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09
Feb
2021
España hará un test de antígenos a los pasajeros de vuelos de Brasil y Sudáfrica aunque tengan PCR negativa PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaEspaña coloca deuda por cinco mil millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de la restricción de los vuelos directos y buques de pasaje entre el Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. Se exceptuarán los vuelos o buques ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como por residentes en ambos países.

La limitación se extiende desde las 18:00 del día 16 de febrero hasta las 18:00 horas del 2 de marzo y responde a la decisión del Gobierno de frenar la propagación de la variante británica del Covid-19.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha anunciado la prórroga, hasta la misma fecha, de los vuelos con origen en Brasil y la República Sudafricana, donde se han detectado nuevas variantes del virus. A los pasajeros de estos vuelos, además de exigirles una prueba PCR negativa en las 72 horas previas al viaje, se les realizará un test de antígenos en el aeropuerto con el fin de reforzar los controles.

La ministra ha informado de que la tendencia de contagios está descendiendo gracias a las medidas restrictivas dictadas por las comunidades autónomas, a las que ha expresado el reconocimiento del Gobierno en su lucha contra el virus. "La cogobernanza y esta estrategia conjunta representan la apuesta más inteligente y más audaz que como país podemos dar a esta pandemia", ha dicho.

Carolina Darias ha precisado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en los 667 casos por cada 100.000 habitantes, descendiendo en 232 puntos desde el 27 de enero, día en el que se alcanzó el pico de 899 casos.

La preocupación del Ejecutivo es que a finales de esta semana se pueda alcanzar el pico de ocupación de infectados por el virus en las Unidades de Cuidados Intensivos, que en algunas comunidades ya supera el 50%. Por ello, la ministra ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la cultura de la prevención.

Darias ha destacado que España tiene una altísima capacidad de detección de casos y que, desde el inicio de la pandemia, se han realizado más de 29,9 millones de pruebas diagnósticas.

La ministra ha subrayado que España se sitúa por encima de la Unión Europea en la administración de vacunas, lo que impulsa el objetivo de tener "más personas vacunadas que contagiadas".

Al respecto, ha detallado que el Gobierno ha entregado a las comunidades autónomas 2.218.755 unidades de las vacunas de Pfizer y Moderna, de las que han sido administradas 2.105.033. Además, casi 800.000 personas ya han recibido la segunda dosis.

Por otra parte, Carolina Darias ha recordado que España recibió el sábado 196.800 dosis de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se ha comprometido a suministrar 1.800.000 unidades a lo largo del mes de febrero.

El objetivo del Gobierno, plasmado en la Estrategia Estatal de Vacunación, es que el 80% de las personas mayores estén vacunadas a finales del mes de marzo y el 70% de la población antes de que finalice el verano, ha añadido la ministra.

El Gobierno ha aprobado la Estrategia de Almacenamiento Energético como parte del desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo.

Los sistemas de almacenamiento permiten hacer frente a las brechas instantáneas entre generación y demanda de energía, ya que acumulan energía procedente de los momentos en los que hay excedentes para que esté disponible cuando existan déficits. La Estrategia marca como fin que en 2030 se dispongan de unos 20 GigaWatios de almacenamiento y de 30 GigaWatios en 2050.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que el almacenamiento es clave en el proceso de transición hacia una economía neutra en emisiones, la mejor gestión de las redes eléctricas y la estabilización de los precios de la luz en el medio plazo.

Asimismo, ha remarcado, el impulso de este área que genera importantes oportunidades para la recuperación económica, la transición justa, el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la I+D+i y la industria nacional, además de para la creación de empleo, especialmente entre los jóvenes.

El Ejecutivo ha acordado remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

El Gobierno ha solicitado su tramitación parlamentaria por vía de urgencia, ya que la nueva norma transpone una Directiva Europea que está pendiente de adaptación al marco español desde 2016.

María Jesús Montero ha afirmado que el proyecto conjuga la necesidad de reforzar la cooperación internacional con la garantía de la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en la Constitución. Asimismo, incluye un régimen sancionador específico para quienes incumplan sus preceptos, con sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 240.000 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para establecer un régimen sancionador para los casos de morosidad en el transporte de mercancías por carretera.

En España, este sector está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, y el incumplimiento de los plazos de pago afecta a su liquidez y, en consecuencia, a su rentabilidad y competitividad, ha señalado Montero, que ha resaltado su función esencial para la sostenibilidad de la economía.

La propuesta normativa incorpora un nuevo tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal del pago, de 60 días, en los contratos de transporte de mercancías por carretera, y también, con fines disuasorios, se prevé dar publicidad de las resoluciones sancionadoras.

La reforma de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre ha materializado el compromiso adquirido con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, órgano de representación del sector y de interlocución con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que permitirá la autorregulación del sector del aceite de oliva. El fin último es la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis como las de las dos últimas campañas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá determinar, ante situaciones de riesgo de desequilibrio de mercado, una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos los operadores, hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario.

La portavoz del Gobierno ha incidido en la importancia de esta medida, muy demandada por el importante sector del aceite de oliva en España, con una producción anual media de 1,4 millones de toneladas y ventas a más de 100 países que superan los 2.800 millones de euros.

Más de 350.000 agricultores se dedican a esta actividad y se generan otros 32 millones de jornales con más de 15.000 empleos relacionados: "Estos datos nos permiten valorar en su justa dimensión cuántas personas y familias están concernidas", ha destacado Montero.

El Ejecutivo ha acordado la adquisición de 175.000 ordenadores con conectividad para alumnos vulnerables de Andalucía que estudien en centros sostenidos con fondos públicos, con el propósito de garantizar que la educación se pueda desarrollar desde el hogar o de forma presencial. La empresa pública Red.es aportará 80 millones de euros a través de los fondos FEDER y el resto, 20 millones, la Junta de Andalucía. Está previsto que los equipos estén a disposición del alumnado el próximo mes de marzo.

Estos ordenadores se suman a los que ya han recibido más de 435.000 estudiantes de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dentro del programa "Educa en Digital" del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Montero ha asegurado que "una de las obsesiones" del Gobierno a lo largo de la pandemia ha sido que la brecha tecnológica no agravara la desigualdad ni la situación de familias con dificultades.

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de un nuevo bono a 50 años por importe de 5.000 millones de euros. La nueva referencia se ha emitido con un cupón de 1,45% y una rentabilidad del 1,458%, dos puntos porcentuales menos que la referencia anterior. La emisión ha registrado una demanda de más de 65.000 millones de euros, más de seis veces superior a la registrada en la emisión sindicada de 2016, lo que ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de muy alta calidad.

Así, la demanda final se ha repartido entre 477 cuentas inversoras de naturaleza muy diversificada. Esto es especialmente relevante puesto que este bono no es elegible para el programa de compras del BCE, lo que pone de manifiesto la confianza de los inversores en la economía española. Además, los inversores no residentes han alcanzado una participación del 91,9% en la operación. De este porcentaje, destacan Alemania, Austria y Suiza, con un 33,1%, el Reino Unido e Irlanda con un 16,8%, Francia e Italia con un 11,7%, los países escandinavos con un 7,1%, y otros inversores europeos con un 9,4%. Por su parte, Oriente Medio ha alcanzado el 7,3% y Estados Unidos y Canadá un 4,9%. Otros inversores han obtenido un 1,8% de la emisión.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las aseguradoras y fondos de pensiones con un 35,4%, seguidas de las gestoras de fondos, con un 18%, el resto de bancos, con un 12,8%, los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 10,4% y los fondos apalancados con un 8,7%. Las tesorerías bancarias han participado con un 7,5% y otros inversores han representado un 7,1%.

El bono vence el 31 de octubre de 2071 y tiene un cupón del 1,45%. La rentabilidad se ha situado en el 1,458%, equivalente a 13 puntos básicos por encima de la actual referencia a 50 años (la Obligación del Estado con vencimiento en julio de 2066).

Para hacer frente al impacto de la crisis derivada del COVID-19 e implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Tesoro Público está acelerando de forma proactiva su programa de financiación.

Con esta sindicación de 5.000 millones de euros el Tesoro lleva emitido un total de 49.951 millones de euros en lo que va de año, a un coste del 0,012%. Esto ha permitido que el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúe en el 1,84%. Hay que destacar asimismo que el coste de la deuda emitida en enero fue negativo, situándose en el -0,08%. Por su parte, la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 8,05 años.

Banco Santander, BBVA, Citigroup, Crédit Agricole, JP Morgan y Nomura han actuado como directores de esta emisión. El resto de miembros del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

 

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