28 Abr 2013 |
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En 2014 subirán impuestos especiales, Sociedades e IRPF, y se creará un impuesto sobre los depósitos bancariosTal y como estaba previsto, el pasado viernes Rajoy volvió a sacar la tijera, y lo hizo para presentar su programa de reformas para el año 2013, un programa en el que se acabaron los recortes de gasto, ya que, incumpliendo todos los exhortos de Bruselas, el gobierno español ha decidido fiar todo el cumplimiento de déficit a la partida de ingresos. Así y tal y como anunciaba el Ministro de Economía, en 2014 subirán los impuestos especiales, se crearán nuevo impuestos verdes y otro sobre los depósitos bancarios. Además, se suprimirán las deducciones en el impuesto de Sociedades y se mantendrá, contra lo anunciado por Rajoy, la subida en el IRPF de los dos últimos años. Por si fuera poco, el Gobierno también tocará las pensiones, aunque de una forma rocambolesca: creará un nueva fórmula de indexación que permitirá desvincular el cálculo del IPC. Y todos estos recortes para evitar tocar el gasto público, del que no se recortará, salvo sorpresa, ni un céntimo más. El Programa Nacional de Reformas 2013 se integra plenamente en la estrategia económica del Gobierno y supone un nuevo impulso a la agenda reformadora del último año. Se trata de un programa ambicioso que incorpora medidas dirigidas a que la economía española gane en eficiencia, flexibilidad y capacidad de competir, junto a otras, de segunda generación, dirigidas a optimizar al máximo todos los instrumentos existentes a nivel nacional para superar las dificultades de financiación en un entorno de mercados financieros fragmentados en la Unión Monetaria. En el Programa Nacional de Reformas se explica la agenda reformista del Gobierno para aumentar la competitividad y, sobre todo, la flexibilidad de la economía española: por una parte, se repasan las reformas estructurales que se han adoptado durante el último ejercicio y, por otra, se explican las que se van a poner en marcha en los próximos meses. De todas las medidas incluidas en el Programa, deben resaltarse siete reformas por el impacto que van a tener en la economía española y que se resumen a continuación:
En el ámbito de la consolidación fiscal se pueden diferenciar varios tipos de iniciativas:
2. Seguimiento de la reforma del mercado laboral. Durante 2013 se continuará con el seguimiento de la reforma laboral aprobada el año pasado a través de los grupos y comisiones creados y se ofrecerá un primer Informe de Valoración de sus efectos. Este informe será contrastado por un organismo independiente antes de julio de 2013, como, por ejemplo, la OCDE. 3. Ley de Desindexación de la Economía Española Esta norma introducirá un nuevo índice de referencia que sustituya al Índice de Precios al Consumo (IPC) en las actualizaciones periódicas, entre otras, de ingresos y gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las Administraciones Públicas. El nuevo índice será más exigente que el IPC y en su formulación tendrá en cuenta el nivel inflación del 2 por 100 considerado por el Banco Central Europeo como estabilidad de precios. El principal objetivo de esta norma es prevenir determinados "efectos de segunda ronda" en el proceso de formación de precios. De esta forma, se limita la influencia sobre la economía española de importantes perturbaciones de precios de origen exógeno y se consigue que la inflación esté más cercana a los fundamentos de la propia economía. Está previsto que el Anteproyecto de Ley se presente al Consejo de Ministros a finales de mayo de este año, de manera que pueda entrar en vigor en enero de 2014, momento en el que se actualizan la mayor parte de los precios. 4. Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y Plan de Racionalización Normativa El Programa Nacional de Reformas incluye el compromiso de aprobar con la máxima celeridad el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. A través de esta Ley se establece un marco riguroso para una buena regulación, basado en los principios de necesidad y proporcionalidad, a observar por todas las administraciones en la regulación de las actividades económicas. La Ley consta de cuatro bloques básicos:
Para la adaptación de la normativa vigente a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, por parte de todas las Administraciones Públicas, ya ha comenzado a aplicarse el Plan de Racionalización Normativa, que ya está en marcha. 5. Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización Con el objetivo de alcanzar un entorno empresarial más favorable, fomentando y facilitando la creación de empresas, que los proyectos viables puedan desarrollarse plenamente e internacionalizarse, en 2013 se aprobará la Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización, con las siguientes medidas:
6. Modernizar y racionalizar la Administración Pública: Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se remitirá en julio a las Cortes Generales. La Ley persigue cuatro objetivos principales: clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada. Para ello, la norma incide en la estructura de la Administración Local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo. Paralelamente al proceso de clarificación de competencias de la Administración Local, se iniciará un proceso similar con las competencias autonómicas, a través de la revisión de las actividades financiadas mediante convenio. 7. Ley de Colegios y Servicios Profesionales En el primer semestre de 2013 se aprobará el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que elimina obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales. El Anteproyecto de Ley establece un marco general regulador del acceso y ejercicio de las actividades profesionales. Por un lado, se establecen las condiciones comunes u horizontales a respetar por toda la regulación que incida en el acceso o ejercicio de las distintas profesiones. Por otro lado, las restricciones basadas en una cualificación profesional para el acceso a una actividad sólo podrán exigirse por ley, siempre y cuando sea necesario por motivos de interés general, lo que limitará las reservas de actividad. La Ley incorpora la normativa sobre Colegios Profesionales, que se modifica para reforzar el modelo de coexistencia de colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria, y clarificar sus normas de funcionamiento, adaptándolas a la realidad actual. Lógicamente y siguiendo los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, el acceso a una actividad profesional habilitará para su ejercicio en todo el territorio español, sin que puedan exigirse requisitos adicionales de cualificación a los del territorio donde se hubiera accedido a la profesión. La Administración deberá elaborar y mantener accesible telemáticamente una lista con todas las profesiones reguladas en el país, los requisitos de acceso, el coste de colegiación en su caso, etcétera. 8. Reforma del Gobierno Corporativo El objetivo es reformar y ampliar el actual marco del Buen Gobierno Corporativo en España con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacionales al más alto nivel de cumplimiento comparado de los criterios y principios internacionales de Bueno Gobierno. Para ello, se impulsará la elaboración de un estudio-análisis sobre los mejores estándares internacionales de Gobierno Corporativo y las áreas en las que España puede mejorar su marco actual, de modo que, en el plazo de un año, se implementen las reformas que correspondan. En particular, se potenciará el papel de las juntas de accionistas en el seguimiento de los esquemas retributivos de los órganos de gestión y alta dirección de la sociedad; se perfeccionarán y ampliarán las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas; se analizará la posibilidad de elaborar un Código de Buenas prácticas para las sociedades no cotizadas españolas y se introducirán nuevas mejoras en el gobierno de las entidades de crédito en línea con los desarrollos legales de la Unión Europea. En el ámbito financiero ya se han dado pasos en esta línea. Así el control y supervisión continuos del Banco de España se extiende también a los miembros de los órganos de administración y de los titulares de funciones clave de las entidades de crédito y otras entidades financieras, velando porque éstas controlen y cumplan los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno marcados por la Autoridad Bancaria Europea (CSR 4.4.6). Además, durante 2013 se aprobará una reforma del marco legislativo de las Cajas de Ahorro con la que se clarificará su papel en el control de las entidades de crédito en su condición de accionistas (CSR 4.4.8). Este Programa da cumplimiento a los compromisos de España en el marco del Semestre Europeo. Las actuaciones aquí incluidas se corresponden con las áreas prioritarias identificadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 (AGS) del pasado mes de noviembre: consolidación fiscal; restablecimiento de la financiación a la economía; reformas estructurales; afrontar el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernización de la administración pública. El Programa que hoy se presenta es continuación del proceso de reformas iniciado en 2012, cuyos resultados ya se han dejado ver en la competitividad exterior de la economía española, con una capacidad de financiación de casi un 4 por 100 del PIB en el último trimestre del año y una mejora de 3,4 por 100 de los costes laborales unitarios. También son notables los esfuerzos en la reducción del déficit público estructural primario, por encima del 3 por 100 según estima el Fondo Monetario Internacional, si bien todavía es amplio el esfuerzo en este ámbito que es necesario realizar. Por último, la competitividad ganada ha permitido que los agentes privados cuenten ahora con capacidad de financiación y ya está logrando una reducción de sus stocks de deuda externa. En particular, el conjunto de los hogares y las empresas no financieras han reducido su endeudamiento exterior en 2,8 puntos del PIB, hasta situarlo en el 37 por 100. (Programa Nacional de Reformas) |