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31
Mar
2020
Sánchez suspende los desahucios, congela los alquileres y prohibe el corte de suministros durante la crisis PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMAprobado un nuevo paquete de cincuenta medidas para ampliar el "escudo social"

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto-ley, más de 50 medidas económicas y sociales que complementan las que se han ido adoptando en las últimas semanas y dan respuesta a las situaciones creadas por la COVID-19 y la declaración del estado de alarma. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que las iniciativas cumplen un triple objetivo: fortalecer el sistema sanitario, sostener el modelo productivo y prevenir la desigualdad sobrevenida a esta situación.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha manifestado que las medidas de restricción de movimientos y de suspensión de las actividades laborales sólo serán viables si desde las instituciones del Estado se ofrece seguridad y protección a los ciudadanos.

En este sentido, Iglesias ha sostenido que hay que tomar como referencia la Constitución, que protege los derechos de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables, y ampliar esta protección con medidas como las acordadas hoy. Estas iniciativas, ha recalcado, refuerzan el "escudo social frente al coronavirus y pone decididamente a nuestro país en la senda de una salida social a esta crisis opuesta a la que se aplicó en el pasado".

Con el fin de garantizar el derecho constitucional a la vivienda, Pablo Iglesias ha avanzado que quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor, que estén a punto de vencer. Esta medida, ha dicho, supone que a "ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler", durante ese periodo.

El vicepresidente también ha explicado que se pone en marcha, utilizando al Instituto de Crédito Oficial, un sistema de microcréditos públicos, sin comisiones ni interés, para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Los inquilinos que se beneficien de estos microcréditos públicos podrán devolverlos en un plazo de seis años, ampliables hasta diez en caso de que tengan dificultades.

A esta medida, ha añadido, podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados por cortes o reducciones de jornada, y los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos.

Asimismo, Iglesias ha indicado que si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda, como un fondo de inversión, este tendrá que elegir entre dos opciones: llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o reestructurar esa deuda para que este pueda pagarla durante tres años. Se trata, ha señalado "de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda arrimen el hombro".

En materia de vivienda, el vicepresidente ha avanzado que se amplía la moratoria de hipotecas, aprobada recientemente, para incluir ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente hasta el último día del mes en que finalice este estado de alarma. La entidad acreedora no podrá exigirles el pago de la cuota hipotecaria ni ninguno de los conceptos que la integran, incluidos los intereses.

El Gobierno, según ha trasladado Pablo Iglesias, también ha señalado que la actual prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables, se extiende a todos los hogares: "Mientras esté en vigor el estado de alarma las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual".

Además, se amplía la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado en su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis de la Covid-19.

Pablo Iglesias ha destacado, asimismo, la aprobación de una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. "Si algo hemos aprendido a raíz de esta crisis, es que es fundamental cuidar mejor a los que cuidan, porque son precisamente sus trabajos de cuidados, muchas veces invisibles, precarios y poco reconocidos los más imprescindibles para la tarea que nos ocupa ahora, que es el sostenimiento de la vida".

Con el fin de proteger a los consumidores más vulnerables, se ha acordado una moratoria de tres meses prorrogables en el pago de los créditos personales. El vicepresidente también ha citado medidas para la devolución de los viajes cancelados o para restringir la publicidad de las apuestas, en un contexto y confinamiento que hace aún más necesario proteger a las personas que tienen problemas con el juego.

El Ejecutivo ha decretado como esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata; garantiza la alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, e impulsa un subsidio extraordinario a los trabajadores del hogar.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el Real Decreto-ley contiene, además, medidas específicas de consumo, de apoyo a los trabajadores, de mantenimiento del tejido productivo -desde autónomos a pymes y el resto de empresas- y otras de distintos ámbitos destinadas a cubrir necesidades detectadas a lo largo de estas semanas.

El Real Decreto-ley prorroga la duración de las medidas excepcionales ya establecidas anteriormente por el Gobierno hasta un mes después del final del estado de alarma, salvo que ya contengan plazos específicos, e incluye ajustes técnicos para garantizar su efectividad.

La vicepresidenta ha desgranado las medidas relativas a la seguridad dirigidas a empresas y autónomos, entre las que ha destacado la moratoria de hasta seis meses para el pago de las obligaciones y el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%.

Por otro lado, se flexibilizan los contratos de suministro de electricidad y gas para autónomos y empresas, y los plazos y procedimientos administrativos para las empresas. Se suspende, además, por un año, el pago de intereses y amortizaciones de préstamos para emprendedores, en especial del sector turístico.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo agilizará y facilitará la gestión de sus ayudas, mientras que el Instituto de Crédito Exterior (ICEX) devolverá a las empresas los gastos derivados de su participación en ferias de este organismo que hayan sido canceladas.

Las agencias con las que se hayan contratados viajes combinados (vuelos, hoteles, excursiones o alquiler de coches) podrán ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados, pero, si no se utiliza en ese tiempo, el importe será reembolsado.

En el caso de contratos en academias de idiomas, residencias de estudiantes, gimnasios o escuelas infantiles, la empresa podrá ofrecer la recuperación de los servicios, una vez haya terminado el estado de alarma, salvo que el cliente opte por la devolución del dinero.

Nadia Calviño ha destacado que se facilitarán las donaciones al sector público dirigidas a reforzar las actuaciones contra la COVID-19. Asimismo, se permitirá compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación a los profesionales sanitarios que quieran reincorporarse al servicio activo, y se facilitará la colaboración voluntaria de los empleados públicos en el frente sanitario.

La recuperación de las cantidades aportadas a fondos de pensiones se flexibilizará para "permitir aliviar las necesidades de liquidez" en los hogares, ha continuado la ministra. En el ámbito de la investigación, se aplicarán reglas especiales en la duración de contratos celebrados por universidades y en el Sistema Nacional de Salud, mientras que también se adoptarán medidas para el sector cultural, cinematográfico y de las artes escénicas, atendiendo a sus características específicas.

Calviño ha insistido en que el objetivo de todas estas medidas es seguir tejiendo una red de seguridad, social y económica, en paralelo a la emergencia sanitaria, que sigue siendo prioritaria. La ministra ha sostenido que entrar cuanto antes en una fase de mayor control de la epidemia evitará que los daños a la economía sean "más largos, profundos y duraderos" y ha expresado su confianza en que pronto "podamos hablar de planes de reactivación e impulso".

La vicepresidenta tercera ha agradecido a los agentes sociales su participación en la definición de algunas de las medidas, y también ha elogiado la "acción responsable" de empresas y trabajadores en esta crisis, especialmente para garantizar la continuidad de los suministros agroalimentarios, el material sanitario y el resto de servicios indispensables.

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes para proteger y asistir a las víctimas de violencias machistas durante la crisis provocada por la Covid-19. La portavoz del Gobierno ha explicado que se sigue garantizando el funcionamiento, puesto que se califican como esenciales, de los servicios de información y asesoramiento jurídico y de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros, tanto para víctimas de violencia de género, como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

Una de las novedades destacadas por Montero es que se podrán utilizar hoteles como alojamiento seguro para víctimas, en el caso de que no haya plazas disponibles durante el estado de alarma en los centros designados para ello.

Otro servicio que se pone en marcha es el de atención psicológica por whatsapp, que se une al servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), que sigue funcionando con normalidad, y a los teléfonos de información y asesoramiento 016, y emergencias 112, 091 y 062, operativos 24 horas.

María Jesús Montero ha afirmado que los datos que a día de hoy ofrecen los miembros del comité técnico, con todas las dosis de cautela, indican que vamos en la buena dirección y que nos encontramos en una fase de estabilización de la pandemia.

Montero ha destacado el "comportamiento ejemplar de la ciudadanía", a la que ha pedido que persevere, ya que su confinamiento social salva vidas y su actuación responsable está permitiendo bajar la curva de contagios. "Todos tenemos un papel fundamental que cumplir y estamos actuando de manera eficaz porque así lo pone de manifiesto la vigilancia diaria que se está haciendo de la pandemia", ha dicho.

El permiso retribuido recuperable, ha añadido, también salva vidas y ha sido posible por el acuerdo de empresarios y sindicatos. La disminución de los contactos con las personas mayores y vulnerables también salva vidas. El sacrificio, ha afirmado, se verá compensado cuando paremos el virus y seamos capaces de recuperar de forma progresiva las actividades cotidianas.

La ministra ha resaltado que el ministerio está monitorizando la llegada del material sanitario al minuto para conocer qué se entrega y cuáles son las necesidades que se están satisfaciendo y las que quedan pendientes.

Asimismo ha recordado que ayer aterrizó en Torrejón un avión del Ejército procedente de China con 14 toneladas de material sanitario. En el día de hoy está prevista la llegada de dos millones de mascarillas para profesionales sanitarios, 180.000 gafas de protección y casi 63.000 batas desechables que se van a distribuir en las próximas horas entre todas las comunidades autónomas.

Además, Montero ha informado de que, desde el 10 de marzo hasta hoy se han repartido más de diez millones de mascarillas para pacientes y profesionales sanitarios y, a lo largo de la semana, llegará por vía aérea más material que irá nutriendo al conjunto de los hospitales del sistema sanitario y a otros sectores que precisan de estos productos de protección, básicamente residencias de mayores.

La ministra ha expresado su agradecimiento al personal sanitario, a todos los empleados públicos y a la industria nacional que lleva a cabo un proceso rápido de reconversión que está permitiendo la fabricación de mascarillas, respiradores, geles y productos imprescindibles para el personal sanitario.

Este nuevo paquete de medidas se articula a través de un Real Decreto-ley que incluye más de 50 medidas con las que se complementa la red de seguridad articulada por el Estado para dar respuesta a la situación que ha creado la pandemia. Este nuevo grupo de medidas se articula en tres bloques: en primer lugar, apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima.

En segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración.

Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del estado de alarma.

Se trata de medidas que refuerzan el empeño del Gobierno "de que nadie se quede atrás", tal y como ha recordado la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero y que permiten "reforzar el escudo social frente al coronavirus", como ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

El primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan alternativa habitacional. En primer término, se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

En segundo lugar, se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.

En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

En cuarto lugar, se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas anteriormente.

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el RDL8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del estado de alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria.

Con la misma filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-Ley aprobado hoy establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo.

Finalmente, se habilita a las corporaciones locales para que utilicen el superávit de ejercicios anteriores para adoptar medidas de apoyo a colectivos vulnerables en materia de vivienda.

Otro de los ejes en los que ahonda el nuevo paquete de medidas tiene que ver con garantizar los suministros básicos a más hogares. Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico, al que podrán acogerse de forma excepcional las personas que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo de sus empresas o, en el caso de autónomos, haber cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

Además, en un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las medidas de contención y por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.

Siguiendo con la idea trasladada por el Gobierno de no dejar a nadie atrás en esta crisis, se establecen nuevas prestaciones para colectivos que no tenían derecho a las mismas.

Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar familiar.

Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato.

En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso

En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza mayor

Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un cambio de compañía.

Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las medidas de contención derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.

Con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos afectados por la actual crisis, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional moratorias en el pago de las cotizaciones sociales.

En el caso de los autónomos, se establece que los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún interés.

Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma para contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros.

Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites relativos a aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de comunicación electrónica.

Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

La norma establece también una serie de medidas que, igual que en reales decretos-ley pasados, persiguen preservar al máximo el empleo. En este sentido, se adaptan los compromisos de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses fijados en el RDL 8/2020 a las particularidades de determinados sectores, en particular las vinculadas al mundo de la cultura, atendiendo a su variabilidad y alineamiento con eventos concretos.

También se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma.

Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento de programas financiados por la citada Secretaría General…

Se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), con el fin de que pueda avalar un mayor número de operaciones.

Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para la participación en ferias u otras actividades de promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19.

Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de solicitud previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo

Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia, así como garantizar el adecuado funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto la rápida financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de productos sanitarios considerados de urgencia.

Por otro lado, se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles, dado el descenso del consumo y la menor rotación de los tanques de almacenamiento sobre lo previsto, de forma que se permite retrasar la fecha de inicio de comercialización de gasolinas con especificación estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020 gasolinas cuya presión de vapor y destilado presente unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de invierno.

Y se amplía en dos meses desde la finalización del estado de alarma los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas establecidos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con el fin de dar seguridad jurídica a los promotores de proyectos de generación eléctrica, de los que dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de nuevas renovables.

El Real Decreto-ley permite que los empleados públicos, sin modificación de sus circunstancias laborales, puedan realizar tareas distintas a las de su puesto de trabajo y apoyar voluntariamente aquellas áreas y actividades de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19.

Del mismo modo, se habilita a que el personal sanitario jubilado pueda retornar al trabajo, compatibilizando su actividad con la percepción de su pensión.

Por otro lado, se permite que los ingresos derivados dela cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación.

Dadas las actuales circunstancias, se concede a las fundaciones bancarias que tuviesen un plan de desinversión ya aprobado por el Banco de España ampliar hasta en dos años el plazo con el que contaran. En caso de optarse por esta ampliación, se deberá dotar un fondo de reserva con una dotación anual de, al menos, el 50% de los importes recibidos de la entidad de crédito de la que sean accionistas en concepto de dividendo.

En materia de inversión, se adopta una norma de carácter macroprudencial, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para modificar los requisitos aplicables a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central mayor rigor y prudencia sobre las medidas que ha adoptado en materia de alquiler, que permitirían retrasar los pagos a aquellos inquilinos perjudicados por el coronavirus (COVID-19).

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha solicitado una mayor concreción en este sentido, para generar confianza y certidumbre en este sector, en lugar de anunciar nuevas medidas que rompan el equilibrio entre las partes y desprotegiendo a una de ellas.

En opinión del titular de Vivienda madrileño, “no se pueden anunciar créditos sin justificar pormenorizadamente su modelo de financiación”. “Mencionan entre sus medidas que estos créditos se financiarán con cargo al Plan de Vivienda y con los microcréditos del ICO, pero el actual Plan 2018-2021 está ya comprometido, y los créditos del ICO ya se encuentran contemplados en el primer Real Decreto”, ha explicado Pérez, quien ha considerado “imprescindible justificar de dónde saldrá la financiación”. 

“Estas medidas trasladan el endeudamiento de los inquilinos a futuro y cargan en los arrendadores profesionales el esfuerzo de este momento, asumiendo el coste de la devolución a futuro”, ha afirmado el consejero, que ha lamentado la oportunidad perdida por parte del Gobierno central de fomentar la mediación en los contratos a cambio de garantizar o financiar el pago de las rentas, contribuyendo a reducir el precio de los arrendamientos y no consolidando los actuales.

Pérez ha censurado igualmente que se hayan anunciado ayudas “sin dar certeza a los afectados de cuándo comenzarán a recibirlas. En este punto, ha alertado sobre la posibilidad de que el Estado traslade, una vez más, la carga administrativa a las entidades financieras que gestionen los créditos ICO, “pero mientras no haya una mayor concreción, las situaciones podrán llegar a ser límite en numerosos casos”.

“Estas decisiones, tal y como señalan los gestores de arrendamiento, supondrán que la moratoria y la devolución en el tiempo correrá a cargo de estos, sin explicar el Gobierno central razonadamente el criterio patrimonial, que en muchos casos afecta a pequeños ahorradores a los que solo generará mayor morosidad en el futuro”, ha concluido el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

UGT y CCOO valoran las nuevas medidas socioeconómicas, aprobadas hoy en Consejo de Ministros, porque suponen un alivio para algunos de los colectivos más vulnerables, como una parte de las personas desempleadas, las empleadas de hogar, familias que no pueden asumir el pago del alquiler y las víctimas de violencia de género. También contribuirán a aliviar la situación de Pymes y autónomos. Las medidas aprobadas hoy responden a las actuaciones que reclamábamos ambos sindicatos que, por otra parte, consideramos que hay que seguir avanzando en la adopción de medidas, desde el marco del diálogo social y la premisa de no dejar a nadie atrás.

CCOO y UGT valoran que el Gobierno haya atendido las demandas de ambas organizaciones sindicales, y que haya aprobado hoy, en Consejo de Ministros, un nuevo paquete de medidas económicas y sociales, dirigidas a proteger a una parte más de las personas más vulnerables, temporales que finalizan su contrato sin derecho a desempleo, personas que precisan apoyo para el pago del alquiler, una prestación para las empleadas de hogar, atención especial a las mujeres que sufren violencia de género, o el aplazamiento de cotizaciones para los autónomos.

Las dos organizaciones sindicales, no obstante, consideran que hay que seguir avanzando, con negociación y el diálogo social, para que una vez superada la crisis sanitaria, se pueda recuperar la economía y el empleo, bajo la premisa de no dejar a nadie atrás.

La ayuda extraordinaria a las empleadas de hogar que no han podido prestar sus servicios o que han perdido trabajos desde el estado de alarma, como consecuencia del Coronavirus, y que supone un 70% de la base de cotización, va en la buena dirección. Es la primera vez que se cubre esta contingencia para este colectivo, pero es insuficiente y señala la necesidad de resolver esta deficiencia de forma estructural.

Además, conviene señalar que este colectivo cuenta con menos derechos que los trabajadores/as del Régimen General, algo que vienen denunciando los sindicatos desde hace tiempo pero que, pese a estar comprometido desde hace casi una década, aún no se ha subsanado. Además, muchas de estas trabajadoras siguen permaneciendo en la invisibilidad de la economía sumergida, por tanto, ni ven, ni esperan esta ayuda.

UGT y CCOO consideran relevante que el Gobierno destine una prestación extraordinaria del 80% del IPREM -440€- a todas aquellas personas desempleadas que con un contrato temporal de al menos dos meses de duración finalizado después de la entrada en vigor del estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a otro tipo de prestación. Esto da cobertura a personas con cargas familiares y menos de tres meses cotizados y a aquellas, sin cargas familiares, con menos de seis. No obstante, siguen quedando fuera amplios colectivos de personas que han finalizado contratos temporales, agotado prestaciones contributivas o asistenciales o que no pueden acceder a ellas, y en esta coyuntura, tienen materialmente imposible encontrar un empleo.

UGT y CCOO valoramos las medidas aprobadas con respecto a la vivienda a la espera de conocer con exactitud el contenido concreto del RD-ley de medidas dirigidas a evitar los desahucios -que se suspenden durante 6 meses desde la declaración del estado de alarma, si no hay alterativa habitacional- y garantizar el derecho al alquiler de aquellas personas más vulnerables que se pueden ver afectadas como consecuencia de la grave crisis sanitaria, social, laboral y económica, provocada por el COVID-19. Entendemos que son medidas ponderadas que conjugan el derecho a la propiedad con el derecho de uso y disfrute de los inquilinos. No hay que olvidar que más del 85% de los inmuebles alquilados son propiedad de personas físicas.

Es imprescindible en estos momentos, que la crisis no la paguen los de siempre y que ningún ciudadano o ciudadana se quede por el camino, por lo que si bien este tipo de medidas son coyunturales, fruto de esta situación de crisis, un vez superada la misma, debemos de seguir luchando para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

En este sentido desde UGT y CCOO, hemos presentado un documento “Iniciativa Sindical por el derecho a la vivienda”, con medidas para hacer efectivo este derecho, tales como: una mayor inversión pública, limitación de los precios de los alquileres, creación de un potente parque público de viviendas en alquiler, auténtica segunda oportuna para los deudores de buena fe, entre otras muchas.

Resaltamos el compromiso del Gobierno con las mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido, valoramos muy positivamente el Real Decreto Ley para que las víctimas de violencia de género, de explotación sexual y de la trata puedan salir de situaciones de convivencia forzosa y alojarse fuera de ese entorno, en hoteles durante el estado de alarma, si no hay plazas en el sistema de protección y si están en situación de riesgo. Asimismo, comparten que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género sean considerados servicios esenciales durante el estado de alarma.

Ambas organizaciones sindicales consideran que puede suponer un respiro económico el aplazamiento de pagos de cotizaciones a la Seguridad Social durante un plazo de 6 meses a Pymes y autónomos, en respuesta a sus demandas, así como la flexibilización de líneas de crédito. Ambos sindicatos, confían en que, una vez superada la crisis sanitaria, comience cuanto antes la actividad de las pequeñas y medianas empresas (que conforman el 80% de nuestro tejido productivo y crean cientos de miles de puestos de trabajo). Empleos que deben respetarse.

Por último, consideran importante, entre otras medidas, también las garantías que el Gobierno otorga sobre los suministros básicos a los hogares más vulnerables, y el hecho de que, mientras esté en vigor el estado de alarma, luz, agua, y gas no podrán suspenderse en los hogares. Finalmente, los sindicatos seguimos exigiendo la máxima protección para los trabajadores y trabajadoras que siguen acudiendo a su puesto de trabajo ya que desarrollan su actividad en sectores esenciales. Sigue siendo prioritaria la salud de todas y todos.

 

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