La sentencia del caso Koldo se demora, mientras que el PP presenta una nueva moción para que el Pleno vote la convocatoria electoral

La jornada judicial de este viernes ha estado marcada por la apertura de una nueva pieza separada en el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ordenada por el juez instructor, Juan Carlos Peinado . Esta nueva vía de investigación se centra en un contrato de unos 4 millones de euros adjudicado al empresario Juan Carlos Barrabés por la empresa pública Red.es, financiado con fondos europeos . El origen de esta pieza se encuentra en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de este contrato del programa 'Acelera Pyme' .

El juez ha abierto esta investigación por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea . En una primera providencia, se mencionaba a Begoña Gómez como investigada en esta nueva pieza, pero horas después el propio juez Peinado rectificó y la desvinculó completamente de esta línea de investigación, que queda circunscrita a la figura de Barrabés . El magistrado justificó su decisión en que, en este contrato específico que investiga la Fiscalía Europea, no figuraban cartas de recomendación de la esposa del presidente .

Este movimiento se produce en medio de la incertidumbre sobre la decisión final del juez tras la audiencia preliminar celebrada este lunes . En esa vista, que supuso el cierre de la instrucción principal, las acusaciones populares pidieron la apertura de juicio oral y medidas cautelares como la retirada del pasaporte para Gómez, mientras que la Fiscalía y la defensa solicitaron el archivo de la causa al no apreciar delito . La Audiencia Provincial de Madrid será el órgano que decida si el caso llega finalmente a juicio con jurado popular .

La jornada judicial y política ha estado marcada este viernes por la demora en la sentencia del caso Koldo en el Tribunal Supremo, mientras los jueces no se ponen de acuerdo sobre cómo valorar la colaboración del comisionista Víctor de Aldama, y por el anuncio del Partido Popular de que presentará una nueva moción en el Congreso para forzar al Pleno a pronunciarse sobre una convocatoria electoral anticipada . En el caso Koldo, la Sala de lo Penal del alto tribunal ha confirmado que el fallo es "inminente" pero la deliberación se ha alargado debido a las discrepancias sobre el alcance de la atenuante que debe aplicarse a Aldama. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de siete años de prisión para el comisionista, al concederle únicamente una atenuante simple por confesión, lo que ha generado un profundo malestar en su defensa, que confiaba en una rebaja mayor por su colaboración con la justicia.

El PP, que actúa como acusación popular, ha roto con la postura de la Fiscalía y ha pedido que la atenuante sea cualificada, lo que podría reducir la condena de Aldama hasta los cinco años y medio y permitirle eludir la prisión. Esta decisión ha provocado una fuerte polvareda política, con el PSOE calificando la postura popular como una "auténtica barbaridad" que dejaría libre a quien "se ha llevado cinco millones en comisiones". Vox, en un movimiento inusual, se ha sumado a las críticas del PSOE al afirmar que "Aldama no inspira confianza" y que "deben pagar todos los implicados en la trama corrupta sin excepción". El Tribunal Supremo, que ya ha avanzado que los hechos son "muy graves", debe decidir ahora si la colaboración de Aldama, que fue clave para avanzar en la investigación, merece un trato de favor.

En el plano político, el PP ha anunciado que registrará una nueva moción para que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre el adelanto electoral, después de que la Mesa de la Cámara vetara sus enmiendas en el debate de la moción de censura. Los populares argumentan que el veto fue "arbitrario" y "antidemocrático", y han asegurado que llevarán el caso al Tribunal Constitucional si la Mesa mantiene su postura. La iniciativa del PP busca forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones ante la situación de bloqueo legislativo y la creciente presión de sus socios, aunque el presidente del Gobierno ha reiterado que no adelantará los comicios y que solo los convocará si le tumban los Presupuestos. La nueva moción del PP se suma a la ofensiva popular en el Senado, donde también han registrado una iniciativa similar, y plantea un nuevo escenario de confrontación institucional en plena ebullición judicial por los casos de corrupción que salpican al Gobierno y a su entorno.