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16
Oct
2020
El Gobierno subirá los impuestos para recaudar más de seis mil millones en 2021 PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaEnvía la hoja de ruta presupuestaria a Bruselas

El Gobierno remite a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2021 en cumplimiento de las normas comunitarias. El documento, que se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda, incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas en un contexto de pandemia mundial por la COVID-19 sin precedentes en el último siglo.

El Plan Presupuestario parte de una situación de emergencia sanitaria y refleja el efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico, social y laboral de esta crisis. Unas decisiones que han permitido proteger la renta de los trabajadores y autónomos, ayudar a los colectivos más vulnerables y dar liquidez a las empresas y a las administraciones territoriales.

El objetivo del Gobierno, recogido en el documento enviado a Bruselas, es presentar en breve unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que sean el principal instrumento para la recuperación económica y social de España. Unos Presupuestos expansivos que combinarán el fortalecimiento del Estado del Bienestar y el impulso de la inversión con el inicio de una senda de reducción del déficit. Como ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la suspensión de las reglas fiscales no implica que el Gobierno renuncie a mejorar el saldo fiscal de la Administración Pública.

Además, los Presupuestos serán el vehículo para canalizar más de 27.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos en 2021 que financiarán las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno la pasada semana y que sentará las bases de un nuevo modelo productivo basado en la digitalización, la transición energética, la cohesión social y la igualdad.

El Plan Presupuestario detalla el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno este año para luchar contra la emergencia sanitaria y paliar los efectos económicos, laborales y sociales de la crisis.

El Gobierno aprobó un conjunto de medidas para reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y el transporte, incluyendo el Fondo COVID de 16.000 millones de euros de transferencias para las comunidades autónomas orientado a garantizar los recursos necesarios en esta materia.

Además, se aprobaron medidas sin precedentes para apoyar a las familias y a los trabajadores, así como a los colectivos más vulnerables y también a las empresas por valor de 55.588 millones de euros en 2020. De hecho, en el peor momento de la crisis un tercio de la población activa estuvo protegida por esta red de seguridad.

Entre estas medidas se encuentran la regulación y el apoyo financiero público de los ERTES, que han permitido salvaguardar el empleo y las rentas de millones de trabajadores, y apoyar a más de medio millón de empresas; la prestación por cese de actividad de los autónomos que ha beneficiado a un millón y medio de trabajadores por cuenta propia.

Además, el Gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar las cargas fiscales y de cotizaciones de las empresas y los autónomos con un impacto de casi 1.000 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo también ha puesto en marcha distintas líneas de avales y garantías por valor de 154.400 millones de euros para garantizar la viabilidad de empresas afectadas por la pandemia y, en segunda instancia, financiar proyectos de inversión que permitan fortalecer y ampliar nuestro tejido productivo. Todas las medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia y mitigar la crisis suman 210.910 millones de euros en 2020.

La presentación del Plan Presupuestario se produce en un contexto inédito que ha llevado a la Comisión Europea a tomar medidas extraordinarias como la aplicación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

En línea con esta decisión comunitaria, el Gobierno de España ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, como también han adoptado otros países europeos. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que serán sustituidos por unas tasas de referencia. En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene en el Plan Presupuestario el compromiso de avanzar a partir del próximo año en una senda descendente del déficit.

De hecho, el documento recoge que el déficit en 2021 se situará en el 7,7% del PIB, lo que supone uno de los mayores descensos de la serie con una caída de 3,6 puntos respecto al dato de 2020. Esta reducción se produce en gran medida por la recuperación de los ingresos gracias a la mejor evolución del ciclo económico -con la estimación de un fuerte repunte del PIB- y a las medidas tributarias relacionadas con una fiscalidad más justa y progresiva, adaptada a las nuevas áreas de negocio y a los impuestos medioambientales.

La distribución del déficit de 2021 por subsectores muestra que la Administración Central asumirá la mayor parte del coste de la pandemia, como ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De esta forma, la tasa de referencia inicial de la Administración Central será del 2,4%; para las Comunidades Autónomas del 2,2%; la Seguridad Social un 3%; y para las Entidades Locales un 0,1%.

Sin embargo, como ya explicó la ministra de Hacienda en la presentación del techo de gasto, el Gobierno ha decidido que la Administración Central asuma la mitad del déficit de las Comunidades Autónomas y gran parte del déficit de la Seguridad Social.

En concreto, el Estado aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.Por tanto, la tasa de referencia final de la Administración Central es del 5,2%. La referencia de las Comunidades Autónomas se reduce a la mitad y se situará en el 1,1% y la Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.

Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España. Asimismo, la ratio de deuda pública sobre el PIB comenzará a reducirse en 2021 al situarse en 117,4%, frente al 118,8% de 2020.

El Plan Presupuestario contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020. Este descenso en la ratio es consecuencia del mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020. Un aumento de los ingresos públicos que se explica por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.

El impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.

Por ejemplo, en 2021 se aplicará el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que fueron aprobados recientemente por el Parlamento y que permitirán modernizar el sistema fiscal y adaptarse a la nueva realidad económica. El próximo año también se impulsará la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. En este contexto, se enmarca la creación del Impuesto sobre Envases de Plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública.

El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es favorecer hábitos más saludables.

También recoge las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional y también combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo.

El Plan Presupuestario remitido a Bruselas recoge también el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado 2021 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. Un límite de gasto no financiero extraordinario por la situación de pandemia que no admite comparación con años anteriores.

Para evaluar el techo de gasto hay que tener en cuenta distintas variables. En primer lugar, estaría el denominado techo de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este incremento se debe a las mayores partidas para respaldar medidas como el Ingreso Mínimo Vital, mayores recursos para la dependencia o la educación. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.

Sin embargo, hay que sumar otras partidas sin correspondencia en ejercicios anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte del déficit de la Seguridad Social, lo que eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.

Por último, hay que sumar una parte de los fondos europeos. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España presentará a las instituciones europeas recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, hay que sumar 2.436 millones del programa REACT-EU que se destinan al Ministerio de Sanidad para repartirlo, posteriormente, entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material y equipamiento sanitario.

Hay que recordar que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público, ya que se reconocen como un ingreso. Con todos estos factores, el límite de gasto no financiero total se sitúa en 196.097 millones de euros.

La mejora de la economía en 2021 también se refleja en la evolución del gasto. Así, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Este comportamiento es compatible con un fortalecimiento del Estado del Bienestar y con medidas de protección social. De hecho, el Plan Presupuestario recoge el compromiso del Gobierno con los pensionistas, que verán revalorizada su pensión en 2021 según la inflación prevista. Esto permitirá que los mayores no pierdan poder adquisitivo.

Asimismo, el Plan Presupuestario también recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad. Esta medida supone un avance más hacia la igualdad real e implica que, por primera vez, los padres y las madres tendrán derecho a las mismas semanas de permiso.

El documento también recoge el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación para luchar contra la pobreza que estaba prevista en el acuerdo de Gobierno y que fue acelerada para ayudar a las personas más vulnerables durante la crisis. Se trata de una prestación que se consolida en 2021 y que permite reforzar el Estado de Bienestar.

El Plan Presupuestario recoge las previsiones del cuadro macroeconómico teniendo en cuenta los últimos datos de evolución económica en un entorno de gran incertidumbre por la evolución del virus. El escenario descrito para el año 2021 cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Así, para 2020 las estimaciones indican una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 11,2%. Sin embargo, para 2021 se prevé un significativo rebote de la economía. La previsión del Gobierno apunta a un crecimiento del 7,2%, cifra que alcanza el 9,8% cuando se incluye el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aportará un mayor dinamismo de la inversión, el consumo privado, las exportaciones y el empleo. Por su parte, la tasa de paro se reducirá hasta el 16,3%, frente al 17,1% previsto para 2020.

 

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