El Supremo valida las sentencias que anularon la donación

El Tribunal Supremo confirma definitivamente que el Pazo de Meirás pertenece al Estado español, al validar las sentencias gallegas que anularon la donación de 1938 al dictador Franco y la compraventa simulada de 1941. La resolución declara a los nietos del dictador poseedores de buena fe, por lo que el Gobierno deberá indemnizarlos por los gastos de conservación desde 1975 hasta 2019, con un mínimo estimado de 800.000 euros según aportaciones previas de la familia.

El proceso arrancó en 2019 con la demanda de la Abogacía del Estado, que reclamó la nulidad de la donación popular al jefe del Estado —no a Franco personalmente— y de la posterior inscripción registral. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña estimó íntegramente la petición en septiembre de 2020, ordenando la devolución del inmueble y su finca; la Audiencia Provincial confirmó la sentencia y exigió el desalojo, reconociendo ya el derecho a indemnización por mantenimiento.

El Supremo desestima el recurso de casación de los herederos, ratificando que el pazo fue siempre bien público, gestionado como residencia oficial de verano similar al Palacio de El Pardo, con todos los gastos asumidos por el Estado desde 1938. La entrega de llaves se produjo el 10 de diciembre de 2020 en la biblioteca del pazo, ante la jueza Marta Canales y representantes estatales, sin presencia de la familia Franco, que depositó las llaves el día anterior.

La indemnización se calculará en ejecución de sentencia, considerando obras de rehabilitación —incluido el incendio de 1978—, impuestos y vigilancia, acreditados por los Franco. El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, cifró en 2020 un mínimo de 800.000 euros solo en reconstrucción, más otros conceptos no cuantificados aún.

El inventario judicial de casi 700 bienes se completó sin incidencias, excluyendo la Casa das Conchas y su hórreo anexo, que quedan fuera del perímetro amurallado y en manos de los herederos. El pazo, construido por Emilia Pardo Bazán a finales del XIX en Sada (A Coruña), pasó a residencia oficial del dictador y ahora integra el patrimonio público gallego, respaldado por Xunta, Concello de A Coruña, Sada y Diputación.

El Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña, Galicia), es una construcción histórica de origen medieval, que a lo largo de los siglos fue residencia de diversas familias gallegas. Su relevancia se intensificó en el siglo XX, cuando se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la dictadura franquista.

En 1938, durante la Guerra Civil, el inmueble fue adquirido por la familia Franco mediante lo que se presentó como una donación popular, aunque posteriormente se demostró que la presión sobre vecinos y trabajadores fue considerable, lo que ha llevado a los tribunales a considerar que nunca hubo una transferencia de propiedad legítima. Francisco Franco utilizó el Pazo como residencia veraniega, un lugar emblemático desde el que proyectaba su imagen pública y su poder político. La propiedad fue reformada y ampliada a lo largo de los años, con intervenciones a cargo de la familia y trabajadores locales.

Tras la muerte de Franco en 1975, el Pazo continuó en manos de sus herederos, convirtiéndose en un símbolo controvertido que generó debates sobre memoria histórica y bienes del franquismo. Durante décadas, colectivos memorialistas han reclamado que la propiedad regresara al Estado, defendiendo que nunca debió considerarse patrimonio privado debido a las circunstancias de su adquisición y su vinculación directa con el régimen dictatorial.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo confirma que los nietos de Franco deben devolver el Pazo de Meirás al Estado, reconociendo al mismo tiempo un derecho a indemnización por los gastos útiles y necesarios realizados en el inmueble durante su ocupación. Esta decisión pone fin a décadas de litigio y abre la puerta a que el Pazo pueda ser utilizado como espacio de memoria democrática, preservando la historia y contribuyendo a la educación sobre el pasado reciente de España.

En la actualidad, el Pazo de Meirás es considerado un símbolo material del franquismo, y su devolución al Estado marca un hito en la recuperación de bienes vinculados al régimen, reforzando el compromiso con la memoria histórica y la transparencia jurídica.