La inmensa mayoría de la cuantía se debe a la minuta del abogado del novio de Ayuso

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, compareció ante la Comisión de Justicia en el Senado de España, donde se abordó su situación legal tras ser condenado por la revelación de secretos. Esta condena está relacionada con la divulgación de información confidencial de Alberto González Amador, quien es la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que las costas del proceso judicial en el que García Ortiz fue condenado ascienden a un total de 79.942,70 euros. Esta cifra incluye los honorarios del abogado de González Amador, que se elevan a 64.778,78 euros, además de 13.603,32 euros en concepto de IVA y 1.560,38 euros por los honorarios de la procuradora.

García Ortiz fue condenado a:

Dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general.
Pago de 17.200 euros como indemnización y multa, que fue cubierto por la Unión Progresista de Fiscales a través de una colecta.
Sufragar los gastos procesales derivados del juicio.

El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito en el que argumenta la complejidad del caso, tanto en sus aspectos materiales como procesales. Rodríguez Ramos destaca que este caso es inédito, ya que nunca antes un fiscal general había estado involucrado en la filtración de información reservada relacionada con una persona vinculada a un representante público de un partido político rival.

Rodríguez Ramos menciona varios factores que contribuyen a la complejidad del caso:

La pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento.
El aforamiento de García Ortiz, que implica un tratamiento legal especial.
La destrucción de archivos relevantes para el caso.
La postura de la Fiscalía, que fue favorable a la absolución de García Ortiz, su entonces jefe.

El abogado también señala que no existen referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios en este tipo de casos. Por ello, ha decidido ajustar sus honorarios de acuerdo con los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Por ejemplo:

La preparación de cada uno de los interrogatorios se tasa en 250 euros.
Cada recurso de apelación presentado ante el tribunal se valora en 750 euros.