Entre otras cosas, pretende recortar las prejubilaciones

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 19 de noviembre, con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones, el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. La Cámara, en cambio, ha rechazado todos los votos particulares presentados a este informe. Este informe, elaborado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y aprobado el pasado 27 de octubre en el seno de dicha Comisión, realiza, tras un análisis del sistema de pensiones y del contexto, una serie de recomendaciones con el fin de asegurar su viabilidad y suficiencia.

Entre ellas, rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real y  plantea que  las prestaciones no contributivas se financien mediante aportaciones del Estado, destinando las cotizaciones sociales exclusivamente a financiar prestaciones contributivas, así como que el Estado, antes de 2023 y a través de los Presupuestos Generales del Estado, asuma gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social que no le corresponden.

Consideran que se debe fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, aproximando la edad de salida efectiva del mercado laboral a la edad de jubilación legalmente establecida, así como reforzar el principio de contributividad, sin menoscabo de la solidaridad del sistema, mantener y mejorar las pensiones mínimas, con una estructura y cuantías que no desincentiven la cotización, reformular de forma íntegra las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad, manteniendo su carácter contributivo, y mejorar de la gestión de la Seguridad Social, creando una agencia que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, y abordando de manera inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal.

También solicita un análisis de convergencia de los diferentes regímenes para reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, anima a continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del Régimen General y a promover, en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

Con respecto al sistema de incentivos al empleo, aseguran, debe priorizarse a los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género y deben adoptarse medidas de fomento de la contratación de los parados de larga duración, y de los jóvenes, así como incentivar el mantenimiento del empleo de las personas contratadas que tengan 55 o más años. El informe hace también recomendaciones para determinados colectivos, como las personas con discapacidad, trabajadores migrantes, mujeres y jóvenes. A todas estas recomendaciones los grupos parlamentarios Popular, Republicano, Plural (Más País, BNG y Compromís), Ciudadanos; y EH-Bildu habían presentado 17 votos particulares, que no han salido adelante.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo comenzó a trabajar en este informe en el año 2016, durante la XI Legislatura. Durante este tiempo tanto la Comisión como la Mesa y Portavoces han celebrado más de cien reuniones y han acogido más de 40 comparecencias de autoridades y expertos en la materia.

Es la tercera vez que esta Comisión actualiza el Informe y las Recomendaciones que desde 1995 tienen por objeto el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deben acometerse para asegurar la viabilidad y suficiencia del sistema de pensiones.

Por todo ello, en el informe, además de las recomendaciones señaladas, la Comisión, a modo de contextualización, plasma como ha ido evolucionando en nuestro país el sistema de pensiones de la Seguridad Social y hace un análisis de la situación actual del mismo. Asimismo, evalúa cual es la evolución demográfica prevista para España durante los próximo años y señala cuales son las orientaciones de las autoridades europeas en esta materia.

Tal y como se establece en su última recomendación, este informe volverá a revisarse transcurridos cinco años. En ese momento también se evaluará el grado de cumplimiento del mismo. Asimismo, se fija que el Gobierno deberá comparecer anualmente ante la Comisión para informar de la situación puntual de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas.

CCOO ha celebrado una asamblea virtual sobre el futuro de las pensiones con las intervenciones del secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, que ha explicado el contenido del informe del Pacto de Toledo, y con el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún.

El secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, que abrió su intervención recordando que la pandemia provocada por la COVID-19 se está «cebando» precisamente con las personas mayores, tanto por el número de fallecidos como de hospitalizados, destacó la «gravísima brecha de género» que también se da entre las personas que reciben una pensión, y que en la Comunidad de Madrid es de casi 500 € en la pensión media.

Cedrún valoró positivamente el «amplio consenso político» alcanzado en el marco del Pacto de Toledo, así como que se haya comenzado a «corregir» la reforma de las pensiones realizada por el Partido Popular en 2013. Al respecto, destacó la corrección del índice de revalorización, que suponía una importante pérdida para los pensionistas, pero lamentó que todavía no se haya corregido el factor de sostenibilidad, una «espada de Damocles» que estará colgando hasta el año 2023.

En la presentación de la asamblea, Jaime Cedrún también llamó la atención sobre las recomendaciones realizadas en torno al sistema de pensiones sobre el «refuerzo del trabajo», es decir, sobre la necesidad de «regular y considerar» todas las nuevas formas de trabajo que están surgiendo. «Ese refuerzo –dijo- contra los que quieren cambiar el derecho laboral por el derecho mercantil», en referencia a los nuevos empleos relacionados con plataformas digitales y falsos autónomos, entre otros.

Por su parte, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, abordó en su intervención varios temas acerca del futuro del sistema público de pensiones como la separación de las fuentes de financiación, el poder adquisitivo de las pensiones, el Fondo de Reserva, la edad de jubilación o la fiscalidad, entre otras cuestiones.En la misma línea que Cedrún, Carlos Bravo saludó el acuerdo de recomendaciones en el Pacto de Toledo y, fundamentalmente, «el sentido en el que se ha producido», ya que ha contado con los principales partidos políticos como Unidas Podemos o Ciudadanos, incluido el PP «que se bajó» de acuerdos anteriores.

Bravo subrayó la importancia del Pacto de Toledo y del acuerdo político y social por ser «la llave para que las organizaciones sindicales y empresariales estemos, a través del diálogo social, en ese gobierno participado del sistema de pensiones, que es el que mejor garantiza los derechos de la gente a la que representamos». Así, detalló que entre las recomendaciones consensuadas se encuentra la derogación de parte de la reforma emprendida en 2013 que «esperábamos que fuera completa», pero sí se recomienda la eliminación de puntos importantes como el índice de revalorización de pensiones.

En su intervención, Carlos Bravo destacó el incremento del 1,8% de las pensiones no contributivas, lo que afectará a 450.000 pensiones de este tipo, o el caso de las pensiones mínimas, que seguirán con su revalorización como el resto, es decir, al 0,9%, una subida que supondrá una mejora del poder adquisitivo de las pensiones en relación al IPC.