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30
Dic
2020
El Gobierno prorroga un año la entrada en vigor de la reforma de las pensiones y congela el SMI PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaSánchez cierra el año presentando el informe de rendición de cuentas

El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar de manera temporal la vigencia de la norma que fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para 2020, en 950 euros por 14 pagas. La prórroga tiene carácter temporal hasta que el Gobierno y los agentes sociales fijen un nuevo SMI para 2021 en el marco del diálogo social. Con esta decisión, el Ejecutivo da seguridad jurídica y continuidad a la función SMI como garantía salarial mínima para las personas trabajadoras.

Durante su comparecencia para hacer balance de su primer año de gestión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que desde 2018 del SMI se ha incrementado un 29% en un escenario de baja inflación: "Ningún país ha abordado una subida tan intensa en dos años". Además, Sánchez ha reiterado su compromiso con que el SMI alcance el 60% del salario medio en España al final de la legislatura.

El Gobierno ha aprobado acciones normativas, logísticas e informativas para adaptar el ordenamiento jurídico español a la situación creada como consecuencia de la retirada definitiva de Reino Unido de la Unión Europea.

Estas medidas, sumadas a los trabajos de preparación ante el Brexit, permitirán a España afrontar en mejores condiciones los cambios que se producirán en su relación con el Reino Unido a partir del próximo 1 de enero de 2021.

Las iniciativas se orientan a tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos. Tienen carácter temporal, estarán vigentes hasta que transcurra el plazo que en cada caso se indica, o antes, si se adoptan -a nivel interno o internacional- instrumentos para regular con carácter permanente las relaciones con el Reino Unido.

El Ejecutivo ha establecido un nuevo proceso de concesión de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, paso previo y necesario para instalar nuevas plantas de energías renovables.

La nueva norma elimina ineficiencias y comportamientos especulativos y favorece el despliegue ordenado de renovables. Junto al nuevo mecanismo de subastas de energía renovable, completa el marco normativo en España en la próxima década, impulsando la recuperación económica y la generación de empleo.

El criterio general para otorgar derechos de acceso y conexión será la prelación temporal. El texto concreta que la potencia instalada para las plantas fotovoltaicas será la menor entre la potencia pico y la del inversor. Además, se regula el almacenamiento y se simplifican los trámites en apoyo a la hibridación.

El Consejo de Ministros ha conocido el informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo', en el que se ponen a disposición de la ciudadanía los compromisos adquiridos por el Gobierno en distintos ámbitos, y su grado de cumplimiento, así como la previsión de ejecución en los próximos meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer los detalles de ese informe y hacer balance de la gestión del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ejercicio de rendición de cuentas inédito en la historia de España a través del informe "Cumpliendo", en el que se pone a disposición de la ciudadanía una cuantificación detallada de todos los compromisos adquiridos por el Gobierno en distintos ámbitos y su grado de cumplimiento hasta el momento, así como la previsión de ejecución en los próximos seis meses.

Esta radiografía de la acción de Gobierno supone un ejercicio de transparencia, ejemplaridad y fomento de la mejora permanente en la práctica pública al servicio de la ciudadanía, que aspira a institucionalizarse y convertirse en parte del desempeño habitual del Ejecutivo al margen de los cambios en la coyuntura política.

Sánchez ha manifestado que con la rendición de cuentas "mejora la calidad de nuestra democracia y se reafirma el valor de la palabra dada", y que de esta forma "se refuerzan las instituciones y se devuelve la confianza en la política promoviendo más calidad democrática".

"Los tiempos han cambiado y la política tiene que cambiar con los tiempos. Cuando España cambia, su Gobierno también cambia con su sociedad, con su país. Y avanza en la calidad de nuestra democracia", ha expuesto el presidente, antes de desgranar los datos del informe 'Cumpliendo'.

En un balance general, y a pesar de las dificultades de 2020, la activación y el cumplimiento de compromisos ha sido superior a lo previsto. En concreto, el 90,9% de los 1.238 compromisos adquiridos como Gobierno de Coalición se han puesto en marcha y cerca de una cuarta parte, el 23,4%, han sido ya cumplidos este año.

En vista de este intenso ritmo de cumplimiento, el presidente ha reconocido que "vamos un semestre por adelantado respecto al cumplimiento previsto. Pero eso no es una razón para ralentizar el ritmo, sino, por el contrario, para mantenerlo con firmeza. Vinimos a cambiar las cosas y estamos cumpliendo los objetivos".

En ese sentido, los datos del análisis del informe vaticinan que en el próximo semestre se llegue al 32,6% de cumplimientos, es decir, un tercio del total en, aproximadamente, un tercio del mandato. El presidente ha considerado decisiva la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021, a los que atribuye un impulso directo sobre el 33% de los compromisos adquiridos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retratado 2020 como el año de una gran calamidad, y ha perfilado 2021 como un punto crucial para nuestro país. "Quisiera ser muy gráfico: el año 2020 ha sido el año de una gran calamidad y de una gran resistencia. Pero 2021 puede ser, debe ser, el año de una gran recuperación y para eso necesitamos una gran confianza".

Sánchez ha apelado a una "gran confianza" en nosotros mismos como país, y ha llamado a la unidad y al acuerdo. "Con confianza reconquistamos la libertad y nos deshicimos de la dictadura; con esperanza nos incorporamos a Europa. Yo confío en España; confío en las capacidades de los españoles para sobreponernos a la adversidad".

En el primer semestre de 2021, coincidiendo con el cumplimiento de un tercio del tiempo del mandato, el Gobierno prevé haber completado importantes proyectos sobre los que había adquirido compromisos, hasta completar el 32,6% del total.

El Plan de Ciberseguridad será aprobado en estos meses, así como los anteproyectos de las leyes generales de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual, suponiendo un importante impulso en el eje de la España Digital. Asimismo, se está trabajando en la elaboración de un Plan de Transformación Digital de la PYME.

En relación con la transición ecológica, se pueden señalar el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados y la futura Ley de Movilidad, que incluirá la creación de un Sistema Nacional de Movilidad.

Por otro lado, se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, uno de los trabajos más significativos por una España feminista. Igualmente, se está trabajando para modificar la legislación frente a las agencias que ofrecen la práctica de vientres de alquiler, así como el Plan España te protege contra la violencia machista y la Estrategia Nacional de Violencias Machistas.

En relación con la España cohesionada e inclusiva se va a aprobar, de forma inminente, la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Además se está trabajando en el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, en una nueva Ley de Formación Profesional, una Ley de Diversidad Familiar, la primera Ley Estatal de Vivienda, la Estrategia España Nación Emprendedora, se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y se está trabajando en la Estrategia para el Reto Demográfico. Por último, se ha ampliado el plazo de instrucción de causas criminales y se está trabajando en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

En el capítulo de balance político, Sánchez ha señalado la intensidad de la actividad legislativa del actual Gobierno frente al inmovilismo de la anterior etapa. "Hace dos años y medio, España inició un cambio de ciclo político que, entre otras cosas, supuso poner fin a la época más pobre en producción legislativa de la historia de nuestra democracia", ha dicho.

Esta actividad responde tanto a la necesidad de acometer las reformas y transformaciones que España necesita como a la llegada de la pandemia a principios de 2020. Respecto a este último punto, Sánchez ha expuesto que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales 10 Proyectos de Ley y 2 Proyectos de Ley Orgánica, y se han aprobado 34 Reales Decretos-Ley en Consejo de Ministros.

"Porque era responsabilidad del Ejecutivo atender sin demora la urgencia causada por la pandemia en todos los frentes. Y hacerlo además desde unos valores completamente distintos a los vigentes durante la anterior crisis económica. Ahora -quiero recordarlo una vez más- el mandato era salir unidos, sin dejar a nadie atrás" ha recordado.

La actividad legislativa en respuesta a la pandemia de la COVID 19 ha reforzado los principios de igualdad, justicia social y progreso que definían el programa de investidura. La batería de medidas de este campo puede agruparse en torno a cuatro áreas principales.

La primera, las medidas de apoyo a la respuesta sanitaria, porque la prioridad absoluta del Gobierno fue salvar vidas. Para ello, los estados de alarma, las medidas de confinamiento y la Estrategia de Vacunación han sido solo algunas de las decisiones del Gobierno en este campo, al que se han destinado una cantidad de recursos sin precedentes, tanto materiales como humanos.

El Gobierno ha asegurado el refuerzo de la protección, con el uso obligatorio de mascarilla, y el control de la movilidad, combinado el cierre temporal de fronteras con la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros. A ello, se ha sumado un impulso a la investigación, no solo con la aprobación del Plan de Choque para la ciencia y la innovación, con una inversión de más de 1.000 millones de euros, sino con la participación de España en los proyectos de la farmacéutica estadounidense Moderna, y el del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford.

La segunda área de actuación ha sido la reducción del inevitable impacto económico que ha comportado una situación sin precedentes como esta pandemia. Las líneas ICO han avalado a 578.000 empresas, al tiempo que se han diseñado planes específicos para el sector turístico, el agrario, la automoción, la hostelería, la cultura, el sector financiero y energético, y se han tomado medidas para proteger a Pymes y autónomos, como por ejemplo la prestación por cese de actividad, que protegió a casi 1,5 millones de autónomos, y nuevas prestaciones extraordinarias que están beneficiando ya a más de 346.000 autónomos.

La tercera área recoge el llamado escudo social, las medidas orientadas a salir todos unidos, sin dejar a nadie atrás, de la prueba a la que estábamos siendo sometidos. Con la vista puesta en los colectivos vulnerables, el Gobierno ha actuado para evitar que la emergencia agrandara una brecha de desigualdad que no nos podemos permitir. El Ingreso Mínimo vital ha supuesto una actuación histórica, pero no la única. La protección frente a los desahucios o frente a los cortes de suministros son otras de las más recientes. Pero sin duda las más relevantes han sido la extensión de los ERTES, que dieron protección a 3,4 millones de trabajadores en los momentos más duros. Una medida prorrogada gracias a los tres acuerdos sociales en defensa del empleo firmados con patronal y sindicatos. Han sido días de preocupación en el campo de la lucha contra la violencia de género, de protección a los consumidores y de apoyo intenso a través de nuestra red consulta a los residentes en el extranjero.

La cuarta área ha consistido en la recuperación de la actividad en el ámbito académico, donde la inversión en digitalización y la adaptación de los criterios de evaluación han servido para compaginar un servicio absolutamente esencial con la necesaria seguridad sanitaria.

Dentro de esta batería de medidas, las Comunidades Autónomas han dispuesto de un fondo sin precedentes en la historia de España: el Fondo COVID con 16.000 millones de euros no reembolsables destinados a actuaciones sanitarias, económicas, educativas, a los que se ha sumado la suspensión de las reglas fiscales como herramienta fundamental para la actuación de la administración autonómica y local.

Por último, la aprobación de los Presupuestos ha permitido encauzar los fondos procedentes de la Unión Europea, con 750.000 millones de euros a nivel de toda Europa, y de los que España dispondrá de 72.000 millones en transferencias directas en los próximos 3 años.

El primer eje de legislatura expresa el compromiso por una España digital, con el propósito de impulsar la modernización del tejido empresarial, su internacionalización y la renovación del capital tecnológico.

En este campo hay 90 compromisos de los que más del 71% se encuentran en proceso de ejecución y casi el 27% están cumplidos. Entre ellos, la Estrategia España Digital 2025, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el Plan de Conectividad y para las Infraestructuras Digitales, junto con la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G. Igualmente, se ha aprobado el Marco Estratégico PYMES 2030 y la importante Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.

En el campo de la digitalización, la previsión para junio de 2021 es haber ampliado el cumplimiento por encima del 32%. El segundo eje aborda el compromiso por una España verde, porque nuestro país necesita una transformación del modelo productivo y la incorporación de un nuevo paradigma de sostenibilidad como fuente de empleo e innovación.

El número de compromisos por una España verde asciende a 162. Más del 70% se encuentran en proceso de ejecución y casi el 23% del total han sido cumplidos. Si enumeramos algunos de ellos, hemos de referirnos al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, que se encuentra en última fase de tramitación parlamentaria, la Estrategia de Economía Circular, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que ha sido remitido a la Unión Europea. Igualmente, merece destacar la Hoja de Ruta del Hidrógeno, la Estrategia de Descarbonización a Largo plazo y el II Plan Nacional de adaptación al cambio Climático 2021-2030.

La previsión para junio de 2021 es que tengamos cumplidos más del 30% de objetivos en este eje. En tercer lugar, el eje para luchar por la eliminación de la brecha de género y por la igualdad como motor fundamental de crecimiento, de justicia y equilibrio social, pero también de eficiencia económica.

El número de compromisos por una España feminista asciende a 104. En estos momentos casi el 59% están activados y se ha cumplido el 31% en este primer año, como el impulso al sistema VioOGén, o el III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, entre otros.

La previsión para junio de 2021 es de un cumplimiento del 47%. El cuarto eje trabaja por una España cohesionada e inclusiva, con tres objetivos clave: el cierre de brechas sociales y territoriales, el desarrollo del medio rural y la justicia intergeneracional. El número de compromisos por una España social asciende a 520, y los relacionados con la España territorial son 277.

En estos momentos, se encuentran en proceso de ejecución más del 65% en ambos campos y se han cumplido alrededor del 23% del total de los compromisos en este primer año. La previsión para junio de 2021 es que haya cumplidos casi el 32%.

España se sitúa en primera línea internacional en esta materia gracias a la robustez metodológica, la ambición de los objetivos y el alcance de las conclusiones, una tarea liderada por el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental, creado para esta misión en la Secretaría General del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Además, España es el primer país que constituye un Grupo de Análisis Metodológico, con voluntad de establecer un sistema de verificación externa independiente que confirme la calidad y la veracidad de los trabajos realizados.

Ese grupo, integrado por expertos y expertas independientes procedentes de la universidad pública, ha analizado la metodología empleada en la rendición de cuentas para garantizar la máxima coherencia interna y rigor, incorporando los estándares y criterios necesarios para realizar un balance fiable, objetivo y verificable externamente. El objetivo es ampliar la verificación externa en los próximos semestres, hasta incluir una validación completa de los diferentes resultados presentados.

El compromiso adquirido por el Gobierno con el Grupo de Análisis fue el de promover y respetar la máxima libertad y autonomía en el desarrollo de sus trabajos, así como en la formulación de las correspondientes conclusiones y recomendaciones, muchas de ellas incorporadas ya a la metodología aplicada ya en este informe hoy presentado.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones prorrogará un año con efectos desde el 1 de enero la aplicación de la normativa previa a la Ley 27/2011, del 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013 y no pudieron incorporarse a un empleo después. Se mantiene así la llamada "cláusula de salvaguarda", cuyos efectos iban a finalizar el 31 de diciembre de 2020.

De esta manera, se garantizan los requisitos y condiciones anteriores a previos Ley 27/2011 para la jubilación de aquellas personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013. Esta situación está condicionada a que después de esa fecha ninguna de estas personas haya sido incluida en algún régimen de la Seguridad Social.

También pueden acogerse las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013.

Además, se mantiene el derecho de opción, es decir, estas personas pueden optar por la legislación ahora vigente. Con esta medida, se busca proteger a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ejercicio de rendición de cuentas inédito en la historia de España a través del informe "Cumpliendo 2020-2023". En el informe se pone a disposición de la ciudadanía una cuantificación detallada de todos los compromisos adquiridos por el Gobierno en distintos ámbitos y etapas, y el cumplimiento y grado de puesta en marcha de los mismos hasta el momento, así como la previsión de ejecución en los próximos seis meses.

El Gobierno ha activado el 91% de los 1.238 compromisos adquiridos y ha cumplido cerca de la cuarta parte. La previsión de cumplimiento para junio de 2021, cuando se haya completado un tercio del tiempo del mandato, es del 32,6%. El presidente retrata 2020 como el año de una gran calamidad y 2021 como el año de "una gran recuperación y una gran confianza"

Esta radiografía de la acción de Gobierno supone un ejercicio de transparencia, ejemplaridad y fomento de la mejora permanente en la práctica pública al servicio de la ciudadanía, que aspira a convertirse en parte del desempeño habitual del Ejecutivo al margen de los cambios en la coyuntura política.

 

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