Los Europarlamentarios quieren saber si respeta los tratados de la Unión

El Parlamento Europeo ha tomado una decisión crucial respecto al acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que se había estado negociando durante más de 25 años. Este acuerdo, que busca fortalecer las relaciones comerciales entre ambas partes, ha sido objeto de un intenso debate y análisis en el seno del Parlamento.

El miércoles, el Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados de la UE. Esta acción, que se aprobó con un resultado ajustado de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, efectivamente paraliza la tramitación del acuerdo hasta que el TJUE emita su opinión.

Los eurodiputados han expresado preocupaciones sobre la validez legal de ciertos mecanismos incluidos en el acuerdo, específicamente el mecanismo de reequilibrio. Este mecanismo es visto por algunos como una posible amenaza a la autonomía regulatoria de la UE. Además, se cuestiona la base legal elegida para la aprobación del acuerdo, que permite que los capítulos relacionados con el comercio sean ratificados sin la necesidad de consentimiento de los parlamentos nacionales, lo que podría socavar el proceso democrático.

El TJUE ha indicado que el tiempo promedio para emitir opiniones sobre este tipo de solicitudes oscila entre 18 y 24 meses. Sin embargo, la corte tiene la facultad de priorizar ciertos casos si las circunstancias lo requieren. Esto significa que la espera para una decisión podría prolongarse considerablemente, lo que afectaría la implementación del acuerdo.

Previo a la votación, varios miembros del Parlamento habían anticipado que el resultado sería muy ajustado y habían advertido sobre los posibles retrasos en la ratificación del acuerdo. Este retraso es especialmente preocupante en el contexto de amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos, específicamente bajo la administración de Donald Trump, lo que podría tener repercusiones en las relaciones comerciales globales.

La Comisión Europea ha reaccionado de manera rápida y con descontento ante la decisión del Parlamento. Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario, expresó que las preocupaciones planteadas por los eurodiputados ya habían sido abordadas de manera exhaustiva en discusiones previas. Según la Comisión, las cuestiones en debate no son nuevas y han sido tratadas en acuerdos comerciales anteriores, como el acuerdo con Chile.

Gill argumentó que la decisión del Parlamento no está justificada, dado que la Comisión ha trabajado en colaboración con el Parlamento para aclarar estos puntos. La posición de la Comisión sugiere una confianza en la legalidad y viabilidad del acuerdo, a pesar de las inquietudes manifestadas por algunos eurodiputados.

La iniciativa de tumbar Mercosur fue respaldada por eurodiputados de Vox y de formaciones de izquierda españolas, como Sumar, ERC y BNG. Por otro lado, los eurodiputados del PP, PSOE, PNV y dos representantes de la lista Se Acabó La Fiesta (SALF) que abandonaron el partido votaron en contra.

Entre los eurodiputados que apoyaron la denuncia se encuentran:

Vox: Todos sus eurodiputados votaron a favor.

Sumar: Estrella Galán y Vicent Marzá (afiliado a Compromís y adscrito al grupo Los Verdes) también respaldaron la iniciativa.

BNG y ERC: Ana Miranda y Diana Riba, respectivamente, se unieron al apoyo de la denuncia.

No votaron las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, ni Jaume Asens (Comunes), aunque Montero expresó su apoyo a la iniciativa en la red social ‘X’, argumentando que el acuerdo con Mercosur podría perjudicar al sector agrícola en favor de grandes empresas. Asens también criticó el tratado, sugiriendo que podría ser ilegal y que Europa no debería ignorar sus propias normas por motivos geopolíticos. El representante de Bildu, Pernando Barrena, no participó en la votación debido a una baja médica, aunque es parte de la coalición que promovió la iniciativa.

El líder de SALF, Alvise Pérez, no estaba presente en la votación. Sin embargo, sus compañeros de lista, Nora Junco y Diego Solier, se distanciaron de él y votaron en contra de la denuncia, apoyando continuar con el tratado. Estos eurodiputados se unieron al grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por el partido Hermanos de Italia, que respaldó el acuerdo con Mercosur. Los eurodiputados del PP y del PSOE, así como Oihane Agirregotia del PNV, también se manifestaron a favor de la legitimidad del tratado y en contra de la denuncia ante el TJUE.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha manifestado en varias ocasiones su postura favorable a que el acuerdo económico con Mercosur esté supeditado a la reciprocidad normativa. Esta posición se fundamenta en la necesidad de que los agricultores españoles, y en particular los de Madrid, compitan en condiciones de igualdad con las importaciones provenientes de Mercosur.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, firmó un acuerdo con los representantes de las organizaciones agrícolas y ganaderas de la región. Este acuerdo tiene como objetivo defender los intereses del sector primario frente al acuerdo UE-Mercosur. Novillo subrayó la importancia de establecer una política agraria que promueva un modelo productivo justo.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha establecido una serie de condiciones que deben cumplirse para que se acepte la firma del acuerdo UE-Mercosur. Estas condiciones incluyen:

Cláusulas de salvaguarda: Deben ser automáticas y transparentes para proteger al sector agrícola.

Controles fronterizos: Es necesario garantizar que los productos importados cumplan con los mismos estándares de seguridad alimentaria que los productos europeos.

Reciprocidad normativa: Se requiere que haya igualdad de condiciones en la regulación entre la UE y Mercosur.

El consejero Novillo ha enfatizado la importancia de la autosuficiencia alimentaria en la UE, considerándola un asunto crítico y comparable a la industria de Defensa. Su declaración resalta que la seguridad alimentaria es fundamental para la estabilidad y la protección del país.

El acuerdo entre la UE y Mercosur ha provocado protestas en varias ciudades europeas, incluyendo Madrid. Los agricultores y ganaderos han expresado su descontento, señalando la falta de respuestas adecuadas a los problemas que enfrentan. Una de las manifestaciones más recientes tuvo lugar en diciembre, frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.