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22
Dic
2020
El Gobierno aprueba las reformas que le pide Bruselas para acceder al rescate, pero no las hará públicas hasta que entren en vigor los Presupuestos PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaAdemás, prohíben los desahucios hasta mayo

El Gobierno ha aprobado medidas urgentes para apoyar al sector turístico, la hostelería y el comercio minorista y aliviar la situación de las empresas y autónomos relacionados con estas actividades, favorecer su viabilidad y evitar cierres como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que las iniciativas, que se suman a las ya adoptadas desde el principio de la crisis sanitaria, tendrán un impacto de unos 4.220 millones de euros. En total se han destinado más de 51.500 millones a estos sectores. Las medidas, ha concretado, tienen como objetivo proporcionar ayudas y recursos para aliviar los costes fijos que soportan las empresas y facilitar liquidez para que los proveedores puedan cobrar sus facturas y los trabajadores sus nóminas sin dificultad.

La ministra ha explicado que el primer bloque de medidas contempla la reducción del coste fijo de arrendamiento de los locales comerciales que albergan actividades económicas relacionadas con el turismo, la hostelería y el comercio.

Si el arrendador tiene más de 10 inmuebles, y no llega a un acuerdo con el arrendatario, puede optar por rebajar un 50% el alquiler de los locales o por una moratoria en el pago de la renta. En ambos casos, la medida se aplicará durante el estado de alarma y sus prórrogas hasta un máximo de cuatro meses adicionales.

El resto de arrendadores de locales podrán computar como gasto deducible en el IRPF la rebaja del precio del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

El segundo bloque de iniciativas propone la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO COVID-19 para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades relacionadas, dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía, según ha indicado Montero.

Las agencias de viaje y operadores turísticos podrán utilizar la financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para devolver a sus clientes los anticipos por los viajes contratados y no realizados.

La ministra ha añadido que otra medida es la creación de una sociedad de garantía recíproca de carácter exclusivamente turístico para facilitar el acceso a la financiación mediante garantías, incluso con capacidad para inyectar liquidez del 700% de su capital.

Las pymes y los autónomos no tendrán que pagar en abril los impuestos correspondientes al primer trimestre de 2021 y puedan aplazarlos hasta octubre de ese mismo año. Montero ha señalado que así contarán con mayor liquidez en el momento más complicado para su recuperación.

La titular de Hacienda también ha resaltado que se reduce el sistema de tributación por el sistema de módulos al 20% y se aplicará un 35% a determinados servicios, como hoteles, hostales, restaurantes de uno y dos tenedores, cafeterías, comercio al por menor, transporte urbano colectivo y de viajeros por carreteras.

Los contribuyentes podrán cambiar su sistema de tributación de estimación objetiva a estimación directa con mayor facilidad. Los autónomos que están tributando en módulos podrán descontarse en el cálculo del pago fraccionado de IVA e IRPF los días del segundo semestre de 2020 en los que su actividad se vio suspendida o comprometida por las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias como consecuencia del COVID-19.

Montero ha añadido que, para potenciar el consumo en restaurantes, la exención fiscal de los vales de comida, que se usan físicamente en los establecimientos, se aplicará también cuando el empleado esté teletrabajando y haga pedidos a domicilio.

María Jesús Montero ha subrayado que se amplían los incentivos aprobados en septiembre para los sectores afectados por la pandemia ampliando el catálogo de sectores ultraprotegidos: comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas, y actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos o reservas naturales.

Las empresas de esos sectores estarán exoneradas de pagar parte de las cotizaciones sociales que se devengarían en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. Además, podrán aplicar la bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para los llamados trabajadores denominados fijos-discontinuos desde abril a octubre de 2021.

Se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales, es decir, las ayudas que concede el Gobierno a la inversión que fomente la actividad empresarial en determinadas zonas. El sector hotelero es uno de los más beneficiados.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que la nueva norma pretende, en el momento de excepcional dificultad que se está viviendo a causa de la pandemia, "preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las personas y familias más vulnerables, así como los derechos de los arrendadores".

Ábalos ha explicado que la suspensión de desahucios y lanzamientos ya aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se prolonga durante todo el estado de alarma actual, declarado hasta el 9 de mayo de 2021.

Por otro lado, se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse, extendiendo dichas situaciones a aquellas no necesariamente derivadas, de manera directa, de los efectos del COVID-19.

Los servicios sociales competentes informarán de las situaciones concretas de vulnerabilidad y buscarán una alternativa habitacional. En el caso de que no se encuentre, en los tres meses siguientes a la emisión de dicho informe los propietarios de los inmuebles podrán solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Se dota de especial protección a aquellas personas que tengan acreditada su condición de vulnerabilidad por ser dependientes, tener a dependientes o menores a su cargo, o ser víctimas de violencia de género.

Por ejemplo, en estos casos, cuando no se derive de contrato de arrendamiento su vivienda habitual, el juez podrá suspender el lanzamiento siempre y cuando los propietarios de los inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas. Otro requisito imprescindible para seguir este procedimiento, ha señalado el ministro, es que no haya mediado en la ocupación "violencia, intimidación o ejercicio de acción ilícita y que la vivienda afectada no constituya para nadie residencia habitual, segunda residencia o haya sido cedida a otras personas". La entrada en el inmueble se habría tenido que producir, además, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

La portavoz del Gobierno ha añadido que, también mientras siga vigente el estado de alarma, se amplía la prohibición de los cortes de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a todas aquellas personas que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad que se regulan en la normativa, o en una situación equivalente que se pueda acreditar por los servicios sociales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 el pasado 11 de marzo y la rápida propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.

El Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance. Estas medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») por valor de 750 000 millones de euros en precios constantes del año 2018.

Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26, se basa en tres pilares:

  • La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.

  • La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.

  • El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.

La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria para nuestro país, comparable a los procesos de transformación económica producidos a raíz de la incorporación a las Comunidades Europeas en los años 80 o la creación del Fondo de Cohesión europeo en mitad de los 90.

La rápida absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación del nivel de empleo y actividad económica y también resultará clave para la transformación del modelo económico español, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.

Retos para la recuperación de la economía

Se pondrán en marcha inversiones, transformaciones y reformas estructurales dirigidas a la transición hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con los límites impuestos por el medio natural y eficientes en el uso de recursos.

Asimismo, se desplegará la agenda España Digital 2025 con el fin de impulsar la conectividad y la ciberseguridad, la digitalización de la administración y del tejido productivo, las competencias digitales del conjunto de la sociedad y la innovación disruptiva en el ámbito de la inteligencia artificial.

Además, se impulsará la educación y la formación profesional, la ciencia y la innovación, la economía de los cuidados, el sistema público de salud y la modernización de los sectores tractores para lograr un crecimiento futuro más sostenible e inclusivo, con una economía más productiva, una sociedad más cohesionada y un progreso basado en la protección de los valores constitucionales y los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos.

La envergadura de estos retos y el marco temporal para su desarrollo requieren del concurso de las instituciones y administraciones públicas, y han planteado la necesidad de adoptar medidas urgentes encaminadas a articular un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión, y de realizar reformas normativas de carácter horizontal que permitan una mejora de la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos y una simplificación de los procedimientos, manteniendo en todo caso las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario.

Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.

Agilización de la Administración

Las administraciones públicas españolas, y en especial la Administración General del Estado deben jugar un papel clave, ágil, eficaz y eficiente para el éxito de la ejecución y además para el control y la salvaguarda necesarios que permitan justificar fehacientemente la solicitud de reembolsos y la absorción de los fondos. Para ello ha sido preciso revisar los obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e instrumentos de gestión pública y, una vez analizados, se han acometido una serie de reformas que permitan contar con una administración moderna y ágil, capaz de responder al desafío que la ejecución de proyectos, vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación, plantean.

La administración pública debe responder, como ya ha demostrado en otras ocasiones, y sin disminuir sus obligaciones de control y de garantía del interés general. Para ello, se ha impulsado un proceso de modernización ad hoc para dotar a la administración pública de las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, contando con el sector público y el sector privado.

Entre otras disposiciones, figura la generación de sinergias entre los órganos administrativos que se van a encargar de la gestión de los fondos, favoreciendo mecanismos innovadores como los equipos multidisciplinares, los foros técnicos y los grupos de trabajo horizontales, maximizar las disponibilidades en materia de recursos, impulsar la utilización de las nuevas tecnologías de la información en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, finalmente, dotar de capacidades a la Administración para evaluar las acciones desarrolladas, identificar las desviaciones y adoptar correcciones.

Colaboración público-privada

Si bien el régimen jurídico español cuenta con instrumentos de colaboración público- privada, el Real Decreto-ley modifica algunas cuestiones de los mismos con el fin de facilitar su formalización, toda vez que se continúan con los controles necesarios para dar cumplimiento a la normativa y garantizar la absorción de fondos europeos. Se permite que las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad puedan ser beneficiarias de subvenciones formalizando entre ellas un acuerdo de agrupación simple.

Se permite que sea la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previo informe favorable del Comité Técnico quien autorice la creación de consorcios públicos en lugar de requerir de una autorización legal.

Se facilita la ejecución de determinados contratos de concesión de obras o servicios mediante su adjudicación a sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente público contando con la elección del socio privado mediante los mecanismos establecido en las leyes bajo el principio de libre concurrencia.

Se recoge una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica "PERTE" que serán clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta nueva figura se crea con vocación de permanencia, para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público- privada que permitan una gestión ágil y se pretende reforzar a aquellos proyectos que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país. La creación de un registro en el Ministerio de Hacienda servirá para identificar operadores interesados en un PERTE a fin de facilitar la gestión.

Creación de órganos de gobernanza

La eficacia del Plan, en el contexto de la urgencia derivada de la situación actual, dependerá también de contar con una gobernanza que garantice la transparencia, la coherencia de las actuaciones y su continuidad en el tiempo. Por ello, se crean unos órganos de gobernanza que garantizan un proceso participativo que permita incorporar las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos y a la vez sirvan como los necesarios mecanismos de coordinación con los distintos niveles de administración.

Se crea una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el presidente del Gobierno y de la que formarán parte todos los Ministerios. Asimismo, se crea un Comité Técnico que dará apoyo a esta Comisión y a la Autoridad Responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que residirá en el Ministerio de Hacienda, que es el órgano central para el desarrollo y ejecución del Plan y que actúa como autoridad e interlocutor responsable ante las instituciones europeas.

Se crea la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las comunidades y ciudades autónomas, que presidirá la persona titular del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de canalizar la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español de estado de las autonomías y de establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan.

Agilidad en los procedimientos

Se declaran de tramitación urgente los procedimientos administrativos que estén vinculados a la ejecución de los fondos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma.

Este mismo régimen se aplica en los procedimientos de aprobación normativa y en la tramitación de convenios, subvenciones o contratos administrativos, de modo que se reducen plazos y se flexibilizan determinadas condiciones normativa en el ámbito de la gestión de proyectos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Gestión pública eficaz

Para dotar de mayor flexibilidad a la administración y con el objetivo de una gestión eficaz del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se adoptan medidas que permiten reorganizar los recursos existentes, priorizando las necesidades y el cumplimiento de objetivos a través de un instrumento de planificación estratégica para la gestión y la creación, por ejemplo, de unidades temporales. Se impulsará la profesionalidad y el conocimiento públicos en materia de fondos europeos al servicio de la mejor ejecución de los proyectos y la canalización de las inversiones o actuaciones que sea preciso realizar.

 

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