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10
Ene
2015
El Gobierno creará un registro de infractores de caza y pesca PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaLa nueva Ley de Montes recupera los aprovechamientos económicos de zonas quemadas

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de modificación de la Ley de Montes cuyos objetivos fundamentales, según ha explicado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, son "la protección de nuestra diversidad, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático", así como facilitar el aprovechamiento económico de los recursos forestales que pueden contribuir a la creación de riqueza y empleo en el medio rural.

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos debemos facilitar y mejorar la gestión de los montes, entendiendo por tales "toda superficie menos la de usos agrícolas y la urbana", ha especificado García Tejerina. En este sentido, el proyecto contempla una nueva clasificación de los montes, la simplificación de los instrumentos de gestión y la incorporación de figuras que la faciliten.

Respecto a la clasificación, que será "más clara y concreta", atiende a dos criterios: la titularidad -pública o privada- y  la función que desempeña -si el monte es o no de interés general-.

En cuanto a la simplificación de los instrumentos de gestión, la ministra ha señalado la obligación de ordenar los montes que cumplen una función de utilidad pública y ha añadido que las Comunidades Autónomas podrán establecer modelos de gestión tipo en función de las características de los distintos montes.

La nueva norma  establece una figura que permite la gestión de los montes sin necesidad de acuerdo de todos los propietarios, evitando así que cuando la titularidad corresponde a varias personas y alguna de ellas es desconocida se abandone su gestión.

En este punto, García Tejerina ha comentado que "en España  hay muchos montes que no están gestionados  y esto significa que están abandonados y se están deteriorando porque muchas veces la titularidad no es conocida o no tienen la dimensión adecuada para su gestión. Lo que nosotros pretendemos con estas figuras es evitar este abandono y este deterioro y facilitar la gestión de los montes, porque un monte gestionado es un monte cuidado y un monte cuidado es un monte que tiene muchas menos posibilidades de que se le prenda fuego".

Además, la ministra ha explicado que la reforma incorpora medidas contra la tala ilegal de madera y su comercialización. Para ello se mejora la tipificación de las sanciones en función del daño causado, atendiendo tanto a la cuantía económica como al tiempo de recuperación.

Esta mejora de la gestión se conseguirá mediante los siguientes aspectos:

Clasificación de los montes

El Proyecto de Ley clarifica la clasificación de los montes, dividiéndolos en cuatro categorías, lo que facilita su tratamiento y organización y la determinación del tipo de gestión más adecuado a su naturaleza.

De esta forma, la clasificación se ha establecido de acuerdo con dos criterios: por una parte, según la titularidad, los montes pueden ser públicos o privados; y según desempeñen un servicio público, que es lo que condiciona que un monte tenga que cumplir unos requisitos de gestión, se diferencian los montes afectados o no afectados por un interés general.

Los montes que cumplen una función de interés general, si son públicos, integran el Dominio Público Forestal, y pueden ser Montes de Utilidad Pública, montes comunales u otros que hayan sido afectados a un uso o servicio público.

Si son privados y cumplen una función de interés general, se declaran protectores, que se redefinen como aquellos montes privados que cumplen alguna de las condiciones que se exige a los montes públicos para declararse de utilidad pública. Esto significa que se amplía el concepto vigente.

Por otra parte, los montes que no cumplen esa función de interés general, si son públicos, son los montes patrimoniales y, si son privados, son los montes particulares o el monte vecinal en mano común.

Simplificación de los instrumentos de gestión. Modelos técnicos de gestión

En materia de gestión, se establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se pueden adherir voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que marquen las autoridades autonómicas competentes, y éstos se consideran montes ordenados. De este modo, se simplifican los procedimientos actualmente vigentes y se eliminan los costes asociados.

Montes de socios

Por otra parte, y con el objetivo de mejorar la gestión de los montes de socios, (entendiendo como tales aquellos montes en proindiviso en los que alguno de los copropietarios no están identificados), se introduce una mayor regulación en el texto de la Ley. Para ello, se regula la creación de la junta gestora y sus funciones. Estos montes representan en España alrededor de 1,5 millones de hectáreas, por lo que promover la mejora de su gestión coadyuvará a la consecución de los objetivos perseguidos por esta Ley.

Sociedades forestales

En este mismo sentido, y con el ánimo de promover la agrupación de los montes a efectos de gestión, se definen las Sociedades Forestales, que serán creadas por iniciativa de los propietarios forestales como instrumentos de gestión agrupada sin pérdida de la titularidad, lo que permitirá poder aplicar economías de escala.

A este respecto, el Proyecto de Ley define la Sociedad Forestal como la agrupación de propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal, que ceden únicamente los derechos de gestión y aprovechamiento forestal a la sociedad, de forma indefinida o por plazo cierto igual o superior a veinte años. También podrán pertenecer a la sociedad otras personas físicas o jurídicas que no sean titulares, siempre y cuando su participación no supere el 49 por 100 de las cuotas sociales.

Estas sociedades tendrán como único objeto social la explotación y aprovechamiento en común de terrenos forestales cuyo uso se cede a la sociedad, para realizarlo mediante una gestión forestal sostenible. Las sociedades, por tanto, operarán bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada u otras de aplicación. Se establece que, en caso de transmisión de parcelas, se presumirá, salvo pacto contrario, la subrogación automática de la posición de socio del nuevo titular.

Las Comunidades Autónomas determinarán, en el ámbito de sus competencias, los requisitos adicionales que deberán cumplir estas sociedades, el nombre que tendrán y los incentivos de que disfrutarán.

Mejora ​de la tipificación de las infracciones y de la clasificación de las sanciones

Asimismo, en este Proyecto se incorpora la tipificación de las infracciones y sanciones correspondientes a los incumplimientos previstos en la legislación comunitaria, en materia de lucha contra la tala ilegal y la comercialización ilegal de la madera.

Igualmente, se mejora la clasificación de las sanciones para tener en cuenta como factor de ponderación de la gravedad de la sanción no sólo el tiempo que tarda el daño causado en recuperase sino también el coste económico de su reparación.

Bases de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética

En el Proyecto también se sientan las bases para la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, en colaboración con las Comunidades Autónomas, así como un registro nacional de infractores de caza y pesca, que facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que constituya el marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético. Será aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Registro de Infractores de Caza y Pesca

En relación con la creación, a efectos informativos, del Registro Español de Infractores de Caza y Pesca, el Proyecto de Ley contempla el envío, por parte de las Comunidades Autónomas, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la información relativa a los asientos que se produzcan en sus correspondientes registros de infractores de caza y pesca. Así, se incluirá la información relativa a la suspensión y extinción de validez de las licencias, en particular la derivada de infracciones penales y de un procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. La existencia de este registro facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre Comunidades Autónomas.

La propuesta del Consejo de Ministros enseguida levantaba una enorme polvareda, tanto en partidos de la oposición como en asociaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, por ejemplo, tildaba la nueva legislación de "innecesaria y contraproducente". "Los cambios en la ley no incorporan mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas, suponen un grave retroceso en la necesaria planificación forestal, y permiten que las Comunidades Autónomas autoricen la construcción en zonas incendiadas. Cuando en 2006 se aprobó la Ley 43/2003 de Montes una de sus principales novedades fue la prohibición del cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años. De esta forma se evitaba que se provocaran fuegos con fines especulativos. El proyecto de Ley de Montes que se aprobará hoy previsiblemente hecha por tierra esta medida de precaución. En su artículo 50, establece que las Comunidades Autónomas podrán acordar cambios de uso forestal en zonas incendiadas, justificando la existencia de un interés general prevalente y mediante el establecimiento de medidas compensatorias. Con esta modificación existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas", afirman.

"Especialmente preocupante para Ecologistas en Acción son los cambios relacionados con la actividad cinegética, algo que en realidad tiene poco que ver con la gestión de los montes. El proyecto de Ley incorpora la elaboración de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética (artículo 38 bis), regula el reconocimiento de licencias multiautonómicas (artículo 38 ter), la creación del registro de infractores de caza y pesca (artículo 38 quater) y las actuaciones sanitarias en especies cinegéticas ( la Disposición Adicional Décima). Sin duda esto se debe, como ha ocurrido en otras leyes, a la importante relación existente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en general el Partido Popular, con el sector cinegético, al que favorece con estos cambios. Supone además una invasión en competencias autonómicas. La reforma de la Ley de Montes supone también un grave retroceso en la exigencia de una adecuada planificación forestal. En la ley aun vigente se establece la obligatoriedad de que todos los montes cuenten con un instrumento de gestión; sin embargo, con este proyecto se elimina dicha obligatoriedad. En el artículo 33 se establece que las Comunidades Autónomas decidirán en qué montes privados será obligatorio este instrumento de gestión. En la Disposición Transitoria Segunda se amplía a 25 años el plazo para tener un instrumento de gestión forestal, lo que supone en la práctica casi eximirles de dicha obligatoriedad. Además se da un trato de favor a los aprovechamientos forestales de crecimiento rápido, ya que se les permite gestionar estos cultivos según su propio criterio. Con el escaso nivel de planes de gestión forestal aprobados actualmente, esta Ley debería establecer incentivos eficaces para lograr un mayor porcentaje de zonas forestales con instrumentos de planificación. Debido a la actual estructura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la política forestal depende de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, en lugar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente; quizás por ello el proyecto fomente los aspectos productivos del monte, relegando las funciones sociales y ambientales de los sistemas forestales", explican los ecologistas.

Tampoco al PSOE le gustaba nada lo aprobado por el Gobierno. La Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad, Pilar Lucio, ha calificado este viernes de “regreso al pasado” el proyecto de ley de Montes aprobado en el Consejo de Ministros de hoy y que supone “la enésima reforma de la legislación ambiental socialista y supone  un retroceso de décadas en la protección medioambiental de nuestro patrimonio natural”.

Para Lucio, el proyecto presentado es una muestra más de un “revisionismo ideológico que el PP ha hecho de las políticas medioambientales puestas en marcha por los socialistas buscando favorecer determinados intereses por encima del bien público”. Según la socialista, esta norma, en su artículo 50, abre una puerta para cambiar el uso de terrenos forestales tras un incendio, planteando posibles excepciones,  algo que la ley en vigor  no permite de ninguna manera durante 30 años con el objetivo de evitar la especulación y su transformación en otros de diferente carácter. “No es casualidad que todas las leyes ambientales del PP estén llenas de excepciones: la ley de costas, la ley de Patrimonio Natural y la de Montes”.

Pilar Lucio ha recordado “ese convencimiento tan de la derecha española, de que no puede admitirse de ninguna manera que el Medio Ambiente se interponga entre los intereses económicos y sus objetivos y es el que ha presidido su estrategia política de desmontaje de la legislación ambiental y esta ley de montes es un nuevo ejemplo”, ha concluido.

 

(Ley de Montes)

 

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