentaje, un aumento del 6%. Las 9.049 llamadas pertinentes de junio de 2021 suponen la segunda cifra más alta de toda la serie histórica, sólo superada por las 9.916 llamadas pertinentes de agosto de 2016.

En relación con el mes anterior, el número de llamadas pertinentes del 1 al 31 de mayo de 2021 fue de 8.239. Esto supone una diferencia en valor absoluto de 810 llamadas pertinentes más en junio de 2021 que en mayo de 2021, y en porcentaje, un aumento del 10%. Con respecto a las consultas online pertinentes, del 1 al 30 de junio de 2021 se realizaron 109, mientras que del 1 al 31 de mayo de este mismo año, se hicieron 137. Esto supone una diferencia en valor absoluto de 28 consultas pertinentes online menos en junio de 2021 que en mayo de 2021, y en porcentaje, una disminución del 20%. De ellas, en el mes de junio, las consultas relativas a violencia de género representan el 87,21% y las relativas a otras formas de violencia contra las mujeres el 12,79%.

Por último, del 1 al 30 de junio de 2021 se realizaron 573 consultas pertinentes por WhatsApp, 164 menos que en mayo de 2021, lo que supone una disminución del 22%. De las recibidas en el mes de junio, las relativas a violencia de género representan el 89,7% y las relativas a otras formas de violencia contra las mujeres el 10,3%.