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05
Dic
2017
Correos, al borde de la huelga si Rajoy no toma medidas para salvar la empresa PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CCOO MadridLos sindicatos creen que se está promoviendo el desmantelamiento del Servicio Postal Universal

CCOO y UGT acusan al Gobierno de desidia, tras meses en los que la única medida adoptada ha ido encaminada a recortar la financiación del Servicio Postal Público prestado a los ciudadanos en dos tercios. La presión sindical y parlamentaria obligó a crear una Comisión de seguimiento entre Fomento, Hacienda y Correos para fijar la cuantía del Plan de Prestación -pendiente desde hace seis años y estimado por ambos sindicatos entre 200-230 millones de euros-, y de cuya negociación se mantiene en el más absoluto secreto. Así lo han manifestado este martes en rueda de prensa celebrada en la sede de CCOO en Madrid, en la que han intervenido Sergio Mira, de CCOO, y Paco Barrios, de UGT.

En esta misma línea, CCOO y UGT han acusado al Gobierno de hacer una renuncia explícita hacia la empresa pública y a los proyectos de futuro, al bloquear el Plan Estratégico de Correos, impidiendo la diversificación hacia cualquier proyecto de paquetería, financiero y de internacionalización y en la práctica, abriendo la puerta a la pérdida de grandes clientes vinculados al e-commerce y paquetería , ocasionando con ello una importante reducción, más aún si cabe que la producida hasta la fecha (16.000 puestos menos) de la ya mermada plantilla, en un escenario que refleja una caída de la carta anual entre el 5-7% y un crecimiento exponencial de la paquetería y el e-commerce entre y un 20-25% anual.

Para CCOO y UGT es inadmisible el bloqueo político, institucional y empresarial al que se está sometiendo a la empresa y, por extensión, el daño a los ciudadanos y trabajadores/as, que por los recortes presupuestarios están sufriendo retrasos en la entrega y en la calidad, en el primer caso, y una sobrecarga de trabajo, en el segundo, por la reducción drástica de plantilla.

De perpetuarse la inacción gubernamental, ambos sindicatos han advertido que las consecuencias serían dramáticas e irreversibles: Correos estaría condenada a ser una empresa pública residual, prestando un Servicio Postal Universal de forma ineficaz e ineficiente, con un déficit del que difícilmente podría recuperarse y con pérdida de miles de empleos, reducción de puntos de atención al usuario y cliente que perjudicaría la regularidad y la calidad del Servicio Postal Público prestado a millones de ciudadanos y empresas.

Por ello, CCOO y UGT han apremiado al Ejecutivo para que rectifique su política hacia Correos e introduzca en su agenda política en los próximos meses sin más demora, medidas que han de pasar por la recuperación de la financiación pública postal recortada en presupuestos, estabilización del Plan de Prestación del Servicio postal Universal con una cuantía entre 200-230 millones de euros y la aprobación del Plan Estratégico para impulsar el desarrollo de Correos como operador postal moderno, tecnológicamente avanzado, logístico, financiero y diversificado, manteniendo al mismo tiempo su papel esencial como Servicio Postal Universal, vertebrador social, territorial y económico del país.

Igualmente, en este marco, CCOO y UGT han exigido unos nuevos Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial actualizados que recojan el incremento y adecuación de la plantilla fija mediante la trasformación del empleo estructural cubierto con personal eventual en fraude de ley, un aumento salarial acorde con la especificidad profesional y singular actividad del operador postal, junto con la mejora de las condiciones laborales, así como, la finalización de la actual y galopante desregulación de la organización del trabajo y la introducción de miles de minijobs impulsada en los últimos años.

CCOO y UGT han advertido que si el Gobierno mantiene su “desidia y pasotismo postal”, iniciarán un proceso de movilización gradual y ascendente abierto al resto de organizaciones sindicales, que en su fase inicial, abarcaría entre finales de año y principios del que viene, para exigir una apuesta clara, firme y rotunda por impulsar y fortalecer a Correos como prestador de Servicio Postal Universal y como empresa pública eficaz y eficiente de referencia para nuestro país.

Las movilizaciones podrían materializarse en una huelga general en Correos en el primer trimestre de 2018 si no se atienden las reivindicaciones por parte de la SEPI y el Ministerio de Hacienda, de quien depende Correos, aunque los portavoces sindicales confían en que pueda alcanzarse un acuerdo antes.

 

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