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24
Nov
2020
Mayores y personal sanitario, los primeros en vacunarse PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaHasta finales de 2021 no llegará de forma masiva a los grupos de riesgo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha presentado al Consejo de Ministros la "Estrategia de Vacunación COVID-19 en España", un documento que se ha elaborado conforme al acuerdo adoptado el 9 de septiembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Salvador Illa ha afirmado que el plan tiene como objetivos reducir al máximo que la población enferme, ingrese en hospital y fallezca, y garantizar que pueda empezar la vacunación desde el momento en que se reciban las primeras dosis de vacunas aprobadas.

El documento establece un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en base a criterios científicos, éticos, legales y económicos. Contempla la logística para la distribución y administración de las vacunas, fija las líneas prioritarias para el seguimiento y evaluación de la vacunación mediante un registro específico para COVID-19 y recoge una estrategia de comunicación dirigida al personal sanitario y al resto de población.

El ministro ha avanzado que en una primera etapa, entre enero y marzo de 2021, habrá un suministro inicial muy limitado de dosis de vacunas. En una segunda etapa, entre mayo y junio, se incrementaran progresivamente su número y el de personas a vacunar, y en la tercera se aumentará el número de dosis y vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios.

El objetivo del Gobierno, ha afirmado Salvador Illa, es ir cubriendo los tramos de población por orden, empezando por los colectivos más vulnerables. Así, los primeros grupos que se vacunarán serán los de las personas que están en residencias de mayores, el personal sanitario y sociosanitario que les atiende y las personas con discapacidad. Les seguirá el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. Se trata de un grupo de unas 2,5 millones ciudadanos.

Illa ha insistido en que todas las vacunas que se emplearán para inmunizar frente al COVID-19 dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las que se emplean habitualmente para evitar otras enfermedades. "Países, instituciones, investigadores y compañías de todo el mundo están haciendo un esfuerzo sin precedentes para desarrollar una vacuna segura y eficaz en el menor plazo de tiempo posible", ha dicho.

El titular de Sanidad también ha destacado que la vacuna se administrará de forma gratuita y voluntaria a través del Sistema Nacional de Salud, al igual que el resto de vacunas del calendario. España recibirá unos 140 millones de dosis para inmunizar a unos 80 millones de ciudadanos, más de la población existente.

Salvador Illa ha anunciado que se pondrá en marcha un plan especial de farmacovigilancia para hacer un seguimiento de todas las personas que hayan sido vacunadas, sus posibles reacciones adversas, y controlar la segunda dosis que se les tiene que administrar. Además, España participará, junto a siete países, en un estudio europeo para monitorizar la eficacia de la vacuna.

En materia de logística, el ministro argumentado que el sistema está preparado para ir administrando las dosis de vacuna, recordando que cada año se vacunan de la gripe un millón de ciudadanos a través de 13.000 puntos de vacunación, cifra que se ha incrementado notablemente este año.

Además, Illa ha señalado que las compañías de distribución de productos farmacéuticos y vacunas están preparadas para garantizar los requerimientos especiales de conservación de las dosis a niveles de temperatura muy bajos.

Respecto a la comunicación del plan, el ministro ha asegurado que se regirá por los principios de veracidad, transparencia, participación, equidad y evaluación constante y tendrá una parte específica dirigida a los profesionales sanitarios.

El ministro ha reiterado que será un plan único para todo el país, que se ha elaborado con la colaboración de las comunidades autónomas y que tiene presente el principio de solidaridad con los socios europeos. "Estamos ante uno de los retos más importantes como país, que es reducir al máximo el impacto de la pandemia con una vacuna que proporcionará inmunidad y que va a salvar vidas. España es un país solidario, generosos, comprometido y estoy convencido de que vamos a demostrarlo con unas altas tasas de vacunación", ha añadido.

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de más de 20 millones de vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech. España se sumó a la compra inicial centralizada de 200 millones de dosis acordada entre la Comisión Europea y la empresa, de las que le corresponden 20.873.941. El ministro de Sanidad ha recordado que es una vacuna que requiere doble dosis y que permitirá inmunizar a 10.400.000 ciudadanos.

Por otra parte, el Gobierno ha puesto a disposición del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Servicios Sociales centros estatales del IMSERSO para acoger a pacientes COVID sin manifestaciones clínicas o leves, o que precisen alojamiento para superar períodos de aislamiento durante la emergencia sanitaria.

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido que la reforma integral del proceso penal es un ejercicio de coherencia institucional y cumple con el mandato de la Unión Europea.

Campo ha explicado que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene tres ejes: la actualización del modelo de enjuiciamiento penal, la incorporación de herramientas de lucha contra la criminalidad y el reforzamiento de las garantías.

El ministro ha explicado los roles que introduce la reforma: la figura del fiscal investigador, que averigua los hechos criminales; la del juez de garantías, que tutela los derechos de los investigados; y la del juez de la Audiencia Preliminar, que decide sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre qué pruebas son válidas.

Respecto a las nuevas herramientas para luchar contra la criminalidad, Juan Carlos Campo ha señalado que la reforma situará a España a la cabeza en la regulación de las pruebas científicas, la digitalización del servicio de la administración de justicia y de las políticas criminales.

En cuanto a la ampliación de garantías en el proceso penal, el titular de Justicia ha señalado que "la víctima ocupa el papel central". Campos también ha apuntado que las personas con discapacidad y los menores, ya sean víctimas, o testigos, tendrán un tratamiento específico.

El Gobierno ha aprobado una Declaración con motivo de la celebración, mañana, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha manifestado que el Ejecutivo quiere reiterar "su compromiso firme con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la prevención y la respuesta frente a todas y cada una de las formas de violencia machista".

Otros acuerdos

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha anunciado la celebración, mañana en Palma (Mallorca), de la XIX Cumbre entre España e Italia, en la que ambos gobiernos abordarán asuntos de especial importancia para los dos países, como el Mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, el reforzamiento del Pilar Social Europeo y la cooperación en turismo, energía, la reforma de la PAC o la agenda climática.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha descrito las dos claves de la modernización: las transformaciones, digital, ecológica, social e institucional, orientadas hacia una mayor cohesión territorial; y el desarrollo del proceso teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento acumulado, de una forma reflexiva.

"Modernizar la Administración Pública será la tarea de nuestro tiempo porque es la que dará auténtico sentido a todas las innovaciones y, especialmente, a la acción política de todos los gobiernos -del Estado, autonómicos y locales- para llevar a cabo las acciones del Plan de Transformación", ha señalado Darias.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, que ha inaugurado por videoconferencia la V Jornada Anual de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) y que se ha celebrado bajo el título 'Teletrabajo, Innovación e Inteligencia Artificial en la Administración pública en la era posCovid', ha explicado que el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación de la UE y está dotado con 672.500 millones -360.000 millones de euros para préstamos y 312.500 millones en transferencias no reembolsables-.

La respuesta del Gobierno de España para hacer frente con fondos europeos a la crisis sanitaria, social y económica, ha indicado Darias, se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como 'Plan España Puede'; un plan mediante el que, según los indicadores, España recibirá aproximadamente 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y un volumen máximo de 80.000 millones en préstamos.

Los planes que presente nuestro país -ha apuntado Darias- deben constituir un conjunto de reformas y proyectos de inversión pública que, además de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyan a las transiciones verde y digital y potencien la creación de empleo. Este Plan, del que colgarán los planes que elaboren gobiernos autonómicos y locales, se estructura en torno a diez políticas palanca, "la cuarta es la Administración pública del siglo XXI".

Darias ha indicado que FEDECA puede desempeñar una importante labor en el proceso de modernización: "Un proceso que debe conducirnos hacia una Administración pública del siglo XXI, que debe estar en consonancia con los valores que son consustanciales a la Administración, pero adaptada a los cambios derivados de los nuevos recursos e instrumentos de gestión".

La ministra ha subrayado que debemos tener en cuenta el impacto que la revolución digital o tecnológica tendrá sobre el sector público, que ha puesto ya a prueba a las administraciones durante la pandemia en lo que se refiere a la informatización y la digitalización de procedimientos. "Lo que parece haber quedado claro es que la Administración necesitará cada vez más empleadas y empleados públicos con fuertes conocimientos de tecnología y digitalización y con elevada capacidad de adaptación y de aprendizaje continuo".

Darias ha recordado los antecedentes del teletrabajo: los programas piloto de teletrabajo en los ministerios en 2006; la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya derogada, que incluía una habilitación para regular el teletrabajo en la AGE, el acuerdo del Gobierno con los sindicatos de 2009 con previsiones vinculadas a la "Modernización y nuevas tecnologías", el II Plan 2015 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres AGE, con medidas sobre trabajo en red y nuevas tecnologías para favorecer la conciliación o la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 2018.

Sin embargo, cuando la implantación del teletrabajo se ha visto acelerada ha sido con la crisis sanitaria, ha continuado Darias, lo que obligó a configurarlo como preferente. La nueva normativa ha llegado con la aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el SNS para hacer frente a la crisis sanitaria; una "norma fruto de la cogobernanza que preside la gestión de los asuntos públicos, la consolidación de una Administración multinivel y el éxito del diálogo social", ha añadido.

La regulación básica, ha detallado la ministra de Política Territorial y Función Pública, se gestó en la Conferencia Sectorial de Administración Pública el 11 de junio, con representantes de todas las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde "se acordó impulsar la reforma del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, para impulsar el teletrabajo".

El encargo lo recibió la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que están representadas las tres administraciones, para que elaborase en dos meses la propuesta de reforma, que también fue negociada con los agentes sociales, informada favorablemente por la Conferencia Sectorial y ratificada por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Fruto de la cogobernanza, el consenso y el diálogo, tal y como ha puesto de manifiesto la ministra Darias, el teletrabajo fue aprobado por el Gobierno como norma de regulación estatal básica, aplicable tanto al personal funcionario como al personal laboral de todas las administraciones públicas, para que sea desarrollada en virtud de sus competencias.

"Se trata de una norma pionera que introduce la regulación integral del teletrabajo, entendido como modalidad de prestación de servicios en la que el contenido del puesto de trabajo puede desarrollarse, cuando las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración mediante el uso de tecnologías de la información", ha especificado la ministra.

Darias ha pormenorizado elementos clave de esta regulación como servir con objetividad a los intereses generales; carácter voluntario y reversible; el personal que preste este servicio tendrá los mismos deberes y derechos; la Administración debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos para la actividad; el desempeño se realizará en los términos de las normas de cada Administración pública, siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito.

Además, ha añadido, esta modalidad de trabajo no se considera ordinaria ni absoluta; no se conceptualiza como derecho subjetivo; son necesarias competencias digitales necesarias para la prestación del servicio; la prestación debe ser expresamente autorizada; y no podrá suponer incumplimiento de jornada y horario.

La nueva regulación supone también, ha continuado, beneficios para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y la corresponsabilidad, se mantienen el derecho a la intimidad y a la desconexión digital, supone un avance en la transición del modelo económico actual hacia una economía verde basada en aplicación de las nuevas tecnologías y conlleva un aumento de la productividad, al disponer las empleadas y empleados públicos de mejor gestión del tiempo y reducir desplazamientos.

La ministra ha resaltado que la transformación económica y social precisa de "una Administración pública que actué como tractor de los cambios tecnológicos". Es necesaria una modernización de las administraciones basada en la digitalización.

Desde la perspectiva del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dos son los ejes de su participación en la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De una parte, la modernización exige un esfuerzo de capacitación y formación de las empleadas y empleados públicos. De otra, ha explicado Darias, el Ministerio será un actor fundamental en la modernización de todas las administraciones públicas, en la medida en que habrá transferencias de capital a comunidades autónomas y entidades locales para sufragar los proyectos que presenten de conformidad con el Programa Integral de cooperación para la Administración del Siglo XXI.

Por último, la ministra ha anunciado en esta Jornada que el Ministerio trabaja en el borrador del anteproyecto de Ley de Función de Pública que "contará con una parte importante dedicada a la profesionalización del personal directivo, un reconocimiento al trabajo, al desempeño y que va a suponer un hito en la reforma de la Administración".

La ministra se ha referido también a otro debate abierto, "Repensar la Selección" en el empleo público, proceso de reflexión que, durante 5 ó 6 meses, contará con expertos y representantes de quienes participan en la selección del personal para mejorar el sistema, modernizarlo y adecuarlo a los tiempos actuales.

"Yo reivindico el valor de lo público -ha defendido Darias- y la pandemia ha puesto de manifiesto la relevancia de lo público. Las empleadas y empleados públicos han sido elementos vertebradores para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social".

Por último, Darias ha invitado a los integrantes de FEDECA a participar con sus reflexiones, aportaciones e "incluso con sus críticas" en la transformación de nuestra Administración: "Estamos ante un gran reto para transformar nuestra economía y nuestra sociedad, y para transformar nuestro país necesitamos una Administración fuerte, moderna, ágil y las empleadas y empleados públicos tienen un papel fundamental en esta transformación", ha finalizado.

 

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