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31
May
2015
Wert recorta los trámites para abrir universidades PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaAdemás cambia los criterios para contratar profesores

El Ejecutivo ha completado la reforma del sistema universitario con el fin de mejorar la calidad, internacionalización y especialización de la universidad española mediante la aprobación de dos reales decretos. El primero de ellos modifica el sistema actual de selección y promoción del profesorado en las universidades para hacerlo homologable al aplicado en otros Estados. Su objetivo es contribuir a mejorar los niveles de eficacia docente e investigadora.

La vicepresidenta ha detallado que la norma "sustituye la acreditación universal por la acreditación por ramas de conocimiento y da más relevancia a la calidad de la investigación, a la docencia, a la transferencia de conocimiento y a la experiencia profesional".

El segundo real decreto establece una revisión completa de las exigencias administrativas y organizativas para crear universidades y centros universitarios. Soraya Sáenz de Santamaría ha precisado que "se flexibiliza el número de títulos que puede tener cada universidad y se actualiza el porcentaje de doctores para impartir grados".

Con estos dos Reales Decretos culmina el proceso de reforma del sistema universitario español emprendido en esta Legislatura, que ha pretendido mejorar la calidad, internacionalización y especialización de la universidad española, a través del avance hacia un modelo universitario que propicie que las universidades que así lo deseen mejoren en las tres misiones que desempeñan: educación, investigación, y transferencia del conocimiento.

Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios

Este Real Decreto modifica el sistema actual de selección y promoción del profesorado en las universidades españolas para hacerlo homologable a los establecidos en otros países. El objetivo es contribuir a mejorar los niveles de calidad docente e investigadora en las universidades españolas. Sus principales novedades son las siguientes:

  • Se sustituye la acreditación universal por la acreditación por ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. Con ello se garantiza la adecuación de los criterios de evaluación a cada rama de conocimiento, si bien se prevé que un mismo solicitante con especialización multidisciplinar o en ámbitos científicos interdisciplinares pueda acreditarse por más de una rama.

  • Las comisiones estarán mucho más focalizadas hacia los ámbitos académicos y científico-técnicos. Cada comisión se especializa, evalúa únicamente áreas de conocimiento afines, como se hace en países próximos que aplican sistemas de acreditación análogos al español.

  • Se da mayor relevancia a la calidad de la investigación y docencia, la transferencia de conocimiento y la experiencia profesional, y menos a la gestión.

  • Se equilibran de forma más adecuada calidad y cantidad de los méritos. Se valorará la calidad de las contribuciones frente a una mera acumulación de méritos (en publicaciones, no sólo número sino impacto de las revistas, número de citas, etcétera).

  • Las comisiones atenderán indistintamente de las solicitudes de acreditación a Profesor Titular de Universidad y a Catedrático de Universidad. Además, se flexibiliza la frecuencia de las reuniones, dejando que éstas vengan determinadas por la carga de trabajo en lugar de imponer una reunión mensual, y se contempla la posibilidad de sesiones colegiadas on-line. Todo ello supone un ahorro de costes.

  • Se eliminan informes externos que eran preceptivos, pero ineficaces.

Las medidas se alinean, en buena medida, con algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria.

Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios

El Real Decreto responde a la necesidad de revisión y actualización de la regulación de Universidades y centros universitarios, que databa de 1991. Supone la revisión completa de las exigencias administrativas y organizativas de creación de Universidades y centros universitarios: se flexibiliza el número de títulos que toda universidad debe tener, y se actualiza el tanto por ciento de doctores para impartir Grados. Cabe destacar los siguientes apartados:

- Se permite una mayor especialización de las Universidades:

  • Se sustituye la exigencia de ofrecer ocho títulos de los cuales, al menos tres, deben ser de segundo ciclo y, al menos, uno de ciencias experimentales o estudios técnicos, por la más flexible de ofrecer ocho títulos de grado y máster.

- Se regula la acreditación institucional (acreditación de los centros) en línea con las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. Esto permitirá a los centros universitarios que hayan obtenido la acreditación institucional renovar la acreditación de las titulaciones oficiales que impartan sin necesidad de someterse al procedimiento de renovación completo.

- Se adaptan los requerimientos de las enseñanzas en el ámbito de la salud a la realidad de las necesidades y práctica docente.

- Se incluyen nuevos elementos de supervisión y control:

  • Presentación anual de una memoria de actividades docentes e investigadoras

  • Presentación en el plazo máximo de seis meses de un plan de medidas correctoras para regularizar una situación irregular.

  • Obligación para las Universidades privadas de presentar un plan de viabilidad y cierre, para el caso de que su actividad resulte inviable.

- Se regulan los requerimientos de las enseñanzas no presenciales, que hasta ahora no estaban regulados. Así, en lugar de la ratio 1/25 de personal docente investigador por alumno en cómputo global, las Universidades que impartan enseñanzas en la modalidad no presencial podrán disponer de ratios entre 1/50 y 1/100, en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor semipresencialidad.​

Tras la aprobación, el secretario de Educación del PSOE, José Miguel Pérez, señalaba que " con la aprobación ayer en Consejo de Ministros del RD de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de centros universitarios, Wert finaliza su mandato con sus señas de identidad inconfundibles: la imposición y la privatización de la educación".

Para el responsable de Educación lo que queda claro con esta decisión es que "al Gobierno de Mariano Rajoy le sobran universitarios pero le faltan universidades privadas”, y que “ hoy en España hay dos perspectivas sobre la educación radicalmente diferentes: una la que pretende hacer un buen negocio con ella y otra que entiende su importancia para asegurar un derecho, así como su indispensable papel para el desarrollo del conjunto de la sociedad".

Para José Miguel Pérez "estamos ante una nueva decisión encaminada a extender la privatización, mediante un sistema que facilita la proliferación de centros sin garantías, que desatiende  los criterios de calidad, transparencia e interés público que deberían regir la política universitaria". A juicio del responsable socialista "desde el inicio de su mandato, Wert ha hecho todo lo posible para dificultar y restringir el acceso a la educación superior mediante una desproporcionada subida de precios públicos de matrícula, el endurecimiento de los criterios para las becas y el recorte de recursos dedicados a la universidad pública. El último paso ha sido allanar el camino a la oferta privada con la aprobación de este decreto".

Para José Miguel Pérez, “es imprescindible un cambio de gobierno en el menor tiempo posible que permita revertir esta política de ataque al sistema público educativo, recuperar el diálogo  con la comunidad universitaria y derogar aspectos como la tasa de reposición, el decreto de estructura de grados y la privatización deliberada de la formación superior que conlleva este decreto tal y como se ha expuesto hoy tras el Consejo de Ministros".

"La respuesta que la sociedad ha trasmitido con nitidez en las elecciones del día 24 de mayo demuestra que es necesaria la paralización de la reforma educativa, en este caso universitaria, y la apertura de un proceso de diálogo y trabajo para el acuerdo, que alumbre una nueva política desde las premisas de asegurar el derecho a la educación, la calidad para todos el sistema público. En definitiva abandonar la imposición de políticas educativas con soluciones caducas  propias de otros siglos y que poner las bases de un modelo a la altura de nuestros retos en el siglo XXI.

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denunciaba que el decreto-ley de creación y reconocimiento de universidades que ultima el ministro José Ignacio Wert “lamina la labor de la Secretaría General de Universidades, del propio Ministerio de Educación, que no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas”.

Desde IU se comparten las advertencias lanzadas desde múltiples sectores en las que se señala que “no tiene razón de ser la creación de nuevas universidades privadas, dado que no responde a ninguna necesidad social, sino únicamente al ánimo de lucro y beneficio de sus accionistas”. De igual forma, no tiene encaje en ninguno de los tres motivos que la legislación actual establece para poder crearlas: demanda por razón de mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales.

“Sin embargo -denuncia IU-, el citado decreto-ley de creación y reconocimiento de universidades elimina esos requisitos para que no supongan trabas para seguir ampliando el negocio educativo, así como otros que suponen algún tipo de dificultad como el de que las universidades cubran con sus títulos las distintas ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias y Tecnología)”.

Izquierda Unida recuerda que la comunidad universitaria mostró su completo rechazo en la huelga del pasado 24 de marzo contra los dos decretos-ley ya aprobados, así como contra el del denominado 3+2, ya en vigor. En esta movilización se manifestó claramente la tajante oposición a la política universitaria que viene aplicando el ‘rodillo’ del PP en las postrimerías del mandato de su Gobierno, que tiene como último objetivo asegurar la privatización y la mercantilización de la Educación Superior, antes de que el partido de Mariano Rajoy sea expulsado de las instituciones por la ciudadanía.

Desde el Área de Educación de IU se advierte de que “este nuevo decreto-ley se desarrolla en un contexto en el que desde 1997 las universidades privadas han proliferado en todo el Estado de la mando del PSOE y del PP, pasando de 12 a 33. Mientras, no se ha abierto ni un solo campus público, manteniéndose los 50 que había desde entonces”.

El 26 de marzo de 2015 se aprobó la universidad privada ‘Universidad Internacional de Canarias’, con sede en Las Palmas de Gran Canaria (BOE de 21 de abril de 2015). A estas 33 se suman nuevos proyectos, los dos más recientes en la Comunidad de Madrid, donde el número de privadas doblaría ya casi al de públicas (13 frente a 6). Sin embargo, en estos 17 años no ha variado sustancialmente el número de estudiantes universitarios, en contraste con el aumento de centros privados.

Izquierda Unida denuncia que la manida frase de que ‘hay demasiadas universidades’ que se lanza desde las altas instancias educativas debería adecuarse a la verdad y referirse a que “hay demasiadas universidades privadas”, recordando que la última universidad pública se levantó hace tres lustros.

El Área de Educación de IU denuncia que, simultáneamente a todo lo anterior, el “otro decreto-ley que modifica la acreditación del personal docente e investigador funcionario establecerá un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual, sin criterios  claros  y  objetivos  para  medir  los  méritos y con un elevado grado de discrecionalidad. Todo ello se traducirá en una mayor inseguridad jurídica, pues dependerá  de  la  afinidad  o  la interpretación de quien evalúe, continuará minusvalorando la actividad docente frente a la investigación, además de dificultar el acceso y promoción de los docentes en las universidades públicas”.

Para IU, “el ministro Wert, al igual que ha hecho con toda la normativa aprobada en el ámbito educativo, rehúye de nuevo la negociación con los interlocutores del profesorado y los sindicatos. Gobernar mediante decreto-ley, algo que debe ser excepcional según nuestro ordenamiento jurídico, es la única forma como entiende este Gobierno el debate, la negociación y el acuerdo. Sólo saben imponer su ideología mediante el ‘ordeno y mando’”.

“Wert parece que se va -añade esta formación-, pero nos deja, vía ‘decretazo’, la expansión del negocio privado en la Educación Superior, eliminando requisitos para abrir nuevas universidades privadas, y la selección de los docentes universitarios potenciará  el nepotismo  universitario  mediante  un  baremo  de  méritos  subjetivo  y discrecional”.

Así no es como se resuelven los problemas actuales del sistema de acreditación universitaria, del estatuto del personal investigador y docente, la carrera profesional o la estabilidad del profesorado. Así lo único que se consigue es incrementarlos, además de generar indefensión y mayor inseguridad en la comunidad universitaria.

 

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