 Dentro de la Ley de Seguridad Nacional
Aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre, este procedimiento es una respuesta a la petición de la Unión Europea de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación.
Además, incide, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, en el derecho a la información veraz y plural como uno de los pilares que sustentan las sociedades democráticas. Un derecho que deben garantizar las instituciones, las Administraciones públicas y la propia sociedad, porque es el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión libre.
Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea, las acciones y procesos recogidos en el procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido. El objetivo es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país.
Con la intención de atajar la desinformación, se pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, así como fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático.
Lo que busca España con este procedimiento es "definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos" y, en ningún caso, vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución. También se propone el marco y la composición de un equipo de trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
El Plan de Acción contra la Desinformación fue creado en 2018 a petición de la Comisión Europea para afrontar, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones. Tomando como punto de partida ese Plan, el procedimiento considera que es "necesaria una actuación más coordinada y acorde a nuestros valores democráticos que haga frente a los riesgos para las sociedades abiertas".
"Nuestras instituciones democráticas y nuestros valores comunes −la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación, entre otros− son el fundamento de la resiliencia de nuestras sociedades frente a los desafíos", según remarca el texto.
En la lucha contra la desinformación estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. El procedimiento establece cuatro niveles de activación "que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas".
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, también ha anunciado la adhesión de España al Convenio sobre el acceso a documentos públicos del Consejo de Europa y ha asegurado que el Gobierno de España ha asumido el "firme compromiso de impulsar la transparencia y el Gobierno Abierto".
Durante la toma de posesión de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Darias ha manifestado el compromiso de trabajo permanente en acciones del Ministerio que contribuyan a que "la Administración pública siga avanzando hacia el logro de un buen gobierno abierto, participativo y transparente y a la realización de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás".
En esta línea, Darias ha añadido que, fruto de ese compromiso, junto a la participación de la sociedad civil y de instituciones, se aprobó la semana pasada el IV Plan de Gobierno Abierto.
"Un paso firme y decidido de nuestro país para mejorar de forma permanente la calidad de nuestra democracia y para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", ha hecho hincapié Darias.
Gracias a la colaboración de todos los actores públicos y sociales implicados, ha abundado, el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 ha dado respuesta a las demandas de la ciudadanía, tras un proceso participativo, "inédito hasta la fecha", en la configuración de los planes de acción de Gobierno Abierto.
Tal y como ha apuntado la ministra, "éste camino es por el que debemos transitar ahora y en el futuro; el de la generalización de la participación y colaboración con la ciudadanía y las organizaciones sociales para avanzar en la consolidación de la cultura de los valores de la transparencia y la rendición de cuentas".
La ministra ha felicitado al nuevo presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, y ha destacado de él su formación académica y su trayectoria de dedicación al servicio público, singularmente, su responsabilidad como director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Darias ha recordado a la primera presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, "nos dejó demasiado pronto", y ha resaltado el papel relevante de la institución, "por su importante labor para contribuir al valor de lo público".
La ministra ha mostrado su confianza en el nuevo presidente para que con su experiencia y buen hacer contribuya a "lograr una Administración mejor, más abierta, más democrática y cada vez más transparente".
Darias ha reconocido también el trabajo del equipo de personas que integran el Consejo de Transparencia, "un magnífico ejemplo de empleadas y empleados públicos dedicados al servicio de la ciudadanía".
Con el nombramiento José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se refuerza la dimensión de la transparencia y la rendición de cuentas, "el siguiente paso será la aprobación del reglamento, que figura en el plan anual normativo para este semestre, y la reforma de la Ley de transparencia como uno de los objetivos de la legislatura".
La ministra ha señalado que el Consejo contará el año que viene con más presupuesto para desarrollar su trabajo: "Era una asignatura pendiente y un compromiso adquirido desde que el presidente Sánchez llegó al Gobierno y que se hará realidad cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado".
La ministra ha finalizado su intervención defendiendo que el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno es hoy es más necesario que nunca, ante las incertidumbres del futuro y ante la acuciante necesidad de contar con una Administración pública comprometida con los valores que le otorgan su razón de ser: "La legalidad, la universalidad, la imparcialidad, la transparencia y la integridad de quienes desempeñan todas y cada una de las funciones que tiene atribuidas".
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