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13
May
2021
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosAprobada por el Congreso la nueva Ley de Cambio Climático con la abstención del PP y Más País y el “no” de VOX

En la sesión plenaria de este jueves, el Congreso de los Diputados ha concluido la tramitación parlamentaria de la Ley de cambio climático y transición energética, con la aceptación de todas las aceptadas introducidas por el Senado. De este modo, la norma queda lista para su entrada en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Asimismo, la Cámara ha rechazado, con 94 votos a favor, 139 en contra y 63 abstenciones, la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Popular, al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Por lo tanto, el texto original continúa su tramitación parlamentaria.

La sesión de este jueves, 13 de mayo, ha comenzado a las 9:00 horas, con el debate del Dictamen de conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que ha sido aprobado por 219 votos a favor, 121 en contra y 6 abstenciones. Durante esta jornada también se han convalidado dos reales decretos-leyes. En primer lugar, se se ha dado luz verde, 294 votos a favor, ninguno en contra y 52 abstenciones, al Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19, que aprueba un procedimiento excepcional y temporal, durante 2021 y 2022, para conceder "aplazamientos o fraccionamientos del pago de deudas públicas, no tributarias ni aduaneras derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del Estado". La Cámara también ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con 336 votos favorables, 6 negativos y 3 abstenciones.

A continuación, se ha convalidado, con 220 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones,  el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales, y defensa de los consumidores. Esta norma incorpora al ordenamiento jurídico español directivas europeas en estos ámbitos. También se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con 342 votos favorables y 4 abstenciones.

En la sesión del jueves, el Pleno también ha aprobado el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, una vez aceptadas las enmiendas incorporadas por el Senado. Por tanto, el texto legislativo será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. Esta norma establece objetivos mínimos nacionales para el año 2030: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%; y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable. Estas medidas tienen por objeto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética.

Asimismo, se han aprobado dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Han salido adelante los acuerdos de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, hecho "ad referendum" en Bruselas el 19 de octubre de 2018; y de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016.

También se ha dado luz verde al Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 2 de septiembre de 2015; el Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020; al Acuerdo entre el Reino de España y la República de Níger sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Niamey el 29 de octubre de 2018, y a la Modificación de las reservas a formular por España en relación con el Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.

Por último, el Pleno del jueves ha acogido el debate de la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Popular, a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, del Grupo Plural. Tras haberse rechazado el texto alternativo del grupo Popular por 94 votos a favor, 139 en contra y 63 abstenciones, el texto del Grupo Plural  continúa con su tramitación parlamentaria.

La iniciativa del Grupo Plural tiene por objeto incrementar los incentivos fiscales al mecenazgo, efectuado por personas físicas, jurídicas o no residentes. Además, el texto pretende ampliar "el concepto de donativos y donaciones, incorporando las donaciones de servicios, las donaciones destinadas a la rehabilitación arquitectónica de bienes de interés cultural, las donaciones de espacios naturales protegidos o las donaciones de bienes culturales de autores reconocidos".

El Pleno comenzó el martes 11 de mayo, con la toma de posesión de Gerard Álvarez i García como diputado del Grupo Republicano, en sustitución de Joan Josep Nuet. La sesión continuó con el debate de totalidad de la reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. La modificación, que fue defendida ante el Pleno por una delegación del Parlamento riojano, formada por Raúl Díaz Marín, Jesús Ángel Garrido Martínez y Pablo Baena Pedrosa, contó con el respaldo de la Cámara, por 262 votos a favor, 52 en contra y 24 abstenciones. De este modo, la iniciativa continuará con su tramitación parlamentaria en Ponencia, Comisión y Pleno. Este texto propone adecuar el estatuto autonómico y "dar mejor respuesta a las nuevas demandas de los riojanos y riojanas", incorporar "instrumentos de autogobierno", acoger derechos de protección de la ciudadanía y ampliar "espacios competenciales", entre otros asuntos.

A continuación, se debatió  la toma en consideración de la Proposición de Ley de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública, presentada por una delegación de la Junta General del Principado de Asturias, integrada por María Dolores Carcedo García, Daniel Marí Ripa y Ovidio Zapico González. La iniciativa, que fue rechazada por el Pleno por 42 votos a favor, 259 en contra y 38 abstenciones, proponía modificar la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, para "reconocer expresamente la gratuidad de la asistencia sanitaria pública, con independencia de su cobertura o no por la Seguridad Social, contemplando como únicas excepciones para la gratuidad automática tanto a las personas que de manera voluntaria optan por cubrir esta prestación mediante mutualidades, como a los funcionarios públicos que obligatoriamente tengan que integrarse en el régimen mutual correspondiente hasta que este modifique o integre en el Sistema Nacional de Salud".

El Pleno del martes continuó con el debate de dos proposiciones no de ley y tres mociones. En primer lugar, se vio la Proposición no de Ley sobre enfermedades raras, presentada por el Grupo Socialista, aprobada por unanimidad por 346 votos a favor. El texto insta al Gobierno a "integrar las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma efectiva, garantizando el acceso al diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de la enfermedad que padezcan y de acuerdo a criterios de equidad".

En segundo lugar se debatió la Proposición no de Ley relativa a evitar medidas de control de precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la vivienda desocupada, del Grupo Vox, rechazada por el Pleno de la Cámara con 152 votos a favor y 194 en contra. En la iniciativa se procuraba instar al Ejecutivo a garantizar "la autonomía de las partes en la determinación de las rentas de los contratos de arrendamientos urbanos", y "fomentar la colaboración entre la administración pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial", entre otras medidas, para "mejorar la situación del mercado inmobiliario en España".

La jornada del martes concluyó con el debate de una moción consecuencia de interpelaciones urgentes, presentada por el Grupo Euskal Herria Bildu, "sobre el desmantelamiento y cierre del Polígono de Tiro de Las Bardenas Reales", que fue rechazada por 102 votos a favor, 172 en contra y 41 abstenciones.

La sesión plenaria se reanudó el miércoles con la Sesión de Control al Gobierno, en la que los grupos parlamentarios formularon preguntas e interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.

Las preguntas fueron dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya; a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La Sesión de Control continuó con tres interpelaciones urgentes. La primera, del Grupo Popular, "para que el Gobierno explique las medidas fiscales (subidas de impuestos y/o recortes) remitidos a Bruselas el pasado 30 de abril", dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La segunda interpelación, presentada por el Grupo Ciudadanos, trata "sobre el plan normativo del Gobierno de España en materia de bienestar animal" y fue dirigida a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Y la tercera, del Grupo Vox, "sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para restituir la credibilidad del Ministerio del Interior", interpelación dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante la jornada del miércoles, la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Sofía Hernanz, presentó el Informe sobre el cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con el artículo 31.1.2º del Reglamento. También se debatió la moción del Grupo Popular, "para que el Gobierno explique las subidas de impuestos que piensa llevar a cabo y su posición respecto a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas", que fue rechazada por 154  votos a favor, 190 en contra y 1 abstención; y la moción del Grupo Vox, "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para aliviar el esfuerzo fiscal de los españoles", rechazada por 152 votos a favor, 192 en contra y 2 abstenciones.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados. El texto, que llega en un momento clave para activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050.

La vicepresidenta considera que la ley aprobada por la Cámara Baja es un documento "imprescindible" que había sido postergado demasiado tiempo. "Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad".

Ribera ha hecho énfasis en el intenso trabajo que todos los grupos parlamentarios han venido realizando y que da muestras del grado de implicación e interés que la ley ha suscitado. Tras haber pasado por el Congreso y el Senado, las enmiendas realizadas han enriquecido y reforzado el texto. La ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla una primera revisión al alza de sus objetivos en 2023. En este sentido, Ribera emplazó a los grupos a "apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno y a seguir trabajando en la suma de consensos".

Los impactos del cambio climático son ya patentes en nuestro país: la tormenta Gloria que azotó el litoral español y la borrasca Filomena que el pasado enero inmovilizó gran parte del país, son solo dos fenómenos que muestran la contundencia de los efectos de la alteración climática. Los eventos meteorológicos extremos de este tipo suponen para nuestro país una media de casi 700 vidas y 900 millones de euros al año. Por ello, la vicepresidenta ha insistido en la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida, integrando criterios de sostenibilidad y resiliencia.

En los últimos dos años España ha avanzado más que nunca en la asunción de compromisos climáticos, liderazgo internacional y desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, Ribera ha señalado que "hace falta más ambición para atajar el camino hacia la plena descarbonización, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, modernizar la economía y transformar los modelos de producción y de consumo, adaptarse a los impactos climáticos y realizar estos cambios sin olvidar a ningún territorio ni a ninguna persona".

En ese sentido, la vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta.

En su intervención, Ribera ha expresado que esta ley es "de todos y para todos", y ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes que son al mismo tiempo "cómplices y voz de la conciencia en cuanto a los avances en la lucha contra el cambio climático". La vicepresidenta ha recordado que en la lucha contra el cambio climático "hace falta la audacia de la juventud para anticiparnos y aprovechar el mundo de oportunidades que abren las tecnologías del futuro".

El compromiso de España con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.

Por otro lado, mientras la Unión Europea establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el director General de Discapacidad del Gobierno, Jesús Martín Blanco, ha presentado el Anteproyecto de Ley de reforma del artículo 49 de la Constitución en un acto en el que ha participado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez.

Durante la presentación de la iniciativa legislativa, el jefe del Ejecutivo se ha referido a la necesidad de reconocimiento público y expreso de las instituciones para que la igualdad sea efectiva y real, señalando que "atender a la discapacidad no es solo una cuestión de justicia social, supone ser conscientes de nuestra realidad diversa y atenderla en todos sus extremos", porque solo alcanzaremos la verdadera igualdad social cuando aseguremos "la no discriminación, la igualdad de oportunidades de todos y de todas" y "cuando llevemos la inclusión de forma efectiva a todas las áreas: a la educación, a la sanidad o al empleo".

Sánchez ha subrayado que la reforma del artículo 49 de la Constitución es una reforma de "mucho calado, propia de un gobierno social, como es el nuestro y, sobre todo, que abre una reforma constitucional por la puerta de lo social".

Una reforma, de la que, a su juicio, debemos sentirnos todos orgullosos, porque "sitúa nuestro país como uno de los principales referentes" en una legislación fundamental en una materia tan importante y "nos sitúa a la vanguardia en todo lo que representa las políticas de discapacidad".

Asimismo, ha hecho un llamamiento expreso a las fuerzas políticas parlamentarias para que la aprobación de la reforma del art. 49 de la Constitución se logre de forma unánime en las Cortes y así, se convierta no solo en un triunfo para este sector, sino también "para el país".

El jefe del Ejecutivo ha resaltado la participación y colaboración que ha tenido el CERMI en la reforma que ha llevado a cabo el Ejecutivo y que fue aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros. Un artículo 49 de la Constitución que, gracias a esta modificación de estructura, contenido y terminología, intensifica y avanza en la protección social de las personas con discapacidad, actuando al máximo nivel normativo.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha subrayado que esta reforma no solo supone que desaparezca en la Constitución un término que suponía una "afrenta", sino también "considerar que las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos, de las mismas las mismas libertades y de la igualdad de oportunidades, en una sociedad que las incluye".

"Abrimos paso a la perspectiva de género en el texto constitucional, para proteger de manera especial a las mujeres y a las niñas ante las dificultades para preservar algunas de sus libertades más importantes", ha destacado la vicepresidenta, como parte fundamental de la reforma de este artículo.

"Nos sentimos orgullosos en el Gobierno de la celeridad con la que el presidente del Gobierno ha querido que esta reforma se llevara a cabo", señaló Carmen Calvo. "Esto es lo importante, lo que ocupa el día a día del Gobierno. Esta es la respuesta que tiene que dar una España mejor y una España digna a casi 4 millones de compatriotas", concluyó.

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo, ha agradecido al Gobierno su determinación por aprobar esta reforma, con la que "estamos haciendo historia", dijo, al tiempo que se ha mostrado orgulloso de que "sea la discapacidad la que abra la puerta a un estado mucho más social". "Nos situamos a la vanguardia de la regulación constitucional del mundo y va a señalar el camino a otros países", celebró.

Durante el acto, Sánchez ha anunciado la llegada de 13 millones de vacunas de la compañía Pfizer durante el mes de junio, pasando de 1,7 millones de vacunas a la semana de esta compañía, a 2,7 millones.

Este numeroso lote de vacunas Pfizer, logrará, tal y como ha anunciado el presidente, Pedro Sánchez, que 10 millones de personas obtengan la pauta completa de vacunación durante la primera semana del mes de junio, algo que "nos lleva en línea recta hacia la inmunidad de grupo, es decir, que 33 millones de españoles y españolas vacunados a mediados de agosto". "Y lo vamos a hacer, como hacemos las cosas en este país, con humildad, peor con gran determinación y con profesionalidad. Por tanto, quedan 97 días para que logremos, definitivamente, la inmunidad de grupo".

Asimismo, el presidente del Gobierno ha reconocido el "esfuerzo histórico" que están haciendo todas las administraciones para acelerar al máximo el proceso de vacunación y ha destacado a las personas con discapacidad como colectivo prioritario dentro del plan de vacunación, un colectivo que alcanza a 4 millones de personas y al que ya se ha empezado a vacunar, comenzando con las personas con discapacidad que están institucionalizadas y con aquellas, que aunque vivan en su propio domicilio, tienen el grado 3 de dependencia.

"Somos conscientes de la urgencia y de la importancia que la vacunación tiene para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas con características más específicas, ha señalado, por último, Pedro Sánchez, recordando que, por esta razón, el pasado 11 de mayo, la Comisión de Salud Pública acordó dar prioridad a la vacunación a grandes dependientes de difícil accesibilidad, personas con autismo profundo, con discapacidad intelectual y a aquellas con enfermedad mental severa.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha recordado los avances para las personas con discapacidad que se han conseguido con este Gobierno, como el reconocimiento del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual; el reconocimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, con la ley que prohíbe la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, o en la autonomía jurídica y la protección judicial de las personas discapacitadas.

En este sentido, anunció también el compromiso firme de España de presentar en el próximo Foro de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el mes de julio, la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el marco del Examen Nacional Voluntario.

 

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