Por tanto, la aprobación de ambos impuestos permite que el sistema fiscal evolucione en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología con la idea de seguir siendo la principal herramienta para sostener y fortalecer el Estado del Bienestar y avanzar en la redistribución de la riqueza.

Ambos impuestos entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un plazo fijado para permitir a los sujetos afectados a adaptarse a la normativa.

En cualquier caso, ninguno de las nuevas figuras gravará a las clases medias y trabajadoras, sino a las grandes multinacionales con un modelo de negocio digital que hasta ahora no estaba recogido debidamente en el sistema fiscal y, por otra parte, a los intermediarios financieros en operaciones bursátiles sobre grandes cotizadas. Así, la aprobación de estos impuestos permite un sistema fiscal más justo en el que aporte más, quien más capacidad tenga.

Actualmente, hay operaciones propias de la economía digital que no están gravadas, lo que supone un agravio comparativo para los negocios tradicionales. El Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales permite corregir ese problema y gravar esas nuevas formas de negocio. El impuesto aprobado por el Gobierno y ratificado hoy definitivamente por el Parlamento tiene su origen en la propuesta de Directiva comunitaria de marzo de 2018 para gravar esos servicios digitales.

España apuesta por lograr un consenso a nivel internacional en esta figura y trabaja en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo. Sin embargo, el Gobierno considera que, sin dejar de buscar ese consenso global, hay que avanzar a nivel nacional en esta figura con el compromiso de que, una vez alcanzado un acuerdo internacional, España adaptará su legislación a ese tributo consensuado.

De hecho, varios países europeos comparten esta postura de España y ya han dado pasos para implantar un impuesto digital propio e incluso, en algunos casos como Francia o Italia, ya ha sido aprobado. También Reino Unido ha presentado un gravamen y Austria o Alemania tienen impuestos que gravan algún servicio digital.

Además, este impuesto sigue las conclusiones recogidas en el programa BEPS de lucha contra la erosión de bases imponibles aprobado por la OCDE y que identificó entre los desafíos fiscales, la digitalización de la economía. De hecho, el impuesto aprobado hoy pretende gravar ingresos obtenidos en España por grandes empresas a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal.

El objetivo del impuesto, de carácter indirecto, es gravar servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.

El impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales con criterios objetivos ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no estén afectadas por este tributo.

El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.

La recaudación estimada es de 968 millones de euros y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral. A la hora de plantear este tributo el Gobierno ha tenido en cuenta el fuerte crecimiento de los ingresos por la publicidad 'online', los servicios de intermediación prestados por plataformas digitales y el tráfico de datos en Internet.

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras va en la línea defendida por la Comisión Europea y que ya han adoptado otros países, como Francia o Italia. Esto también contribuye a una mayor coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes.

Además, el impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición.

Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales.

En este encuentro, la ministra ha ofrecido a los países asistentes celebrar una conferencia internacional de Alto Nivel en la isla de La Palma (en colaboración con la WTTC) el próximo mes de noviembre para dar continuidad a la propuesta "100 Million Jobs Recovery Plan" desarrollada durante los trabajos del G20 y abordar, en el marco de la colaboración público-privada, el ambicioso objetivo de volver a poner a los países como destino de viajes seguros.

La finalidad de esta conferencia es establecer una plataforma de debate en la que puedan integrarse las asociaciones más representativas a nivel mundial del sector turístico y los responsables de turismo de países de todas las áreas geográficas bajo el liderazgo de la OMT.

Por último, la ministra ha abogado por seguir reforzando las medidas para reducir la incidencia global de la COVID19 y al mismo tiempo avanzar en la recuperación del turismo. "Es del máximo interés para todos, tanto para el sector privado, como para los gobiernos y sus ciudadanos, recuperar un sector esencial en la economía mundial, con una elevada capacidad de generar riqueza y empleo, pero sobre todo bienestar en nuestra sociedad", ha concluido.

Irene Montero ha anunciado que como parte del "Plan de Recuperación para España", el Ministerio de Igualdad impulsará el "Plan España te protege contra la violencia machista" con el objetivo de extender y hacer accesible a todas las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, los servicios de atención integral. "Con este Plan queremos ofrecerles a todas las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer los mejores servicios de atención integral".

Montero ha insistido en que "la apuesta por una agenda feminista para la reconstrucción es crucial". Para ello, ha manifestado, es imprescindible la transversalización de la perspectiva de género en todos los proyectos, "así como la consolidación de un vector morado, feminista, que acompañe a la transición digital y la transición verde, que ponga a las mujeres, desde las jóvenes a las pensionistas, en el centro de la transformación social y la recuperación de nuestro país".

Sobre el RD que regula el reglamento para la igualdad retributiva y el RD de planes de igualdad, la ministra ha anunciado que los dos reglamentos, estarán en las próximas semanas en el Consejo de Ministros y Ministras, fruto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo. "Seguimos comprometidas en poder dar los primeros pasos pronto, como por ejemplo en la universalización de la educación de 0 a 3 años, y la remodelación del sistema de dependencia, que supondrá el primer paso de cara a la futura construcción de un Sistema Estatal de Cuidados".

Montero ha informado también, que el Ministerio de Igualdad está preparando, junto con el Ministerio de Trabajo, el borrador de la Ley de tiempo corresponsable, uno de cuyos objetivos fundamentales es garantizar la presencia de las mujeres en el puesto de trabajo.

Durante la comparecencia, la ministra también ha anunciado el comienzo del proceso de elaboración de la nueva Estrategia Nacional para Combatir las Violencias Machistas (2021-2025), para poder garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Una estrategia, ha explicado, que "no se implementará paralelamente al Pacto de Estado, sino que irá de la mano de éste, complementándolo y reforzándolo", facilitando en definitiva, "la institucionalización de la lucha contra las violencias machistas."

Respecto a la Ley Orgánica de Protección Integral de la Libertad Sexual, Montero ha explicado las principales reformas que incorporará el texto: la accesibilidad o la interseccionalidad; la ampliación del objeto de la ley a los niños y niñas; la inclusión del feminicidio sexual como parte del ámbito de aplicación de la norma; y una mejora en la protección de las víctimas de la industria de la explotación sexual, así como la persecución del delito a través de una nueva tipificación de estos delitos, que impliquen una mayor eficacia en su persecución.

Irene Montero ha informado también de la necesidad de actualizar el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género, las víctimas de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual. En ese sentido, ha anunciado la elaboración, junto al Ministerio de Trabajo, de un plan integral social, laboral y económico que garantice alternativas viables y de reparación de los derechos vulnerados, para las mujeres víctimas de trata y explotación sexual. "Este plan de empleo y de inserción socio-laboral será sin duda un primer paso para ampliar el Plan de Contingencia", para así "seguir profundizando en la coordinación y puesta en marcha de las medidas de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución". Una medida que servirá también de acompañamiento al cierre de los prostíbulos "en el que hemos estado trabajando estas semanas."

Montero ha anunciado también la intención del Gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para la derogación de la reforma del año 2015, asegurando que "todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos", asegurando, que se hace todo lo posible "por mejorar la salud sexual de toda la ciudadanía, garantizando el mejor acceso posible a la anticoncepción".

Por otro lado, Montero también ha anunciado que, conjuntamente con la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Justicia, se tomaran las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental (SAP), puedan ser tomados en consideración.

Montero, ha acabado su intervención reclamando más que nunca "un acuerdo de Estado, que implique a todos los sectores de la sociedad y a todas las administraciones para luchar contra uno de los problemas más graves y profundos a los que se enfrenta España: la desigualdad". Para eso, ha manifestado, serán imprescindibles unos presupuestos generales del Estado "que lo reflejen y asuman los compromisos que hemos ido adquiriendo", entre ellos, el aumento del 15% anual de la financiación de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género que figura en el Pacto de Estado.