Una parte de ella se le entregará al novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) impuso a Álvaro García Ortiz una sanción económica de 17.200 euros por un delito de revelación de secretos. Esta sanción se desglosa en una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros, que se deben transferir al Tesoro Público y a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, respectivamente. El alto tribunal ha solicitado a González Amador que proporcione su número de cuenta bancaria para facilitar el ingreso de la indemnización.

La sentencia que condenó a García Ortiz fue emitida en diciembre y no solo incluyó la multa económica, sino también una inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos. Esta decisión ha generado un considerable interés mediático y político, dado el perfil del condenado.

La Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz durante el juicio, ha confirmado que el ex fiscal general ha abonado la totalidad de la sanción económica. En un escrito presentado ante el tribunal, se especificó que los fondos utilizados para el pago provienen de "aportaciones voluntarias" gestionadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la cual García Ortiz es miembro. La UPF lanzó una campaña de colaboración para recaudar los fondos necesarios, y posteriormente anunció que se había alcanzado el importe requerido para cubrir la sanción.

A pesar de la condena, García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo. En su defensa, argumentó que su actuación estaba dirigida a proteger la "credibilidad" de la Fiscalía frente a lo que él considera "ataques" en su contra. Este argumento sugiere que García Ortiz busca mantener su reputación y la integridad de la institución que lideró.

La Fiscalía General del Estado ha dado luz verde para que García Ortiz se reincorpore a la carrera fiscal, específicamente a la Sección de lo Social de la Fiscalía en el Supremo. Esta decisión indica que, a pesar de la condena, se le permite continuar en su trayectoria profesional dentro del sistema judicial.

Además, el Ministerio de Justicia ha comenzado los trámites para considerar una solicitud de indulto presentada por García Ortiz. El Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo que emita su opinión sobre esta solicitud, dado que es el órgano que dictó la sentencia original. La posibilidad de un indulto podría alterar significativamente la situación actual del ex fiscal general.