Entre otras cosas proponía mantener la suspensión de los desahucios y la revalorización de las pensiones

El Congreso de los Diputados de España rechazó el real decreto-ley 'ómnibus' del Gobierno en una votación que tuvo lugar el martes. Este decreto incluía una variedad de medidas, desde la revalorización de las pensiones hasta la extensión de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables, en un intento de crear un "escudo social". La oposición, compuesta por el Partido Popular (PP), Junts, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), votó en contra, argumentando que la mezcla de estas políticas era inapropiada y perjudicial.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, instó a los grupos parlamentarios a apoyar el decreto, enfatizando que votar en contra significaría "hacer daño a millones de ciudadanos". Sin embargo, la oposición criticó al Gobierno por mezclar la revalorización de las pensiones con otras medidas, considerándolo un "chantaje". Tras la votación, Bolaños lamentó que 13 millones de pensionistas fueran perjudicados por la decisión de los grupos de la derecha.

El PP, a través de su portavoz Juan Bravo, calificó el decreto de "trufado" por mezclar políticas de diversas áreas, como la energética y la de vivienda. Bravo argumentó que el decreto no respondía a una urgencia nacional, sino a una "urgencia del Gobierno" y acusó al Ejecutivo de utilizarlo como una forma de presión por no haber podido aprobar los presupuestos. El PP defendió la revalorización de las pensiones, pero exigió que se presentara como un tema separado.

Junts, representado por Míriam Nogueras, criticó al Gobierno por lo que consideraron un "chantaje". Nogueras afirmó que solo apoyarían la revalorización de las pensiones si se presentaba sin condiciones relacionadas con la okupación y los impagos en Cataluña. Su discurso incluyó un fuerte tono crítico hacia la situación en Cataluña, sugiriendo que el liderazgo de la región estaba fallando.

Desde Podemos, Ione Belarra pidió a Junts que reconsiderara su posición, advirtiendo que su rechazo podría dejar a miles de familias en la calle. Criticó al Gobierno por priorizar la atención mediática sobre la protección social.

Por su parte, Vox, a través de José María Figaredo, descalificó el decreto como un "parche" y acusó al Gobierno de llevar a los españoles a la "ruina". Durante su intervención, Figaredo utilizó un lenguaje fuerte, llamando a los miembros del Gobierno "asesinos", lo que generó una reprimenda del vicepresidente primero del Congreso.

Aina Vidal, de Sumar, defendió la importancia de lo público en un contexto internacional adverso y acusó a Junts de mentir. Agueda Micó, de Compromís, también mostró su apoyo al decreto, criticando al PP por su constante oposición a los avances sociales.

El PNV, aunque votó a favor, expresó su descontento con la forma en que se había gestado el decreto y la prórroga de la suspensión de desahucios, sugiriendo que el Gobierno estaba creando un "falso dilema". ERC y EH Bildu también criticaron a la oposición por su rechazo, argumentando que esto perjudicaba a las personas vulnerables.

El decreto rechazado había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre y contenía varias medidas clave:

Revalorización de Pensiones: Aumento del 2,7% para las pensiones, con incrementos del 7% para las mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Suspensión de Desahucios: Prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Garantías de Suministro: Extensión de la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026.

Salario Mínimo Interprofesional (SMI): Extensión de la vigencia del SMI en los valores fijados para 2025.

Ayudas por Incendios y Desastres: Exenciones fiscales para ayudas a personas afectadas por incendios forestales y otras calamidades, así como medidas de financiación para territorios afectados.