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02
Feb
2021
España sólo permitirá la entrada de vuelos de Brasil y Sudáfrica ocupados íntegramente por españoles PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaLos que pasen por España en tránsito no podrán salir del aeropuerto

El Consejo de Ministros ha acordado aumentar las restricciones de entrada a España por vía aérea desde la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica.De esta manera, solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas, sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

La medida entrará en vigor a las 9:00 a.m. (hora peninsular) del día 3 de febrero de 2021 y se extenderá durante 14 días, hasta las 9:00 a.m. (hora peninsular) del día 17 de febrero, pudiéndose prolongar en función de la evolución de la pandemia y de la coordinación de medidas a nivel comunitario.

El acuerdo se encuadra en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios, y en sintonía con las que han sido recomendadas en el ámbito de la coordinación europea.

Adicionalmente, están en línea con el objetivo establecido por el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud y por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de interrumpir la propagación del virus, adoptando medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo.

Además, se contemplan otras exenciones relativas a vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento, vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales (ferry) y humanitarios, médicos o de emergencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con nuevas medidas económicas y sociales que recoge actuaciones en cuatro ámbitos y tiene como objetivo disminuir la brecha de género y las desigualdades sociales, mejorar la situación de los colectivos más vulnerables y la cobertura de los profesionales sanitarios.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el complemento de pensiones vinculado a la maternidad y paternidad sustituye al actual complemento de maternidad, que perciben las mujeres con dos hijos. Su finalidad es reducir al 5% la brecha de género en las pensiones, que se sitúa en torno al 30%

Escrivá ha indicado que la brecha de género se produce tras el nacimiento del primer hijo, momento en el que el progenitor, en un 98% de los casos mujeres, se encarga de cuidarlo en detrimento de su carrera profesional con la consiguiente pérdida de ingresos.

El ministro ha informado de que el nuevo complemento podrán solicitarlo tanto los hombres como las mujeres, siempre y cuando acrediten que han perdido ingresos. Además, se podrá solicitar a partir del primer hijo.

José Luis Escrivá ha concretado que se establece una cantidad fija de 400 euros por hijo y calcula que 30.000 mujeres se beneficiarán de él este año. Como ejemplo, ha señalado que, en la actualidad, una mujer con dos hijos y una pensión media cobra un 5% más. Con el nuevo complemento, percibirá entre un 6% y un 8% más.

La nueva norma incorpora medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables. Esta prestación se dirige a las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Escrivá ha señalado que se han rechazado unas 60.000 peticiones porque los solicitantes no acreditan su unidad de convivencia. En algunos casos, ha añadido, los destinatarios de la prestación ni siquiera las solicitan.

El ministro ha destacado que las personas que viven en albergues o casas de acogida, y estén registrados, podrán solicitar el IMV. Además, la medida flexibiliza el concepto de unidad de convivencia para que mayor número de hogares puedan acceder a la prestación. Cuando la persona que se ha quedado sin vivienda comparta piso o vaya a vivir con un familiar de forma transitoria se considerará su situación preexistente y no supondrá una renta agregada a la unidad familiar.

Además, la iniciativa posibilitará que los servicios sociales y las entidades del tercer sector puedan acreditar situaciones excepcionales de personas sin hogar o en riesgo de exclusión social.

El ministro también ha resaltado que la norma aprobada hoy reconoce el COVID-19 como enfermedad profesional a aquellos trabajadores sanitarios y sociosanitarios que han contraído el virus en el ejercicio de su profesión.

Un cuarto ámbito contemplado en el Real Decreto-ley es el de la ampliación de la cobertura y los plazos de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos de la COVID-19.

Hasta el 30 de marzo de este año, los hogares, trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores del turismo y el transporte podrán solicitar el aplazamiento, hasta un total de nueve meses, del pago del principal y los intereses de sus préstamos con y sin garantía hipotecaria.

La vulnerabilidad para personas o autónomos viene definida por cuatro situaciones, que deben ser concurrentes. La primera, que esté desempleado, o, en el caso de los autónomos, tener una caída en sus ventas de al menos el 40%. La segunda, que el conjunto de los ingresos no supere el límite de tres veces el IPREM en el mes anterior a la solicitud de la moratoria. La tercera, que la cuota de préstamos hipotecarios, más los gastos y suministros básicos, sobrepasen el 35% de los ingresos familiares. Finalmente, que como consecuencia de la emergencia sanitaria, que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,3%.

En el caso de los créditos hipotecarios, podrán solicitar una moratoria quienes estén pagando cuotas hipotecarias por la adquisición de su vivienda habitual, local en el que desarrollen su negocio o vivienda destinada al alquiler y hayan dejado de percibir cuotas de su inquilino debido al estado de alarma.

Las empresas dedicadas al transporte público de mercancías y transporte discrecional de viajeros en autobús podrán aplazar los pagos del principal de las cuotas de sus préstamos, 'leasing' o 'renting' de vehículos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que estas medidas pretenden seguir aliviando la situación de muchos hogares y del tejido productivo y empresarial más afectado por la pandemia. Los datos, ha asegurado, demuestran que son "útiles y eficaces". Hasta el 31 de diciembre de 2020, se concedieron 1.380.585 moratorias y las entidades financieras han concedido, al amparo de sus convenios sectoriales, el aplazamiento del pago del principal de 794.386 préstamos.

María Jesús Montero ha anunciado que se espera recibir en este mes de febrero en torno a 2,3 millones de vacunas, y que el objetivo es acelerar en la medida de lo posible el proceso, así como ampliar de forma progresiva los grupos de población que deben recibirlas, según lo ya establecido y lo que pueda acordar al respecto el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La portavoz del Gobierno ha advertido de que, a pesar de que la incidencia acumulada de casos por coronavirus está yendo a la baja, los niveles de transmisión y la presión asistencial en el sistema sanitario siguen siendo "excesivamente altos". Por ello, ha instado a perseverar e intensificar las medidas que se ha demostrado que funcionan, como la restricción de movilidad: "No es ni aconsejable ni razonable trasladar prisas ni presión por empezar a desescalar".

Montero ha hecho hincapié en la necesidad de ser prudentes y seguir los criterios técnicos para no desandar el camino recorrido y poder avanzar en la recuperación económica, que no es posible sin preservar la salud. Ambos, ha dicho, son objetivos prioritarios para el Gobierno.

En este sentido, la ministra ha resaltado la importancia de los datos de cierre del año 2020, que reflejan el crecimiento positivo de los dos últimos trimestres, y del incremento del número de afiliados a la Seguridad Social durante enero, tradicionalmente un mes negativo para el mercado laboral. Montero ha confiado en "el efecto arrastre" que esta evolución puede significar para 2021, así como en los efectos de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de Ley para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en Málaga. Será el tercero en Andalucía y el decimosexto en España. El futuro parque nacional se extiende por una superficie de 23.000 hectáreas del extremo occidental de la cordillera Bética y alberga el 65% de la superficie de pinsapar española, que no estaba hasta ahora presente en la Red de Parques Nacionales, y presenta afloramientos de peridotitas, una de las rocas más escasas de la corteza terrestre.

El Gobierno ha analizado, en el Día Mundial de los Humedales que se celebra hoy, el informe del Ministerio de Transición Ecológica sobre el estado de estos espacios en España y sus perspectivas de conservación para el año 2030.

La portavoz ha recordado que España es el tercer país del mundo, después de Reino Unido y México, en número de humedales incluidos en el Convenio de Ramsar relativo a los humedales de importancia internacional, y ha abogado por conservar su riqueza natural y frenar las amenazas que los ponen en peligro, entre las que ha citado la extracción excesiva de agua en los acuíferos de Doñana y las Tablas de Daimiel, la contaminación en el Mar Menor o la disminución de aportación de sedimentos en el Delta del Ebro.

 

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