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25
Jun
2020
PP y Cs aprueban el decreto de la nueva normalidad de Sánchez PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosSe tramitará como Ley

El Pleno ha convalidado el Real Decreto-Ley que regula las normas que regirán en todo el territorio tras el fin del estado de alarma declarado el 14 de marzo, y que concluyó en la madrugada del 21 de junio. Además, ha rechazado las alternativas propuestas a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ha aprobado una proposición no de ley relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género y una moción sobre la necesidad de un Plan especial para la recuperación de la España vaciada y el reto demográfico.

La sesión plenaria se ha reanudado a las 09:00 horas, con la intervención del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para presentar los Informes del Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada durante los años 2018 y 2019. A continuación se ha debatido a puerta cerrada el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada.

Tras el debate a puerta cerrada, el Pleno ha continuado con el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha sido aprobado con 265 votos a favor, 77 votos en contra y 5 abstenciones. Se ha aprobado también su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia. Mediante este real decreto-ley se establecen las normas que regirán en lo que el Gobierno ha calificado como "la nueva normalidad" una vez finalice el estado de alarma, el próximo 21 de junio a las 00:00 horas, cuando decaigan todas las normas que dependían de él. Las medidas que se recogen en este texto se aplicarán de forma completa a todo el territorio y entre ellas destacan el uso obligatorio de mascarillas o la reducción de la distancia de seguridad de dos metros a 1,5 metros.

Tras el debate de convalidación o derogación del real decreto-ley, el Pleno ha celebrado un debate de totalidad de las enmiendas de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentadas por los grupos parlamentarios Vox y Popular, que han sido rechazadas.

Esta propuesta de reforma presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo trámite parlamentario se inició el pasado 25 de febrero al superar el debate de toma en consideración, tiene como objetivo otorgar al Congreso la última palabra en la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, de modo que, si una vez aprobados por el Congreso fueran rechazados por el Senado, estos se sometan a nueva votación en el Pleno de la Cámara Baja. Serán aprobados si éste los ratifica por mayoría simple.

El Pleno del Congreso ha finalizado su sesión de hoy con la votación de dos Proposiciones no de Ley, tres mociones y las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a estas iniciativas. Asimismo, ha votado a puerta cerrada el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada.

La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género, debatida el martes, ha salido adelante con 291 votos a favor, 54 votos en contra y ninguna abstención, e insta al Gobierno "a combatir discursos machistas y negacionistas de la violencia de género y seguir impulsando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género". A esta iniciativa del G.P. Socialista habían presentado enmiendas los grupos parlamentarios Ciudadanos, Vox y Popular.

El Grupo Parlamentario Popular había presentado una proposición no de ley sobre la auditoría de cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de COVID-19 en España, a la que se habían incorporado las enmiendas presentadas por los grupos Popular y Vox, y que ha sido rechazada con 156 votos a favor, 186 votos negativos y 8 abstenciones. El texto, debatido en la sesión del martes, instaba al Gobierno a "que se audite la cifra de fallecidos en España, por provincia, semanalmente y desde el 1 de marzo, y se ofrezca a la nación una información pública y detallada de mortalidad", clasificada de acuerdo con varias categorías.

El Pleno también ha aprobado, con 295 votos favorables, 52 abstenciones y ningún voto en contra, en los términos de una enmienda transaccional de los grupos Socialista, Popular, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ciudadanos y Mixto (Teruel Existe), una moción del diputado Tomás Guitarte de Teruel Existe, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de un Plan especial para la recuperación de la España Vaciada y el Reto Demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de recuperación para Europa de la Unión Europea.

Por último, el Pleno ha rechazado dos mociones. La primera de ellas, del Grupo Parlamentario Popular dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explicase las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil, en la que se solicitaba que el Gobierno reprobase al titular de Interior, y a la que se había incorporado la enmienda presentada por el grupo parlamentario Vox, ha quedado rechazada con 151 votos a favor, 167 en contra y 29 abstenciones.

La segunda moción, planteada por la CUP, formación integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la postura del Gobierno en relación a la represión a la disidencia política en el Estado español, y que ha sido votada por puntos, también ha sido rechazada. El grupo parlamentario Vox había registrado una enmienda a esta moción. También ha salido adelante el suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada, que ha sido debatido y votado a puerta cerrada.

El Pleno del Congreso aprobó en su sesión del martes, 23 de junio, la toma en consideración de dos iniciativas legislativas, la propuesta de reforma de la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español de los grupos parlamentario Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Superada esta primera votación, ambas iniciativas continúan su tramitación parlamentaria, con la presentación de enmiendas al articulado que debatirán y votarán en las comisiones correspondientes.

La sesión plenaria comenzó a las 15:00 horas con el debate de la toma en consideración de la propuesta de reforma de la ley sobre secretos oficiales impulsada por el PNV, que ha sido aprobada con 197 votos a favor, 54 en contra y 99 abstenciones. Esta iniciativa propone incorporar "la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años".

A continuación se debatió la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español presentada de forma conjunta por los grupos parlamentario Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, que ha salido adelante con 296 votos a favor, 54 en contra y ninguna abstención. El objetivo de esta propuesta es "proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas", además de facilitar la investigación de los hechos.

El Pleno del Congreso se reanudó el miércoles 24 de junio, a las 09:00 horas, con la Sesión de Control al Gobierno. A continuación se debatieron dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, que han sido votadas el jueves, y se presentó el informe sobre ejecución del presupuesto de la Cámara en 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a las preguntas de los grupos Popular, Republicano y Plural. A continuación, se formularon las preguntas a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Sanidad, Salvador Illa; de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y de Universidades, Manuel Castells.

Asimismo, se registraron tres interpelaciones urgentes. La primera de ellas, del Grupo Parlamentario Popular, se dirigió a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para que explicase "las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para la reactivación de la economía". La segunda de ellas, presentada por Néstor Rego, del BNG, partido integrado en el Grupo Parlamentario Plural, se dirigió a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para que expusiese "las medidas que prevé el Gobierno para dar solución a la crisis industrial en Galicia". Por último, el Grupo Parlamentario VOX ha registrado una interpelación al Gobierno para que informe de "las medidas que va a adoptar para garantizar unas elecciones libres, pacíficas y sin actos de violencia e intimidación en País Vasco y Galicia".

La sesión del miércoles concluyó con la presentación del informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el artículo 31.1.2º del Reglamento.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados de la convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, "necesario -según ha explicado- para que nuestro país cuente con los instrumentos necesarios para poder seguir manteniendo al virus bajo control".

"Dicho Real Decreto tiene -ha recordado Illa- fundamentalmente dos objetivos: dotarnos de aquellas medidas de prevención necesarias frente al COVID-19 en esta fase de nueva normalidad y establecer instrumentos legales y operativos que nos permitan seguir dando una respuesta común y coordinada por parte de las autoridades sanitarias frente al virus".

El ministro de Sanidad ha señalado que "hemos sido capaces de proteger la salud de nuestra ciudadanía y las capacidades de nuestro sistema sanitario en este primer envite pero sabemos que el peligro sigue ahí y debemos adoptar todas las precauciones y las medidas necesarias, hasta que podamos contar con un tratamiento eficaz o una vacuna segura". Por ello, "era inaplazable tener a punto las medidas de prevención, contención y coordinación, que nos deben permitir seguir controlando la pandemia, hasta que no se declare oficialmente la finalización de la crisis sanitaria", ha asegurado Illa.

Con ese objetivo, este Real Decreto-ley establece un deber general de cautela y protección, para afianzar comportamientos de prevención en el conjunto de la población y recoge una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud.

Esta norma recoge las medidas básicas de prevención e higiene: el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública y espacios cerrados de uso público o abiertos al público cuando no se puede mantener la distancia de seguridad, así como en los transportes y la higiene reforzada en espacios públicos y privados.

Además, la misma contempla la adopción de medidas específicas de prevención e higiene en los entornos de trabajo, tales como la ordenación de los puestos o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones. Y lo mismo en el caso de los centros de servicios sociales, en establecimientos comerciales, en los hoteles y alojamientos turísticos o en las actividades de hostelería y restauración.

Respecto a los centros residenciales de personas mayores o con discapacidad, el Real-Decreto indica que se debe garantizar su coordinación con el sistema sanitario de cada comunidad autónoma. Y también establece que deben disponer de planes de contingencia para la identificación precoz de posibles casos entre las personas residentes, trabajadoras y sus contactos.

En el ámbito deportivo, se reconoce la competencia del Consejo Superior de Deportes para aplicar medidas de prevención en determinadas competiciones profesionales, una vez oído el organizador, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Y, respecto a los transportes públicos de competencia estatal, sujetos a contratos públicos u obligaciones de servicio público, tanto por carretera, ferrocarril o vía marítima, se debe respetar el volumen de ocupación que se establezca para evitar riesgo de contagio.

En los servicios de transporte con asiento asignado, se establece la obligación de recabar la información de contacto de los pasajeros, que deberá estar disponible durante un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje, con la finalidad de poder realizar la trazabilidad de los contactos.

Respecto a las medidas en materia de medicamentos y productos sanitarios, se mantienen las actuaciones para garantizar el suministro de los medicamentos considerados esenciales en la gestión del COVID-19. Y también se faculta al ministro de Sanidad a ordenar que se fabriquen, con carácter prioritario, medicamentos esenciales, si fuera necesario.

Al mismo tiempo, de manera coyuntural, se mantienen las medidas que permiten acercar la medicación al paciente en el ámbito de la farmacia hospitalaria, para aquellas personas cuya situación clínica lo requiera. Y, también se incorporan medidas para garantizar la fabricación y puesta a disposición de mascarillas y batas quirúrgicas, así como de soluciones y geles hidroalcohólicos, a un ritmo adecuado para atender la demanda existente.

En cuanto a la detección precoz y la vigilancia epidemiológica, se mantienen las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información al Ministerio de Sanidad, para poder disponer de los datos necesarios para evaluar la situación, dirigir las acciones de control del COVID-19 y poder adoptar las medidas que correspondan.

Los servicios de salud de las comunidades autónomas deben también garantizar la realización de PCRs a todos los casos sospechosos, tan pronto como sea posible desde la aparición de los síntomas para garantizar la detección precoz. Y toda esta información debe ser transmitida al Ministerio de Sanidad en tiempo y forma.

Asimismo, se fijan medidas dirigidas a garantizar las capacidades del sistema sanitario; se establece la obligación de las comunidades autónomas de disponer de profesionales sanitarios suficientes, y de planes de contingencia. Toda esta información de capacidad asistencial debe ser remitida, igualmente, al Ministerio de Sanidad.

Para materializar todas estas cuestiones, el Real Decreto-Ley modifica varias normas. El ministro de Sanidad ha destacado dos en concreto. Por un lado, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, con el objetivo de reforzar la coordinación en salud pública e introducir ese deber de información de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad en situaciones de emergencia para la salud pública. Y el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el fin de encomendar a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la adopción del procedimiento a seguir para la fijación de precios.

La vigencia de este Real Decreto-Ley se mantendrá hasta que el Gobierno declare motivadamente el final de la crisis sanitaria, tras escuchar a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

El ministro ha recordado que la elaboración de este RD ha sido posible gracias al trabajo realizado por todos los ministerios implicados y la participación activa de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas: "El texto fue tratado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y lo remitimos previamente para que cada comunidad autónoma pudiera hacer llegar sus aportaciones. Posteriormente, también fue objeto de debate en la Conferencia de Presidentes". Por ello, ha agradecido, una vez más, su colaboración, trabajo y lealtad a todas las comunidades autónomas.

El ministro ha recordado de forma especial, en su intervención en el Pleno del Congreso, a todas las personas que han fallecido y ha trasladado el apoyo y afecto a sus familiares y seres queridos. Además, ha querido trasladar un mensaje de ánimo a las personas afectadas por la enfermedad.

Asimismo, ha reiterado el agradecimiento y reconocimiento a los profesionales sanitarios, trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales y a los hombres y mujeres que integran los cuerpos y fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. "Y, por supuesto, quiero expresar el agradecimiento de todo el Gobierno al conjunto de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que de forma generalizada, se han confinado y han cumplido las medidas que hemos ido aprobado a lo largo de todas estas semanas".

 

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