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20
Nov
2020
El Congreso aprueba por la mínima la nueva Ley de Educación PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosConsiguieron 177 votos y necesitaban 176

El Pleno del Congreso ha aprobado el dictamen de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que una vez superada la mayoría absoluta necesaria en la votación de conjunto será remitido al Senado. En la sesión de este jueves, la Cámara ha aprobado también el informe con las recomendaciones de para la actualización del Pacto de Toledo.

La sesión ha comenzado con el debate sobre el dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Formación Profesional, aprobado el pasado 13 de noviembre, sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación y las enmiendas al articulado que los grupos parlamentarios han mantenido vivas, de las que se ha aprobado una enmienda transaccionalcorrecciones técnicas.

La enmienda, por la que se incluye la referencia al papel social de los impuestos y la justicia fiscal en la educación en valores cívicos y éticos, ha sido acordada por los grupos Socialista, de Unidas Podemos, Republicano y, dentro del Grupo Plural, Junts Per Catalunya, Más País y Compromís, y quedará incorporada al texto que se remita al Senado.

En la votación de conjunto del texto, necesaria por el carácter orgánico de la ley, el proyecto ha obtenido la mayoría absoluta necesaria, con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. para continuar su tramitación en el Senado. En caso de que la Cámara Alta no enmiende ni vete el proyecto, la reforma quedaría aprobada y lista para publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y si se modifica el texto, volvería a debatirse en el Pleno del Congreso, para decidir si se mantienen o revocan los cambios.

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy por mayoría absoluta el dictamen de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al que se ha incorporado una enmienda sobre educación en valores cívicos y éticos acordada por los grupos Socialista, de Unidas Podemos, Republicano y, dentro del Grupo Plural, Junts Per Catalunya, Más País y Compromís, que quedará incorporada al texto que se remita al Senado.

El dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación se ha debatido a primera hora en el Pleno, donde los los grupos parlamentarios han defendido sus enmiendas al articulado, que han quedado rechazadas salvo una enmienda transaccional y correcciones técnicas.

La enmienda afecta al artículo 25.7 de la Ley Orgánica de Educación, y establece que "en algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos. En dicha materia que prestará especial atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos a la Constitución Española, al conocimiento y respeto a los derechos humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y el papel social de los impuestos y la justicia social, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia".

Una vez votadas las enmiendas, se ha aprobado el dictamen, con la inclusión de los cambios realizados, y dado el carácter orgánico de la propuesta, el Pleno ha realizado una votación de conjunto del texto, en la que el proyecto de ley orgánica ha obtenido la mayoría absoluta necesaria, con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.

El proyecto de reforma será por tanto remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. La Cámara Alta puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas a la iniciativa. En ambos casos deberá volver al Pleno del Congreso, que podrá levantar el veto o decidir si mantiene o revoca los cambios incorporados por el Senado.

En caso de que la Cámara Alta no enmiende ni vete el proyecto, y dado el carácter orgánico de la propuesta, ésta deberá realizar una votación de conjunto en la que el texto necesita la mayoría absoluta para su aprobación definitiva y entrada en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Esta iniciativa, conocida como LOMLOE, aprobada por el Consejo de Ministros del 3 de marzo, se sometió al debate de totalidad el 17 de junio, cuando el Pleno del Congreso rechazó las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los G.P. Popular, VOX y Ciudadanos, y se remitió a la Comisión de Educación y Formación Profesional, donde se constituyó la ponencia para estudiar el proyecto de ley y las más de 1.100 enmiendas al articulado presentadas. La Comisión celebrada el viernes 13 de noviembre se debatió el informe de la ponencia y las enmiendas al articulado y aprobó el dictamen en el que se incorporaron nuevas enmiendas.

La actualización de la LOE tiene el objetivo de adaptar el sistema educativo a la situación actual e incluir el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema; el enfoque de igualdad de género, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual; el enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la educación; el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030 y la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa.

Con el fin de reforzar la equidad y hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, se establece que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado.

La reforma incluye modificaciones en la organización de la organización básica, constituida por la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico. Se ofrece una nueva redacción para la etapa de educación primaria, en la que se recuperan los tres ciclos anteriormente existentes, se reordenan las áreas, que estarán orientadas al desarrollo de las competencias del alumnado y podrán organizarse en ámbitos y se añade en el tercer ciclo un área de Educación en Valores Cívicos y Éticos, en la cual se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia.

La educación secundaria se divide en obligatoria y postobligatoria. Constituyen la constitución secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas artísticas profesionales tanto de música y de danza como de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.

En educación secundaria, se regula la evaluación de los aprendizajes que será continua, formativa e integradora. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.

También se asegura una formación común, se garantiza la homologación de los títulos, se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de los aspectos básicos del currículo, que en conjunto constituyen lo que se conoce como enseñanzas mínimas, y a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas. Se recupera la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, que requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan.

En referencia a la lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal, se modifica el punto 1 de la disposición adicional trigésima octava, cuya nueva redacción establece que "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

Se establece, asimismo, que en el área Lengua propia y Literatura en aquellas comunidades autónomas que posean dicha lengua propia con carácter oficial, podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones previstas en la normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Propia y Literatura recibirá el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen garantizando, en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales".

La reforma añade una Disposición adicional por la que el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con las administraciones educativas definirán un modelo de Plan de Contingencia para dar continuidad a la actividad educativa, de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia.

La sesión ha continuado con el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, convalidado con 236 votos a favor, 18 en contra y 87 abstenciones.

Este Real Decreto-ley establece un conjunto de ayudas extraordinarias a favor de las principales entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal que desarrollan su labor a favor de diversos colectivos especialmente afectados por el COVID-19 como son, entre otros, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, el pueblo gitano, los diversos colectivos en riesgo de exclusión social, etc. El conjunto de estas ayudas asciende a un total de 26.404.089,44 euros.

El Pleno del Congreso también ha aprobado con 312 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.

La norma establece, por un lado, los requisitos para un subsidio especial por desempleo, de naturaleza extraordinaria, para aquellas personas que han agotado prestaciones durante el estado de alarma y no tienen acceso a otras ayudas y, por otro lado, las medidas de apoyo y protección por desempleo de artistas y otros profesionales de las artes escénicas y espectáculos públicos.

La sesión plenaria ha continuado con el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, también aprobado con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones. Los votos particulares presentados al mismo por los grupos parlamentarios Popular; Republicano; Más País, Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Compromís, integrado en el G.P. Plural; Ciudadanos; y EH Bildu han sido rechazados.

Tras más de una treintena de sesiones, desde la XII Legislatura, en las que los miembros de la Comisión han escuchado la comparecencia de autoridades y expertos, se ha elaborado el informe que contiene las recomendaciones para la reforma del acuerdo sobre las pensiones.

El Congreso reafirma su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través del reparto equitativo de las cargas; se opone a cualquier transformación radical del sistema, considera que el actual sistema de pensiones, en su modalidad contributiva, da una respuesta protectora frente a las situaciones de necesidad en que pueden encontrarse trabajadores, pensionistas, y sus familiares, y reitera que la financiación de la Seguridad Social ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones.

La sesión de este jueves ha finalizado con el debate acumulado de los dictámenes de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de los ejercicios 2017 y 2018. El dictamen con la Declaración sobre la Cuenta General del ejercicio 2017 ha salido adelante con 314 votos a favor y 25 abstenciones; y el de 2018 también ha sido aprobado con 313 votos a favor y 25 abstenciones.

El informe de la Ponencia, una vez examinada la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, considera que la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2017 y la de 2018 "es coherente internamente" y "refleja adecuadamente la actividad económico-financiera, así como su situación patrimonial".

La sesión de esta semana comenzó el martes 17 de noviembre, a las 15h., con la toma de posesión del acta de diputada de Mercedes Jara Moreno, del G.P. Vox, y con el debate de dos proposiciones de ley: la impulsada por el CERMI, a través de una iniciativa legislativa popular, para la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias, y la presentada por el Grupo Popular, de carácter orgánico, de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales.

El Pleno aprobó, con 340 votos a favor y 6 en contra, la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.

Esta  iniciativa legislativa popular, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), modifica los artículos 14 y 33 de la citada ley para que los beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), queden exentos de la participación en el coste de la prestación de dependencia.

Asimismo, el Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica, de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales, presentada por el G.P. Popular, que propone abandonar, en lo posible, la excepcionalidad constitucional y "conjugar la protección de la salud de los ciudadanos con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y emergencias sanitarias".

La sesión del martes continuó con el debate de la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Vox, relativa a la aplicación y desarrollo del artículo 3 de la Constitución española mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el deber de conocer el castellano, del derecho a usarlo y de su aplicación a las personas físicas, jurídicas y a todas las Administraciones e instituciones públicas del reino de España. Esta proposición ha sido rechazada en su votación en la sesión plenaria de este jueves.

Esta iniciativa insta al Gobierno a garantizar que "la lengua vehicular, de comunicación y trabajo de todas las Administraciones, sea el castellano", sin perjuicio de que en territorios con otra lengua cooficial se disponga lo necesario para poder utilizar ambas, y que "en ningún caso" se pueda obligar a un funcionario a "conocer y/o utilizar una lengua distinta del castellano", ni que el conocimiento de la otra lengua cooficial sea requisito para acceder a un empleo público.

Asimismo, se debatió la Proposición no de ley sobre creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica, del Grupo Parlamentario Popular. El grupo proponente considera necesaria esta iniciativa para recibir y gestionar en España los fondos Next Generation EU (NGEU) que permitan "optimizar los recursos públicos y que estos tengan un efecto multiplicador en la economía española". La presidencia de esta Autoridad sería asumida por "una personalidad de reconocido prestigio profesional" y estará avalada por una mayoría cualificada de la Cámara Baja. El Pleno del Congreso también ha rechazado esta proposición no de ley.

La jornada del martes concluyó con el debate de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos, que no ha salido adelante en su votación en Pleno.

El Pleno celebró el miércoles la Sesión de Control al Gobierno con las preguntas e interpelaciones urgentes registradas por los grupos parlamentarios hacia los miembros del Ejecutivo y debatir las dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes que quedaron pendientes del martes.

En primer lugar, los grupos parlamentarios formularon 15 preguntas, y se plantearon tres interpelaciones urgentes, del Grupo Parlamentario Vox, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión en España; del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia; y del Grupo Parlamentario Popular pidió al Gobierno que diera su visión sobre la valoración del gobernador del Banco de España y la presidenta de la AIReF sobre el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del Estado.

Al término de la sesión de control se debatieron las mociones de la CUP, formación integrada en el G.P. Mixto, sobre la regulación de los precios del alquiler de vivienda a través de una futura ley al respecto, aprobada en los términos de una enmienda transaccional; y del Grupo Parlamentario Popular sobre las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para evitar el grave deterioro de la imagen del reino de España en el exterior, rechazada en la votación de la sesión de este jueves.

 

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