Telefónica y Orange participarán en la subasta de dos concesiones de ámbito estatal de 10 MHz cada una, con un precio de salida de 21 millones de euros para cada concesión. Ambas operadoras ya disponen de 90 MHz y 100 MHz, respectivamente, en la banda de 3,5 GHz. Las concesiones estarán vigentes hasta diciembre de 2038 con el fin de facilitar, por un lado, un marco estable y de certidumbre a los operadores que accedan a la explotación de estas frecuencias y, por otro lado, un alineamiento con la duración de las licencias otorgadas en la anterior subasta resuelta.

La licitación está prevista que comience el día 22 de febrero y se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas, a través de una Plataforma Electrónica de Subastas (PES) segura. Previamente, los días 18 y 19 de febrero, está previsto que las empresas licitantes realicen las pruebas necesarias con la plataforma y para familiarizarse con el funcionamiento y la operativa de la plataforma.

Después de esta licitación, se realizará la reorganización de las frecuencias de esta banda con el fin de que todos los operadores dispongan de bloques contiguos de frecuencias y sea posible un uso más eficiente del espectro radioeléctrico en el despliegue de la tecnología 5G y sus servicios.

La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G es una prioridad de la agenda España Digital 2025, presentada el pasado 23 de julio de 2020, así como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, cuyas líneas generales se presentaron el 7 de octubre de 2020.

La Estrategia tiene como objetivo que en el año 2025 el 75% de la población tenga cobertura de 5G mediante las bandas que han sido identificadas como prioritarias: 694-790 MHz, 3.400-3.800 MHz y 24.25-27.5 GHz. Por ello el primer eje de la Estrategia es poner a disposición de los operadores dichas bandas.

La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G cuenta con una inversión pública de 300 millones en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y de 2.000 millones de euros hasta 2025 con el fin de desplegar estas redes que serán decisivas para impulsar la transformación digital y contribuirán a mejorar la conectividad de las zonas rurales.