España se convierte en el sexto país del mundo en permitir el suicidio asistido

El Pleno del Congreso ha aprobado la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones en una votación de conjunto tal y como exigen el artículo 81 de la Constitución y el 131 del Reglamento del Congreso, donde también establece la necesaria mayoría absoluta para su aprobación y continuar así su tramitación en el Senado.

Asimismo, se ha aprobado el dictamen remitido por la Comisión de Justicia con la incorporación de las correcciones técnicas de los G.P Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común aprobadas en Pleno, con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones.

Esta Proposición de Ley Orgánica, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista,  introduce en el ordenamiento jurídico la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como "la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios".

El Pleno se ha reunido previamente, a las 09:00 horas, para decidir sobre un real decreto-ley, votar enmiendas del Senado y celebrar un debate de totalidad. Esta primera sesión ha comenzado con el debate, a puerta cerrada, del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un diputado.

El Pleno ha continuado con el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, que ha sido aprobado con 199 votos a favor, 53 en contra y 94 abstenciones. Además, se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con la emisión de 336 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

La norma introduce la extensión de los plazos de vencimiento y de carencia de las operaciones de financiación a autónomos y empresas que han recibido aval público canalizado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En cuanto a las medidas relativas al sector energético, el texto incluye exenciones temporales relativas a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea, entre otras. Además, en materia tributaria, incluye un tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.

Durante la sesión plenaria, y de acuerdo con los artículos 120 y 123 del Reglamento del Congreso, el Pleno de la Cámara ha aprobado, con 338 votos a favor y 8 abstenciones, la Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, una vez votados y ratificados los cambios realizados durante su tramitación en el Senado, que quedarán incorporados al texto que publique el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este Proyecto de Ley incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, establece la obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva y que dicha obligación debe ser transpuesta por los Estados miembros.

Además, apunta que el deber de comunicación se establece con dos fines fundamentales: por un lado, la obtención de información con el objetivo de luchar contra la elusión y la evasión fiscal y por otro, un fin disuasorio respecto de la realización de mecanismos de planificación fiscal agresiva. Tras esto, el Pleno ha debatido y votado 3 dictámenes remitidos por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que han sido aprobados por 316 votos a favor y 30 abstenciones.

El primero en relación al Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Mauricio, hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019; el segundo sobre el Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019; y el tercero relativo al Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de diciembre de 2018.

A continuación, se ha celebrado el debate de totalidad de la Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, continúa su tramitación parlamentaria una vez rechazadas por el Pleno las dos enmiendas de totalidad de texto alternativo presentadas. La Cámara ha rechazado, con 142 votos a favor, 195 en contra y 8 abstenciones, la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular y con 54 votos a favor, 290 en contra y 1 abstención la presentada por el Grupo Parlamentario Vox.

La citada iniciativa suprime el apartado por el que se establece que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".

Además, el Pleno ha aprobado la propuesta de creación de dos subcomisiones. La primera de ellas, con 345 votos a favor y 1 abstención, pertenece a la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción. La segunda, con 345 votos a favor, corresponde a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El Pleno del Congreso también ha votado las dos proposiciones no de ley y las tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, que se debatieron en la sesión plenaria del pasado martes, 15 de diciembre. La Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre consolidación de empleo público temporal, ha sido aprobada con 257 votos a favor, 2 en contra y 88 abstenciones, a través de una enmienda con los G.P. Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano y Plural (PdCat, Más País y Compromís), sobre consolidación de empleo público temporal.

La Proposición no de Ley sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de las casas de apuestas y salones de juego, presentada por el G.P. Socialista y con la incorporación de una enmienda del propio grupo y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha conseguido 313 votos a favor, 14 en contra y 20 abstenciones.

El Pleno del Congreso ha aprobado la moción sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho de la conciliación del trabajo y la familia, especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, impulsada por el G.P. Ciudadanos y votada en los términos de una enmienda transaccional con los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. La moción ha salido adelante con 174 votos a favor, 57 en contra y 114 abstenciones.

Por otro lado, la moción consecuencia de interpelación urgente impulsada por el G.P Popular, para que el Gobierno dé su visión sobre la valoración del Gobernador del Banco de España y la Presidenta de la AIReF sobre el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del Estado; y la moción del G.P. Vox, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión en España, han sido rechazadas.

El Pleno del Congreso aprobó el martes, con 188 votos a favor,  152 en contra y 7 abstenciones, iniciar la tramitación de la proposición de ley orgánica presentada por los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

La sesión comenzó este martes 15 de diciembre, a las 15.00 horas con el debate de toma en consideración de la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, impulsada a través de una iniciativa legislativa popular, que fue aprobada con 312 votos a favor, 10 en contra y 24 abstenciones.

Esta iniciativa tiene como objetivo fijar la ratio mínima de profesionales de enfermería para proteger la seguridad del paciente en relación a la asistencia sanitaria y promover el derecho a la salud que el artículo 43 de la Constitución Española reconoce a los ciudadanos. Además, establece que esta ratio debe estar vinculada a factores asociados a las características de los pacientes tales como el proceso de enfermedad y la complejidad de los cuidados.

Finalizado este punto, se debatió la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

Los proponentes exponen la "necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato". De esta manera, "facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones".

Además, argumentan que "estas limitaciones también deben establecerse en relación con el nombramiento de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la Inspección de Tribunales".