17
Nov
2020
Las mascarillas bajarán otro diez por ciento con el nuevo IVA Imprimir
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Foto cedida por MoncloaAprobada la rebaja en Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos, con la adopción de nuevas medidas en los ámbitos financiero y concursal. Con el objetivo de que puedan seguir disponiendo de la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de liquidez o realizar sus proyectos de inversión, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal) podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco actuales. Adicionalmente, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses. Más del 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tienen un plazo de entre 4 y 5 años, según los datos disponibles hasta el 31 de octubre.

Asimismo, las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO. Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días.

A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así las características de la Línea de Avales aprobada en marzo con la de la Línea de Avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que ya tenía ese plazo máximo. Se prevé, asimismo, una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos.

Con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras.

Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (operación de 77.500 euros con un tipo del 2,5%) y que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 a partir de entonces.

En el ámbito de turismo, ocio y cultura, en el que el crédito medio concedido tiene un importe de 100.270 euros al 2,2%, con un plazo de devolución de cinco años y que contara con 12 meses de carencia, el cliente mantendría su cuota durante un año adicional en 183 euros y, al extender el plazo de devolución en tres años más, una vez finalizada la carencia vería reducida su cuota de 2.184 a 1.487 euros.

En el crédito tipo del sector de la industria de alimentación y bebidas, con un plazo de devolución de cuatro años, un importe de 270.600 euros y una cuota del 2,1%, la extensión del plazo de devolución en otros tres ejercicios y la introducción de 12 meses de carencia permitiría bajar la cuota mensual de 6.688 a 473 euros durante un año y, a partir de entonces, situarla en 4.344 euros.

Con datos a cierre del pasado mes de octubre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, y el de industria textil y moda, junto al comercio al por menor de estos ámbitos, concentran 274.000 operaciones, casi un tercio de los créditos concedidos, por lo que estas medidas pueden ayudar de manera notable a proteger la solvencia de los autónomos y empresas vinculados a los mismos.

Asimismo, para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, podrán beneficiarse de los avales de la Línea de 40.000 millones de euros para liquidez e inversión aprobada en julio los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). De esta forma se fomenta el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales, como alternativa a la financiación bancaria.

Estas medidas son adicionales a las ya aprobadas en las últimas semanas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la solvencia y la financiación empresarial, en particular para apoyar a las empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

En primer lugar, se ha creado una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En segundo lugar, se ha ampliado en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYME y empresas no cotizadas. Y, finalmente, se ha creado una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones de euros de euros y con vigencia temporal hasta diciembre de 2021.

El RDL establece también otras medidas para apoyar la solvencia, recuperación y mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la situación excepcional generada por la pandemia sanitaria. Con este objetivo, se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en materia concursal.

De forma específica, se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.

También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación. Estas medidas permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores.

Por otra parte, se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. De este modo se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación alternativa.

Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Asimismo, el impacto de la crisis ha supuesto una amenaza para las empresas españolas que estaban viendo mermado su valor patrimonial, muchas de ellas de sectores estratégicos. Esto supone un elevado riesgo de que se lanzasen operaciones de adquisición por parte de inversores extranjeros, que hay que limitar. En consecuencia, en relación con el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión. Asimismo, de forma temporal hasta el 30 de junio de 2021, se incluyen en el régimen de autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros.

Con el fin de garantizar la continuidad de las instituciones en tanto se produce el proceso de renovación, se prevé que, tras la finalización del mandato del presidente, vicepresidente y consejeros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), éstos puedan continuar en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de sus sucesores.

Mediante este Real Decreto-Ley se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios como mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de protección individual por parte de hospitales

Además se rebaja, hasta el 31 de diciembre de 2021, el IVA de las mascarillas al tipo superreducido, bajando del 21% al 4% y se adoptan una serie de disposiciones para la transposición de la normativa comunitaria en materia energética. De esta forma, el precio ha pasado de 0,96 euros a 0,72 euros la unidad, con un IVA del 21%. La rebaja del gravamen al 4% provocará una próxima disminución del precio máximo. Por tanto, está previsto que finalmente el precio de las mascarillas bajará en torno a un 35%.

Por otra parte, el Real Decreto-ley también contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de la pandemia.

Esta transferencia garantiza la financiación del sistema de la Seguridad Social para atender las medidas puestas en marcha para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Entre esas medidas que siguen vigentes para proteger las rentas de los trabajadores se encuentran los ERTEs, la prestación por cese de actividad para los autónomos o medidas de alivio para las empresas mediante exoneraciones en las cotizaciones sociales.

El Real Decreto-ley incluye además un crédito extraordinario por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal .El objetivo de esta transferencia es hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleo derivado de las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19.

Asimismo, se amplía la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales para incorporar la fase de producción a la aplicación de este incentivo en las producciones de animación.

El Real Decreto-ley recoge además la modificación de una serie de incentivos fiscales al sector del automóvil para adecuarlos a la regulación comunitaria. De esta forma, se adapta la libertad de amortización para determinadas inversiones al Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, y se modifican los límites temporales para poner en funcionamiento las inversiones y para aplicar el incentivo.

Además, se modifica la deducción por innovación y se introducen diferencias, según la dimensión de la empresa, de forma que para pymes la deducción pasa a ser del 50%, mientras que para no pymes será del 15%.

Por otro lado, este Real Decreto-ley modifica de manera puntual el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para adaptarlo a las disposiciones comunitarias relativas a la prórroga de las Directrices de Ayuda con finalidad regional para 2014-2020.

La modificación permite prorrogar las referencias temporales previstas en la reserva por inversiones y en la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC), que concluían el 31 de diciembre de 2020 y han sido prorrogadas por la UE hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta ampliación garantiza la operatividad de dichos instrumentos

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las medidas aprobadas hoy se suman a la respuesta "decidida y coherente" del Gobierno en los ámbitos económico y social para proteger el tejido productivo, el empleo, las rentas familiares y favorecer la recuperación económica.

En este sentido, Calviño ha recordado que el Ejecutivo activó el 17 de marzo una línea de avales para empresas y autónomos por un importe total de hasta 100.000 millones de euros, que ha permitido aprobar más de 881.000 operaciones, el 98% con pymes y autónomos. Con posterioridad, movilizó otra línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 40.000 millones y creó un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas estratégicas, dotado con hasta 10.000 millones para que pudieran afrontar sus eventuales problemas de solvencia.

Nadia Calviño ha indicado que estas y otras medidas están siendo eficaces, pero hay que adaptarlas para ayudar a los proyectos empresariales que hasta la irrupción del COVID eran sostenibles y que ahora pueden estar atravesando tensiones de liquidez o desequilibrios patrimoniales causados por las circunstancias extraordinarias.

La titular de Asuntos Económicos ha explicado que la norma introduce medidas relacionadas con los avales del ICO y con la normativa concursal. Así, se amplía, hasta el 30 de junio de 2021, el plazo para la concesión de las dos líneas de avales del ICO. Además se amplía el plazo máximo de los créditos avalados, de forma que los clientes que lo soliciten pueden alargar su crédito hasta 8 años y el periodo de carencia hasta 24 meses.

La vicepresidenta ha resaltado que con estas medidas, "los autónomos y las empresas notarán un importante alivio de su carga financiera y dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad y afrontar sus obligaciones". La medida, ha dicho, protegerá "de manera muy notable" a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO.

El Real Decreto estipula que las entidades financieras deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados a sus clientes, y deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días. También prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales al formalizar las operaciones de ampliación.

Con el fin de facilitar el acceso de las empresas a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, se eleva a 500 a 1.000 millones de euros el umbral a partir del cual deben pasar del mercado alternativo bursátil para PYMES en expansión al mercado continuo.

Las medidas incluidas en el Real Decreto son adicionales a las acordadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la solvencia y la financiación empresarial.

Primero se creó una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros. Luego se amplió en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYMES y empresas no cotizadas y finalmente se aprobó una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones y con vigencia hasta diciembre de 2021.

Nadia Calviño ha subrayado que se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes. Y se prolongan hasta el 31 de enero las previsiones de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes de incumplimiento de convenios de acreedores y de acuerdos de refinanciación.

Por otra parte, se extiende hasta el 30 de junio de 2021 la autorización previa a inversiones directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea, o de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando se trate de sociedades cotizadas o de inversiones superiores a los 500 millones de euros en sociedades no cotizadas de sectores estratégicos.

La ministra también ha recordado que se extiende hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para que los ciudadanos que todavía tienen pesetas puedan cambiarlas en el Banco de España. Adicionalmente, se amplía a todo 2021 el plazo de vigencia para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

El Real Decreto-ley incluye la reducción del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables en un 25%, como acordó la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del pasado jueves. Su precio pasa de 0,96€ a 0,72 euros, y será aun menor cuando entre en vigor la rebaja del IVA al 4%, ya anunciada la semana pasada y que se ha introducido en esta nueva norma. Este gravamen se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

El objetivo, ha dicho la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, es que no haya impedimentos "para ningún grupo de población, especialmente los más vulnerables" para acceder al material obligatorio de protección contra el virus.

Por otro lado, se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación y adquisición de material sanitario que tenga como destino centros sanitarios públicos o privados y entidades de carácter social.

La norma contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para garantizar la financiación de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 2.300 millones para el Servicio Público de Empleo. Montero ha señalado que de esta manera se garantiza que se pueda mantener la red de seguridad creada tras el impacto de esta pandemia -con medidas como los ERTES o la prestación del cese de actividad para los autónomos-, el sistema de pensiones, y garantizar las prestaciones contributivas y los subsidios por desempleo. Finalmente, se ajustan a la normativa comunitaria medidas tributarias e incentivos fiscales para incentivar el sector de la Cultura y sobre el sector del automóvil.

El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas por valor de 148 millones de euros para contratar investigadores a través de concurrencia competitiva, que financiarán e incentivarán la formación y especialización en I+D+I de investigadores del sector público y privado.

Entre estas convocatorias están los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, que este año incrementan su financiación en un 30%, lo que permitirá pasar de 650 a 803 ayudas. Se cumple así, ha señalado María Jesús Montero, con el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, entre cuyos objetivos figura incrementar los programas de atracción y retención del talento investigador.

Otras ayudas son las de 'Personal Técnico de apoyo a I+D+i, con 170 contratos laborales, las 'Torres Quevedo', que facilitan la incorporación a empresas durante 3 años de 200 doctores, y los 'Doctorados Industriales', que permiten la formación de 60 investigadores predoctorales en el ámbito de la empresa.

La portavoz del Gobierno ha indicado que, en la cuarta semana desde que el 25 de octubre entró en vigor la declaración del Estado de alarma, las cifras de casos de COVID-19 siguen siendo altas pero que la reducción de la incidencia acumulada en el conjunto del país indica que "se está en la dirección correcta", y ha insistido en seguir aplicando "de forma contundente y estricta las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

Montero ha anunciado que el Consejo Europeo del próximo jueves, al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se centrará en la respuesta de la Unión Europea a la pandemia y en el programa de adquisición de vacunas. Una de las empresas con las que está negociando, ha dicho Montero, es Moderna, que ha anunciado esta semana que su vacuna ha obtenido, en sus ensayos, una eficacia próxima al 95%.

La ministra ha valorado positivamente la constitución, ayer, de la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, y el papel desempeñado por las organizaciones sindicales y empresariales, "que han entendido este momento tan inédito, tan excepcional que vive nuestro país, y están contribuyendo de forma decidida a la recuperación a través de las distintas líneas de trabajo abiertas".

Montero ha reivindicado también el diálogo parlamentario para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2021, "absolutamente necesarios" para posibilitar la recuperación económica, garantizar las rentas del conjunto de los trabajadores y aprovechar la inyección prevista de fondos europeos.