Se promoverán medidas de autorregulación en los medios para prevenir la violencia de género

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres 2013-2016, un documento sin precedentes que recoge alrededor de 260 medidas destinadas a combatir los malos tratos. Estructurado en varios ejes de actuación, el texto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se propone para los próximos tres años apuntalar actuaciones en los campos de la prevención, la detección de malos tratos, la sensibilización, la atención personalizada, la coordinación administrativa e institucional y la asistencia a los grupos más vulnerables, en especial los menores y las mujeres inmigrantes, mayores, con discapacidad o residentes en núcleos rurales. La asignación presupuestaria supera los 1.530 millones de euros, de los que 1.200 proceden de los ministerios implicados y el resto de las Comunidades Autónomas.

La Estrategia contra la violencia de género coloca a España en la vanguardia de esta lucha, no sólo en la Unión Europea, sino en todo el mundo, pues, entre otros fines, se plantea la configuración de un registro de información que, partiendo de lo ya existente, se enriquecerá con nuevos parámetros, sobre todo en el ámbito de las mujeres heridas o lesionadas por malos tratos. La pretensión de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es abarcar a todas las mujeres agredidas a través de un proceso escalonado y progresivo, ya que hasta la fecha no se ha hecho nada en este campo.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda que en lo que va de año son ya 29 las mujeres asesinadas y 28 los menores huérfanos (precisamente una nueva estadística creada esta Legislatura). Según ha afirmado en multitud de ocasiones la ministra, el Gobierno "no descansará mientras haya una sola muerte por violencia de género y mientras una sola mujer sea maltratada".

La lucha contra la violencia de género es "una prioridad de prioridades" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y así, cada una de las actuaciones al respecto se han guiado por dos principios: el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, y la lucha contra la desigualdad, ya que aquí radica el origen de la violencia que sufren las mujeres.

La Estrategia Nacional compila todas las medidas hechas y todas las que el Ministerio quiere llevar a cabo, y dentro de un marco de consenso, toda vez que el texto ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas, los Entes Locales, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de mujeres.

Los ejes de dicha Estrategia son:

Prevención y educación

La denuncia es la llave que permite a la Administración, con todos sus recursos operativos, entrar en una situación de malos tratos. La eficacia en la lucha contra la violencia de género se consigue mediante la ruptura del silencio que viven muchas mujeres, temerosas de denunciar la situación por la posible represalia de su pareja o expareja, o por la incertidumbre con sus hijos. De acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno, el 72 por 100 de las mujeres que denuncian, salen al final de la espiral de la violencia de género.

Para animar a la denuncia, bien de la propia víctima, bien de su entorno, hay que incentivar el conocimiento, la información y la sensibilización. El Gobierno ha puesto en marcha la plataforma "Hay Salida" y recientemente estrenó una aplicación de telefonía móvil dirigida a prevenir y detectar casos de maltrato de los que quizá la mujer no es consciente. También se desarrollará una versión en Internet del teléfono 016, en la que se podrán realizar consultas y comunicar denuncias y obtener, en respuesta, una atención personalizada.

La colaboración de los medios de comunicación resulta esencial y, por ello, el Ministerio promoverá códigos de autorregulación publicitaria con líneas de prevención de conductas machistas.

Lo mismo puede aducirse del personal sanitario, cuya implicación es fundamental. Que un médico o profesional de la sanidad detecte temprano que una mujer está siendo maltratada resultará clave para ayudar a esa mujer. Por ello, habrá materias específicas sobre la violencia a la mujer en el contenido formativo troncal de las especialidades médicas.

Asistencia personalizada

Informar a la víctima de manera cercana se erige en una prioridad. Una de las tareas que se ha marcado el Ministerio consiste en informar a las mujeres de su derecho a una asistencia jurídica gratuita desde el mismo momento en que decide interponer una denuncia. La asistencia continuará durante todo el proceso, y siempre sin pagar tasa alguna.

Gracias a la Plataforma "Hay Salida", se ha consolidado la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género en dos direcciones: para sensibilización y para inserción laboral, consciente como es el Ministerio de que la independencia económica es factor indispensable para que una mujer deje atrás los malos tratos. Hasta la fecha, en el marco de la Red 463 mujeres han podido acceder a un puesto de trabajo.

Asimismo, se extenderá la libertad vigilada hasta un máximo de cinco años, se fortalecerá el seguimiento de los reclusos condenados por violencia de género cuando dispongan de algún permiso penitenciario y se tipificará como delito la manipulación de los brazaletes electrónicos.

Atención a grupos vulnerables

Un 70 por 100 de las mujeres que sufren malos tratos tiene hijos menores a su cargo. Para proteger también a los menores de esta lacra, el Gobierno cambiará la Ley Integral para incluirlos como víctimas de la violencia de género, algo que no se había acometido nunca. Las asistencias social y psicológica a los menores será, por tanto, una prioridad en la Estrategia, tal y como consta, además, en el Plan de Infancia ya aprobado.

Asimismo, el uso del 016 será accesible para las mujeres con discapacidad, se repartirán las campañas y el material didáctico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género entre las asociaciones de mujeres inmigrantes (el 30 por 100 de las víctimas mortales de este año) y se dará formación especializada al personal sanitario de los núcleos rurales, lo que ayudará a las mujeres que residen en estas zonas.

Para atajar conductas machistas entre la población joven, pues son origen en muchas ocasiones de situaciones de violencia de género, se ha creado la aplicación de telefonía móvil, "Libres", y se impartirán nociones al cuerpo docente sobre cómo detectar posibles casos de chicas maltratadas. La educación es fundamental.

Otras formas de violencia de género

El nuevo Código Penal considerará delito los matrimonios forzados, algo que consta en la Estrategia, así como el hostigamiento o acoso a la mujer. Pero además, por primera vez en España, se desarrollará un protocolo sanitario específico contra la mutilación genital femenina.

Coordinación institucional

La coordinación entre administraciones e instituciones cristalizará, entre otros instrumentos, en la Red Nacional de Casas de Acogida, cuyo funcionamiento estará regido por la atención personalizada. Así, un protocolo de derivación tendrá en cuenta las circunstancias de la mujer para decidir un destino u otro, y sobre todo, permitirá que los casos más graves se resuelvan en un máximo de 24 horas.

Información y visibilidad

La lucha contra la violencia de género cuenta con un elenco estadístico muy amplio que el Gobierno, no obstante, quiere seguir aumentando. Cuanta más información exista, mayor visibilidad se le otorgará a esta lacra y, en consecuencia, mayor sensibilización se generará en la sociedad. La lucha contra la violencia de género es una lucha de todos los ciudadanos.

Por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se efectuarán encuestas periódicas y se irán añadiendo nuevos parámetros. Ya incluidas las estadísticas sobre los menores huérfanos y los menores asesinados, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se propone profundizar en un campo que nunca antes se ha abordado: el de las mujeres heridas. El objetivo consiste en abarcar a todas mediante un proceso de recopilación paulatina de la información, y así, paso a paso, se irán añadiendo nuevos indicadores. Desde que comenzó a registrarse estadísticamente la violencia de género, nunca nadie computó a las mujeres heridas por malos tratos.

También se promoverán estudios sobre el ciberacoso, la exposición de los menores a la violencia de género o la creación de una base de datos de buenas prácticas sanitarias.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la firma "ad referéndum" del Convenio de Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

El Convenio, del 11 de mayo de 2011, se hizo, con el propósito de condenar toda forma de violencia contra la mujer y de violencia doméstica, partiendo de otros textos legales como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos o el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual. También se tuvo en cuenta el conjunto de recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europea sobre Protección de Mujeres, así como la amplia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Se reconocía que la violencia contra las mujeres es uno de los caminos sociales cruciales por los que se mantiene a la mujer en una posición de subordinación respecto al hombre y que le violencia doméstica afecta a las mujeres de forma desproporcionada, aunque también los hombres pueden ser víctimas de ella. Igualmente se reconocía la necesidad de proteger de este tipo de violencia a los niños, que podían ser víctimas incluso como testigos de determinados actos dentro de la familia.

El texto aspira a proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, promoviendo la cooperación internacional para ello. Los países firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia.

Además, se dedicarán recursos financieros y humanos a la correcta aplicación de políticas dirigidas a prevenir y combatir toda forma de violencia incluida en el ámbito de aplicación del Convenio y, entre otras medidas se esforzaran en recoger los datos estadísticos que sea útiles para ello.

También, se tomarán medidas para promover los cambios que sean necesarios en los modos de comportamiento socio-culturales, incluyendo acciones en el sistema educativo y en el de formación de los profesionales pertinentes. Se establecen las pautas sobre prevención en sus ámbitos de sensibilización, educación, formación y programas preventivos, así como sobre participación de los medios de comunicación.

Los Estados velarán por que se dé cooperación eficaz en la lucha contra la violencia por parte de todas las Agencias Estatales. Informarán de los servicios de apoyo a la población y facilitarán asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas. La prestación de estos servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra autores de los delitos.

Se proporcionará a las víctimas recursos adecuados contra el autor del delito. El Estado deberá conceder indemnizaciones adecuadas a quienes hayan sufrido graves daños contra su integridad física, en la medida que el perjuicio no esté cubierto por otras fuentes o, principalmente, por el autor del delito.

Se establece que deberán tipificarse como delito, prevenirse y castigarse acciones como el acoso (de todo tipo), la violencia física o sexual, las mutilaciones genitales femeninas, la esterilización o el aborto forzoso o el matrimonio forzoso. También habrá medidas de índole penal que deberán tomar los Estados, como el establecimiento de circunstancias agravantes.

Los países firmantes adoptarán medidas para que la investigación y los procedimientos judiciales relativos a las formas de violencia incluidas en el Convenio se lleven a cabo sin demoras injustificadas y sin perjuicio del derecho de la víctima a todas las fases del proceso penal. Se establecen en este apartado medidas que deberán adaptarse para caso de especial urgencia o riesgo, o para proteger a las víctimas y los testigos durante los procedimientos judiciales.

En cuanto a migración y asilo, las víctimas cuyo estatuto de residente dependa del de su pareja se les ha de garantizar un permiso de residencia autónomo. Además, habrá procedimientos de acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de asilo.