En el Consejo de Ministros de hoy, y tras un acuerdo con Podemos

El Gobierno español, a través del Consejo de Ministros, ha decidido aprobar una regularización extraordinaria de migrantes mediante un real decreto, en una colaboración entre el PSOE y Podemos. Esta medida busca proporcionar derechos y seguridad jurídica a los migrantes que ya se encuentran en el país. La regularización extraordinaria se ha confirmado por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Se espera que esta medida beneficie a más de medio millón de personas que residen en España antes del 31 de diciembre de 2025. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las voces principales en la promoción de esta iniciativa, destacando la necesidad de garantizar derechos a este colectivo. Al ser un real decreto, la regularización no requiere la convalidación del Congreso, lo que acelera su implementación. La medida se enmarca dentro de un contexto donde se ha intentado avanzar en la regularización mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, a pesar de contar con más de 700.000 firmas, ha estado estancada en el Parlamento.

Los migrantes deberán demostrar una estancia mínima de cinco meses en España. Se establecerán requisitos adicionales, como la ausencia de antecedentes penales relevantes. Los migrantes podrán presentar varios tipos de documentación para acreditar su residencia, incluyendo:

Padrón municipal.

Informes de citas médicas.

Certificados de asistencia a recursos sociales.

Contratos de alquiler y justificantes de envíos de dinero.

Billetes de transporte.

Al momento de presentar la solicitud, se suspenderán los procedimientos de retorno o expulsión que afecten a los solicitantes. Si la solicitud es admitida, se otorgará una autorización de residencia provisional, permitiendo a los migrantes trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. En caso de que la resolución sea favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, tras el cual se podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Irene Montero ha enfatizado que Podemos se asegurará de que el proceso sea "ágil y eficaz", subrayando la importancia de proteger los derechos de los migrantes frente a la violencia racista. La ILP, que busca una regularización más amplia, ha sido apoyada por varios grupos parlamentarios, excepto Vox. Sin embargo, su avance ha sido limitado debido a la aritmética parlamentaria. Grupos como Sumar y Podemos han presionado para que el Gobierno apruebe un decreto que no requiera validación parlamentaria, dada la situación estancada de la ILP.

El año pasado, el Gobierno aprobó una modificación del Reglamento de Extranjería para facilitar la regularización por arraigo, aunque se advirtió que podría dejar a algunos solicitantes de asilo en una situación vulnerable. Un estudio de Funcas estima que el número de migrantes en situación irregular en España ha aumentado un 685% en los últimos ocho años, alcanzando aproximadamente 840.000 en 2025. Se destaca que el 90,4% de estos migrantes provienen de América, con una notable presencia de colombianos, peruanos y hondureños. Según el Ministerio de Inclusión, entre mayo y octubre del año pasado, 95.000 personas lograron regularizar su situación a través de vías de arraigo.