El último Consejo de Ministros de junio supone una subida de impuestos de 5.400 millones de euros al año

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. En este Real Decreto Ley figuran cambios en la tributación de impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol, tal y como también había anunciado el Gobierno.

Respecto a las bebidas alcohólicas, se eleva la tributación en un 10 por 100 del impuesto sobre productos intermedios, así como sobre el alcohol y bebidas derivadas. La medida no afecta a la cerveza ni al vino. Los tipos impositivos que gravan el alcohol en España se encuentran dentro de los más bajos de la Unión Europea y la última subida de tipos se produjo en 2005. Esta imposición constituye también un importante instrumento al servicio de la política sanitaria.

En cuanto al tabaco, se modifica la imposición fiscal para producir un rebalanceo de forma que cuente con más peso el tipo específico frente al "ad valorem", con lo que se acerca a la estructura vigente en la mayoría de los países de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que se trata de un producto con elevadas externalidades negativas, el impuesto no dependerá tanto del precio del tabaco a partir de ahora. Así, en el caso de los cigarrillos, se eleva el tipo específico de 19,1 a 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos y se reduce el tipo "ad valorem" del 53,1 por 100 al 51 por 100. El impuesto mínimo pasa de 123,97 a 128,65 euros/1000 cigarrillos.

En el caso de la picadura para liar, también se rebalancea la estructura fiscal. El tipo "ad valorem" queda inalterado y el específico pasa de 8 a 22 euros por kilo. La fiscalidad mínima de la picadura pasa del 68,5 por 100 al 75 por 100, con lo que se reduce la brecha fiscal entre cigarrillo y picadura. Respecto a cigarros y cigarritos y las demás labores del tabaco, se produce el rebalanceo a través del tipo mínimo.

Además, el Real Decreto Ley incluye la dotación de créditos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por importe de 128.972.249,86 euros, para atender a la realización de obras de emergencia y otras actuaciones inversoras. En primer lugar, se asignan 39.972.249,86 euros para reparación de daños en el dominio público hidráulico y zonas colindantes causados por lluvias y avenidas. Además, 61 millones de euros se aplicarán a atender compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, relativos a los programas de "Gestión e Infraestructuras del Agua" y "Calidad del Agua" que no es posible atender por insuficiencia de crédito. Por último, y con el fin de proceder a la adquisición de un avión destinado a la extinción de incendios forestales, corresponden 28.000.000 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 104 millones de euros para la secretaría de Estado de I+D+i. Parte de estos nuevos fondos, 25 millones, van destinados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se trata de un primer pago para que el organismo de referencia de la investigación española supere las dificultades financieras que está atravesando. Los 79 millones restantes servirán para reforzar las acciones propias de la secretaría de Estado de I+D+i, entre las que destacan las siguientes convocatorias:

1. Para contratar a más de 800 jóvenes para que realicen sus tesis doctorales en grupos de investigación de excelencia científica.

2. Del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, que permitirá avanzar en ámbitos como la salud, el envejecimiento, la producción y la seguridad alimentaria, el agua, la energía, el transporte sostenible, los efectos del cambio climático o el desarrollo de sociedades más seguras e inclusivas.

3. Destinadas a la financiación de los mejores proyectos de investigación sin orientación temática establecida.

4. Para el impulso de la participación española en el programa europeo Horizonte 2020.

5. Para promover la colaboración público privada.

Este suplemento de crédito tiene incidencia en ejercicios futuros, ya que estas actuaciones no pueden ejecutarse en una sola anualidad. De esta manera, junto a este incremento de 79 millones para la secretaría de Estado de I+D+i se aprueba también un compromiso de gasto para los próximos años de más de 350 millones de euros destinado a estas nuevas convocatorias, que garantizan la estabilidad de la I+D hasta 2016.

El Real Decreto Ley, igualmente, regula los fines de interés general a que irá destinado el 0,7 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el Régimen de las Entidades del Tercer Sector colaboradoras con las Administraciones Públicas. De acuerdo al texto, es imprescindible que aquellos fines a los que se destina la citada asignación queden encuadrados dentro de unos ejes prioritarios de actuación sobre los que se instrumenten los programas a desarrollar. Dichos ejes se circunscriben a los ámbitos siguientes: atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria; atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral; fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia; protección del medio ambiente, y cooperación al desarrollo.

Las medidas expuestas constituyen la respuesta demandada con urgencia por la situación de los colectivos más desfavorecidos y las entidades que atienden a sus necesidades. Por otro lado, se hace un reconocimiento jurídico del papel esencial que determinadas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro tienen a la hora de dar respuesta a las necesidades cada vez más acuciantes de la sociedad, colaborando directamente con las Administraciones Públicas, al tiempo que se garantiza la canalización de los fondos públicos imprescindibles para su funcionamiento. Por ello, se les otorga una especial consideración jurídica como entidades del Tercer Sector colaboradoras con las Administraciones Públicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Para su tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia. Entre las novedades destaca la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a efectos de suprimir la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o fondos propios de entidades, cotizadas y no cotizadas, en la línea seguida por el resto de países de la Unión Europea. Esta medida, que elevará la base imponible del Impuesto, si bien es aplicable a todas las empresas, tendrá una mayor incidencia en las grandes empresas, que son las que tienen participaciones significativas en otras empresas radicadas en España o en el extranjero.

En consecuencia, se considera gasto no deducible las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, excepto en el caso de transmisión del mismo o cese de su actividad. Se establecerá un régimen transitorio aplicable a períodos impositivos iniciados con anterioridad a enero de 2013, de modo que las pérdidas deducidas con anterioridad a 1 de enero de 2013 también reviertan con el reparto de dividendos por las entidades participadas.

De igual forma, se prorrogan para 2014 y 2015 las medidas temporales establecidas en 2012 en el Impuesto sobre Sociedades, cuya vigencia finaliza en diciembre de 2013. Tales medidas afectan, entre otros, al pago fraccionado mínimo del 12 por 100 para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros, a la limitación a la compensación de bases imponibles negativas y al límite a la deducibilidad del fondo de comercio. Con la prórroga de estas medidas se continúa con la reforma emprendida en el año anterior de ampliar las bases imponibles de las grandes empresas.

Por otro lado, y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea sobre tributos medioambientales, el Proyecto de Ley fija un impuesto indirecto sobre gases fluorados de efecto invernadero. Serán contribuyentes los fabricantes de gases fluorados, los importadores o adquirientes intracomunitarios de estos productos y los revendedores. El tipo impositivo se establecerá en función del potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de los productos. Este nuevo impuesto entrará en vigor en 2014.

El Proyecto de Ley incorpora otras modificaciones tributarias, aplicables a la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb). Concretamente, se equipara a la Sareb con una entidad financiera, exceptuándola de las retenciones respecto de las operaciones de préstamo que haya percibido de las entidades aportantes. Adicionalmente, se fija la exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP y AJD) para la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones de inmuebles.