05
Oct
2020
Montero anula también para las Comunidades los objetivos de estabilidad Imprimir
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Foto cedida por Ministerio de HaciendaEl Consejo de Política Fiscal se reunió de forma telemática

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, han presidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado por vía telemática. Durante la reunión, Montero ha trasladado a los consejeros de Hacienda autonómicos los efectos que supondrá la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021.

La ministra de Hacienda ha defendido que esta medida extraordinaria sigue las recomendaciones de las autoridades comunitarias y que dotará a las comunidades autónomas del margen necesario para colaborar con la reconstrucción económica y social.

La reunión celebrada también ha servido para constatar que la caída de ingresos derivado de la pandemia no ha tenido impacto en los recursos del sistema de financiación. Las entregas a cuenta para 2021 se situarán en un nivel similar al de 2020. Montero ha trasladado a los consejeros que Hacienda trabajará para que las comunidades autónomas tengan los recursos suficientes para atender a sus necesidades de gasto. De hecho, las comunidades autónomas contarán con los mismos recursos que en 2020.

Además de los ingresos derivados de la aplicación del sistema de financiación, Montero también ha trasladado a las comunidades autónomas que España contará con 12.436 del fondo REACT-EU y que la mayor parte de este importe se distribuirá entre las comunidades autónomas. En concreto, los Gobiernos autonómicos recibirán 10.000 millones de euros.

El pasado 20 de marzo, la Comisión Europea adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una medida que las autoridades comunitarias ya han anunciado que se prorrogará en 2021. La postura de la Unión Europea, la constatación de la situación de emergencia y la voluntad del Ministerio de Hacienda de dotar de mayor margen a las comunidades autónomas y ayuntamientos son los motivos que han llevado al Gobierno a suspender las reglas fiscales.

Montero explicó a los consejeros que ello significa que la actual senda de estabilidad queda anulada y que no se aprobarán nuevos objetivos de estabilidad. Aun así, insistió en la idea de que la suspensión de las reglas fiscales no implica renunciar a una gestión prudente y responsable y se mostró convencida que todas las comunidades autónomas actuarán con una alta dosis de responsabilidad.

Si bien no existirá una senda de estabilidad, la ministra de Hacienda comunicó unas tasas de referencia del déficit, que servirán de guía y permitirán el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios.

La ministra de Hacienda comunicó en la reunión con los consejeros autonómicos que las entregas a cuenta para 2021 ascenderán a 105.589,40 millones, una cifra que apenas supone un descenso del 0,26% respecto a las entregas a cuenta de 2020, que como se ha señalado, se anticiparon excluyendo la caída de ingresos derivado de la pandemia.

Por otra parte, las comunidades recibirán 9.076,04 millones por la liquidación positiva del ejercicio 2019. Aun así, el importe es inferior a los 10.730.25 millones de la liquidación de 2018 que las comunidades han recibido este año.

En total, la financiación anual del modelo de financiación, tras descontar los ajustes por aplazamientos de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, se sitúa en 113.728 millones. Suponen 1.933 millones menos que el año anterior. Sin embargo, esa diferencia se compensa con un mayor margen de déficit público que el Gobierno se compromete a financiar a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez. Ello permitirá que las comunidades autónomas cuenten con mayores recursos.

En concreto, para el ejercicio 2021, la tasa de referencia del déficit público se sitúa en el 2,2% del PIB. No es una cifra al azar. El porcentaje de déficit refleja la consolidación del déficit previsto para este año que podría situarse en el 0,6% del PIB. Recoge también el Fondo Covid-19 (1,4% del PIB) abonado en 2020 y el 0,2% del PIB de menor financiación global que arroja el sistema de financiación. Con estos tres elementos, se establece el déficit de referencia del 2,2%.

En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró abierta a aprobar una dotación de recursos extraordinaria para absorber en torno a la mitad del déficit autonómico. En concreto, Montero planteó la aprobación de una transferencia extraordinaria y equilibradora de unos 13.400 millones de euros. Dicho de otra forma, la Administración Central asumiría la mitad del déficit autonómico, lo que reduciría la tasa de referencia del déficit de las comunidades al 1,1%.

Con este mayor margen de déficit, las comunidades autónomas gozarán de más recursos que el año 2020, que ha estado marcado por las necesidades derivadas de la pandemia. En 2020, las comunidades autónomas recibieron por el sistema de financiación 115.662 millones; 16.000 millones por el Fondo Covid-19 y otros 2.211 millones por el objetivo de déficit del 0,2% del PIB. En total, 133.873 millones.

Para 2021, los recursos del sistema de financiación sumarán 113.729 millones. Además, las comunidades autónomas recibirán una transferencia extraordinaria en torno a 13.400 millones y el margen de déficit de referencia del 1,1% supone en torno a 13.270 millones. Así, potencialmente, las comunidades podrían recibir en torno a 140.400 millones de euros. Además, en 2021, las comunidades autónomas accederán a 10.000 millones del Fondo REACT-EU.

Durante el CPFF, la ministra de Hacienda ha informado que España recibirá del REACT-EU una preasignación de 12.436 millones de euros. Se trata un fondo concebido para, de un lado, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, lograr la reactivación de los sectores afectados y reforzar el sistema sanitario.

De esos 12.436 millones, 10.000 millones corresponden a las comunidades autónomas y 2.436 millones pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que posteriormente se repartirá entre las comunidades autónomas para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.