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22
Jun
2021
Sánchez indulta a los políticos catalanes encarcelados tras el juicio del procés PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaEl Gobierno abre la puerta a un modelo de economía planificada con una reforma de la Ley de Seguridad Nacional

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de indultos a los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del procés.La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que los indultos son una medida de gracia contemplada en la Constitución que respeta de forma fiel y escrupulosa la separación de poderes y que el Gobierno aplica porque la considera de utilidad pública para favorecer el diálogo, la convivencia y el reencuentro en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España: "No vamos a renunciar, como gobierno, a hacer aquello que pensamos que es lo mejor para nuestro país, su convivencia, la estabilidad y su progreso".

Montero ha afirmado que la medida no valida, ni cuestiona ni discute las resoluciones judiciales: "La justicia terminó su trabajo y ahora es el momento de la política". El conflicto catalán, ha dicho Montero, necesita "que la palabra, el diálogo, la convivencia y la capacidad de reencuentro cobren un protagonismo que nunca se tuvo que perder" y, como ha hecho el presidente en una declaración institucional esta mañana tras el Consejo de Ministros, ha apelado al espíritu de concordia que guio la transición para poder avanzar en ese camino.

La portavoz ha reconocido que "coser las heridas y recuperar la confianza perdida" requerirá su tiempo, pero ha expresado su confianza en que este paso "con altura de miras, con el espíritu constitucional, sea el primero de una nueva etapa para todos". Montero ha señalado que el Gobierno es muy consciente de que los indultos pueden generar incomprensión o rechazo de una parte de la población y ha mostrado su respeto a estas posiciones, ya que "la discrepancia, siempre que esté dentro del marco legal constitucional, es legítima". No obstante, les ha pedido confianza: "La palabra es la única manera que tienen las sociedades avanzadas, democráticas, para poder seguir caminando en un destino común".

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la contratación de servicios para la organización, gestión y ejecución del programa de Turismo Social para personas mayores durante la temporada 2021/2022, así como sus posibles prórrogas. El IMSERSO relanzará el programa en el mes de octubre e incorporará medidas y protocolos para prevenir el virus y evitar el contagio por COVID-19. La portavoz del Ejecutivo confía en que la reactivación de los viajes sea una gran noticia para las personas mayores, que son las que más han sufrido más miedo e incertidumbre durante esta pandemia, y un avance hacia la normalidad para este colectivo. María Jesús Montero ha concretado que el volumen económico de la campaña se rondará los 280 millones de euros y que se convocarán, inicialmente, 816.000 plazas, lo que supondrá más de seis millones de estancias.

El Gobierno ha autorizado un nuevo acuerdo de adquisición de dosis de Pfizer/BioNTech contra la COVID19 mediante el que España recibirá más de dos millones más de acordadas en el Consejo de Ministros del 25 de mayo, pasando de los 94 a los 96 millones entre los años 2021 y 2023. En concreto, recibirá 6,4 millones de dosis en 2021; 41,6 millones en 2022 y 48 millones en 2023. Hungría ha renunciado a su tercer acuerdo de compra con esta compañía, según ha informado la portavoz, lo que posibilita un mayor reparto entre el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea.

Montero ha afirmado que la medida consolida el suministro de la vacuna a toda la población y garantiza dosis suficientes por si fuera necesaria su utilización en el futuro. Además, ha recordado que aunque el suministro sea competencia de las comunidades autónomas, la contratación realizada desde el Gobierno ha supuesto un ahorro de más de 4.400 millones de euros a las arcas públicas de las autonomías.

El Ejecutivo ha aprobado una inversión de cerca de 400 millones de euros dentro del plan de inversiones de equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud, en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. La portavoz ha afirmado que con esta dotación se modernizará el sistema sanitario y se aplicarán prácticas y políticas innovadoras que permitan que los últimos tratamientos médicos se puedan aplicar en hospitales públicos, así como reducir la obsolescencia del parque tecnológico del sistema. "Queremos renovar 845 equipos de alta tecnología que se incorporarán al sistema público", ha dicho.

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio. María Jesús Montero ha resaltado que la declaración hace especial hincapié en la dificultad que ha supuesto para el conjunto de la sociedad y para el colectivo LGTBI la pandemia por COVID-19, profundizando en la idea de que el Ejecutivo no quiere dejar a nadie atrás y seguirá avanzando en los derechos civiles de esta comunidad, sin que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género o sus características sexuales vayan en detrimento de lo que recoge la Constitución.

En el texto, el Gobierno reafirma "el derecho de toda la ciudadanía a vivir una vida plena sin encontrar en su camino ningún tipo de discriminación, ningún obstáculo a la igualdad de trato y de oportunidades ni ningún impedimento para la autodeterminación personal". La portavoz ha añadido que el Ejecutivo expresa en este documento su compromiso firme con el desarrollo de legislaciones que amparen los derechos de las personas LGTBI y situarse, como siempre, a la vanguardia europea e internacional, alineado el ordenamiento jurídico español con la estrategia de igualdad de la Unión Europea y ofreciendo una posición de condena rotunda a la LGTBIFobia.

El Ejecutivo ha remitido a las Cortes la modificación de la Ley de Seguridad Nacional con el fin de reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a recursos durante la gestión de crisis. Esta cuestión ya fue abordada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la última Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional, celebrada el 19 de mayo con las comunidades autónomas.

La Ley de Seguridad Nacional, del año 2015, recoge el mandato de elaborar una norma reguladora de la contribución de recursos en este ámbito. El texto aprobado hoy cumple con ese precepto en un momento en que la experiencia de la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de completar el régimen jurídico.

María Jesús Montero ha precisado que, entre otras cuestiones, la reforma aborda la regulación de la producción industrial de España en función de las necesidades de la situación de crisis, así como el papel de la Reserva Estratégica para combatir la dependencia del abastecimiento exterior. Además, la norma asigna nuevas facultades al Consejo de Seguridad Nacional; tras detectar un escenario susceptible de derivar en una declaración de situación de interés para la seguridad nacional, este organismo podrá adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos puedan ejecutarse lo más rápidamente posible.

El Consejo de Ministros ha validado en primera vuelta el anteproyecto de ley orgánica que regula el acceso, por parte de las autoridades competentes, a la información financiera en la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos graves. El objetivo del texto es incorporar a la legislación española la directiva europea sobre esta materia. El anteproyecto regula el acceso a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos y a la información y los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) con motivo de una investigación penal que esté abordando un delito grave.

En el último día de este curso escolar, María Jesús Montero ha reiterado el mensaje de felicitación que transmitió el presidente del Gobierno a toda la comunidad educativa este pasado sábado por su sobresaliente gestión de la pandemia: "Nuestra enhorabuena a profesores, familias, y especialmente a nuestros más pequeños". España ha sido de los pocos países que han mantenido abiertos los centros durante todo el periodo lectivo, lo que Montero ha considerado una buena muestra de la fortaleza de nuestro estado del bienestar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para informar del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se han concedido los indultos a los nueve condenados del juicio del procés que permanecen en prisión.

Son indultos parciales por los que se conmuta la pena pendiente de prisión mientras que se mantienen las condenas por inhabilitación, y están condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado. El Ejecutivo, ha afirmado Sánchez, ha estimado que existen razones de utilidad pública para esta medida de gracia, concretamente "la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española", conforme con el espíritu de la Constitución Española.

El presidente ha señalado que el fin de la decisión del Gobierno es abrir un nuevo tiempo de diálogo y tender puentes entre personas muy alejadas en lo político, pero que no pueden ignorarse porque, ha subrayado, "España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España, no sería Cataluña". El Gobierno, ha asegurado, trabaja y va a seguir trabajando para el entendimiento y nunca por el enfrentamiento, y ha invitado a pasar página para concentrar todas las fuerzas "en mejorar la vida de nuestro pueblo, en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado, en el Pleno del Senado, en respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios Popular y Mixto sobre los indultos concedidos a los condenados por el procés, que el Gobierno quiere "mirar hacia adelante y quiere un país en convivencia, por eso trabaja para que esta convivencia sea una realidad". Campo ha reprochado al senador popular que "nunca han querido o no han sabido resolver los problemas, y esa es una de las causas por las que estamos aquí ahora".

En ese sentido, el ministro se refirió a que, en 2006, se aprobó un estatuto de autonomía para Cataluña con un 74% de catalanes a favor. En esa misma época solo el 14% de los votantes catalanes abrazaban el secesionismo. La inactividad del Gobierno del Partido Popular, según Campo, ha sido la causa de que, en la actualidad, un 49% de los votantes apoye las opciones independentistas.

La clave del indulto es "crear unas bases para que, desde el interés general, podamos ser un país en concordia, que dé cumplimiento a aquellos principios que supimos plasmar en la Constitución del 78 y que ustedes, tristemente, se empeñan día a día en destrozar", ha añadido. El ministro de Justicia ha hecho hincapié en que su Gobierno "no persigue ni castiga las ideas, son todas defendibles en nuestra Constitución, y ahí es donde tenemos que movernos, en el ámbito de lo que la exposición de motivos de nuestro texto constitucional abraza: la concordia, la convivencia y trabajar por ella".

Por otra parte, Campo ha explicado al senador de Vox, que, aunque lo ocurrido fue muy grave, la unidad de España está garantizada por la Constitución. Y ha insistido en que "aunque el real decreto es irreversible, dentro del mismo se establece un elemento de condicionalidad", de tal modo que, si vuelven a cometer un delito grave, tendrán que cumplir ambas penas: la del nuevo delito cometido y la parte de la pena que les había sido indultada por los delitos anteriores. Campo ha concluido enfatizando que "tenemos la obligación de buscar elementos de concordia y de convivencia entre catalanes, y entre catalanes y España".

 

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