Fue una propuesta de Junts

El Congreso de España ha aprobado recientemente una reforma penal significativa, impulsada principalmente por el partido Junts, liderado por Carles Puigdemont. Esta reforma busca aumentar el castigo para individuos que cometen delitos en múltiples ocasiones, una de las exigencias planteadas al Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar la aprobación de otras leyes.

La reforma fue aprobada con el apoyo de varios partidos, incluyendo el PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. Sin embargo, ha generado una notable división entre los dos partidos que conforman el Gobierno, ya que Sumar se opuso firmemente a la reforma, al igual que otros socios de izquierda como Bildu, Podemos, BNG y Compromís. En contraste, ERC optó por abstenerse a cambio de un acuerdo que incluye el aumento de la plantilla de jueces en Cataluña.

Durante el debate, la diputada de Junts, Marta Madrenas, defendió la ley argumentando que “nace del territorio” y que es una respuesta necesaria a la impunidad existente. Por otro lado, Cuca Gamarra del PP criticó el tiempo que la ley estuvo "secuestrada" y enfatizó que la reincidencia en delitos debe ser castigada severamente, afirmando que “el delito no puede ser rentable”.

En contraste, Francisco Aranda del PSOE advirtió sobre los peligros de asociar inmigración con delincuencia, defendiendo que el Gobierno actúa desde una perspectiva de izquierda, evitando el punitivismo extremo. Por su parte, Juan José Aizcorbe de Vox consideró la reforma necesaria, aunque insuficiente, señalando que España no debe ser un “paraíso” para delincuentes habituales.

El portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, criticó la reforma por enfocarse en “delincuentes de poca monta” mientras se permite la impunidad de los poderosos. Esta opinión fue respaldada por Podemos, que calificó la reforma de “populismo punitivo”. Jon Iñarritu de Bildu también argumentó que el aumento de penas es una respuesta típica del populismo penal, ineficaz para delitos menores.

ERC, representada por Pilar Vallugera, anunció su abstención tras un acuerdo con el Gobierno para aumentar el número de jueces en Cataluña, aunque criticó la ineficacia del sistema judicial actual.

La reforma, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fue presentada por Junts en marzo de 2024 y, tras un largo proceso de tramitación, finalmente fue aprobada en marzo de 2025. Esta ley introduce varias modificaciones clave:

Sanciones por Multirreincidencia

Hurto: Se establece una multa de uno a tres meses si el valor de lo sustraído no supera los 400 euros. Sin embargo, la pena puede ampliarse a prisión de uno a tres años si el delincuente ha sido condenado previamente por otros tres delitos menores.

Agravantes: Se introducen agravantes para delitos que involucren la sustracción de dispositivos electrónicos con datos personales, excluyendo los hurtos de móviles nuevos en tiendas.

Estafas y Delitos Económicos

La reforma también abarca delitos de estafa, donde se considerará el importe defraudado y el impacto económico en la víctima para determinar la pena. Se busca así dar una respuesta más efectiva a la multirreincidencia en estos delitos.

Prohibiciones Cautelares

Se permitirá la imposición de prohibiciones cautelares para los delincuentes, restringiendo su acceso a determinados lugares o la comunicación con ciertas personas, lo que se considera una medida preventiva.

Penalización del "Petaqueo"

Finalmente, se establece una pena de prisión de uno a cinco años para quienes colaboren con narcolanchas mediante la adquisición o tenencia de combustibles de manera ilegal.

Almeida calificó la aprobación de esta ley como "una buena noticia aunque llegue tarde". Según su perspectiva, esta legislación es necesaria y ha sido reclamada durante muchos años, ya que aborda uno de los problemas más acuciantes de la sociedad: la reincidencia delictiva. El alcalde destacó que la situación actual permite que la policía detenga a delincuentes que, en poco tiempo, vuelven a estar en la calle, lo que genera una sensación de inseguridad en la ciudadanía.

El alcalde criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentando que su apoyo a esta ley es un reflejo de la "necesidad asfixiante" que enfrenta en el ámbito parlamentario. Almeida insinuó que Sánchez ha llegado a pactar con partidos como Vox y Junts por pura necesidad política, lo que, según él, demuestra la desesperación del presidente. Almeida expresó que esta situación debería hacer reflexionar sobre la política actual y las alianzas que se forman en el contexto de la gobernabilidad.

Almeida subrayó que, a pesar de la aprobación de la ley, persisten problemas graves en la ciudad, como las agresiones sexuales y el uso de armas blancas. Criticó al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por no abordar adecuadamente estos temas y por banalizar el aumento de las denuncias de agresiones sexuales, sugiriendo que el problema real es el incremento de estos delitos en la ciudad.

El alcalde hizo un llamado a Martín para que asuma su responsabilidad en la gestión de la seguridad en Madrid. Almeida consideró "inexplicable" que no se haya implementado un plan específico para abordar el problema de las armas blancas, enfatizando que tanto las mujeres víctimas de agresiones como las víctimas de reyertas con armas blancas merecen una atención adecuada por parte del Gobierno.